En democracia todo voto es útil. Incluso el que se deposita en el partido más minúsculo expresa una preferencia que existe en la sociedad, y una democracia sana necesita que se conozcan todas. Desde ese punto de vista, no hay votos inútiles y todos valen exactamente lo mismo.
Sin embargo, me parece que hay momentos históricos en los que algunos son mucho más útiles que otros. Por ejemplo, cuando lo que se decide en las urnas no es solo qué políticas concretas se van a aplicar, sino si se mantienen en pie la democracia, el modelo de sociedad, la libertad, el pluralismo, la independencia de las instituciones, o el respeto a quien piensa distinto. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en muchos lugares del mundo con el avance de la ultraderecha.
Allí donde ha llegado al poder, la involución es un hecho palpable. En los Estados Unidos de Donald Trump se presiona e insulta a la prensa, se asfixia a las universidades que no se pliegan, se utiliza el aparato de justicia contra los adversarios políticos, se despliegan fuerzas armadas en las calles de ciudades gobernadas por la oposición y se convierte la persecución de los inmigrantes en espectáculo, mientras se redistribuye sin pudor la renta a favor de los más ricos. En la Argentina de Javier Milei, la célebre motosierra no ha caído sobre ningún privilegio sino sobre la población jubilada y de menores ingresos, sobre los servicios públicos, la ciencia o la atención a la salud y la discapacidad, mientras las protestas se reprimen, quien discrepa recibe el insulto como respuesta y se malvende la riqueza del país al capital privado.
Nada de esto es ajeno a España. Hace apenas unos días, en plena precampaña, Milei visitó Madrid, insultó al presidente del Gobierno y a varias periodistas, y en una videollamada con Santiago Abascal le confesó que para él "es un placer patear culos zurdos". Abascal le respondió que "todo muy bien dicho" y, preguntado por si aplicaría aquí la motosierra, anunció que, si tiene capacidad de decisión tras el 29 de noviembre, las partidas de gasto social “serán revisadas”. Otros portavoces de su partido, como el eurodiputado Jorge Buxadé, han ido más lejos: "La motosierra de Javier se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una puñetera mayoría absoluta. ¡Bulldozer!".
Las elecciones generales del 29 de noviembre son uno de esos momentos en los que cada voto es imprescindible, vital. Pero lo es todavía más el que se traduce efectivamente en escaños de fuerzas progresistas, frente al que se dirige a candidaturas que, por mucho que merezcan nuestro respeto, es materialmente imposible que los obtengan; bien porque tradicionalmente cuentan con menos apoyo, bien porque nuestra ley electoral, desgraciadamente, discrimina el voto según dónde se emita.
Reconozco que no es fácil decir qué voto es más útil cuando se trata del Congreso de los Diputados en las circunscripciones grandes, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, en las que el reparto de muchos escaños permite que incluso partidos con un apoyo modesto obtengan representación. Ahí, el voto de preferencia sigue teniendo pleno sentido. Pero en muchas provincias que eligen tres, cuatro o cinco escaños las cosas son muy distintas: allí, la barrera real para obtener uno se sitúa muy elevada, y la probabilidad de que un partido progresista minoritario consiga representación es prácticamente nula. Cuando eso ocurre, esos votos no solo se pierden: al no sumarse a la candidatura progresista que sí podía disputar el último escaño, pueden acabar decidiendo que este vaya al Partido Popular o a Vox. El voto del corazón puede servir, sin quererlo, a quien más se desea que no gobierne.
La cuestión del voto para el Senado del 29N está, por el contrario, mucho más clara. Su sistema electoral es casi mayoritario: en las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede votar hasta a tres, de modo que la candidatura más votada suele llevarse tres puestos y la segunda, uno. Así, con el voto de las izquierdas dividido, la derecha se queda con las tres cuartas partes de los escaños, aunque la suma de los votos progresistas sea mayor.
El Partido Popular y Vox no están disimulando lo que pretenden hacer, tal y como se informó sin remilgos en el diario El Español: "El objetivo compartido es asegurar la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara, 161 de los 267 escaños". Con esa mayoría podrían designar sin el resto de fuerzas políticas a los cuatro magistrados del Constitucional que corresponden al Senado (por eso están retrasando fraudulentamente su renovación, incumpliendo la Constitución que dicen defender) y a los diez vocales del CGPJ que elige la Cámara. Es decir, controlar el tribunal que decide qué leyes caben en la Constitución y el órgano que gobierna a los jueces, para poder seguir utilizando la administración de justicia como un instrumento más de su estrategia política.
Solo la concentración del voto progresista puede impedir que eso ocurra, y a esa necesidad imperiosa responde la coalición Senado de Progreso, la candidatura unitaria que el PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre y otras fuerzas presentarán en 47 circunscripciones. Lo hacen como fruto de un acuerdo que nació del empeño de miles de personas de toda España que, desde la sociedad civil, lo reclamamos durante meses como expresión de nuestro compromiso cívico por la defensa a ultranza de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones y a quienes no piensan como nosotras y nosotros.
Votar a Senado de Progreso no es entregar el voto a un programa político desarrollado ni a un ideario que se comparte necesariamente en su totalidad, como ocurre cuando se vota a un partido. Es hacerlo a una coalición que tiene un mínimo común -la defensa de la democracia y de instituciones plurales-, y es solo a ese mínimo común a lo que se vota. Quien deposite la papeleta de Senado de Progreso no renuncia a su identidad ni a sus diferencias. Todo lo contrario, lo que hace es tratar de ponerlas a salvo.
El trasfondo de todo esto lo explicó bien Max Weber. Este distinguió entre la ética de la convicción, la de quien actúa conforme a sus principios sin atender a lo que resulte de ellos, y la ética de la responsabilidad, la de quien sabe que debe responder de las consecuencias previsibles de sus actos. No se trata de elegir entre una y otra, pero sí es imprescindible saber cuándo la segunda ha de primar sobre la primera. Y, a mi juicio, este es uno de esos momentos.
A mi juicio, hay que votar siendo conscientes de ello para impedir que se consolide una mayoría de las fuerzas que tratan como enemigos a quienes no comparten su idea de España. Y eso significa que cada persona progresista debería preguntarse qué consecuencias tiene su voto, según la circunscripción en la que vote, para el futuro de la democracia en España y qué efectos puede producir depositarlo sabiendo que no se va a traducir en escaños.
Se me podrá decir que esto supone apoyar una coalición en la que hay partidos con los que no se comparte ideología ni proyecto, o a los que incluso se critica, quizá con razón, por lo que han hecho o dejado de hacer. Lo entiendo, y no pido a nadie que olvide sus críticas. Me limito a pedir que no nos fijemos en este momento en las rayas finas que separan las distintas corrientes de las izquierdas y del progreso, sino en la línea gruesa que se está trazando cada vez con más claridad entre quienes quieren defender la libertad y la democracia y quienes ya están empezando a acabar con ellas.
No es una suposición. Donde PP y Vox gobiernan juntos, como en Castilla y León, ya hay censura en las ayudas al cine y una obra sobre Lorca suspendida. Y en la Comunidad Valenciana y Andalucía ya se ha impuesto una “prioridad nacional” que en realidad solo sirve para enfrentar a los pobres entre sí mientras se entrega el dinero público a la iniciativa privada.
Votar el próximo 29 de noviembre siendo conscientes de la utilidad real de nuestro voto no es, como a veces se dice, un simple gesto de generosidad o de confianza, aunque puede que también lo sea. Es, sobre todo, una expresión de inteligencia política por una sencilla razón. Querer aprovechar las elecciones para reforzar nuestra sigla preferida es legítimo, desde luego; pero si, por dispersar el voto, dejamos que gane la ultraderecha el 29N, quizá muy pronto ya no podamos seguir haciéndolo en libertad.
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