La Constitución que no lo es.

O por qué conviene votar en contra del Tratado que instituye la Constitución Europea

 

Versión ampliada del artículo publicado en La Opinión de Málaga. 31-10-2004

 

Los Jefes de Estado o de Gobierno de los veinticinco países que forman actualmente la Unión Europea acaban de firmar el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa.

 

A partir de ahora, deberá ir siendo ratificado por cada uno de esos países, según el procedimiento que en cada lugar esté establecido. España será el primer país en celebrar un referendum en febrero de 2005, al igual que ocurrirá, más adelante, en los demás que hayan optado por someter el Tratado a consulta popular.

 

Lo previsible es que uno o varios países no ratifiquen el Tratado si es sometido a  referendum, aunque el Presidente Chirac ya ha adelantado que, si eso sucede, se recurrirá a procedimientos extraordinarios para que quede finalmente vigente.

 

Ya ocurrió en ocasiones anteriores: si no sale el Sí a la primera, como ocurrió con el Tratado de Maastricht en Dinamarca o con el de Niza en Irlanda, se hace otro referendum y así sin descanso hasta la victoria final. Ese es el peculiar estilo europeo de respetar «democráticamente» la voluntad popular.

 

Lo primero que es necesario subrayar es que la llamada «constitución europea» no es en realidad una Constitución. Lo que ha entrado en trámite de ratificación en los diferentes estados miembros es un Tratado y eso no es solamente una cuestión de matices.

 

En rigor, ni siquiera se debiera hablar de constitución en el título del proyecto de Tratado («Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa»). Se recurre al término «instituye» para poder incorporar forzadamente el concepto constitucional, precisamente porque no son los pueblos los que «se constituyen» en una carta magna. Nos instituyen una constitución porque no se ha deseado que nos constituyamos. Parece un juego de palabras pero tiene su importancia.

 

Significa por un lado, que el texto que se va a someter a ratificación no nace de un auténtico proceso constituyente. Es decir, que no se origina en la soberanía del pueblo que es la fuente de los poderes democráticos sino que deriva de instituciones de representación indirecta.

 

Tampoco es baladí que haya tanto empeño en hablar de constitución cuando en realidad no lo es. El asunto es que, al hacerlo, se está haciendo creer que contiene las máximas garantías que implica una Carta Magna. Pero no es cierto.

 

En todo caso, las garantías constitucionales permanecen en los diferentes estados y precisamente por eso no es verdad tampoco que, desde este punto de vista, se trate de un «avance», como afirman sus defensores. Este Tratado, como otros, se incorpora luego a las constituciones nacionales pero al no nacer, para el conjunto europeo, como norma de normas carece del poderío moral y legal que tiene una constitución en su espacio nacional.

 

El Tratado presenta también una limitación fundamental que lo diferencia de lo que es una constitución. Cualquiera de estas tiene la función o la capacidad de limitar y regular democráticamente los poderes. Ese es justamente el sentido y la ventaja de disponer de una norma suprema con la máxima legitimidad moral y legal. Pero el Tratado Europeo no pretende eso ni puede lograrlo. En realidad, se limita a establecer un marco, diseñado por los propios gobiernos, para regular las relaciones entre ellos. Es una norma de regulación de relaciones intergubernamentales. No que eso sea poco en un espacio político constituido por veinticinco naciones, pero lo cierto es que no es nada más que eso.

 

Finalmente, considerar como constitución a lo que no lo es tiene un efecto virtual inmediato: ya nadie se planteará que hay que hacer una verdadera constitución.

 

Al presentar el Tratado como si en realidad fuera una Constitución, sin serlo, se comete un verdadero fraude porque se está evitando por la vía de hecho que pueda haber una constitución auténtica en el futuro.

 

En definitiva, este Tratado nace sin la legitimidad democrática que tienen las auténticas constituciones que nacen de la soberanía popular. No constituye una norma suprema que proporcione las garantías que están efectivamente asociadas a las cartas magnas y se limita a ser un instrumento de regulación intergubernamental.

 

No obstante, ni siquiera todo esto es su problema principal.

 

Lo que me parece más negativo de este Tratado que se nos va a proponer ratificar como si fuera una Constitución es el proyecto social, político y económico que ofrece a los europeos.

 

Desde mi punto de vista, no es un instrumento útil a la hora de constituir una sociedad política más justa o democrática,  una sociedad más vertebrada o igualitaria, o una economía más capaz de proporcionar riqueza y bienestar.

 

Naturalmente, todo es cuestión de opiniones pero lo relevante es la letra del texto.

 

Si se lee con detalle es evidente que la Carta nace principalmente para consolidar un proyecto europeo cuya columna vertebral es el dinero y las finanzas.

 

Tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora, lo que de verdad merece especial concreción, mayor disciplina legal, programación privilegiada y máxima preeminencia son las cuestiones monetarias y financieras.

 

La Constitución asume sin apenas matices las ideas neoliberales en boga en los últimos años. La libre circulación de capitales, la independencia del Banco Central Europeo, la estabilidad de precios como su fin exclusivo o la entronización del principio de flexibilidad y de libertad de mercado como guías de la actividad económica son los principios que se dan ya como inmutables a la hora de diseñar las políticas y gobernar la integración europea.

 

Con el Tratado aprobado no habrá otra vía para el desarrollo económico y social que no sea el que lleva fortalecer los mercados y a privilegiar la inversión y los flujos de capital privado.

 

Tampoco en este aspecto se puede decir honradamente que se trate de un «avance» puesto que viene a consolidar principios retóricos cuya naturaleza irreal y verdadero efecto social y económico quedaron demostrados ya en el siglo XIX. Ni siquiera se ha permitido acomodar alguno de los más tímidos y reformistas planteamientos de la socialdemocracia que permitieron que Europa alcanzara niveles de bienestar que ahora nos parecen incluso envidiables.

 

El Tratado se fundamenta en ideas neoliberales legítimas, en principios de política económica que se pueden defender con plena libertad. Nadie puede reprochar que haya neoliberales que traten de pigmentar con sus ideas los proyectos europeos en la mayor medida de lo posible. El problema es que se niegue la posibilidad efectiva de debatir y, lo que es peor, que se quiera ocultar y disimular sus auténticas consecuencias sobre la economía y la sociedad europeas.

 

El incremento de la pobreza, la desigualdad, la generalización de la precariedad en el empleo, la disminución de los gastos sociales y del alcance del Estado de Bienestar, la individualización insolidaria de los comportamientos humanos, la mercantilización de la vida social, la banalización cultural, la pérdida de referencias morales y el predominio de una ética hedonista y vacía son ya rasgos indiscutibles de nuestra realidad social. Y lo son como resultado de los principios y las ideas que ahora quiere encumbrar definitivamente este Tratado. No se puede aceptar que la forma y los principios neoliberales de gobierno que han hecho que la sociedad europea y mundial hayan ido a peor se presenten ahora como las precondiciones del progreso y el bienestar social.

 

Todo ello se traduce claramente en el articulado del Tratado, que se refiere con extraordinaria concreción a los compromisos financieros, a la disciplina macroeconómica, a los principios flexibilizadores y al predominio del mercado pero que de ninguna manera se acerca con idéntico detalle a los asuntos sociales.

 

La disciplina aplicada a las cuestiones económico financieras que interesan a los grandes capitales y empresas contrasta con la ambigüedad con la que se formulan los objetivos y las políticas sociales, respecto a los cuales sólo aparecen referencias, más que compromisos, sumamente difuminadas e inconcretas.

 

Y, una vez más, se deja de lado el que sí sería un avance imprescindible para impedir que el euro se convierta en una fuente permanente de desequilibrios internos: la creación de una auténtica hacienda europea y la disposición de un presupuesto comunitario con capacidad de intervención para corregir las asimetrías y para impulsar el desarrollo económico integrado, vertebrador y solidario.

 

El nuevo tratado europeo no representa un avance en ningún aspecto sustancial. O mejor dicho, sólo en uno: en la profundización de un proyecto europeo neoliberal que no ha sido capaz ni de profundizar en la democratización institucional, ni en la igualdad efectiva de los territorios, ni en la universalización de valores progresistas en Europa, como las últimas vicisitudes de la Comisión demuestran bien a las claras.

 

El llamado «déficit democrático» de nuestras instituciones europeas permanece y de hecho se agranda al manifestarse con más países involucrados en el proyecto. La Constitución no avanza tampoco en fórmulas que hagan de Europa un espacio social y político más independiente de Estados Unidos en materia militar o de seguridad.

 

Es normal que el texto sea defendido por los liberales  pero lo que cuesta trabajo entender es lo que han debido ver en él los progresistas que lo defienden. Pienso concretamente en los socialistas que tienen a sus espaldas una amplia tradición de lucha por el Estado Social de Derecho y que doctrinalmente defienden las políticas socialdemócratas. Desconozco qué tipo de debate han realizado en el seno de sus partidos pero dudo mucho que la inmensa mayoría de sus militantes conozcan bien el texto y puedan estar a favor de algo que tan lejos está de su ideario.

 

De hecho, en Francia hay corrientes socialistas que han manifestado su negativa a votar favorablemente un texto que no recoge los ideales y los compromisos no ya del socialismo más radical sino de la socialdemocracia más moderada.

 

Algo parecido habría que decir de los sindicatos que han anunciado su voto favorable para el Tratado. Aunque me temo que la única explicación de esta posición ante un texto tan sumamente ambiguo, conservador y poco operativo para defender los intereses de los trabajadores sea la domesticación ideológica a la que ha llevado su dependencia financiera de los gobiernos. No puedo entenderlo de otra manera.

 

Como en tantas otras ocasiones, ahora se quiere recurrir al discurso de la fatalidad haciéndonos creer que si no se aprueba el Tratado todo lo que tiene de positivo la integración europea saltará por los aires. Y así, se acusa a quienes tenemos una idea distinta de Europa como enemigos genéricos de la integración europea. Para salvar la propia posición política se demoniza a quienes piensan de modo diferente, se ridiculizan sus razones, no se escuchan sus argumentos y se utilizan los resortes del poder para transmitir un discurso que no responde a la realidad de los hechos.

 

Pero ese es un argumento y una actitud perversa, antidemocrática  y rechazable.

 

¿Por qué se ha de votar a favor de un Tratado más como si fuera una carta magna cuando no lo es?

 

¿Lo democrático no es que cada ciudadano exprese su preferencia para que la decisión resultante responda a la preferencia mayoritaria?

 

¿Para qué sirve entonces votar a favor de lo que en realidad no se prefiere?

 

¿Qué poderes inmensos son los que nos quieren hacer creer que lo blanco es negro? ¿Cómo es posible que los que dicen no ser liberales sino socialistas, verdes, o incluso comunistas asuman sin más un proyecto que no hace sino convalidar las ideas que dicen combatir?

 

Me parece que, como en tantas otras ocasiones, los ciudadanos tenemos el deber de expresar nuestra preferencia auténtica. Es necesario que se sepa que en Europa hay ciudadanos, espero que muchos, que no queremos que Europa sea solamente un proceso que privilegia lo monetario y la libertad financiera, que renuncia a instrumentos esenciales para el bienestar social y que supedita los objetivos sociales a la consecución de equilibrios macroeconómicos nominalistas cuya conveniencia ni siquiera ha sido demostrada con carácter indiscutible.

 

Oponerse a que este Tratado sea el que marque el horizonte de Europa no equivale a estar genéricamente en contra del proyecto europeo. Al revés, es la base para poder avanzar hacia una Europa más democrática y social, más equitativa y más satisfactoria para la inmensa mayoría de sus ciudadanos.

 

Es lógico que en un espacio político como el europeo haya una gran diversidad de proyectos. Incluso podría aceptarse que es mejor algo que nada. Pero ¿cómo lograríamos manifestar nuestra preferencia quienes no nos sentimos identificados con las ideas neoliberales si votamos a favor del Tratado?

 

Enfrentarse al Tratado manifestando sus carencias sociales, su decisivo escoramiento hacia el liberalismo y su indeseable asunción de principios que han impedido avanzar suficientemente hacia la igualdad y el progreso social y económico es imprescindible para que puedan tomarse en cuenta otras lecturas alternativas al proyecto europeo.

 

Se trata, pues, de votar en contra del Tratado pero de manifestar al mismo tiempo nuestra voluntad de avanzar hacia otro estado de cosas. Y, sobre todo, de trasladar a la ciudadanía la naturaleza de esa otra Europa por la que expresamos nuestra oposición al Tratado. Por eso nadie puede acusar a quienes manifestamos nuestra oposición al Tratado de coincidencia con los extremistas de derecha que se oponen a cualquier proceso de integración europea.

 

Quienes creemos con sinceridad que otro mundo es posible hemos de empezar a construirlo desde nuestra propia casa y desde ya. Y eso pasa por poner todas las piedras democráticas que podamos en el camino de quienes buscan, por el contrario, que se consolide el mundo que no nos gusta. Así de simple.

 

Al menos, en esta ocasión Rodríguez Zapatero ha tenido la valentía política y la coherencia de convocar un referendum en España. Eso es de agradecer pero hay que exigir que se facilite un debate plural, sensato y riguroso y que no se termine por imponer la demagogia, el catastrofismo y el disimulo. Pero no olvidemos que eso no depende solamente de los demás sino también de nosotros mismos, de quienes pensamos que otra Europa es posible.