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Análisis programas económicos 29N (2). PSOE y Frente Amplio: dos voluntades de transformación sin los motores que la hagan posible

Publicado en ctxt.es el 21 de noviembre de 2026

Analizo en este artículo los programas económicos del PSOE y del Frente Amplio, la coalición de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns que concurre sin Podemos. Empiezo por ver qué ha cambiado respecto a 2023, comparando el programa socialista de aquel año con el actual y el de Sumar con el del Frente Amplio, que recoge buena parte de su herencia.

La comparación de los cuatro documentos permite extraer, a mi juicio, tres conclusiones:

– Las dos fuerzas han ampliado sus propuestas de intervención pública y redistribución: el PSOE incorpora medidas que en 2023 defendía Sumar, mientras que el Frente Amplio profundiza en buena parte de aquella agenda, aunque también abandona algunas de sus propuestas.

– Lo que hoy los separa no es tanto el diagnóstico como el alcance de las propuestas: si basta con corregir los resultados del mercado o hay que intervenir también sobre la propiedad y el poder dentro de las empresas.

– Ninguno de los dos incluye una memoria económica que permita saber cuánto cuesta lo que promete y cómo se financiará.

El PSOE: del Estado de los fondos europeos al Estado inversor

El programa socialista de 2023 era el de un partido que defendía su gestión: consolidar la reforma laboral, desplegar los fondos europeos a través de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), llevar el salario mínimo al 60 % del salario medio y tomar el Libro Blanco de 2022 como punto de partida de una reforma fiscal integral que no ha llegado. En impuestos, se limitaba a “evaluar” la prórroga de los gravámenes sobre la banca y las energéticas y los resultados del impuesto sobre las grandes fortunas. En jornada laboral, apenas un proyecto piloto para empresas industriales.

El de 2026 no rompe con ese modelo, pero cambia su centro de gravedad. Con el final de los fondos Next Generation, el Estado pasa a presentarse en el programa del PSOE como inversor y organizador de la política industrial. Propone una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica y un Fondo España Crece que “movilizará” (el término es importante) 120.000 millones de euros hacia la electrificación, las renovables, el almacenamiento, el hidrógeno, la microelectrónica o la inteligencia artificial. Unos recursos que no son, en su mayor parte, gasto público, pues incluyen préstamos, garantías y, sobre todo, inversión privada que se espera atraer.

El cambio más visible está en el trabajo. El PSOE asume ahora la reducción de la jornada a 37,5 horas, con negociación colectiva para avanzar hacia las 35, registro horario digital, una reforma del despido improcedente que lo encarezca y la recuperación de los salarios de tramitación. Es decir, hace suya buena parte de la agenda que en 2023 defendía Sumar. También aparecen la promoción de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, con una referencia prudente al artículo 129.2 de la Constitución, y una Ley de Salarios Justos que gravaría más a las cotizadas cuyo primer ejecutivo gane más de cien veces lo que la mediana de su plantilla.

La fiscalidad gana en concreción: propone tipos de hasta el 35 % para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, el doble de tipo en el impuesto sobre transacciones financieras (del 0,2 % al 0,4 %), una tasa sobre megayates, jets privados y billetes en clase business, nuevos gravámenes a las grandes tecnológicas y la conversión del mínimo por descendiente del IRPF en un crédito fiscal reembolsable que llegaría a dos millones de hogares que hoy no pueden aprovecharlo. Se añaden una prestación estatal por crianza para los ocho millones de menores, sin cuantía fijada, y una “Cuenta de Futuro” de 1.000 euros por nacimiento.

En vivienda, el PSOE de 2023 quería “construir 183.000 viviendas públicas para alquiler”. El de 2026 propone un parque público estatal de 100.000 viviendas gestionado por la nueva entidad CASA 47 y “movilizar” cada año el equivalente al 1 % del PIB con la participación de todas las administraciones y del ICO. En energía, mantiene el cierre nuclear en 2035 y fija un objetivo del 81 % de generación renovable en 2030. Y reclama el carácter público del Sistema Nacional de Salud con un gasto “en torno al 7 % del PIB”.

El balance se podría resumir en más Estado como promotor, financiador y regulador, más derechos laborales y más redistribución, aunque sin cambios de fondo y con un mismo principio organizador: la empresa privada sigue siendo el centro de la producción y el Estado, su socio. Queda en el aire cualquier consideración sobre cómo podría traducirse esa inversión “movilizada” en los salarios, en la capacidad  de maniobra pública o en los beneficios de quienes reciben el apoyo.

De Sumar al Frente Amplio: de la redistribución a la propiedad

Sumar presentó en 2023 un programa muy extenso y técnico, organizado por políticas sectoriales. El del Frente Amplio se ordena en torno a grandes compromisos cuantificados y, sobre todo, da un salto cualitativo: pasa de un Estado que orienta y financia la transformación a otro que puede intervenir directamente en la propiedad, el control y los beneficios de las empresas.

En los instrumentos, sin embargo, sí hay continuidad: el Banco de Inversión para la Nueva Economía de Sumar se convierte en un Banco Público de Inversión, y la transformación de la SEPI en una Agencia Industrial Pública, ya propuesta en 2023, se refuerza con capacidad para crear empresas y entrar en sectores estratégicos. Las ayudas quedarían condicionadas a compromisos de empleo e inversión, con participaciones públicas en el capital, derechos sobre patentes y devolución por incumplimiento. Y en energía se propone una comercializadora pública, la recuperación de las redes de distribución y una participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento.

En el trabajo, las 32 horas, que Sumar planteaba como horizonte de negociación en 2023, se convierten en un objetivo explícito de implantación progresiva, empezando por las 37,5 de forma inmediata; el salario mínimo quedaría blindado por ley en el 60 % del salario medio neto, las plantillas estarían representadas en los consejos de administración y participarían obligatoriamente en el reparto de beneficios. Se añade un original gravamen del 30 % sobre el aumento de los beneficios de las empresas que facturen más de 50 millones y no suban los salarios, al menos, lo que señalen la inflación o lo pactado en la negociación colectiva.

La fiscalidad da un salto todavía mayor en el programa del Frente Amplio: tipo mínimo real del 20 % en Sociedades, un IRPF que llega al 52 % por encima de 300.000 euros, una “tasa Zucman” del 3 % anual sobre los patrimonios de más de 50 millones, un impuesto estatal sobre las grandes herencias y un tipo marginal del 100 % para lo que cada heredero reciba por encima de diez millones, con el propósito declarado de “restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios”. Al mismo tiempo, se bajaría el IRPF a los salarios de hasta 27.000 euros y el IVA de los bienes básicos y la energía.

En vivienda, Sumar proponía dedicar el 1 % del PIB durante diez años a más de dos millones de viviendas protegidas. El Frente Amplio mantiene el 1 % (unos 17.000 millones anuales), pero lo destina a ampliar el parque público y asequible en 1,5 millones de viviendas en alquiler en doce años, con rentas que no superen el 25 % de los ingresos del hogar ni los 600 euros para un piso tipo. Y en el bienestar fija suelos de gasto en porcentajes del PIB: el 8 % para la sanidad, el 7 % para la educación, el 1,7 % para la dependencia, el 2,4 % para la infancia y una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por menor.

Hay también una desaparición significativa: la “herencia universal” de 20.000 euros a los 23 años, que era la propuesta estrella de Sumar en 2023, ya no figura en el programa. Su lugar lo ocupa la prestación por crianza.

Lo que comparten y lo que los separa

Los dos programas comparten un mismo diagnóstico: el mercado no resolverá por sí solo los problemas de la vivienda, la transición ecológica ni la desigualdad, y hace falta un Estado activo que invierta, regule y redistribuya. De ahí su apuesta común por la reindustrialización, la vivienda pública, la reducción de la jornada, unos servicios públicos fuertes y una fiscalidad más progresiva sobre el capital y los grandes patrimonios.

La diferencia fundamental entre ambos programas está en el alcance de la intervención pública. El PSOE quiere que el Estado oriente, financie y facilite la modernización de las empresas; el Frente Amplio quiere, además, que pueda ser propietario, gestor y socio con derechos en los sectores estratégicos. En la empresa, el PSOE promueve que la productividad se traduzca en salarios y en participación; el Frente Amplio propone sentar a los trabajadores en los órganos de decisión y obligar a repartir beneficios. En fiscalidad, el PSOE introduce cambios sin alterar sustancialmente el modelo tributario; el Frente Amplio plantea una reforma que pretende modificar de manera mucho más profunda quién paga impuestos y cómo se distribuye la carga fiscal. En vivienda, el PSOE se compromete a un parque estatal de 100.000 viviendas, que se sumarían a las de comunidades y ayuntamientos, y a movilizar recursos de todas las administraciones; el Frente Amplio, a incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en doce años con una asignación presupuestaria propia del 1 % del PIB. Las cifras no miden exactamente lo mismo, pero la desigual ambición es evidente.

A esas diferencias habría que añadir otras dos que los programas no subrayan, pero que resultan decisivas. La primera es sobre Europa y las reglas fiscales. El PSOE se compromete a presentar en 2027 un plan fiscal compatible con las reglas europeas, avalado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), y a mantener una senda decreciente del déficit y la deuda. El Frente Amplio propone “superar de forma definitiva el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” y afirma que “eliminaremos las políticas de recortes o austeridad presupuestaria como herramienta de ajuste macroeconómico de los Estados miembros”, por supuesto sin decir cómo podría ser eso posible. Además, separa la evaluación del gasto de la AIReF porque su mandato “podría favorecer que el ajuste del gasto prevaleciera”. La segunda diferencia es sobre gasto militar y defensa: el Frente Amplio rechaza el objetivo del 5 % del PIB de la OTAN y propone reducir el gasto militar; el PSOE, cuyo Gobierno lo ha aumentado, dedica un capítulo a modernizar las Fuerzas Armadas sin dar una sola cifra.

Una aritmética que tampoco cuadra

A cualquier programa electoral hay que exigirle que explique cómo va a financiar lo que promete, y los de izquierdas no pueden ser una excepción.

En este sentido, parece claro que el PSOE se mueve en un marco más prudente. Promete reducir el déficit y la deuda y apenas incluye compromisos de gasto cuantificados: sus grandes cifras son de “movilización”, no de presupuesto. Pero tiene sus propias trampas. La prestación universal por crianza para ocho millones de menores no tiene cuantía, de modo que no puede saberse si cuadra; y el programa afirma que se financiará con la tributación de los grandes patrimonios y las rentas del capital más elevadas, cuya recaudación servirá también para la lucha contra la pobreza infantil. Sin embargo, el programa no ofrece ningún cálculo que permita saber si esa recaudación daría para ambas cosas. Y nada dice del aumento del gasto en defensa que su propio Gobierno ha comprometido, ni de cómo se compensará el final de los fondos europeos más allá de esperar que llegue la inversión privada.

El Frente Amplio es mucho más ambicioso y, por eso, su problema aritmético es mayor. Si se suman las cuatro partidas que su programa presenta como incrementos de gasto o nuevas asignaciones (2,3 puntos del PIB para financiación autonómica, 0,9 para dependencia, 0,9 para infancia y el 1 % para vivienda), se obtiene un total de 5,1 puntos del PIB. Con las equivalencias que utiliza el propio programa, serían unos 85.000 millones de euros anuales. Una suma, ciertamente, que debe tomarse con cautela, porque habría que descontar el gasto que ya se realiza y las partidas que pudieran coincidir entre sí, pero que da una idea de la enorme dimensión financiera de sus compromisos. Y, además, no incluye los objetivos de sanidad y educación, el 3,5 % del PIB para la transición ecológica, ni lo que se dejaría de ingresar con las rebajas del IRPF y del IVA.

El programa no dice cómo se financiaría todo eso. El apartado titulado “Estructura y fuentes de financiación del Plan de Vivienda” contiene una sola frase, la que afirma que el plan “requerirá una inversión pública del 1 % del PIB anual”, pero no menciona ninguna fuente de ingresos. Tampoco se calcula cuánto recaudarían los nuevos impuestos. Y, sin embargo, a algunos ya se les asigna un destino muy costoso: la tasa Zucman pagaría la prestación por crianza, y el límite de diez millones a las herencias serviría para “doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda”.

El lema del programa es “una reforma fiscal que pague el 1 % para que se beneficie el 99 %”. Es atractivo, pero el programa no ofrece ningún cálculo que demuestre que los nuevos impuestos sobre ese 1 % más rico bastarían para pagar una factura de ese tamaño.

En un campo tan crucial como el de la vivienda, los objetivos que establece el programa del Frente Amplio no casan con sus propios plazos. Promete 125.000 viviendas públicas al año, es decir, medio millón en toda la legislatura. Y asegura que en esta se alcanzará la media europea del 9,3 % de viviendas sociales sobre el total de las viviendas principales. Tomando como referencia los 18,5 millones de viviendas principales que recoge el censo de 2021, ese porcentaje supondría disponer de 1,72 millones de viviendas sociales al final de la legislatura. Como hoy ese parque ronda el 3 % de las viviendas principales (unos 550.000 inmuebles), para llegar al 9,3 % sería necesario ampliarlo en 1,17 millones, más del doble de lo que se propone incorporar durante la legislatura.

La incoherencia es aún mayor en el objetivo que establece el programa de alcanzar el 20 % de viviendas sociales sobre el parque total en 2035. Según el censo de 2021, hay 26,6 millones de viviendas, por lo que ese porcentaje deseable equivaldría a 5,3 millones, unos 4,8 millones más de las que hay ahora. Si el ritmo de incorporación fuese el que plantea el propio programa (125.000 al año), en los nueve años que quedan hasta 2035 solo se añadirían 1,1 millones de viviendas, 3,7 millones menos de las necesarias.

Naturalmente, estas incoherencias aritméticas no cuestionan la dirección en que apuntan las propuestas. Pero sí es obligado subrayar que la izquierda está prometiendo sin ofrecer números que permitan confirmar que lo que ofrece es coherente y viable y no solo deseable, porque cuando las promesas incumplidas son de izquierdas, lo que se desacredita no es solo un programa, sino la propia idea de que otra política económica es posible.

¿Quién gana?

En lo esencial, la respuesta es clara: si se aplicaran, las medidas de ambos programas beneficiarían en su conjunto sobre todo a las rentas bajas y medias y a quienes dependen de los servicios públicos, y harían recaer el esfuerzo sobre el capital y los grandes patrimonios. El PSOE lo hace de forma limitada: el crédito fiscal por hijo y la prestación por crianza son sus medidas más progresivas, mientras que buena parte de su apoyo a la inversión beneficiará a las empresas capaces de captarlo; y el Estado inversor que propone, sin condiciones estrictas y exigentes, puede acabar socializando pérdidas y riesgos y privatizando beneficios. El Frente Amplio va mucho más lejos, aunque algunas de sus medidas están peor focalizadas de lo que parece: una prestación universal de 200 euros por menor se paga también a las familias ricas, y las rebajas del IVA benefician, en términos absolutos, a quien más consume.

En todo caso, la pregunta quizá más relevante no es solo quién gana, sino durante cuánto tiempo y a qué coste. Y esta no es una cuestión retórica porque, pese a las medidas que ambos proponen sobre salarios, propiedad y participación empresarial, el grueso de su capacidad transformadora sigue dependiendo de la redistribución, es decir, de recaudar primero para transferir después. Una vía necesaria, sin duda, pero cara, como muestran las cuentas del Frente Amplio, y fácilmente reversible, porque puede deshacerla el siguiente gobierno con una ley de presupuestos.

Lo que, por el contrario, altera de forma más duradera el reparto de la renta es la distribución originaria: cuánto se paga por el trabajo, quién decide en las empresas, quién se apropia de los aumentos de productividad. Ahí el PSOE ha avanzado algo y el Frente Amplio va mucho más lejos, pues propone la participación de las plantillas en los consejos, el reparto de beneficios o un gravamen que penaliza a las empresas que no suben los salarios. Pero incluso esas medidas son leyes que dependen de quien gobierne.

Lo que no dicen

Lo más revelador de los dos programas está en lo que no se escribe. El PSOE presenta una larga lista de logros (el salario mínimo ha subido un 66 % desde 2018, las pensiones mantienen su poder adquisitivo, la creación del Ingreso Mínimo Vital) pero no dice nada de lo que no se ha conseguido.

Es una ausencia que afecta a los dos programas por igual y que es importante. Ambos prometen reformas de gran calado dando por hecho que bastará con ganar las elecciones para poder aplicarlas, cuando la legislatura que termina ha demostrado que, sin una mayoría parlamentaria estable y sin una sociedad movilizada que las respalde, las mejores propuestas pueden quedarse en el camino. Y el silencio es aún más ruidoso en el caso del Frente Amplio, que escribe su programa electoral como si no hubiera formado parte del Gobierno. No hace balance de lo que sus ministros lograron ni de lo que no pudieron sacar adelante, y no explica qué hará distinto para que sus promesas, mucho más ambiciosas ahora, no corran la misma suerte.

La diferencia entre los dos programas es real e importante. El PSOE pretende modernizar y corregir el capitalismo español; el Frente Amplio aspira, además, a modificar algunas relaciones de propiedad y de poder económico. Pero, como he tratado de demostrar en mis libros Para que haya futuro y Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra (Deusto 2024 y 2025), las declaraciones de voluntades no bastan para saber cuál de los dos puede impulsar una transformación social profunda.

Tanto el PSOE como el Frente Amplio han presentado programas electorales de economía, cuando, a mi juicio, la izquierda debería hacer programas de economía política. No bastan programas que se limitan a enumerar medidas, instrumentos y partidas, como si la economía fuese un mecanismo que se pudiera ajustar solo desde el Gobierno. Los programas de economía política que se necesitan son, por el contrario, los que parten de reconocer una realidad fundamental: detrás de cada medida hay relaciones de poder, intereses enfrentados y sujetos sociales capaces de impulsar o de bloquear los cambios. Y por eso no se preguntan solo qué hacer, sino quién puede hacerlo posible, cómo, frente a quién y con qué fuerza se debe contar.

Esa es, en definitiva, la gran carencia de los dos programas que comentaré con más detalle en el tercer y último artículo de esta serie en el que, por fin, compararemos las propuestas de la derecha y la izquierda.

 

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