El dilema energético

 El líder de la oposición Mariano Rajoy enseguida ha declarado que al gobierno «ni siquiera se le pase por la imaginación autorizar la operación» porque en su opinión «aquí estamos para defender los intereses generales».
 
 Es sorprendente y paradójica esta reacción porque el Señor Rajoy siempre se ha presentado como un convencido defensor de la libertad del mercado, lo que en puridad significa que cree que los intereses generales se defienden dejando que el mercado funciones libremente y no mediante decisiones del Gobierno.
 
 ¿Por qué entonces se niega ahora a que el mercado funcione? ¿por qué le parece mal que haya entradas y salidas en el capital de las empresas, que unas compren las acciones de otras?, ¿no es esa la lógica de la que presumen los defensores del mercado para mostrarlo como el mejor instrumento de asignación de los recursos?
 
 ¿Y por qué se opone a que ese porcentaje lo compre Gazprom y no, como se había anunciado en otras ocasiones, multinacionales como Total o Shell, o incluso algún fondo soberano de capital árabe?, ¿por qué no le pareció mal antes?
 
 Por su parte, el gobierno también ha dejado caer su oposición a la posible presencia rusa en el capital de Repsol. Y también eso merecería una explicación sincera.
 
 Aparentemente, tanto gobierno como oposición se oponen a esta operación en aras de la seguridad energética pero, ¿cómo entender ahora su reacción si Repsol ya está en manos de capital extranjero y su estrategia empresarial mira hacia fuera de España más que a nuestro mercado interno?
 
 Según la información que proporciona la propia empresa, las participaciones significativas representan el 59,4% del total mientras que el resto sería capital flotante, del cual una tercera parte aproximadamente sería emitido en España y el resto en el extranjero. Es muy difícil determinar la nacionalidad real del accionariado puesto que cada accionista institucional está a su vez participado por inversores de cualquier país, pero en términos generales resulta bastante poco riguroso decir que Repsol es una empresa «española». Sobre todo, si se tiene en cuenta que una gran parte de sus intereses tienen que ver con explotaciones y negocios ajenos a nuestro territorio y, por supuesto, a los de nuestros conciudadanos.
 
 Por eso sorprende que sea ahora que una compañía rusa manifiesta su interés por participar en Repsol cuando nos acordamos de defender su españolidad.
 
 Es un planteamiento poco sincero porque si se entiende que la participación extranjera es negativa o peligrosa para nuestra seguridad, como ahora afirma Rajoy, deberíamos haber evitado que esa penetración se produjese antes o en otras empresas que igualmente tienen una importancia estratégica para nuestra economía. Y si se considera que el mercado no es un buen garante de nuestros intereses estratégicos lo que se debería haber hecho es mantener la propiedad pública de las empresas que actúan en esos campos vitales, como han hecho por cierto países más poderosos que el nuestro.
 
 Lo que refleja, pues, este debate es que la mayoría de las veces se acude al argumento de la utilidad inmejorable del mercado pero no porque se crea en él o porque efectivamente se trate de una argumento contrastado, sino como excusa para poner las empresas en manos de aquellos a quienes interesa apoyar y conceder privilegios. Y que cuando no interesa que otros se hagan con las empresas, entonces se reclaman limitaciones y barreras.
 
 Y lo que por encima de todo esa retórica demagógica se evidencia es que el mercado en lugar de proporcionarnos seguridad constituye más bien una amenaza de la que deberíamos defendernos.
 
 No hay razones que no sean otras que las del beneficio de los grandes grupos empresariales para defender que los sectores estratégicos, los de importancia vital para cualquier sociedad, estén en manos del capital privado. Ni funcionan mejor así, ni está más garantizado el suministro, ni los precios más bajos, ni la mayor calidad, ni la mejor competencia, ni nada de nada. Todo lo contrario, porque sus responsables no tienen por qué estar preocupados de los intereses generales sino de los suyos particulares. Lo único que se garantiza de esa forma es que el beneficio irá a parar a sus propietarios y que la empresa se administrará con el fin de que éste sea cada vez mayor.
 
 Los liberales coherentes y sinceros creen que de esa manera (permitiendo que cada uno busque su interés particular) se logra el bienestar general y propugnan la libertad de mercado y el establecimiento de condiciones que impongan la competencia. Los liberales de pacotilla, como Rajoy y Aznar cuando gobernaron, defienden el mercado cuando con esa justificación pueden poner las empresas públicas en manos de sus amigos o afines, pero lo rechazan y prostituyen cuando la libertad o la competencia perjudica a quienes desean defender por encima de todo.
 
 De este último tipo de liberalismo no se necesita hablar mucho. Del liberalismo sincero, me parece que la historia ha demostrado que no es sino una utopía: los mercados se corrompen y tienen constantemente a la imperfección porque las condiciones ideales de la competencia son eso, puramente ideales. Por eso lo realista y lo más satisfactorio para la sociedad es mantener una actitud distinta. Confiar sin miedo en la propiedad pública para garantizar la provisión de aquellos bienes que constituyan necesidades estratégicas para los individuos o las naciones, recurrir al mercado cuando se pueda lograr que no sea un mecanismo que genera más problemas de los que resuelva y, en todo caso, corregir sus efectos negativos sobre la satisfacción humana cuando los produzca.
 
  No es ningún descubrimiento. Es una política que se ha practicado y practica muchas veces y que sin lugar a ninguna duda ha proporcionado más bienestar y seguridad a los ciudadanos y a las naciones que la neoliberal de nuestros días.