Publicado en Público.es el 14 de mayo de 2021
El Banco de España es posiblemente la institución pública que más dinero ha costado a los españoles en el último medio siglo. No por los privilegios y altos sueldos de sus directivos, que serían pocos si hicieran bien su trabajo. Lo que nos cuesta un riñón es que no desarrolla con eficacia su función principal de promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. En lugar de garantizarlos, ha cometido fallos calamitosos de supervisión y control que han producido o no han evitado insolvencias y crisis de un coste financiero elevadísimo.
Desde la de 1977 a 1985, que acabó con 56 de los 110 bancos existentes al inicio del periodo, y que se calcula costó entre 1,3 y 2 billones de las antiguas pesetas (cuando los ingresos del Estado eran de unos 4,5 billones), el Banco de España no ha sabido o no ha querido evitar la creciente concentración bancaria, el crecimiento excesivo del crédito en unos casos y la escasez en otros, las comisiones y tipos de interés abusivos, los beneficios extraordinarios de la banca, el exceso de riesgo asociado a la burbuja inmobiliaria, las insolvencias y la morosidad, las quiebras, el desastroso control político de las cajas de ahorro y el antidemocrático que los banqueros ejercen sobre la política y la sociedad, los fraudes y engaños a millones de clientes…, por citar tan solo algunos hitos más costosos de esos últimos 45 años de historia financiera española.
El fracaso regulador del Banco de España en la última crisis fue apoteósico y a los españoles debería avergonzarnos que nadie haya pagado penalmente por él. Sus propios inspectores tuvieron que denunciar al gobernador Caruana por su actitud pasiva y complaciente ante el riesgo que se estaba acumulando (la carta de denuncia al ministro de Economía aquí). Y cuando sus errores comenzaron a surtir efectos lo que hizo fue aprobar cambios de normas para ocultar el daño y promover fusiones de entidades para entregar el sector a la banca privada que nos costaron todavía más dinero. Si al coste de la última crisis reconocido por el Tribunal de Cuentas (122.122 millones de euros) se le suman avales, créditos fiscales, ventas de activos, efectos de cambios normativos… la factura de la incompetencia y del apoyo del Banco de España a la banca privada debe superar los 300.000 millones de euros. Además de todo lo que eso lleva consigo, la desaparición de miles de empresas y la ruina o el desempleo de millones de personas.
Hasta el presidente saliente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lo reconoció abiertamente al afirmar que el Banco de España había tenido «errores muy importantes de supervisión» antes de y durante la crisis.
Aunque es muy ingenuo creer que esos errores lo hayan sido solo como consecuencia del azar o del desconocimiento. Son el resultado del fundamentalismo ideológico que se cultiva en su seno pero, sobre todo, de que el Banco de España es una institución puesta al servicio exclusivo del capital bancario privado. Caruana, a quienes sus inspectores denunciaron, como he dicho, por dejar hacer y permitir que crecieran la burbuja y los desmanes del sector, no hizo mal su trabajo. Al revés, hizo eso porque estaba ahí para hacer lo que hizo, permitir que se multiplicara el negocio bancario aunque fuese a costa de hundir a la economía española. La prueba es que, después de esas denuncias y de que se hiciera patente el efecto de su gestión, pasó a ocupar un cargo directivo en el Fondo Monetario Internacional, a ser luego Director Gerente del Banco Internacional de Pagos y, por fin, a formar parte del Consejo de Administración del BBVA. El mismo destino final que han tenido otros gobernadores o altos directivos del Banco de España, como prueba definitiva de que no han sido servidores públicos sino empleados del capital privado. Lean, si no lo creen, El libro negro: La crisis de Bankia y Las Cajas. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, de Ernesto Ekaizer.
El Banco de España tampoco acierta cuando hace pronósticos sobre el horizonte de los problemas económicos. En 2007, cuando ya se había iniciado la crisis, escribió en su Informe Anual sobre 2007 que lo que estaba ocurriendo era un simple «episodio de inestabilidad financiera», si acaso, con solo «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía en horizontes más alejados». Y el año pasado, a pesar de haber hecho dos previsiones sobre la evolución del PIB, no acertó ni en la más optimista ni en la pesimista y su margen de error fue mayor que el de instituciones con muchos menos medios e información (una comparación con las de otros organismos aquí).
Sin embargo, a pesar de que su historia reciente está plagada de desaciertos, de incompetencia, de responsabilidad y de daño a la economía española, los dirigentes del Banco de España no dejan de pontificar como si fueran los únicos que saben lo que realmente conviene hacer.
¿Se imaginan a un médico al que se le murieran todos sus pacientes alardeando por el hospital de ser él quien únicamente sabe la terapia a seguir con los enfermos y queriendo imponerla a cualquier precio? Pues algo así es el Banco de España en nuestra economía. Nunca acierta, no sabe cumplir con su función y nos impone una carga multimillonaria a los españoles, pero se empeña en decirnos qué es lo que se debe hacer para resolver los problemas que sus propias medidas anteriores han provocado.
Ahora vuelve a la carga, metiéndose una vez más en camisa de once varas, pues esa no es la función que corresponde a un banco central. En su reciente Informe Anual insiste de nuevo en el mismo tipo de reformas que a su juicio hay que acometer para hacer frente a la crisis provocada por la Covid. Olvidando que si esta ha tenido un efecto tan grande ha sido, como acabo de señalar, justamente a consecuencia de las políticas de recortes de servicios públicos esenciales, de las laborales que han producido precariedad y desigualdad y de las financieras que han multiplicado la deuda que los dirigentes del Banco de España han impulsado en los últimos años.
En concreto, ahora aprovecha su publicación para reforzar la propuesta con la que el capital bancario, de la mano de sus representantes políticos, trata de capturar el ahorro de las clases trabajadoras, la llamada «mochila austriaca».
Esta consiste básicamente en un fondo constituido desde la empresa pero lógicamente a cargo de los salarios que se asigna a cada trabajador y que puede ser utilizado en caso de despido, de traslado, para actividades formativos o, si llegara el caso, para completar la pensión.
La propuesta se justifica desde hace tiempo diciendo que así se combate la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, algo que no tiene mucho sentido porque este problema de nuestro sistema laboral más bien tiene su origen en la contratación fraudulenta. La realidad es que esta medida perjudicaría a las empresas que realizaran menos despidos, incitaría a llevarlos a cabo, desincentivaría la adopción de medidas de flexibilidad interna y no sería fácil que pudiera servir como fondo de pensión cuando los despidos, como cabe esperar que ocurra al desaparecer la indemnización, se reiteran a lo largo de la vida laboral. Es cierto que teóricamente podría facilitar la movilidad (algo que ni siquiera se ha demostrado que ocurra en Austria) pero ese no es el problema principal de nuestro mercado laboral. En definitiva, prácticamente ninguna ventaja y una sola virtud: permitir que los bancos manejen el ahorro de los trabajadores, un botín suculento para hacer negocio especulativo en los mercados especulativos aunque, eso sí, a costa de un gran riesgo y volatilidad que antes o después pondría en peligro el patrimonio de las clases trabajadoras, e imponiendo más costes todavía a las empresas productivas que crean más empleo fijo.
También aprovecha el Banco de España para defender el mantenimiento de la última reforma laboral que básicamente supuso concentrar aún más poder de decisión en manos del empresariado, desequilibrando en mayor medida el ya de por sí desigual balance de fuerzas en nuestro sistema de relaciones laborales. Eso es lo único que parece interesarle.
Como he dicho, al Banco de España no corresponde hacer este tipo de propuestas de política económica y que, como todas, tienen un efecto muy desigual sobre el bolsillo y las condiciones de vida de la gente, pero no lo hace gratuitamente ni como fruto de la casualidad.
En su libro Guardians of Finance. Making Regulators Work for Us, James R. Barth, Gerard Caprio y Ross Levine demuestran que la crisis que comenzó en 2007 fue un «homicidio por negligencia» porque «los reguladores de todo el mundo sabían o deberían haber sabido que sus políticas estaban desestabilizando el sistema financiero mundial y, sin embargo, optaron por no actuar hasta que la crisis hubiera emergido por completo… mantuvieron políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad del sistema. Ha sido un desastre regulatoriamente inducido. Los reguladores pusieron en peligro a sabiendas sus economías en los diez o quince años antes de la reciente crisis».
Entre esos reguladores homicidas se encuentra el Banco de España que sigue empeñado en hacernos creer que darle todavía más privilegios y poder de decisión a la banca y a las grandes empresas, provocando así nuevas crisis, es la solución de nuestros problemas. Y no se pone freno a semejante desvergüenza e indignidad.
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