Tengo la impresión de que la paz se ha convertido en una de las palabras menos pronunciadas de nuestro tiempo y en la más extemporánea de las demandas. Me sorprende, y me duele, que no cuelgue de todos nuestros balcones precisamente ahora, cuando vivimos uno de los periodos más violentos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala registró en 2025 sesenta y cinco conflictos armados con participación de algún Estado, la cifra más alta desde que empezó a contarlos en 1946. Los gobiernos gastan más que nunca en armamento, 2,88 billones de dólares ese mismo año, casi 8.000 millones de dólares diarios para prepararse a matar.
Pero la guerra, con ser su expresión más grave, no es la única forma de violencia que nos rodea, y por eso no basta gritar contra ella. Hay otras que casi me parecen igual o más dañinas, no porque causen más muertes, sino porque son las que preparan el terreno para todas las demás. Me refiero a la crispación civil, a la agresión verbal, al insulto y al desprecio. Y a la mentira, que es violencia también, porque arrebata a la gente lo que necesita para decidir libremente. Y, por supuesto, la violencia que sufren cada día las mujeres y los grupos más vulnerables, y miles de niñas y niños en casi todas las esquinas del planeta. Las guerras no suelen empezar con un disparo, sino con alguna o varias de esas otras formas de violencia que convierten al diferente en enemigo y al enemigo en algo menos que humano.
Ha llegado a presidir el país más poderoso del mundo un hombre al que un jurado declaró responsable de abuso sexual, que envía agentes enmascarados a detener inmigrantes (mujeres embarazadas incluidas) en sus casas y en sus trabajos, que ha deportado a cárceles de países lejanos a personas a las que no se concedió siquiera un juicio, y que ha hecho del insulto un método de gobierno. Y que ha creado toda una escuela de discípulos que, como pequeños napoleones, siguen su estela en medio mundo. Y la mayoría de los gobiernos distinguen entre «sus» genocidas -a los que dejan hacer- y los otros -a quienes condenan con enorme indignación-, mientras que persiguen e incluso encarcelan a quienes denuncian a unos y otros.
La violencia, en todas sus manifestaciones, domina la vida social, y la demanda de paz está ausente, sin embargo, incluso allí donde debería ser la guía de cualquier comportamiento, en las instituciones democráticas.
En nuestro país lo hemos comprobado en el Senado durante la legislatura que ahora termina. Dominado por la mayoría absoluta del Partido Popular, se ha convertido en un instrumento de agresión y confrontación en el que las minorías han sido aplastadas una y otra vez, y la institución se ha utilizado con el fin exclusivo y partidista de acabar, por cualquier medio, con el gobierno de Pedro Sánchez. No con violencia física, desde luego, pero sí con prácticas que nada tienen que ver con el uso democrático y pacífico de las instituciones ni con la concordia, sino con la mentira constante y la trampa. No exagero, como muestra el ejemplo de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional. El mandato de los cuatro magistrados que corresponde elegir al Senado venció en diciembre de 2025 y, desde entonces, la mayoría del PP ha aplazado su renovación una y otra vez, con pretextos tan peregrinos como una petición del Parlamento de Cantabria motivada por la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida. Violan el mandato la Constitución que dicen defender en espera de que las urnas le den, junto a Vox, la mayoría de tres quintos que le permitiría elegirlos sin pactar con nadie.
El acuerdo que ha permitido al PSOE, Frente Amplio, Compromis y otras fuerzas progresistas concurrir juntos en la candidatura Senado de Progreso es una oportunidad sin igual, no solo para acabar con ese tipo de trampas, sino para hacer del Senado de la próxima legislatura una institución al servicio de la paz en su sentido más amplio.
Mi modesta propuesta a los partidos que la forman es que, si logran la mayoría el 29N, se comprometan a declarar inmediatamente al Senado como una Cámara por la Paz, en contra de la guerra y del uso de la fuerza, la coacción, la amenaza y el terror como instrumentos políticos. A favor de reducir el gasto militar (que España ha llevado en 2025, por primera vez desde 1994, por encima del 2% del PIB) y de su reconversión en gasto social, en cooperación al desarrollo y en lucha contra la pobreza y el hambre. Porque no hay violencia más terrible que la del hambre que mata a más de 20.000 personas cada día, cuando se podría acabar con ella simplemente con lo que se viene incrementando anualmente el gasto militar.
Y no solo eso. Esa nueva mayoría en el Senado debería comprometerse también a desterrar de sus salas cualquier otra forma de violencia no física, el insulto, la amenaza, la mentira, la falta de respeto, y el desprecio a quien es diferente o piensa de otra manera. A actuar, en definitiva, exactamente al revés de como la mayoría de la derecha ha actuado en el Senado durante la legislatura que acaba.
Como forma de expresar ese compromiso, me atrevo a pedir a todas las candidatas y candidatos que van en las listas de Senado de Progreso que firmen un contrato con la ciudadanía que los comprometa a desarrollar toda su labor parlamentaria al servicio de la paz y a comportarse de acuerdo con esos principios de no violencia en su sentido más amplio y auténtico. Sería la mejor forma de demostrar que Senado de Progreso no es una candidatura que aspira a hacer lo mismo que ha hecho el Partido Popular, solo que en su propio beneficio, sino a trabajar de otro modo para convertir el Senado en una institución auténticamente democrática y al servicio de la libertad.
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