El gasto público dedicado a protección social (pensiones, salud, discapacidad, vivienda, familia, desempleo y exclusión social) que recibe cada español anualmente es un 28% menos que la media de la Unión Europea de los 25.
Este dato se encuentra en el informe ‘Protección Social en la Unión Europea’ que acaba de difundir la Oficina comunitaria de Estadísticas, Eurostat, con los últimos datos correspondientes a 2004.
En ese año, el gasto público en protección social supuso el 27,3% del PIB de la UE-25.
El nivel máximo se dio en Suecia (32,9%) y el mínimo en Letonia (12,6%). Y en España se dedicó el 20%, lo que significa que se encuentra por debajo de todos los países de la UE-15 menos Irlanda (17%). Incluso países con menor nivel de renta per capita dedican mayor proporción del PIB al gasto público en protección social: Portugal el 24,9% y Grecia el 26%.
También es mucho más elevado que el de España el porcentaje que dedican otros países como Bélgica (29,3%), Dinamarca (30,7%), Alemania (29,5%), Francia (31,2%), Italia (26,1%), Austria (29,1%), Holanda (28,5%) o Reino Unido (26,3%).
Atendiendo a este nivel de gasto social en relación con el PIB, España es más asimilable a estados ex comunistas del Este como Polonia (20%), Checoslovaquia (19,6%), o Hungría (20,7%).
Los datos son elocuentes. En contra de lo que dicen los liberales, entre los que desgraciadamente se encuentran los responsables de la política económica del gobierno de Zapatero, es preciso aumentar el esfuerzo presupuestario puesto que la protección social no es solo un gasto sino la inversión inexcusable para garantizar bienestar humano e incluso mayor actividad en una economía moderna.
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