Publicado en Público.es el 13 de enero de 2023
El 14 de mayo de 2011 un grupo de treinta y nueve académicos de diversas universidades españolas publicamos en la sección de Andalucía del diario El País un artículo titulado ¿Justicia o caza de brujas?
Unas semanas antes, Izquierda Unida había anunciado que no presentaría como candidata en las elecciones municipales que estaban a punto de celebrarse a ninguna persona que estuviese imputada por la justicia. Al poco tiempo, el juzgado que instruía el procedimiento sobre el llamado caso Mercasevilla, dirigido por la jueza Mercedes Alaya, filtraba a la prensa que el dirigente y concejal de esa formación política Antonio Torrijos estaba imputado, lo cual ponía a Izquierda Unida en el disparadero: no podría volver a presentarlo en su lista electoral.
En nuestro artículo, denunciábamos que hubiera transcurrido más de un mes de la filtración sin que se hubiese producido efectivamente la imputación, sin comunicar nada al interesado y, sobre todo, que esa imputación pudiera llevarse a cabo por las razones filtradas: haber participado, en su calidad de concejal de IU y como miembro del consejo de administración, en la venta de unos terrenos de dicha empresa.
Denunciamos esto último, lo más importante, porque era evidente que Antonio Torrijos no se había beneficiado personalmente de esa venta y, sobre todo, porque se trataba de una operación completamente legal y aprobada no por él solo, sino por la totalidad del consejo y del pleno municipal, de modo que, en todo caso, debería imputarse a la totalidad de sus miembros.
La imputación (o, peor aún, la filtración desde el propio juzgado) aparecía claramente como una forma torticera de evitar que Izquierda Unida presentara a una persona con experiencia y bien conocida en la ciudad, disminuyendo así sus posibilidades de éxito electoral.
Casi doce años después, la propia administración de justicia ha confirmado lo que nosotros habíamos denunciado en el artículo: Antonio Rodrigo Torrijos resultó absuelto, como confirmó una sólida y rigurosa sentencia que ni siquiera fue recurrida por las acusaciones particulares ni por el ministerio fiscal.
Este hecho ya hubiera merecido por sí mismo la condena social y jurídica de la jueza que aprovechó su condición privilegiada para interferir en el juego democrático en favor de un partido político, en este caso del PP. Lo auténticamente grave es que su actuación partidista no se ha limitado a este caso. Procedió a imputar por otras causas al mismo Antonio Rodrigo Torrijos e igualmente a su compañero de filas José Manuel García Martínez, y ha promovido otros procedimientos que han concluido con el mismo resultado: absolución final, daños a personas inocentes y beneficio para el Partido Popular.
Escribo sobre este caso doce años después, no solo para expresar a estas dos personas mi cariño y solidaridad sino, sobre todo, para volver a denunciar el uso partidista que algunos magistrados, como la señalada, han hecho y vienen haciendo de la Justicia, provocando daños morales y económicos incalculables a personas concretas (la mencionada jueza llegó a ponerles una fianza de 620.000 euros) y a la convivencia pacífica y democrática que todos los españoles sin distinción nos merecemos.
La actuación de la jueza contra estos dos dirigentes de Izquierda Unida no fue casual. Como el propio Antonio Rodrigo Torrijos ha comentado en alguna entrevista, se le puede aplicar la frase de la Mafia que recoge El Padrino de Francis Coppola: «no había nada personal. Eran negocios». En este caso, se trataba de quitar de en medio a una persona que había impulsado medidas de carácter social y de interés público que frenaban, efectivamente, los negocios que tradicionalmente habían venido realizando los constructores corruptos y los grupos de poder sevillanos.
La jueza Alaya lo consiguió al hacer creer de modo ilegítimo y tramposo que los líderes de Izquierda Unida eran corruptos y obligando con sus malas artes a que aparecieran injusta y falsamente señalados como deshonestos en las listas electorales. Ganó entonces las elecciones José Ignacio Zoido, quien había sido su superior en la Audiencia y con quien es sabido que mantenía relaciones personales. Tan estrechas que era este último quien, en diversas ocasiones y en los momentos políticamente más dañinos para el resto de los partidos, disponía de las filtraciones y se encargaba de hacer públicas.
La completa absolución después de tantos años de sufrimiento de Rodrigo Torrijos y García Martínez muestra que nuestra denuncia de 2011 era acertada: fue una auténtica caza de brujas judicial contra personas honestas para beneficiar a la derecha política que defiende al poder económico.
El daño producido ya es irreparable, pero si eso es grave mucho más lo es que quien lo ha producido innecesaria y conscientemente quede en completa impunidad.
Y no se trata de algo que haya acabado, sino que más bien se refuerza cada día más, como hemos visto con las numerosas demandas que se han puesto contra dirigentes de Podemos, finalmente resueltas sin condena, pero haciendo un daño político atroz, con las mucho más que discutibles sentencias contra algunos dirigentes socialistas en el caso de los ERE, o en el incumplimiento de la Constitución por parte del Partido Popular con el objetivo de mantener bajo su control el poder judicial.
Es urgente combatir el uso de la administración de justicia como instrumento de lucha política para defender privilegios y perseguir injustamente a los adversarios, algo completamente contrario a los principios de la democracia y al ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Cualquier demócrata, sin distinción de ideologías o adscripción partidistas, debe denunciar estas prácticas y movilizarse para evitar que vuelvan a darse casos tan injustos como los que han sufrido estos dos dirigentes de Izquierda Unida y otros del PSOE o Podemos en procesos de naturaleza más o menos similar.
Por todo ello me sumo al acto de reconocimiento y vindicación que se llevará a cabo el próximo día 1 de febrero en el Centro Cívico Virgen de los Reyes de Sevilla e invito a que hagan lo mismo quienes aman la libertad y la democracia, bien asistiendo presencialmente o mostrando su apoyo al correo actoreconocimiento@gmail.com.
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13 comentarios
Y que se gana con denunciar ? La civilización occidental europea tiene un récord político criminal de espanto y a nadie le ha importado nunca, quien se va a preocupar por un caso más.
Ahora salió en la prensa que van abrir las tumbas de los asesinados por el franquismo como un acto de justicia aunque nunca se tuvo el valor de actuar contra los criminales y sus cómplices.
Gracias por todo el artículo.
Claro que se avanza con la coherencia y la verdad por delante. Otra cosa es que necesitamos también Medios de comunicación, como RADIÓPOLIS que informen de la situación y a profesionales como Juan Torres que se comprometan con su palabra y sus acciones con la coherencia y la verdad. Todos y todas podemos aportar con nuestra presencia y apoyo a los compañeros Torrijos y García, y más allá contribuyendo a construir una nueva mayoría progresista que impulse las respuestas adecuadas a retos como la Justicia en nuestro país. Mi apoyo a los compañeros el día 1 de febrero y a artículos como este. Gracias Juan.
Me recuerda «Los hermanos Karamazov» de Dostoiesky. Jesús vuelve a venir a la tierra, precisamente en Sevilla. Actúa de la misma forma. El inquisidor Torquemada le detiene y ejecuta.
Por eso da vergüenza ajena, cuando vemos a la casta política decir que la judicatura en España es «independiente e impoluta en sus actuaciones. El binomio partidista del 78, tiene mucha responsabilidad en esta situación de deterioro de la judicatura. Por eso siempre he sido partidario de que los órganos de dirección de la misma, como tercer poder del Estado sea elegida democráticamente por el pueblo en unas elecciones con lista individuales y abiertas, donde los y las candidatas expongan su trayectoria en la judicatura..
Cada está más claro que nuestro Código penal precisa de un mayor y mejor desarrollo del delito de prevaricación por parte de pseudo jueces como la susodicha, y tantos otros personajes que al menos ahora cada día afloran más y dejan en evidencia nuestro sistema judicial.
Estimado profesor, una vez mas gracias por su excelente artículo, en favor de la DEMOCRACIA y la JUSTICIA, pero aparte de hacer un brindis al sol, para que sirve, para darle un apoyo moral a los compañeros perjudicados, vale, ya hemos cumplido.
Sobre el artículo discrepo profundamente con ud en varios temas: LA BANDA CRIMINAL ORGANIZADA PP-PSOE, llevan 40 años de gobiernos con mayorías o coaliciones como es este año, y nunca han tenido tiempo para corregir la cosa nostra de la JUSTICIA, si ya de por si es una injusticia la dilatación de una sentencia, si encima es injustificada, desproporcionada, injusta, dolosa y todos los adjetivos en contra que se le quieran poner, que castigo hay para esa jueza. Aunque un delincuente no se haya beneficiado económicamente de un delito, ha sembrado favores con grandes réditos como los que hacen la BANDA anteriormente citada.
Esta BANDA con la ayuda del resto del arco parlamentario, la corona , y los poderes económicos con la bendición de la iglesia y la defensa feroz de los cuerpos de seguridad del estado, tienen secuestrada LA DEMOCRACIA, LA SANIDAD, LA JUSTICIA, LA EDUCACIÓN Y LA CONCORDIA entre españoles, este año una vez mas nos pedirán el voto , no para defender al pueblo para empoderarse ellos desde aquí, invito al pueblo y a ud. hacer algo distinto, por una vez y es NO VOTAR.
el PSOE no deja de mentir iba a terminar con la LEY MORDAZA, retirar las modificaciones del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, ETC. y UPodemos sigue sin retirarle el apoyo a esta mafia, y ya se sabe quien apoya a un corrupto…
Me sumo rotundamente a su denuncia y agradezco la iniciativa.
Hasta cuándo vamos a tener en este país un poder judicial vergonzante que se siente por encima del bien y del mal y que no tiene reparos en prevaricar a su antojo con absoluta impunidad?.
Quizás a Izquierda Unida y a otros partidos habría que recordarles la frase «hay que saber con quien te juegas los cuartos». Nunca debieron admitir que una simple imputación obligase a dimitir a un cargo. Va contra el principio «In dubio pro reo», ahora que se ha puesto tan de moda.
Como dice en este twit Suso de Toro, «Lo de 2 presidentes andaluces del PSOE condenados….., no digo nada si se lo merecen o no. Pero que la misma Justicia no haya conseguido averiguar quien era M. Rajoy, por ejemplo, desautoriza ese juicio y cualquier otro». Lo dicho, tenemos que saber con quien nos jugamos los cuartos. Y lo mas importante cambiar las reglas de la partida. Tampoco vale: me ha favorecido, me callo. Esto último lo digo en relación con el caso Trias y la alcaldía de Barcelona.
Llevamos «siglos» luciendo lastimosamente nuestra inocencia años después de que se haya aplastado el efecto político y sobre todo personal de muchas personas de la izquierda. «Inventos» como el código ético y otros similares a quien les hace falta es a la gente del P$o€. ¿Cuando vamos a asimilar que al enemigo ni agua?. Propongogo que tiremos los complejos por la borda y exijamos que se cumplan los acuerdos de investidura y sobre todo no hacer gobiernos de «coalición».
A los jueces y magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, y forenses, se les tendría que poder juzgar por un tribunal especial civil, compuestos por expertos jurídicos de reconocido prestigio y totalmente independientes – tema este último demostrable sin la menor duda – y con cargos por cinco años máximo diez años.
Estos funcionarios los indicados en primer lugar, jueces, etc., serian responsable civil y penalmente de sus actos, a cuyo fin debieran contratar sus respectivos seguros de responsabilidad civil, por los daños y perjuicios que causen, en el ejercicio de su profesión.
Si, un Tribunal Especial, compuesto por quince miembros, con tres Juzgados, con 5 miembros cada uno, uno instruye, otro juzga y otro de apelación. Después si quieren seguir se vayan al Constitucional o a Europa, como todo quisqui.
Por supuesto estos 3 Juzgados o Tribunales, pueden estar situados por ejemplo en Cádiz, Girona, Salamanca, Bilbao, descentralizar la administración, que ya toca.
A los jueces, y demás funcionarios que he indicado, se les tendría que investigar su patrimonio, y en especial prohibir que ya lo está, delinquir, como por ejemplo muchos de ellos dan clases de la universidad, y no renuncian al complemento de dedicación exclusiva, por eso los juzgados están hundidos, ahora y siempre. Esto sería un delito de apropiación indebida.
Otros, es que unos cuantos también, dan clases para oposiciones, y cobran en negro. Esto es un delito fiscal. Esto ha salido publicado en prensa, radio y tv, sin que hasta la fecha me haya enterado que ninguno haya tenido consecuencias, ya que una persona que juzga los actos de los demás no puede delinquir, o eso creo, debería ser expulsado de la carrera judicial. Pregunta: ¿Cuantos jueces-Magistrados/as han sido expulsados en los últimos 25 años? No es extraño o es que son santos.
Se quejan de que cobran poco, pues que se dediquen a la profesión de abogado. Está claro.
Mira si son sinvergüenzas, que cuando dejan la Judicatura, se dedican a defender narcos, defraudadores fiscales, a bancos, etc., eso si, que tengan mucha pasta, y claro utilizan sus amiguitos que han dejado en la profesión.
Diré lo que le dije un día a uno, mírese en el espejo y luego me dice donde me miro yo, desde luego, en usted no me miro. Venía a trabajar, 3 horas al dia, seria la ostia si lo explico todo.
Mi experiencia en este mundo de los 14 a los 60 años, da para un libro. Si alguien sabe escribir y quiere venir a Barcelona, le cuento la historia, alucinará y vomitará y se cagará y veo, que no cambia nada, vamos a peor, cada dia quieren mas privilegios. Manda cojones!
Donde están todas las querellas criminales interpuestas contra el Marchena, Llanera, Lesmes y cia, ellos mismos se las ARCHIVAN. Es la ostia!
¿Se les caerá la cara de vergüenza? cuando ABSUELVAN a los condenados en el juicio de la vergüenza del «PROCES». Todo por la sagrada unión de España. Se han pasado por los cojones todas las leyes habidas y por haber. Ya cuentan, que desliar el ovillo judicial son de 10 a 15 años, y cuentan con el olvido.
De ahí el olvido histórico del golpe de estado, si GOLPE DE ESTADO – aún se dice alzamiento en 2023 – de Franco, que dio lugar a la guerra civil, y posterior genocidio de la población española, sin haber sido resarcidos los familiares de los asesinados ni juzgados sus autores, creándose una ley de amnistia para perdonarles a los asesinos sus asesinatos. Como existe un Valle de los Caídos, y no ha sido demolido…
A veces me pregunto sino existiera ésta justicia, la otra alternativa, es hacer cada uno su justicia, diente por diente ojo por ojo, y pienso que pena.
Y también pienso que van a morir 30.000.000 de criaturas de entre 0 y 5 años, de HAMBRE, en las próximas semanas, si de 2023, y nadie dice ni hace nada.
Enhorabuena por su artículo Sr Torres, es un placer leerlo.
Según lo k usted nos describe sería un Caso flagrante delictivo de parcialidad revocación.. prevaricación…se la podria interponer una querella ante el consejo general del poder judicial tribunales superiores de justicia…?..si esa persona hizo de eso.. y a sabiendas..debería obtener su sanción correspondiente..esas cosas con ese terrible daño causado a personas inocentes y absueltas…deberían reclamar una correspondiente indemnización por daños y perjuicios..hablo a bulto..no tengo conocimientos jurídicos y desconozco por completo los dossiers sobre ese caso de
coerción y linchamiento político de
calumnias e indefensión de pena de banquillo extrajudicial..
Difundo y comparto Profesor. Un refresco para la inteligencia.