Publicado en Público.es el 7 de enero de 2014
Cuando se acaba de informar que el juez imputa a la hija del Rey por delito fiscal y blanqueo, los medios de comunicación comentan también que la infanta podría librarse de ser juzgada si se aplica la conocida como “doctrina Botín”.
Esta doctrina del Supremo se estableció en una sentencia de 2007 cuando su Sala de lo Penal avaló una decisión previa de la Audiencia Nacional que limitaba la acción de las acusaciones populares. Según se decía en su sentencia “no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular”.
Lo que hay detrás de esta sentencia y su vinculación con Botín es muy interesante para conocer qué hay detrás de nuestra administración de Justicia porque lo que ocurrió fue sencillamente que se dieron órdenes desde el gobierno para que la fiscalía y la abogacía del Estado actuaran de forma que el Tribunal pudiese evitar juzgar al banquero. Una operación de auténtica ingeniería jurídica que ahora pueden intentar realizar de nuevo.
Transcribo a continuación la explicación del caso que aparece en mi libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué cayó todo y no se ha hundido nada ? (Editorial Sequitur 2010).
Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.
Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex Ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”.
Así funciona la justicia en España. Y estos son los intereses que protegen nuestros gobiernos. Ahora queda ver si de nuevo harán lo mismo para volver a evitar que todos seamos iguales ante la ley.
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6 comentarios
Alguien se creía que todos somos iguales ante la Ley.La verdad que habría que hacer un monumento al Juez Castro. Igualmente al Juez Ruz y a la Juez Alaya y a todos aquellos que no se dejan influir por los políticos, sean del signo que sean.
El contubernio Botín, Rato, y para mayor vergüenza Mª Teresa Fernández de la Vega,
se repetirá, con otros actores, cuantas veces sea preciso. No en vano presumimos de «La marca España»
Yo creo que es perder el tiempo en analizar el
supuesto sistema de justicia, todos sabemos que
no pasara nada.
Debemos buscar el porque de esta maniobra, el
que se busca vender con ella.
El hacer una recopilacion de las barbaridades
acumuladas seria un acto de masoquismo, creo
que a eso lleva la impotencia civica.
Salvo que una circunstancia «no controlada» actúe en otro sentido, la cosa parece clara: el juez ya «ha cumplido», ahora viene «el proceso» que, más o menos, «la gente desconfiada» espera (¿la justicia es ciega?), sea con la «doctrina Botín» o con otra que se inventen…
¿ Y si le aplican la doctrina Atuxa?
TIRITI
Xactamente ;-) pero hay eggs… recordemos que la consti defiende a capa y espada la inviolabilidad de un monarca lleno de potestades… que nunca se ha molestado en jurarla o prometerla… con jurar ante dios (el único ante quién responde) los principios del movimiento en el 69 y el 75 parece que vale … mola … por no llorar…
Salud!
Todo estado fallido que se precie debe garantizar la impunidad de los poderosos, incluso en los casos más arriesgados y difíciles, como el de la infanta o el de Miguel Blesa, aunque el espectáculo resultante sea bochornoso: jueces expedientados por prevaricación o atentar contra el honor, fiscales en el papel de abogado defensor e instrumentos de prueba no válidos. Del chorizo de barrio y de sus delitos se puede hablar hasta la saciedad en los medios de comunicación sin que ningún fiscal apele a su derecho a la intimidad o al honor y se le puede investigar sin miedo a que nadie vaya a cuestionar la legalidad de los medios utilizados. Por el contrario, la opacidad debe estar salvaguradada en los delitos de guante blanco. No es que el delito de los poderosos no deje huella sino que utiliza un soporte de impunidad que convierte al juez más sagaz en un violador de derechos fundamentales, como el honor o la intimidad. Y cuando todos los dispositivos de seguridad fallan, siempre queda el recurso de que la abogacía del estado y la fiscalía se pongan de parte del reo, como ocurrriera con Botín, o la posibilidad de que un Gallardón cualquiera utilice el indulto.
Tan grave como la «doctrina Botín» es la «doctrina Blesa», protagonizada por el fiscal Moix, quien parece mucho más interesado en proteger a presuntos delincuentes (como Miguel Blesa) que a esclarecer algunos de los escándalos financieros más graves, utilizando para ello el ardid de que, servirse de los correos del banquero como instrumento de prueba, nada menos que por el juez que instruía el caso, atenta contra la intimidad e incurre en prevaricación. Esto debería llevarnos a una profunda reflexión sobre el papel de los fiscales en el sistema judicial español y a su altísima responsabilidad (por omisión) en que multitud de delitos queden impunes (sobre todo los grandes delitos económicos y contra los derechos humanos) y en que las conductas ilícitas se sigan reproduciendo con absoluto descaro. Creo que es de justicia que mostremos nuestro apoyo al juez Silva en un caso de especial importancia para acabar con la impunidad de los principales responsables de la crisis financiera que sufrimos.