Publicado en Temas para el Debate. Abril 2005
Después de una largo tira y afloja se aprobó por fin la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. Este fue el resultado de prolongar los sobre el papel estrictos criterios de convergencia de Maastricht que, cuando la coyuntura económica fue cambiando, comenzaron a mostrarse como unos criterios demasiado rígidos, contraproducentes y, en palabras del propio Prodi, incluso “estúpidos”.
Ahora se ha tratado de flexibilizarlos con el fin de garantizar su cumplimiento, lo que en realidad es un objetivo bastante miope puesto que es evidente que lo importante de cualquier criterio no es que se cumpla sino que contribuya efectivamente a alcanzar el fin por el que se establece.
Lo que fundamentalmente se echa en falta a la hora de valorar la pertinencia del Pacto es una formulación clara y rigurosas de las condiciones del crecimiento y el empleo en Europa que verdaderamente obliguen a adoptar políticas presupuestarias como las que prescribe.
Sin haber realizado este planteamiento, o al menos sin haberlo externalizado, la reforma que se ha aprobado se orienta a establecer circunstancias que podrán ser tenidas en cuenta antes de sancionar a las naciones que superen los límites de endeudamiento establecido.
Estas circunstancias son muy genéricas y parecen estar concebidas justamente para que puedan aplicarse ad hoc en su momento oportuno. Así, se señalan, entre otras, las contribuciones a las políticas europeas, los gastos de solidaridad internacional o específicamente los costes de la reunificación alemana. Incluso se mencionan sospechosamente los gastos derivados de las reformas de los sistemas de pensiones como un ejemplo de gastos que se supone que pueden generar crecimiento a medio o largo plazo y que no podrían llevarse a cabo si se opta por un cómputo restrictivo del déficit.
Es obvio que tener todo ello en cuenta es razonable porque se trata de gastos que si bien pueden llevar consigo endeudamiento son capaces de proporcionar retornos a lo largo del tiempo. De esta manera el Pacto se hace menos estúpido pero me parece que se trata de una consideración verdaderamente insuficiente si lo que se quería era establecer las mejores condiciones posibles para el crecimiento sostenible y la creación de empleo en Europa.
Se sigue manteniendo que el control de la inflación es el objetivo sacrosanto al que deben supeditarse los demás, incluso, como está ocurriendo o puede ocurrir con más agudeza en un futuro inmediato, cuando la situación económica se deteriora. Pero es que incluso aceptando que ese objetivo debiera prevalecer siempre ni siquiera está demostrado que la estabilidad presupuestaria lo garantice en todo caso. En 2002 Alemania tuvo un déficit del 3,8% del PIB y una tasa de inflación del 1,4%. Por el contrario, los Países Bajos tuvieron en 2001 presupuesto equilibrado y una inflación del 5,1%. Por supuesto, tampoco hay una correlación significativa y definitiva entre la estabilidad y la creación del empleo o las tasas de crecimiento.
Ni siquiera se puede asumir que la defensa de la estabilidad sea deseada sinceramente como un fin en sí mismo porque se defiende a la par que otras circunstancias que la amenazan. Me refiero, por ejemplo, a la independencia de los bancos centrales que algunos estudios han vinculado con la generación de mayores déficit presupuestarios o a la demanda de menor carga fiscal.
La consideración de los déficit fiscales debería estar expresamente ligada a la forma en que se han venido produciendo. Si al mismo tiempo que se combaten se promueve la reducción de ingresos fiscales lo que se está entonces defendiendo es sencillamente la reducción de los gastos y habría que plantearse, por lo tanto, si lo que se persigue con estas reglas no es sino reducir la contribución fiscal de los más ricos, es decir, modificar el patrón de redistribución de la renta preexistente.
Tampoco está demostrado que países que están sometidos a una misma disciplina monetaria y a los mismos tipos de interés hayan de mantener políticas presupuestarias idénticas, de modo que establecer una regla de aplicación descentralizada igual para todos en Europa puede convertirse a la larga, si no se está convirtiendo ya, en una restricción muy dañina para el progreso de las economías que dispongan de menos resortes para orientar e impulsar su actividad.
En realidad, lo que estas reglas implican es una mengua sustancial, si no definitiva y total, de la capacidad de maniobra de los gobiernos. Eso es algo que podría aceptarse en aras del impulso de la unión europea pero el problema es que no se está dando la necesaria contrapartida en términos de coordinación y gobernanza económica supranacional, lo que provoca una asimetría muy costosa desde el punto de vista de la eficiencia y el bienestar.
El carácter permanentemente deflacionista de las políticas de los últimos tiempos no es casual sino que ha sido lo que ha permitido utilizar políticamente el desempleo para desactivar la fuerza sindical y la capacidad de respuesta de los movimientos obreros y ciudadanos. Ahora, conseguido en gran parte el objetivo, se pueden ya aliviar las políticas aunque la nueva formulación del Pacto esta tan moderada que ni siquiera garantiza que pueda evitarse su negativo efecto procíclico que tanto se ha criticado.
Se quiera o no, el cumplimiento o incumplimiento de sus reglas no se debe tanto a los criterios que se establezcan como a la gran dosis de incertidumbre en que se mueven las economías y los gobiernos como resultado, entre otras cosas, de ser gobernadas permanentemente con el “piñón fijo” de la estabilidad presupuestaria.
El economista Paul de Groewe dijo que el Pacto parece ser solamente un voto de no confianza en las instituciones democráticas de los países miembros porque se limita a restringir su capacidad de maniobra sin dar alternativas suficientes y eficientes. Creo que lleva razón porque es demasiado obvio que el gobierno de la economía europea (si es que se puede hablar de que este existe) se está limitando a establecer restricciones en lugar de dirigirse a crear condiciones perdurables para el bienestar, el crecimiento y el empleo.
Resulta sorprendente, por ejemplo, que teniendo en Europa los modelos económicos que se muestran como más competitivos, más eficaces desde el punto de vista del empleo, del crecimiento y, sobre todo, del bienestar, en lugar de tratar de expandir su ejemplo al resto de las naciones se insista en desterrarlos.
Insistir en la completa liberalización (como se está pretendiendo con al directiva Bolkestein sobre servicios públicas), en la flexibilización indiscriminada y en la implantación de políticas deflacionistas de carácter liberal se está mostrando como algo que limita más que fortalece el impulso europeo y no sólo en el terreno económico.
La reforma del Pacto contiene medidas imprescindibles que se han mantenido nada más que por tozudez pero a poco que hubieran pesado los enfoques más progresistas debían haber venido junto a medidas orientadas a fortalecer la coordinación a todos los niveles, en particular, en el campo hacendístico. El problema de fondo sigue siendo que Europa carece de un instrumento fundamental para el bienestar y para la democracia: una hacienda propia. Y habría que ir pensando lo incompatible y contradictorio que resulta querer avanzar hacia la unión política y ciudadana renunciado a ella.
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