Argumentos de la Junta de Andalucía contra el gobierno del PP para defender la ley andaluza de función social de la vivienda

Hace unos meses, la Junta de Andalucía aprobó la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda con la que, entre otras cosas, se trataba de hacer frente al daño social que ha ocasionado la irresponsable política de crédito de los bancos en los últimos años: millones de casas vacías, 600.000 en poder del llamado «banco malo», y medio millón de personas desahuciadas, muchas de ellas quedándose sin vivienda.

Para ello, la ley contempla una serie de medidas bastante prudentes e incluso más bien moderadas, que no van mucho más allá de las que hay en otros muchos países europeos desde hace años. Pero enseguida de ser publicada, la banca, el gobierno y algunas autoridades europeas manifestaron su rechazo: como siempre, cuando se trata de ayudar a los más pobres las pegas surgen por doquier, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de ayudar a los banqueros y a los más ricos, tal y como ha sucedido en los últimos años.

En realidad, la banca atacaba la ley por defender el fuero y no el huevo, puesto que los perjuicios materiales que pudiera provocarles eran mínimos, si es que los hubiera de contemplarse todos sus efectos en conjunto. Pero el gobierno se prestó rápidamente a defenderla e interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional, quien rápidamente paralizó la aplicación de la norma.

La Junta de Andalucía se defendió ante ello y con ese motivo nos pidió sendos informes a Ángel Vilariño Sanz, doctor en Ciencias Económicas, consultor financiero internacional y exdirector general financiero Caja Madrid, y a mí. Por supuesto, yo no había hecho público mi informe, que estaba en poder de la Junta de Andalucía puesto que era de su propiedad. Sin embargo, en las última semanas se ha hecho público y aprovecho entonces para señalar aquí del enlace donde se pueden leer los dos informes por si alguien tiene interés en conocer la falta de fundamento con que actuó el gobierno de Mariano Rajoy y la gran cantidad de argumentos que se pueden dar en contra de su decisión. Ahora falta que el Tribunal se pronuncie.

Los dos informes pueden leerse pinchando aquí.