¿Es inevitable el «rescate» de España? ¿Hay alternativas?

Publicado en Sistema Digital el 30 de diciembre de 2010

En dos artículos anteriores ( ¿A quién interesa y cómo sería el «rescate» de España? y ¿Qué medidas se tomarían para «rescatar» a España?) he tratado de analizar quién se beneficiaría de un eventual “rescate” de la economía española y en qué consistiría, para poner de manifiesto que en realidad sería un rescate de los acreedores de los bancos españoles aprovechado para imponer medidas de ajustes aún más severas en la línea de favorecer el poder y la distribución a favor de la banca y los grandes capitales. 
Queda por plantear ahora si es inevitable que la economía española llegue a esa situación de insolvencia, inducida o no tal y como planteé en esos artículos.
Para argumentar que lo más seguro es que a corto plazo no se produzca hay, por un lado, una razón en estos momentos decisiva: en cierto modo, el rescate se ha producido ya, una vez que el Banco Central Europeo decidió comprar de forma sostenida una gran cantidad de bonos de los países de la periferia europea y entre ellos de España. De esa forma, no solo se ha producido un alivio importante de la presión de los mercados, sino que se ha reconociendo implícitamente que las autoridades europeas no están dispuestas a asumir, al menos de momento, el coste inmenso, financiero e institucional, que llevaría consigo una intervención “a la irlandesa”, por muy beneficiados que salieran de ella los acreedores centroeuropeos. Por otro lado, es cada vez más evidente que el gobierno español está dispuesto a poner en marcha sin timidez cualquier tipo de medida de ajuste, e incluso las que son tan duras que en otras condiciones (si gobernase la derecha y el partido socialista en lugar de aplicar las políticas neoliberales del gobierno contribuyera a que hubiera oposición, por ejemplo) solo serían concebibles en el marco excepcional de un “rescate”. Con un gobierno dispuesto a hacerse el harakiri electoral y a provocar la más que previsible debacle del partido que lo sostiene, es lógico que los grandes poderes empresariales y financieros apuesten también por esta vía anticipada que les proporciona los mismos dividendos pero evita los costes asociados al “rescate”.
Sin embargo, no creo que ni siquiera estas razones aseguren que España no se vea abocada a una situación en los próximos meses que haga que los acreedores y las autoridades europeas cambien de opinión.
Las circunstancias que creo que permitirían aventurar que es muy posible que el “rescate” se tenga que llevar finalmente a cabo son las siguientes.
En primer lugar, que lo que pueda ocurrir con la situación financiera de las distintas economías europeas no depende solo de cada una de ellas sino que hay una gran interrelación entre los problemas que les afectan. Es por ello que lo que pueda suceder con España no depende exclusivamente de nuestra deuda o de lo que haga nuestro gobierno sino que va a estar muy condicionado por el desarrollo de los acontecimientos en otros países. Si empeora la situación griega, irlandesa o la de Portugal, o incluso la de otros países como Italia o Francia, el riesgo de España aumentará por muy disciplinado que sea nuestro comportamiento. Y la realidad es que Europa no está siendo capaz de solventar adecuadamente los riesgos financieros, que las políticas que se vienen aplicando aumentan las asimetrías y que eso puede amplificar el peligro de nuevas reacciones en cadena. 
En segundo lugar, no hay que olvidar que se sigue ocultando la situación real del sector financiero en España. La estrategia de disimular mientras se trata de resolver los problemas de la banca privada con la progresiva desaparición o bancarización de las cajas de ahorro está resultando más lenta de lo previsto y, a pesar del apoyo que se recibe del gobierno, tampoco se están logrando poner completamente a salvo los activos inmobiliarios de la banca. En los primeros meses de 2011 quizá será inevitable hacer públicos datos más transparentes y es muy posible que ya no se pueda ocultar por más tiempo la enorme morosidad hasta ahora encubierta y el extraordinario quebranto que ha producido la crisis inmobiliaria. Además, la nueva autoridad bancaria europea no hará la vista gorda con tanta facilidad como el Banco de España y ambas circunstancias pueden estar a un paso del afloramiento de la descapitalización real de los bancos españoles.
En tercer lugar, también hay que tener en cuenta que con las políticas de austeridad que se están imponiendo y sin reactivar la financiación a las empresas y consumidores va a ser muy difícil, por no decir imposible, que se recupere suficientemente la actividad económica, lo que puede dar lugar a nuevos problemas de endeudamiento al disminuir o no aumentar suficientemente los ingresos. Por eso tampoco se puede descartar que en los próximos meses se hagan necesarias reestructuraciones más o menos importantes de deuda, creándose así las situaciones que son más propicias para la presión especulativa de los mercados. A esto hay que añadir que, aunque se hayan registrado mejoras en la balanza de pagos, más bien debidas a la disminución de actividad y al contexto general, lo cierto es que la competitividad de la economía española no ha mejorado sustancialmente ni es posible que mejore mientras que no se avance decisivamente en el cambio de modelo productivo y eso va a seguir impidiendo que se disponga de resortes suficientemente fuertes como para generar empleo e ingreso.
Finalmente, y desde luego esto no es lo menos importante, resulta decisivo el hecho de que, salvo permitir la intervención comentada del Banco Central Europeo (que además se viene realizando de manera insuficiente, vergonzante y contraviniendo su propio estatuto puesto que lo que está haciendo no es ni más ni menos que financiar a estados) la Unión Europea no ha tomado medidas para impedir que siga produciéndose una permanente y desestabilizadora tensión especulativa en los mercados. Y mientras se siga dejando que los inversores especulativos impongan su lógica, como es de esperar que desgraciadamente ocurra, el peligro de una perturbación insistente que ponga en jaque a cualquier economía, como la española, o a varias de ellas, sigue en pie.
A corto plazo, España se encuentra, por tanto, en brazos de los especuladores y del Banco Central Europeo. Hacer los deberes neoliberales que le imponen los grandes poderes financieros no será suficiente. De hecho, complica aún más la situación si de esa manera no se consigue, como es lo más posible que ocurra, recuperar el ingreso. Y el problema añadido es que en Europa se está dando una combinación que es inevitablemente explosiva: las políticas de austeridad y la falta de estímulos efectivos para recuperar la actividad, el empleo y los ingresos unidas a la falta de decisión para evitar que la lógica especulativa marque la agenda de los mercados. Si no se acaba cuanto antes con esta combinación será prácticamente imposible evitar que se produzcan nuevos desenganches y hundimientos, además del continuo deterioro en las condiciones de vida de las clases trabajadoras y del pequeño y mediano empresariado que se viene produciendo.
Para salir de esta situación es imprescindible contemplar el mediano plazo y, sobre todo, tener en cuenta el factor principal que ha llevado a que los países de la Unión Europea se encuentren en la situación en la que están. 
Este último no es otro que la imperfecta construcción de la unión monetaria, o mejor dicho, el hecho de que se haya realizado simplemente pensando en salvaguardar los intereses de las grandes empresas europeas y los de las economías más potentes. Eso es lo que, entre otras cosas, ha llevado a despreocuparse del desequilibrio estructural que necesariamente iba a provocar la aplicación de las políticas deflacionistas y la inexistencia de suficientes mecanismos de vertebración y coordinación. Algo que lógicamente se ha agudizado, como también era previsible y fue previsto por los economistas críticos, cuando se producen impactos asimétricos, es decir que afectan de modo muy desigual, como la crisis actual, a las diferentes economías. 
La actual conformación imperfecta y neoliberal de la unión monetaria europea ha dado lugar a que España, como otros países, se vean condenados a desempeñar un papel acomodaticio, periférico y subordinado, como se ha demostrado, desde nuestra integración, con la venta masiva de nuestros activos y con la pérdida prácticamente total de capacidad para decidir con autonomía sobre nuestra economía o sobre nuestro tejido productivo. Sin posibilidad de competir en igualdad de condiciones, por nuestra desigual condición de partida, y sin poder disponer de los instrumentos que pudieran ponernos efectivamente en condición de hacerlo, porque eso estaría lógicamente en contra de los intereses que establecen las lógicas y las políticas dominantes, España no ha tenido ni tiene otra posibilidad que la de venderse al capital extranjero, especializarse, si acaso, en la producción de bienes y servicios de bajo valor añadido y tratar de ganar posiciones en los mercados manteniendo salarios más bajos.  
Por mucho que se quiera ocultar, lo cierto es que con el actual entramado institucional del euro es imposible que la economía española pueda salir exitosamente de la situación en la que se encuentra o que pueda resolver los problemas estructurales que han llevado a ella.
Las alternativas, por tanto, no son fáciles.
Es cierto que una salida del euro en estos momentos produciría posiblemente un desastre financiero, un “pánico bancario”, como ha señalado Barry Eichengreen  (Prueba de tensión para el euro). Aunque, como ha puntualizado Paul Krugman, ¿qué decir cuando la crisis financiera y el pánico bancario se hubieran ya producido? 
Pero eso es una cosa y otra no reconocer que el euro es causa de los problemas que estamos sufriendo y que tal y como está constituida la unión monetaria es imposible que los que tienen economías como la española se planteen y resuelvan de otro modo, porque la unión monetaria europea no dispone de instrumentos suficientes para afrontar, sin provocar males mayores, shocks externos o perturbaciones asimétricas como la que estamos viviendo.
Se suele afirmar que plantear la salida de España del euro para protegerse de los efectos tan negativos que produce una unidad monetaria tan imperfecta como la actual no es realista. Y seguramente sea cierto. Pero el problema es que a estas alturas resulta tan poco o menos realista aún creer que un país como España va a poder salir de la crisis dentro de una unión monetaria tan  deficientemente diseñada como la europea, sin hacienda, sin mecanismos de supervisión financiera, sin un prestamista en última instancia, sin auténtico gobierno y con una distribución muy asimétrica y poco democrática del poder y la toma de decisiones.
Alternativamente, cabe aguantar como está haciendo el gobierno, tratar de soportar la presión de los mercados y poner en marcha el ajuste que le demandan los grandes poderes empresariales y financieros. Es posible, aunque ni siquiera es seguro, como he señalado, que así se pudiera evitar un “rescate” aún más traumático. Tampoco así se logrará recuperar la actividad y el empleo y, sin embargo, las consecuencias no pueden ser otras que una mayor dependencia y sometimiento de nuestra economía a los capitales e intereses extranjeros, una gran pérdida de bienestar que tardará muchos años en recuperarse y, para colmo, una descomposición fatal y no menos perdurable de las fuerzas políticas y sindicales progresistas paralela al ascenso de la derecha más dura.  
Ir a peor no puede ser una alternativa. Si de verdad se quiere salir de la situación en la que estamos no queda más remedio que repensar España y nuestro papel en el entorno, lo que equivale a rechazar lo que nos están queriendo imponer para tratar de cambiar, nuestro rumbo y también el de Europa.