Ni apesta tanto, ni solo donde apunta Garicano

Publicado en Público.es el 19 de marzo de 2021

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha escrito en su cuenta de Twitter que los rescates del SEPI tienen «cada día peor pinta porque se hacen sin criterios claros de por qué se apoya a unas empresas y no a otras, ni cuál es el procedimiento, ni las condiciones de los rescates.» Por eso, dice Garicano, «huele que apesta».

Estoy de acuerdo con Luis Garicano cuando señala su preocupación sobre la forma de utilizar el dinero público y, en concreto, sobre la necesidad de establecer criterios rigurosos y transparentes cuando se rescata a empresas. Y eso me parece mucho más importante cuando se trata de impulsar una recuperación económica que solo se va a producir con éxito si nuestra economía se desprende de los malos usos e incentivos que nos han ido lastrando durante decenios.

Lleva razón cuando dice que sin «un plan sólido, neutral, sin amiguetes y sin dedazos y sospechas» vamos a desaprovechar la oportunidad que suponen los cuantiosos fondos europeos que vamos a recibir. Yo también lo he escrito así en varios artículos recientes, en los que he mostrado mi preocupación ante la normativa y las actuaciones que estaban llevando a cabo el gobierno central y los autonómicos para proceder a su reparto.

Sin embargo, no estoy tan seguro de que los tres rescates que menciona Garicano, los de las aerolíneas Air Europa (475 millones de euros) y Plus Ultra (53 millones) y de la empresa asturiana Duro Felguera (123 millones), sean lo que más apesta en la economía y la política de nuestro país.

Es cierto que, en el caso de las aerolíneas, hay razones para la sospecha. Por un lado, las mismas que surgen en todos los países en donde los gobiernos se han gastado muchos miles de millones para rescatarlas sin ninguna certeza sobre su futuro. Por otro, las que plantea que se trate de compañías con una trayectoria de gestión poco ejemplar y, en el caso de Plus Ultra, vinculadas a empresarios bien conocidos por su habilidad para lograr prebendas y favores no siempre limpios del poder político. En el caso de Duro Felguera, si bien es cierto que incumple alguna de las condiciones del propio SEPI, me parece que no se puede poner en cuestión su carácter estratégico para el Principado.

Está bien que Garicano denuncie lo que pueda haber de sucio en estos rescates en concreto y que reclame control y transparencia pero lo deseable, me parece a mí, es que se contribuya a establecer en España una cultura y una práctica efectiva de control y rendición de cuentas que nos obligue a todos. Y para eso es imprescindible contar con normas e instituciones libres e independientes que fiscalicen lo que se hace con el dinero público y, por supuesto, respetarlas.

En España, por ejemplo, se discute mucho a la hora de aprobar los presupuestos, desde los generales del Estado hasta los del ayuntamiento más pequeños, pasando por los de cualquier otro organismo público, como las universidades. Sin embargo, se pasa muy por encima de lo que ocurre con su ejecución.

Los tribunales o cámaras de cuentas del Estado y las comunidades autónomas deben cumplir esa función pero no solo carecen de todos los medios necesarios para hacerlo con más fluidez y eficacia sino que están contaminados al ser elegidos sus miembros, como los de otros órganos de supervisión y control, en función de su cercanía y lealtad a los partidos políticos.

Lo que ha ocurrido estos días con la Cámara de Cuentas de Andalucía es bien expresivo de ello. El nuevo gobierno del que forma parte el partido de Garicano nombra, primero, a un secretario general afín y luego da orden a los consejeros de su proximidad para que boicoteen el funcionamiento de la Cámara, dejando de asistir a las convocatorias de la presidencia, hasta que esta se ve obligada a renunciar por lealtad institucional. Un comportamiento, por cierto, que no le parece de ningún modo irregular al secretario general recién nombrado.

No se puede estar pidiendo control a los demás mientras, al mismo tiempo, se boicotea el funcionamiento de las instituciones que deben llevarlo a cabo hasta que se consigue una mayoría fiel que no ponga en cuestión lo que se esté haciendo en el gobierno de turno.

Cuando se trata de poner en marcha una cantidad de fondos tan grande como la que suponen los programas de recuperación económica tras la pandemia, este tipo de comportamientos y situaciones no son simples anécdotas. No tienen credibilidad ninguna ni las denuncias desde la oposición cuando se dice lo contrario de lo que se hace allí donde se gobierna, ni las proclamas de progreso de los gobiernos que toman decisiones sin luz ni taquígrafos.

Que haya oportunistas, buscadores de rentas, sinvergüenzas, poseedores de información privilegiada, ex políticos vendidos de mala manera a intereses comerciales cuando dejan sus cargos… es algo inevitable en cualquier país. Pero las consecuencias nefastas que produce su actuación se pueden evitar perfectamente si hay voluntad política de evitarlo.

En el trance de tener que distribuir los fondos de recuperación en el que estamos, el gobierno de Pedro Sánchez no ha comenzado totalmente con buen pie pero tampoco los del Partido Popular y Ciudadanos en las comunidades autónomas.

Cualquiera que tenga buena información sobre el mundo de las auditoras, de los grandes despachos de abogados y las grandes empresas o sobre las oficinas del poder político sabe perfectamente lo que está pasando en los últimos meses, con quiénes se están celebrando las reuniones y qué se les dice. No hay transparencia y el gobierno central y los autonómicos, por voluntad propia para tener plena discrecionalidad o por error, no se han parapetado lo suficiente como para evitar que los poderes fácticos le ganen el pulso a la hora de repartir los fondos.

Está claro que las empresas deben ser las principales beneficiarias de ese dinero, junto a los demás organismos que pueden generar innovación, incentivos, riqueza, actividad económica y empleo. Pero no de cualquier manera y exclusivamente en función de su cercanía al poder político, como siempre suele ocurrir. La enorme influencia que la actividad de las empresas españolas tiene para el conjunto de la economía es un buen argumento para reclamar privilegios en el reparto, pero también hace pensar que debe ser igual de decisiva a la hora de explicar muchos de los males que padece nuestra economía.

Gastar bien es tanto o más difícil que disponer de recursos y estamos a las puertas de volver una oportunidad histórica.

Las grandes empresas del sector energético, por ejemplo, están preparando proyectos que van a costar miles de millones de euros para “acelerar la industria del hidrógeno”, a pesar de que esta fuente de energía es inmadura, poco eficiente e incierta. Es decir, preparan en realidad otra burbuja más que nos costará una de nuevo una millonada, no solo por el dinero que se le dedique sino por el que dejará de ganarse en otros usos. Por ejemplo, en planes de ahorro energético que serían mucho más necesarios y eficaces.

Y algunos gobiernos autonómicos, como el andaluz en el que ya he dicho que está el partido de Garicano, están eliminando requisitos de evaluación ambiental previa con la excusa de agilizar los trámites para el uso de los recursos. Van a dar lugar así a que el dinero de la recuperación se use finalmente en proyectos que claramente van en contra de la estrategia de transición verde y sostenible que pregona la Unión Europea.

No debería haber bastado con ponerse en manos de las grandes empresas. Ha faltado dar mayor presencia y protagonismo a otros intereses empresariales, a las pymes o al sector cooperativo y de economía social. No hay toda la transparencia que se debe exigir en el manejo del dinero público. Apenas se han empezado a distribuir fondos y ya se están sembrado muchas dudas e incertidumbres. No solo no se han reforzado los sistemas de control y rendición de cuentas sino que se han aliviado los existentes, lógicamente, para ayudar a quienes tratan, es fácil deducir por qué, de eludirlos. Y, desde luego, no se ha propiciado el debate social sobre los proyectos.

Si de verdad se quiere cambiar nuestro destino hay que permitir que no sean los mismos de siempre quienes determinen hacia dónde vamos, hay que conseguir mucho apoyo y complicidad social implicando a la ciudadanía en el imprescindible reinicio que se nos viene encima, y hay que crear mecanismos que nos permitan mantener firmemente el rumbo y rectificar si en algún momento lo perdemos.