Privilegios de las eléctricas que pagamos todos los españoles

Publicado en Público.es el 17 de septiembre de 2021

Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

Fue entonces cuando se fraguó un oligopolio en el que unas pocas empresas, lideradas por la familia Oriol Urquijo y con la ayuda permanente del gobierno, hacían y deshacían a su antojo en el mercado. Tanto así, que la tarea de reformarlo fue prioritaria cuando llegó la democracia, incluso para la desaparecida UCD. Aunque bien pronto se comprobó que el cambio de régimen no había afectado al poder de las empresas eléctricas y que estas seguían teniendo prácticamente la misma capacidad para escribir en el Boletín Oficial del Estado que en los tiempos de Franco. El vicepresidente Fuentes Quintana lo pudo comprobar cuando trató de nacionalizar la red de transporte de alta tensión. Otros ministros vinculados al oligopolio, liderados por Alberto Oliart, lo impidieron.

Más tarde, las corrientes más a la izquierda del PSOE trataron de llevarla a cabo, pero las medidas que adoptaron los gobiernos de Felipe González y Zapatero fueron casi siempre las que proponían sus ministros liberales o -en el mejor de los casos- el resultado de un equilibrio de fuerzas que al final no permitía resolver los problemas de fondo. Los gobiernos de Aznar y Rajoy no disimularon su servidumbre y se pusieron directamente al servicio del oligopolio, azuzados además por la normativa neoliberal europea, igualmente contaminada por el poder del lobby eléctrico.

El resultado de ello es que el sector eléctrico español viene gozando de privilegios completamente ajenos a razones de mercado o eficiencia desde hace más de 80 años, en tiempos de dictadura y de democracia.

– Cuando en 1983 se aprobó la primera moratoria a la construcción de nuevas centrales nucleares se les concedió una compensación a sus propietarias, las empresas del oligopolio, que en realidad fue un auténtico «rescate» con dinero público. La compensación se llevó a cabo sin tener en consideración los costes auténticos y fue un auténtico privilegio porque habían sido precisamente esas empresas las que llevaban décadas sobrevalorando la demanda de electricidad para inflar el negocio artificialmente y a base de endeudamiento, para mayor beneficio de la banca, con cuyos consejos de administración estaban entrelazados los del oligopolio. Las grandes empresas rescatadas no llevaron a cabo ni una sola de las contrapartidas que les planteó el gobierno (límite de dividendos, saneamiento financiero o integración).

– Durante años, las eléctricas han cobrado por «término de potencia», un concepto que se justificaba porque era necesario para garantizar que los consumidores dispusieran de la potencia contratada en cualquier momento que lo necesitaran. Un privilegio porque no es cierto que ese suministro estuviera garantizado, pues el sistema colapsaría casi con un tercio de la potencia contratada, y tal y como han demostrado las miles de reclamaciones de los consumidores por cortes del suministro.

– Durante años se ha estado facturando a los consumidores un consumo de kilovatios/hora sobrevalorado pues se ha llegado a denunciar que aproximadamente el 80% de los contadores cometía errores en exceso.

– Durante los años en que el tarifa eléctrica la fijaba el Gobierno, estaba establecido que se debían de cumplir una serie de trámites por parte de las compañías eléctricas, el propio Gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, casi nunca se cumplían, para lograr que el precio fuese lo más cercano posible a lo demandado más o menos abiertamente por el oligopolio. A veces, los informes preceptivos incluso llegaban después de que el Consejo de ministros hubiera decidido el precio.

– Las compañías eléctricas han cobrado por alquiler de contadores un determinado porcentaje de su precio (por cierto, sobrevalorado hasta en un 50% respecto al del mercado), una cantidad que supuestamente estaría destinada a su renovación y actualización. Sin embargo, la falta de normativa por parte de los sucesivos gobiernos o la suspensión de la que en algún momento se aprobó (¿por incompetencia, olvido, complicidad…?) ha hecho que las compañías eléctricas hayan cobrado a los españoles unos 14.000 millones de euros por prestar un servicio que no han realizado (los datos estimados y actualizados de este fraude aquí).

– Cuando se acabó con el régimen de tarifa eléctrica fijado por el Gobierno y se estableció el llamado Marco Legal Estable (1987), se suponía que el precio de la luz debería establecerse en función de los costes reales, la demanda, la inflación y los tipos de interés. Lo cierto fue, sin embargo, que el nuevo sistema volvió a ser un privilegio para las empresas pues estas podían sobrevalorar sus costes y la demanda. La consecuencia, como señala Enrique Palazuelos en su libro El oligopolio que domina el sector eléctrico, fue que los ingresos del oligopolio aumentaron prácticamente el doble que la demanda o la tarifa mientras se mantuvo vigente el sistema y que el poder de las mayores empresas aumentó (en 1987, seis empresas controlaban el 86% de la potencia instalada, y en 1996 solo dos el 84%).

– La privatización de Endesa, iniciada en 1988 por el PSOE pero que solo dejó de ser pública diez años después con el PP, ha sido posiblemente el expolio más grande de nuestra historia reciente y, por tanto, un privilegio más para el capital eléctrico privado. Baste saber, como recuerda Palazuelos, que solo los beneficios que obtuvo de 1989 a 1991 fueron un 25% más elevados que el valor de la venta de acciones hasta ese momento.

– La llamada liberalización del mercado eléctrico que se llevó a cabo a partir de 1994 y sobre todo con la ley de 1997 fue, en realidad, la concesión de otro buen número de privilegios al oligopolio. Al quitar al sistema eléctrico el carácter de servicio público, se redujo todavía más el papel del Estado como contrapeso, para así dar más libertad de actuación a las cinco grandes compañías que controlan el sector. Y paralelamente se incentivó y ayudó a que se produjeran integraciones empresariales que permitían que estas tuvieran control de todas las fases y niveles del mercado, justo lo que se necesita para controlar cantidades de cada tecnología y precios y bloquear la entrada de competidoras.

– Esa misma reforma concedió un privilegio esencial a las eléctricas: definir la electricidad y su mercado como lo que no es para que no se pueda poner en cuestión su poder. Es decir, se creó una ficción para no tener que actuar contra las malas prácticas de las eléctricas. Se consolidó el principio completamente inaceptable de que la luz es una mercancía más, cuando es un bien de primera necesidad. Se reguló el mercado como si fuera de competencia, cuando es claramente un oligopolio donde no la hay. Y se supuso que el eléctrico podía funcionar a través de la oferta y la demanda como un mercado eficiente cuando eso no puede ocurrir no solo por la misma razón anterior, sino porque no tiene sentido económico que cada empresa replique las instalaciones o redes necesarias para producir o distribuir la electricidad y, sobre todo, porque la propia reforma había permitido que las grandes empresas fueran, al mismo tiempo, sus oferentes y demandantes.

– En 1997 se concedió otro privilegio a las eléctricas reconociéndoles unos derechos de cobro en concepto de Costes de Transición a la Competencia, como compensación por los supuestos perjuicios que les iban a suponer los cambios legales adoptados al pasar a un mercado «competitivo». Un auténtico escándalo porque, en realidad, se pasaba a la situación regulatoria que deseaban las propias eléctricas y, en ningún caso, a un mercado de esa naturaleza. Un informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) señaló que no se ofrecía ni una sola justificación para ello, que los beneficiados serían las grandes compañías Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas y los perjudicados la mayoría de las empresas españolas, los consumidores domésticos e incluso las empresas del sector eléctrico distintas de esas cinco grandes. Lo peor fue, sin embargo, que no se registraron las pérdidas previstas sino que se produjeron beneficios y esa diferencia ni siquiera se les ha reclamado a las eléctricas.

– Como expliqué en un artículo anterior (El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz), el gobierno del Partido Socialista estableció incentivos al desarrollo a las renovables que en realidad sirvieron para reforzar la presencia del oligopolio en las nuevas tecnologías. Más tarde, cuando las eléctricas tradicionales habían tomado las posiciones en el nuevo sector, lograron que el gobierno del PP frenase en seco su desarrollo y así aumentaron su control sobre el conjunto del mercado. Eso es lo que ha provocado que ahora no haya disponibles suficientes fuentes de electricidad de menor coste y que la luz se esté encareciendo tan extraordinariamente.

– En el año 2000, el gobierno de Aznar reconoció un «déficit de tarifa» que se convertía en un nuevo privilegio de las eléctricas. Dicho déficit se estaría produciendo cuando los ingresos procedentes de la tarifa que pagan los consumidores fuesen menores que los costes «reconocidos» en la normativa que regula el sector. Para resarcirlo se emitió deuda y su pago se endosó a la factura final que pagamos los consumidores. Sin embargo, como ha demostrado rigurosamente Jorge Fabra, uno de los mayores expertos en nuestro sector eléctrico, ese déficit no ha estado provocado por los costes «reales» de la producción de la luz sino (además de por otras razones de menor envergadura) por la sobrerretribución de las centrales nuclear e hidráulica. Justamente como consecuencia de la mala regulación que impone el oligopolio.

– No se puede olvidar el privilegio más decisivo y conocido en los últimos tiempos en que comienza a desvelarse lo que hay detrás de la subida del precio de la luz: el llamado sistema marginalista que, como se sabe, establece para la electricidad generada por todas las fuentes el precio de la más cara en cada momento. Un sistema que, cuando se desarrolla en un mercado controlado por pocas empresas y en donde hay barreras de entrada como las que creó el frenazo a las renovables del PP, eleva necesariamente el precio en favor de las empresas que controlan la oferta y demanda mayorista.

Es muy difícil calcular el coste de todos estos privilegio. Es ingente, entre otras cosas, porque no es solo monetario y porque los anteriores no son los únicos privilegios que han tenido y tienen las empresas responsables de suministrar un bien esencial para todas empresas y hogares como es la luz. Habría que añadir otras ayudas de menor cuantía y, sobre todo, la protección adicional que les proporciona su enorme poder. Financian a muchos medios y eso les garantiza la ausencia de críticas y que no se ponga en cuestión su comportamiento. Pueden escapar fácilmente de las autoridades que supuestamente las controlan porque tienen a sueldo a quienes han sido máximos dirigentes de los partidos mayoritarios así que, cuando su control ilícito del mercado queda demostrado, solo reciben multas simbólicas, cuando las reciben. Y su enorme tamaño y poder financiero les permite disponer de una contabilidad que no refleja la realidad de su actividad en el mercado.

Y a todos ellos hay que añadir el privilegio que les proporcionan las normas y políticas europeas, un asunto que comentaré la semana próxima.

La ciudadanía debe conocer todo lo anterior para poder comprender que la presión que pueda ejercer el gobierno de Pedro Sánchez contra estas empresas no es caprichosa. Es una presión obligada, económica y moralmente, para ir poniendo fin a una regulación de este mercado ineficiente e injusta porque produce beneficios extraordinarios a unos pocos (los de las eléctricas españolas han sido tradicionalmente los más elevados de Europa) a costa de hacer mucho daño al conjunto de la economía. Por eso hay que apoyar a este gobierno en esta batalla. Lo sorprendente es que la patronal no defienda que se ponga fin a los sobrecostes que el oligopolio impone a las empresas, como resulta vergonzoso que quienes se definen como liberales y defensores de la competencia actúen de monaguillos de un oligopolio que contraviene todos los principios del mercado libre.

Si algo bueno tienen estos privilegios es que, cuando salen a la luz, nuestros representantes políticos, periodistas o economistas no tienen más remedio que retratarse.