El paquete de medidas que hoy ha propuesto el presidente Zapatero en el Parlamento es un paso más y ya bien evidente de la extorsión a la que se enfrenta el gobierno y la sociedad española.
La justificación del paquete ha sido el déficit presupuestario tan elevado que se está registrando y el tratar de evitar que en España suceda lo que ha ocurrido semanas atrás en Grecia.
Con esa excusa se han anunciado recortes en el gasto público, en las prestaciones sociales que suponen un robo infame de derechos y de dinero a miles de discapacitados y dependientes que nunca podrán salir a la calle a protestar contra esta medida, en las pensiones y en los sueldos de los funcionarios, además de retirar el cheque bebé que siendo en realidad una medida muy liberal el presidente presentó en su día como una de las grandes conquistas sociales de su gobierno, todo lo cual será formalmente aprobadas en el próximo Consejo de Ministros.
La premura con que se han anunciado hace pensar que se trata de medidas muy improvisadas y que a la hora de aplicarse en concreto sufrirán cambios significativos respecto a su formulación inicial. Aunque en todo caso hay que señalar que ni siquiera se puede considerar que se trate de medidas de gran envergadura. El mayor ahorro de gasto se hace en inversiones que no se han mencionado y que como señalaré enseguida representarán en última instancia disminuciones de ingresos para las empresas.
Y el que supone la reducción salarial no puede considerarse tampoco de una cuantía capaz de reducir significativamente el déficit, por lo que más bien hay que entenderlo como una amenaza, como la expresión de un pulso que los banqueros y la patronal están dispuestos a ganar a los trabajadores y a la sociedad en general.
Como el propio Zapatero ha tenido que reconocer, aunque con la boca muy chica, las medidas van a suponer un lastre para la actividad económica, justo ahora que parecía que se estaba recuperando. Sin lugar a dudas van a retrasar la generación de actividad y de empleo y, por tanto, de rentas, así que a la postre puede resultar que en lugar de reducir el déficit hagan más difícil hacerle frente en los próximos años. Y por supuesto traerán consigo una pérdida neta de bienestar grande para los sectores más desfavorecidos.
En el paquete tampoco hay mención alguna a vías alternativas para la obtención de ingresos, se renuncia a políticas impositivas más justas y eficaces que luchen contra la evasión y el fraude fiscal y que obliguen a que los más ricos y, sobre todo quienes han ocasionado la crisis, aporten también su esfuerzo.
Por lo tanto, lo más relevante del paquete de medidas que ha propuesto Zapatero es que en realidad no buscan reducir el déficit y mejorar la marcha de la economía. Para reducir la deuda (suponiendo que eso fuera de verdad lo prioritario para la economía e incluso para los acreedores del Estado español) lo mejor es reactivarla y dinamizar la actividad, no frenarla y limitar la fuerza de los motores que pueden ponerla definitivamente en marcha. Sobre todo, garantizar el flujo de financiación que se cortó por la bancarrota bancaria y del que Zapatero no dice nada y, además de ello, recaudar más impuestos sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo los especuladores y las grandes corporaciones y entidades financieras.
Lo que hay detrás de las medidas de Zapatero no es, por tanto, otra cosa que lo que él mismo ha reconocido implícitamente al responder a los dirigentes de Izquierda Unida: se trata de una imposición de los poderes financieros que lo que buscan verdaderamente es limitar la acción de los gobiernos y de los estados y establecer mejores condiciones aún para rentabilizar su actividad. Y lo que han hecho en esencia es hacer que el presidente del gobierno español ponga rodilla en tierra y se rinda sin condiciones ante ellos.
No asistimos a la puesta en marcha de un plan de reactivación o salvación de la economía Se está cometiendo un chantaje, una extorsión, y por eso lo que verdaderamente está en juego es la democracia, es decir, la posibilidad de que seamos todos los ciudadanos y ciudadanas quienes podamos decidir colectivamente sobre nuestro futuro o solo los ricos y los poderosos.
La salida fácil es acusar una vez más a Zapatero de complicidad y debilidad. No sé si es cómplice o víctima. No podemos saberlo pero la realidad es que en lugar de empoderarse con el apoyo de la ciudadanía para hacerle frente a esos poderes que él mismo dice que se imponen a los gobiernos legítimos (al “terrorismo financiero” de que hablaba su compañero de partido presidente de la Junta de Andalucía) asume sus decisiones y nos las quiere hacer pasar como saludables cuando en realidad van a hundir mucho más a la economía española y a empeorar las condiciones de miles de ciudadanos y ciudadanas. Y además lo está haciendo tan mal que incluso en su discurso de hoy hay errores de bulto (como cuando hace cronología de la crisis) y comentarios que pueden indignar, como cuando dice que «Son los mismos [los ciudadanos] que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis». Muy pronto los mismos poderes que han presionado para que se tomen estas medidas que son simplemente un modo de arrodillar a los ciudadanos y al que al fin y al cabo es su presidente libremente elegido, dirán que son insuficientes y pedirán más esfuerzos. Y ante ello podemos permanecer en silencio o exigir de una vez que la crisis la paguen quienes la han provocado y que se cierre para siempre el casino financiero. Por eso es necesaria la convergencia más amplia posible de sindicatos, partidos, organizaciones y personas que no quieran seguir siendo avasallados. No hay otra solución.
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