Vaya por delante lo que debería ser lo primero y también lo último: detrás de la discusión sobre la que voy a escribir hay cuarenta y seis personas muertas en Adamuz el pasado enero y sesenta y nueve en Urda la semana pasada. Ciento quince vidas truncadas en menos de un año, y miles de familiares y amigos que lo que menos necesitan es que su dolor se convierta en arma arrojadiza de nadie.
Dicho esto, y si he de pronunciarme con total honestidad, debo reconocer que no tengo claro si yo debiera pedir la dimisión del ministro Óscar Puente o no. Es más, ni siquiera sé lo que yo haría si estuviera en su piel.
He escuchado a personas de distinta ideología y posición política, a votantes de diferentes partidos, incluso del propio Partido Socialista, que me han argumentado a favor y en contra con mesura y serenidad, y en unos y otros he encontrado razones sensatas.
Si yo fuese Óscar Puente, tampoco sé bien qué haría. Quizá dejarlo todo y marcharme, abrumado. O, si tuviera la conciencia limpia, quedarme, por el contrario, para llevar la investigación hasta el final de la manera más fiel, rigurosa y transparente posible, de modo que se depurasen todas las responsabilidades, incluida la que yo mismo pudiera tener.
Pero no es mi opinión lo que quiero exponer en este artículo, sino la que están manifestando dirigentes políticos y líderes de partidos mucho más relevantes que yo. Y lo que quiero decir es que, a mi juicio, todas ellas tienen, como poco, un mínimo común denominador: la incoherencia.
La posición de Vox merece consideración aparte. No pide la dimisión del ministro por responsabilidad política, sino que directamente lo ha acusado de homicidio por imprudencia grave, y su líder lo ha llamado «ministro de la muerte», y al Gobierno y al PSOE de «banda criminal» que han cometido un «crimen político». Me parece una posición simplemente cruel, carente de rigor, inhumana, y tan extremista que no voy a dedicarle más líneas.
Los dirigentes del Partido Popular, empezando por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, piden la dimisión de Óscar Puente con incoherencia brutal y, me atrevería a decir, con manifiesta inmoralidad. Así lo pienso porque es un hecho fácilmente comprobable que el Partido Popular nunca pidió la dimisión de sus ministros ni de sus responsables políticos tras accidentes tan graves o más que los ocurridos cuando Puente ha sido ministro de Transportes. Nadie dimitió en la Generalitat valenciana tras los cuarenta y tres muertos del metro de Valencia en 2006. Ana Pastor no dimitió tras los ochenta muertos de Angrois en 2013, y el propio Feijóo, entonces presidente de la Xunta, atribuyó aquella tragedia al error humano del maquinista, una hipótesis que ahora ni siquiera contempla para poder culpar directamente al ministro. El mismo Feijóo que entonces dio por buena una especie de autoinvestigación para evadir responsabilidades reclama ahora un informe independiente. Y fue también Feijóo quien, tras la dana de Valencia, protegió y sostuvo durante un año al Carlos Mazón de comportamiento vergonzoso cuando estaban muriendo más de doscientas personas, hasta que su permanencia se hizo insostenible. Como tampoco el Partido Popular pidió la dimisión del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, tras la ignominiosa tragedia del Yak-42, en la que fallecieron 62 militares españoles. Y también me parece incoherente que los dirigentes del Partido Popular reprochen al ministro Puente y pidan su dimisión por falta de inversión cuando esta llegó a reducirse a menos de la mitad en los años en que ellos gobernaron (aunque es verdad que es engañoso presentar el aumento posterior como garantía de seguridad, pues buena parte de ella se ha ido a construir red nueva y no a conservar la existente).
Por todo ello, me parece que la petición de dimisión que hace hoy el Partido Popular responde al uso de una indisimulable doble vara de medir, algo no solo incoherente, como he dicho, sino -a mi juicio- también inmoral.
Quizá me parece aún peor que la dimisión de Puente la pidan dirigentes del Frente Amplio, teniendo en cuenta que han compartido con él los sillones del Consejo de Ministros en los últimos años. Puede que yo esté equivocado, pero a mí me parece que, además de incoherente, es desleal porque los ministros y ministras de partidos del Frente Amplio han compartido colegiadamente con Óscar Puente lo que este ha hecho y dejado de hacer en materia de inversiones y seguridad. Me resulta sorprendente que no hubieran notado algo criticable y merecedor de un reproche tan grave como el que lleva a pedir su dimisión hasta que el accidente se ha producido. Y, sobre todo, que no señalen qué han visto ahora en la conducta de Puente que no vieron tras el accidente de Adamuz, cuando no la pidieron, sino más bien todo lo contrario, pues lo apoyaron porque «ha estado dando la cara», según declaró Lara Hernández, entonces coordinadora general de Sumar.
Si valoro todo lo anterior, no me queda más remedio que llegar a una conclusión que realmente lamento. No puedo creer que los partidos que piden la dimisión de Óscar Puente lo estén haciendo por coherencia con su pensamiento o con su trayectoria. Vox, porque acusa disparatadamente al ministro, al gobierno y a su partido de un homicidio. El Partido Popular, porque nunca exigió una responsabilidad semejante ni la dimisión a sus ministros involucrados en casos parecidos, o quizá peores. Y el Frente Amplio porque me parece que, si entendió que ha habido culpa in vigilando por parte de Puente, debería haberlo denunciado antes del accidente y no ahora. No entiendo que la empatía con las víctimas que le exige Ada Colau deba traducirse en abandonar su puesto y no en ocuparlo con la máxima diligencia para comenzar a descubrir las causas, seguir dando la cara y permitir que así se puedan evitar tragedias semejantes en el futuro.
Me temo, en consecuencia, que los partidos que están pidiendo la dimisión de Óscar Puente lo hacen porque lo tratan como una valiosa pieza de caza a pocas semanas de unas elecciones generales.
Y llegado a este punto, algo se mueve en mi interior y me obliga a volver al comienzo de este artículo. Sigo sin saber si Óscar Puente debe dimitir, y creo que hoy nadie puede saberlo con honradez, porque esa respuesta depende de sentimientos profundos y de lo que establezca la investigación, y no del calendario electoral. Pero es este mismo calendario el que hará casi imposible que la investigación concluya mientras él siga siendo ministro.
Lo que sí sé es que no voy a sumarme a la cacería. Respeto a quienes piden su dimisión con argumentos transparentes y sinceros, empezando por las familias de las víctimas, a quienes su dolor da todo el derecho a exigirla. Pero no puedo respetar del mismo modo a quienes la reclaman solo con cálculo político.
Por eso, más que pedirle que se vaya o que se quede, prefiero pedirle algo más exigente. Óscar Puente ha afirmado que debe caer quien tenga que caer si ha contribuido por acción u omisión a causar estas tragedias. Es un compromiso inédito en un país donde creo que nadie ha dimitido nunca por un accidente, y lo honrado es tomarle la palabra en sus dos sentidos. El primero, que en el tiempo que le quede deje la investigación blindada, rigurosa, transparente y a salvo de quien gobierne después, para que no pueda archivarse en un cajón. El segundo, que se comprometa desde ahora a que, si de ella se deriva alguna responsabilidad propia, la asumirá esté donde esté, aunque ya no ocupe el ministerio. Eso, y no la cacería del adversario, es lo que les debemos a las víctimas y a quienes con enorme dolor las van a llorar durante mucho tiempo.
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