La economía de la igualdad: ¿qué es y cómo ponerla en marcha?

Publicado en Claves: Reflexiones sociolaborales de UGT Andalucía ¿y despúes de la crisis qué?, UGT Andalucía 2011

 

El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del partido que gobierna Andalucía desde hace tres lustros, José Antonio Griñán, propuso al comenzar su mandato que el necesario recambio del modelo productivo de la economía andaluza debería estar vinculado al desarrollo de una economía de la igualdad.

 

Lamentablemente ni el gobierno ni el partido que lo sostiene han avanzado mucho para concretar una estrategia de este tipo, pero hay que reconocer que la idea es muy valiosa porque la aspiración a generar más igualdad no es solo algo deseable éticamente, que lo es. Además de ello, que es importante, hay que tener en cuenta que la desigualdad constituye uno de los factores más retardatarios del progreso y un potente generador de conflictos indeseables.

 

Como dice el último Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, resolver acertadamente los conflictos distributivos que produce la desigualdad es una garantía fundamental para lograr «desarrollo virtuoso, de alto crecimiento y desarrollo humano»[1].

 

En los últimos decenios se ha podido comprobar que la desigualdad ha crecido en casi todo el mundo como resultado de las políticas que han acompañado a la globalización neoliberal y que eso ha producido exclusión, menos actividad económica y empleo y perturbaciones graves en los mercados y en el conjunto de la sociedad. Y más concretamente, esa mayor desigualdad es la que ha actuado como causa última de la crisis a la que ahora nos enfrentamos.

 

Es cierto que ésta se ha producido, como es bien sabido, por la difusión de hipotecas basuras y productos financieros de baja calidad derivados de ellas y que eso fue posible por la regulación muy desafortunada del sistema financiero existente, por la actuación criminal de instituciones como las agencias de calificación y de muchos bancos que engañaron a clientes, inversores y autoridades, e incluso por la complicidad  de muchas de éstas últimas[2].

 

Pero el daño que todo eso produjo ha llegado a ser tan grave porque la magnitud de los recursos involucrados en la ingeniería financiera y en la especulación generalizada en los mercados es ya muy grande y eso hace que las perturbaciones que provocan llevan consigo un riesgo necesariamente sistémico, global y generalizado.

 

Y resulta que los flujos que operan en la esfera financiera de la economía han crecido tanto como consecuencia del espectacular incremento de la desigualdad y más concretamente de la pérdida de peso de los salarios y de los ingresos más bajos en el conjunto de las rentas, en beneficio de las del capital más elevadas.

 

Según datos de Censo de Estados Unidos, los ingresos del 20% de población de renta más baja aumentaron después de impuestos un 6% en términos reales desde 1979 a 2004 mientras que los del 1% más rico lo hicieron en un 176%. Y de la magnitud de esta concentración de renta da idea el que el 75% de la renta generada en los ocho años de gobierno de G.W. Bush fue apropiada por el 1% más rico de la población.

 

En España, el proceso de pérdida de peso de los salarios en el total de la renta no ha sido muy diferente como muestra el Gráfico nº 1. Y quizá aún más en los años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis, como indica la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España[3] que señala que solo entre 2002 y 2005 la renta media correspondiente al 20% más pobre de los hogares de España se redujo en un 23’6%, mientras que la renta media del 10% más rico se incrementó en más de un 15%, y la diferencia de renta media entre el 10% más rico y el 20% más pobre de los hogares españoles pasó de se 12,03 veces mayor a 17,4[4].

 

El efecto que produce esta desigualdad es grande por un hecho económico básico: la inmensa mayoría de las rentas salariales y de las más bajas se dedican al consumo así que mientras mayor sea su peso más fuerza tiene la demanda que genera actividad y empleo. Por el contrario, las rentas más elevadas se dedican en mucha mayor proporción al ahorro y es por eso que la desigualdad creciente pone a disposición de los mercados financieros cada vez más recursos lo que se hace muy peligroso para la creación de riqueza y empleo si los bancos o fondos de inversión que los recogen, como viene ocurriendo, se dedican a derivar ese ahorro a las operaciones financieras especulativas en lugar de dedicarlo a financiar a las empresas y el consumo. Eso es lo que explica que las políticas de contención salarial de los últimos años hayan dado lugar también a que se registre menos crecimiento económico y menos crecimiento del empleo.

 

Además, esa desigualdad creciente producida por la pérdida de peso de los salarios se traduce lógicamente en menor capacidad adquisitiva de los grupos sociales de menos renta y eso provoca a su vez otros tres problemas igualmente graves. En primer lugar, el incremento continuado del endeudamiento, un gran negocio para la banca pero una esclavitud para las familias y una losa para el conjunto de la economía. En segundo lugar, una intensificación del trabajo femenino no remunerado porque el menor salario obliga a renunciar a servicios de cuidados suministrados por el mercado y a obtenerlos, en ausencia de corresponsabilidad, con un mayor tiempo de trabajo de las mujeres, Y, en tercer lugar, un reforzamiento de los poderes antidemocráticos y de los mecanismos que generan sumisión para que los afectados acepten sin rebelarse esta situación negativa para ellos.

 

Es por todas estas razones que resulta fundamental combatir la desigualdad y avanzar hacia una nueva economía de la igualdad aunque en ese camino conviene tener claras algunas consideraciones que me parecen esenciales y que quizá no se están teniendo en cuenta convenientemente.

 

La primera de ellas es que la economía de la igualdad no equivale simplemente a la igualdad de género. Esta última es una pieza esencial sin la cual no se puede dar la primera pero no es su única componente. La igualdad entre mujeres y hombres debe ser un objetivo irrenunciables por razones morales y de pura eficiencia económica, y por ello no puede ser un objetivo subsidiario ni subordinado al logro de otras aspiraciones igualitaristas. Pero tampoco puede ser el único eje, y ni siquiera el principal, de las estrategias que pueden conducir a lograr una auténtica economía de la igualdad.

 

Es un error garrafal renunciar a avanzar en la igualdad de género incluso en épocas de crisis, como defiende algún sector de la patronal troglodita que no es capaz de percibir que con mayor desigualdad entre mujeres y hombres son las propias empresas las que pierden recursos valiosos y demanda efectiva con la que obtener más ganancias. Pero, aunque nunca se renuncie a ello, la economía de la igualdad tampoco puede limitarse en exclusiva a promocionar la igualdad de género.

 

Una economía de la igualdad auténtica, es decir, económicamente omnicomprensiva, autosostenida y sostenible, que se orienta a proporcionar la efectiva igualdad de oportunidades a todos los seres humanos, debe basarse en la generación equilibrada de ingresos y en la existencia de una efectiva igualdad a la hora de poder disfrutar de vías de realización personal y social en todos los ámbitos en los que todas las personas nos desenvolvemos habitualmente.

 

La segunda consideración a tener en cuenta es que la economía de la igualdad no puede ser solo el resultado de la aplicación de políticas redistributivas.

 

Es evidente que éstas constituyen también un instrumento imprescindible para poder paliar las desigualdades que genera el desarrollo de la actividad económica y las contingencias de diferente signo que inevitablemente afectan a la vida personal y social. El informe de las Naciones Unidas antes citado se refiere precisamente a que es fundamental que «el Estado mantenga un poder compensatorio suficiente para limitar el abuso de poder de mercado por parte de grupos capitalistas poderosos y resolver disputas sociopolíticas a favor de un aprovisionamiento de base amplia»[5]. Algo que debe sustanciarse en políticas de ingreso y gasto público igualitaristas, en una política monetaria supeditada al interés general, y en la provisión universal y de igual calidad para toda la ciudadanía de los bienes y servicios esenciales para garantizar la igualdad e oportunidades y la disposición de idénticos vectores de realización para todas las personas, entre otras cosas.

 

Pero no basta con ello. La economía de la igualdad no puede ser sino el resultado de un modo de producir que implique la equidad intrínsecamente, es decir, sobre todo en la generación originaria de ingresos y no solo en su distribución secundaria gracias a políticas públicas más o menos progresivas.

 

Eso significa que avanzar hacia la economía de la igualdad obliga a revisar el tipo de actividad en que se basa la generación del valor añadido, los derechos de apropiación de los diferentes sujetos que contribuyen a crear riqueza, el régimen de propiedad de los recursos y el tipo de espacios de transacción en que se llevan a cabo los intercambios pare evitar que haya focos de poder de mercado con capacidad de generar ganancias extraordinarias y condiciones asimétricas de acceso a los bienes y a las decisiones que tiene  que ver con su provisión y disfrute, y, por último y aunque no sea lo menos importante, también el tipo de incentivos y valores que en última instancia mueven a los individuos en la actividad económica.

 

Hay que reconocer que a pesar de haber logrado avances impresionantes y decisivos en los últimos años hacia estas aspiraciones, Andalucía no ha logrado encaminarse de modo irreversible hacia ellos. Y que incluso se dan a menudo, como ahora en época de crisis, pasos que más bien la llevan en dirección contraria a la que sería necesaria para alcanzarlos.

 

Nuestra economía se ha especializado en actividades centradas en el uso de trabajo precario y de poco valor añadido, se ha producido una gran concentración de la riqueza en los últimos años, los mercados se han oligopolizado y las grandes empresas disfrutan de mucho más poder para fijar precios que hace unos años. Y nuestras tasas de fracaso escolar, de paro juvenil, de empleo femenino o de población emprendedora muestran que aún no se ha roto del todo con inercias seculares y que no se ha creado una sociedad que asuma la creación de riqueza y la justicia en el reparto como una aspiración ineludible y propia, no que le venga dada graciosamente.

 

Avanzar hacia la economía de la igualdad consiste justamente en romper esas líneas de fractura: promover otro tipo de actividades que impliquen usar un capital social y recursos humanos más avanzados y mejor formados, fomentar la propiedad social y cooperativa, imponer mayor grado de competencia y combatir el poder de mercado de las grandes corporaciones que controlan, sobre todo, los canales de distribución que hunden los ingresos de los productores. Y al mismo tiempo, lograr mayor complicidad colectiva con estos objetivos, dedicar más recursos para crear sinergias, redes y capital social, y alcanzar nuevos consensos que estén ahora orientados a cambiar las lógicas dominantes y no a consolidar el status quo de los privilegios consolidados a lo largo del tiempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica nº 1. Proporción de los salarios en la renta nacional en UE-15, Estados Unidos y Japón, 1970-2005       Fuente: OECD. Employment Outlook 2007.