Acabo de leer en la prensa que el fiscal pide año y medio de cárcel para un mendigo que se llevó media ‘baguette’ de una panadería.
Hace unos meses leí que un juez encarceló a dos jóvenes por robar una pizza y dar un empujón al repartidor.
Sin embargo, el fiscal pidió en su día al presidente del Banco de Santander un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas) por presuntas actividades como manejar «cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables», o entregar «al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas», declarando a tal efecto «como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera” (entrecomillado sacado de EL CONFIDENCIAL, 21-09-2006).
Sin embargo, el diario El País informó el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato, presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado «instrucciones» sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito», concretamente, pidiendo que no se dirigiera «acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes».
Gracias a esa actuación de la actual Vicepresidenta del gobierno, Botín no tuvo ni que se juzgado.
El 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo condenó a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil. Un delito flagrante. Recurrieron al Tribunal Constitucional y la Sala Segunda de éste (no el Pleno) anuló esa sentencia aduciendo una sofisticada lectura técnica que permitía decir que los delitos ya estaban prescritos. También evitaron la cárcel.
Y hay gente que sigue diciendo que las clases sociales ya no existen, que son un invento de los marxistas
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