Por fin parece que el Banco Central Europeo (BCE) ha actuado lo que muchos economistas críticos veníamos proponiendo desde hace meses y últimamente incluso personalidades como Felipe González o el portavoz del grupos socialista en el Congreso de los Diputados.
En realidad, el BCE ha hecho una simple «advertencia» a los especuladores fácil de entender: comprando bonos de los estados les señala que sus operaciones podrían salirles caras porque la autoridad monetaria está dispuesta a jugar a la contra de sus movimientos y quitarles el objeto de sus operaciones.
De momento ha quitado presión y la situación se ha aliviado algo pero de ninguna manera se puede decir que de esa forma se resuelva el problema.
Hay que tener en cuenta que la especulación contra la deuda de los estados (la que se ha generado, no lo olvidemos, por causa de la quiebra irresponsable de los bancos y de las consecuencias de que éstos hayan cerrado el crédito a la economía) genera varios problemas: encarecimiento de la deuda, porque eleva artificialmente los tipos a los que ha de venderse, extorsión a los gobiernos soberanos, escasez de capital para la actividad productiva y nuevas burbujas y desestabilización financiera. En suma, que se siga sin poder salir de la crisis.
Para que desaparecieran por completo estos problemas harían falta más cosas que un simple amago de intervención por parte del Banco Central Europeo.
En primer lugar una compra de deuda mucho más grande, decidida y constante hasta ahuyentar por completo a los especuladores.
En segundo lugar, que esa financiación a los estados no sea vergonzante ni encubierta. Hasta ahora es así porque al hacerla, como se está haciendo en realidad desde hace meses, se están violando las normas constitucionales europeas que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos. Una soberana estupidez establecida en su día con el solo propósito de dejar a los bancos privados el negocio de la financiación, muy rentable para ellos pero con las consecuencias que ahora estamos sufriendo.
Dada la magnitud de las operaciones contra el euro y la deuda de los diferentes países, el BCE debería mostrarse como una auténtica autoridad pública y frenar en seco a los especuladores afirmando su posición central en el sistema y no actuar solamente como un mero apagafuegos.
En tercer lugar, el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos echando sobre sus economía una losa igual de pesada que la que supone la financiación privada. Debería reembolsar los intereses a los estados para aliviar el peso de esta deuda que, como comentaré enseguida, se puede convertir -si no se actúa como digo con urgencia- en una bomba de relojería para el conjunto de la economía europea.
En cuarto lugar, no se puede tratar solo de hacer frente a la deuda, y ni siquiera de financiarla en las condiciones ventajosas que acabo de señalar. Hay que evitar que la «solución» a la deuda consista simplemente en salvar una vez más a los bancos hundiendo a las economías, es decir, en conceder como en Irlanda nueva financiación (incluso aunque fuese en condiciones más benévolas) para que se salde el agujero o la deuda de los bancos privados a costa de imponer condiciones que van a lastrar la actividad económica durante años.
Para evitar esto el Banco Central Europeo debería financiar al mismo tiempo planes de recuperación económica y tirar ya de una vez por la borda los principios de austeridad que van a condenar a las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos europeos a años de quiebras, de desempleo y deterioro económico.
Esta sería la única solución sensata y realista al problema gigantesco que ha ocasionado la crisis financiera en Europa. La buena noticia es que eso podría evitar los males mayores que se van a dar si se sigue permitiendo que los financieros sigan acosando a los gobiernos, subiendo artificialmente la factura de la deuda y logrando mediante la extorsión que cada dos por tres se tengan que sacar de la manga medidas de recortes de derechos sociales, como viene ocurriendo en España.
Pero la mala noticia es que incluso si se pudiera actuar así, violentando las normas de la Unión Europea y del propio banco central, este tipo de actuaciones sería insuficiente y deberíamos de pensar, como está de moda decir ahora, en un Plan B.
La mayor parte de la deuda que hoy día soportan los estados es una auténtica deuda odiosa (sobre el concepto de deuda odiosa: http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa). Es verdad que este concepto nació para referirse a la deuda que impusieron a los pueblos gobiernos dictatoriales y que la que ahora pesa sobre los países se ha generado con gobiernos legítimamente elegidos por la ciudadanía. Pero ¿realmente se puede decir que se haya producido como resultado de una decisión libre y deseada de estos gobiernos? ¿no es más cierto que se ha generado obligadamente para hacer frente a comportamientos que han sido realmente criminales por parte de muchos bancos y grandes empresas, como las agencia de calificación? ¿Por qué tienen que soportar su peso los pueblos mientras que los grandes poderes financieros se están beneficiando de ella?
Repudiar la deuda odiosa es siempre un imperativo moral, la expresión de una justificada condena del tipo de actividades que la han producido. También es la única forma de hacerle frente económicamente y de evitar que provoque un estallido continuado de perturbaciones financieras en el futuro inmediato.
Aunque es muy difícil de calcular, se estima que la deuda pública mundial en estos momentos es de casi 41 billones de dólares (hay un «reloj» donde se puede ver cómo evoluciona constantemente en http://www.economist.com/content/global_debt_clock) que representa un 65% del PIB mundial, que es de unos 63 billones de dólares. Pero a ella hay que añadir la deuda privada, que es muchísimo mayor en casi todos los países: mientras que la pública prevista en España para 2010 es del 62,5% del PIB (será más), la privada estaba en el 310% en una de las estimaciones más aceptadas (McKinsey & Company. “Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and its Economic Consequences,” En http://www.mckinsey.com/mgi/publications/debt_and_deleveraging/index.asp).
A mi juicio, y como he analizado en mi último libro (La crisis de las hipotecas basura. ¿Porqué se cayó todo y no se ha hundido nada?), es completamente imposible que la economía mundial digiera o metabolice esta deuda ingente sin problemas, sobre todo, cuando en su mayor parte es la contraparte de operaciones puramente financieras que no han llevado consigo creación de riqueza alguna. Solo de podría hacer mediante una inflación tremenda y terrible o a través de una operación de gasto capaz de absorber tan ingentes cantidades de recursos, algo que solo podría ocurrir con una guerra que debería tener unas dimensiones y llevar a cabo una destrucción inimaginables. Y ambas vías llevarían consigo conflictos sociales quizá más graves que el problerma de base que pudieran «resolver».
La única solución, por tanto, es ir hacia una quita mundial de la deuda (la «quita» es el acuerdo entre deudor y acreedor en cuya virtud éste renuncia a una parte de las deuda) y que un tribunal internacional determine, al mismo tiempo, cuál de ella es verdaderamente odiosa para repudiarla para siempre. Es decir, hacer que quienes han provocado el daño asuman al menos en parte el costo de su reparación.
Soy plenamente consciente de que mi propuesta es irreal hoy día. Tan irreal o ideal como pueda serlo el pensar en establecer en nuestr
o planeta una economía y un modo de vida justos, respetuosos con el medio ambiente y acordes con la naturaleza humana. Pero es justamente por eso la defiendo.
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