Los pisos de la ministra

Publicado en La Opinión de Málaga el 17 de abril de 2005
La Ministra de Vivienda ha anunciado que su ministerio financiará un plan de viviendas alternativas de 25 o 30 metros cuadrados y se ha levantado un increíble revuelo.
María Antonia Trujillo no suele estar acertada a la hora de divulgar y defender los planes de su departamento. Pero eso es una cosa y otra el ataque que se ha lanzado contra ella.
No se tiene en cuenta, por ejemplo, que se trata de un plan específico que se inserta en programas de investigación de viviendas alternativas que tratan de hacer frente a los nuevos tipos de vida en nuestra sociedad
Es significativo también que las viviendas de esa superficie se califiquen en la publicidad inmobiliaria de las grandes ciudades como “coqueto estudio” o “lindo apartamento de alto standing” y que cuando se trata de viviendas que promueve el sector público se consideren poco menos que cuchitriles. Y es francamente vergonzoso que la estén criticando autoridades de autonomías o ayuntamientos en los que ya estaba contemplada la normativa o incluso la concesión de suelo para construir viviendas de ese tamaño.
Quienes viven en chalets o en pisos bien amplios no saben todo lo que supone que los jóvenes no puedan independizarse porque no hay viviendas asequibles para ellos. Y los que tienen dinero de sobra desconocen lo que supone encontrar vivienda, sobre todo,  a las mujeres que se separan sin tener patrimonio propio y, muchas veces, ni siquiera trabajo. Los que tienen varias y buenas viviendas viven a gusto y son los que se ríen de la Ministra y de sus fórmulas experimentales en un país en donde miles de inmigrantes duermen hacinados y por turnos en habitaciones de dos o tres metros cuadrados. ¡Lo que darían por alquilar uno de esos pisos!
La Ministra no ha dicho que con ellos se resuelva el problema de la vivienda en España. Lo que está haciendo ahora el gobierno de Rodríguez Zapatero y la Ministra Trujillo en particular es tratar de solucionar el gravísimo problema de vivienda que ha creado la política del anterior gobierno de José María Aznar.
La crítica de los dirigente populares es injusta. No se puede olvidar ahora que desde 1997 se han creado en España casi el doble de viviendas (unos 3 millones) que hogares (1,7 millones). Por lo tanto, si ahora hay millones de personas que no pueden disfrutar de un alojamiento digno es por la sencilla razón de que la política seguida por el Partido Popular ha hecho que la propiedad de las viviendas se concentre en relativamente muy pocas manos.
Tanto Rato como Alvarez Cascos decían cuando eran ministros que no había que preocuparse por el precio de la vivienda porque eso simplemente significaba que había quien las estaba comprando. Y llevaban razón. Pero lo que ocurría era que las estaban comprando con fines especulativos o como destino de su ahorro los sectores sociales más pudientes.
El Gobierno de Aznar liberalizó el suelo, modificó la ley y fomentó la calificación del suelo. Además, ha reducido el gasto público dedicado a la vivienda, de modo que estamos cada vez más lejos de la media europea, y su política fiscal favoreció a los grupos sociales de rentas más altas.
El resultado ha sido que  en 1997 el esfuerzo necesario para comprar una vivienda era el 27% de la renta y en 2004 el 44% , a pesar de que los tipos de interés han sido los más bajos de los últimos decenios. Con Aznar, la relación entre este esfuerzo y el salario es la más negativa desde que se disponen de datos estadísticos. Durante su gobierno, los precios de la vivienda subieron casi el 120% acumulado, casi cinco veces más que subieron los salarios. La construcción de viviendas protegidas o sociales ha alcanzado también los niveles más bajos de los últimos decenios y cuando Aznar dejó el gobierno España era el país con más viviendas vacías o de segunda residencia de Europa.
La herencia del gobierno de Aznar en materia de vivienda benefició a los ricos pero fue socialmente desastrosa en muchos aspectos: subida de precios, encarecimiento y saturación del suelo, caída del alquiler, concentración de la propiedad, educción de viviendas sociales, demanda insatisfecha, reducción de ingresos fiscales, pérdida de ayudas directas, deterioro ambiental…
Todo ello obliga a actuar al mismo tiempo en muchos frentes: fomento del alquiler, abaratamiento del suelo, nuevas formas de viviendas, construcción de viviendas sociales, sustitución de desgravaciones fiscales por ayudas directas…
Como en otros ámbitos, lo que ha ocurrido es que se ha renunciado a hacer  una política de vivienda que garantice las demandas sociales para dejar que el mercado funcione a sus anchas, lo que sólo favorece a los que tienen recursos de sobra. Las consecuencias son las que estamos viendo día a día: millones de pisos vacíos mientras que otros tantos millones de personas no tienen  posibilidad de disfrutar de una vivienda digna.
Ahora debe tratarse fundamentalmente de desterrar la lógica del pasado, encaminada a subsidiar la propiedad de los más ricos, para establecer otra orientada a facilitar el alojamiento digno de todos los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de hacer que la vivienda no sólo sea un negocio sino un auténtico y exigible derecho social que está reconocido en nuestra Constitución.
Desde ese punto de vista, la propuesta de la Ministra es bastante razonable en la medida en que se destina a cubrir de forma original y más barata una demanda social específica que el mercado no resuelve a precios asequibles para la gran mayoría de la población. Lo que ha hecho María Antonia Trujillo ha sido ser sensible a las nuevas orientaciones de los expertos e investigadores. Ni ha propuesta la solución definitiva ni ha sido la única que haya ofrecido. Los que ahora se preocupan tanto por la estrechez en la que vivirán quienes ocupen esas viviendas no dijeron nada cuando los precios se disparaban o cuando se hacían cambios legales para facilitar la concentración de la propiedad. Se les ve demasiado el plumero.
Y eso le está pasando particularmente a los dirigentes del Partido Popular. Una encuesta reciente de Inmoley realizada entre 15.000 profesionales del sector destacaba que el 70% de ellos piensa que el PP critica por sistema la política de vivienda sin tener en cuenta que los precios se desbocaron durante su mandato.