Publicado en Público el 8 de junio de 2020
Hace unos días, el director de El Economista, Amador G. Ayora, escribía un artículo titulado Así preparan el asalto al poder económico en el que trataba de descubrir el procedimiento mediante el cual Pablo Iglesias, más en concreto, y el gobierno de Pedro Sánchez en general, preparan la toma del poder económico en España.
Las afirmaciones del artículo no llamarían la atención si las hiciera alguien medio beodo en la barra de un bar, pero siendo la opinión escrita de quien dirige uno de los más importantes diarios económicos españoles creo que merece la pena comentarlas.
El artículo comienza con una ilustración en la que Sánchez e Iglesias aparecen como dos ladrones que se disponen a robar una caja de caudales en donde parecen las siglas IBEX, CNMV y CNMC. Una ilustración que por sí misma lo dice todo sobre el servilismo ideológico del director del El Economista: cuando el Partido Popular propone miembros para formar parte de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo hace lícitamente. Cuando eso mismo le corresponde a un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es que son unos ladrones que van a robar y a tomar al asalto el poder económico.
Vaya por delante que yo estoy en desacuerdo con el procedimiento de elección de los miembros de estos dos organismos o de otros que deberían estar formados (así lo dice la ley) por personas expertas e independientes. Creo que, sin un concurso de méritos nacional o mejor internacional, es imposible que cumplan con la función tan necesaria que la ley les encomienda. Pero eso es una cosa y otra dar por bueno el sectarismo y los juicios temerarios y malvados, porque son de intenciones, que hacen personas como el periodista mencionado para criticar a un gobierno que defiende intereses diferentes.
Dejemos a un lado simplezas como las de afirmar que la propuesta de modificar la reforma laboral del PP sea un intento fallido de tomar el poder económico por parte de Pablo Iglesias porque eso es decir una solemne tontería. Con las leyes laborales se puede condicionar la vida económica, no para bien o para mal sino en interés de unos u otros, pero es cómico decir que, llevando a cabo cualquier tipo de reforma laboral posible en el marco de la Constitución española, se toma el poder económico.
La razón por la que el director de El Economista dice que Sánchez e Iglesias preparan el asalto al poder económico es que, con la propuesta de nombramientos que ha hecho la ministra de Economía para formar parte de la CNMC, el gobierno y sus socios van a controlar nueve de cada diez consejeros.
Ahí se ve la catadura moral de este periodista: cuando el PP gobernó e hizo su propuesta de consejeros en 2013, tuvo en favor de sí mismo (de los intereses que representa) ocho consejeros de diez, dejando uno a cada una de las fuerzas independentistas PNV y Ciu. Ahora, sin embargo, le parece mal que la composición de la CNMC sea más representativa, pues responde a intereses o posiciones políticas muchos más amplias. Incomprensible. O, mejor dicho, perfectamente comprensible si se contempla como una opinión de partido y no ecuánime o equilibrada.
También se le ve el plumero a Ayora cuando plantea las consecuencias que, en su opinión, tendrán los nombramientos de las personas que ahora se proponen para ser consejeras.
En primer lugar, afirma que «el líder podemita tendrá así un instrumento político con capacidad sancionadora que podrá utilizar para reorientar las políticas de comunicación de las principales televisiones» y, además, «un notable poder de censura sobre sus contenidos».
La afirmación no sólo es malvada al acusar de antemano a alguien por algo que no se ha producido. Es como si se dice que el señor Ayera no debiera pasar cerca de ninguna persona porque pudiera ser que la violara. Es peor que malvada, porque esa intención nefanda que le achaca a Pablo Iglesias no puede producirse en nuestro país. O, mejor dicho, si la pudiera llevar a cavo el vicepresidente Iglesias sería porque las leyes lo permiten y, por tanto, nada tendría de censurable que lo hiciera. Y, si fuese censurable y no debiera producirse, ni el señor Iglesias ni ninguna otra persona podría hacerlo o, si lo hiciera, recaería sobre él el peso de la ley, pues de momento somos un Estado de Derecho. Y eso, dando por descontado que es otra simpleza creer que el vicepresidente Iglesias tiene la capacidad de utilizar a su antojo a la mayoría de los consejeros propuestos, a los altos funcionarios que allí trabajan y elaboran informes y al organismo en su conjunto.
Quien pasa a formar parte de un organismo como la CNMC o la CNMV se convierte, efectivamente, en regulador de la vida económica y social pero lo que puede regular y la forma en que se puede hacer no es algo caprichoso puesto que se tiene que someter al derecho vigente, en nuestro caso nacional y europea. Otra cosa es que regulando se beneficie a unos u otros, algo que será inevitable pero legal y legítimo. Y otra bien distinta, que a la sociedad le interese que quien regule sea lo más independiente posible para que lo haga sin servidumbres que no sean las derivadas de su recto entender y proceder.
Esto último sí es un problema en España porque, con el sistema de designación de este tipo de órganos, desde el Tribunal Constitucional hacia abajo, no se consigue que los jueces o reguladores que deberían ser expertos e independientes lo sean. Pero eso ocurre sea cual sea el gobierno porque es el resultado del modo de elección.
No paran ahí las exageraciones a las que recurre el director de El Economista para atacar al gobierno. Produce sonrojo leer que «la nueva CNMC tendrá un importante escoramiento en la defensa de la economía verde», lo que puede provocar «la pérdida de miles de empleos en la industria tradicional». Sonroja no sólo que haya alguien en su sano juicio que hoy día considere que dar predominio a la economía verde sea una amenaza, sino porque es bien sabido que promocionarla es precisamente la manera de facilitar la creación de nuevos empleos, justamente cuando la industria tradicional los pierde a borbotones.
Por último, el señor Ayera demuestra el tipo de periodismo sectario y falsificador que practica cuando utiliza términos como «hooligans» para referirse a un empresario de energías renovables que no es de su cuerda o el de «activistas ecológicos» cuando hace referencia a la vicepresidenta cuarta del gobierno, Teresa Ribera» y a su marido, cuando cualquiera que vea sus curricula -menos el director de El Economista– puede comprobar fácilmente que, por sus méritos acumulados, son mucho más que activistas, sobre todo ella, en el campo de la economía y la política medio ambiental internacionales.
Presentar como ladrones al presidente y a un vicepresidente del gobierno español porque proponen las personas que consideran más adecuadas para ser consejeras de un organismo regulador es el tipo de infamia que se está extendiendo en nuestra vida pública de la mano de algunos políticos y periodistas para defender intereses ocultos. Acusarlos de querer asaltar el poder económico por el simple expediente de controlar los órganos reguladores es una simpleza y un desconocimiento elemental de las condiciones en que hoy día funcionan la economía y la política. Lo que ocurre es todo lo contrario: el poder económico es el que tomó al asalto, hace tiempo, al político. Y dar por bueno que la posibilidad de regular y establecer las condiciones en que puede desenvolverse la vida económica sólo es legítimo y bien intencionado cuando lo hacen unos y no los otros, es un comportamiento que delata bien a las claras que no se opina con independencia sino al servicio -sin reconocerlo- de unos intereses bien concretos.
Como dije al principio, la cuestión de fondo es otra. Ahora que se debate sobre la reconstrucción de nuestro país tras la pandemia quizá sería un buen momento para que, de una vez por todas, se acabe con la selección partidista de los organismos que deben estar formados por personas expertas e independientes. No hay nada que inventar. Otros países tienen ya una larga experiencia en la selección mucho más objetiva de este tipo de personas y los españoles ganaríamos mucho si siguiésemos su ejemplo. Los árbitros no pueden ser de uno de los dos equipos en disputa y el «ahora tú y luego yo, cuando me toque» sólo enquista el problema. Mientras eso siga ocurriendo todos lo estarán haciendo mal y no sólo unos; y acusaciones como las que hace el director de El Economista sólo denotan partidismo y el ejercicio de un periodismo sectario y deformador de la realidad al servicio de quienes de verdad han tenido siempre el poder y tienen miedo de que se pongan en cuestión los privilegios tan injustos y desiguales de los que disfrutan.
La exageración y la crítica sobreactuada al gobierno, como la de este periodista, moverían a risa, pero el odio y la maldad que conllevan dan asco y miedo.
SUSCRIBETE Y RECIBE AUTOMATICAMENTE TODAS LAS ENTRADAS DE LA WEB