El Día de Andalucía se presenta en esta ocasión quizá más cargado de controversia que nunca. Parece que estamos condenados a gastar en las salvas de batallas dialécticas la pólvora tan
necesaria para que Andalucía se enfrente con éxito al progreso y al bienestar social.
El Partido Popular, necesitado como está en Madrid del apoyo de la burguesía nacionalista catalana, ha tenido que realizar concesiones gravísimas en el diseño de la financiación autonómica que perjudicarán, más a medio y largo plazo que a corto, a las comunidades menos desarrolladas, como la andaluza. Por su lado, los socialistas patalean ahora como niños por demandas que no tuvieron el coraje de defender cuando su partido gobernaba en Madrid. Ambos se enzarzan en una guerra de difícil comprensión para el ciudadano normal y, a su socaire, levantan ampollas entre administraciones públicas que bloquean las soluciones necesarias a problemas de gran envergadura que padecen los andaluces.
Me da la impresión de que la mayoría de los ciudadanos asiste impasible y confuso a la ceremonia de la confusión que provoca la habilidad con que los políticos dicen digo en cualquier momento cuando hasta entonces han venido diciendo Diego sobre asuntos que pueden y deben ser susceptibles de plantearse en términos objetivos, para que la sociedad pueda evaluar los efectos de todo tipo de las medidas que se adoptan.
Por eso me parece cada vez más urgente que la sociedad andaluza, la civil y no sólo su representación política, aborde con decisión, con valentía y absoluta transparencia un debate mucho más realista sobre la situación real de nuestra Comunidad.
No podemos olvidar que Andalucía ha perdido participación en la renta interior per capita nacional, o en la renta familiar disponible desde que goza de autonomía. Que el paro ha aumentado aquí mucho más que en el conjunto nacional, que cada vez somos más dependientes de los subsidios o subvenciones, pero que cada vez recibimos menos cantidad per capita por este concepto si nos comparamos con otras comunidades, incluso con las que son más ricas que la nuestra. Que afrontamos la integración en la Unión Europea en peores condiciones porque aquí la negociación efectuada y los acuerdos a los que se está llegando han desguarnecido nuestra agricultura, han debilitado el sector pesquero y han impuesto condiciones mucho más desfavorables para el desarrollo de nuestra industria, condenada, más bien, al desmantelamiento progresivo.
En la última Encuesta de Presupuestos Familiares (1991) se pedía a las familias españolas que comparasen su situación con la de diez años antes. Sólo el 29 por cien de las andaluzas afirmaba que había mejorado, lo que indica que hay una gran desigualdad a la hora de disfrutar del progreso y de las mejoras socioeconómicas que sin lugar a dudas se han alcanzado en estos años de autonomía.
Los sucesivos gobiernos andaluces, sobre todo en su última etapa, han fijado como su objetivo principal el incremento de la actividad económica, pero no han sabido garantizar que la efectivamente generada fuese la más productiva, la que crea riqueza y trabajo. Han mejorado en Andalucía las retribuciones de los grandes capitales y sobre todo de los más improductivos, pero la pequeña y mediana empresa, la que verdaderamente está soportando tan difícilmente el empleo de nuestra economía, está en condiciones cada día más precaria, viendo cómo se facilita el pelotazo y cómo se ponen trabas, sin embargo, a la actividad productiva.
Todo ello advierte de la conveniencia de dejar a un lado la discusión esterilizante y abordar, al contrario de lo que se viene haciendo, las cuestiones que tienen efectivamente que ver con el
bienestar de todos los andaluces.
Tres ejemplos pueden contribuir a poner de relieve cómo el debate político gira demasiado artificialmente en torno a problemas muy coyunturales, e incluso falsos.
El primero es la despreocupación real por el problema del paro. A diferencia de lo que ocurre en los mitines y en las soflamas de los líderes, a la hora de hacer las leyes resulta que la creación de empleo no se reconoce como el principal objetivo de las políticas. En el Plan Andaluz de Desarrollo Económico (PADE) 1991-1994, por ejemplo, no aparecía ni entre las dos metas ni entre los quince objetivos que allí figuraban.
A nadie debe extrañar entonces que el paro se haya multiplicado en nuestra Comunidad, y en Málaga en particular. Así, en 1982 la tasa de paro en nuestra provincia era 2,3 puntos superior a la nacional y 2,21 puntos inferior a la andaluza, pero en 1995 las superaba respectivamente en 13 y en dos puntos. Tan sólo en cuatro años malos (90-93) se perdieron en Málaga todos los empleos que se habían generado en los trece años anteriores, lo que da idea de la fragilidad de nuestra economía y de la necesidad de abordar el problema del empleo con mucha más contundencia.
En segundo lugar, resulta que mientras se discute sobre la magnitud del impulso exógeno que reciba nuestra economía el Estatuto Andaluz está aún pendiente de desarrollar en asuntos esenciales que permitirían dinamizarla desde dentro, vacío de contenido y edulcorado, sin que hasta la fecha se haya hecho uso de todas las posibilidades que allí se contemplan de cara a favorecer el desarrollo sostenible, la mayor igualdad y en general un tipo de estrategia política que sea menos adaptativa frente a problemas de la coyuntura y mucho más activa frente a los retos de carácter estructural que todavía afectan a nuestra economía y nuestra sociedad.
En tercer lugar puede resultar significativo lo que parece que ha sucedido en el pasado año. Aunque aún no se conocen los datos definitivos, me atrevo a adelantar que la tasa de crecimiento económico andaluz que con tanto empeño se trata de impulsar se ha salvado en 1996 gracias a la actividad en el sector agrario. Será significativo que, en contra de lo que todo el mundo admite sin más, nuestra agricultura sea capaz de recobrar impulsos suficientes, como en este caso, para soportar casi por si sola el crecimiento económico. No se trata de volver la vista atrás en la historia, pero sí de plantear lo que me parece evidente: que las sociedades se empobrecen inevitablemente cuando dan la espalda a la creación de riqueza y cuando desprecian sus recursos autóctonos.
Hace unos cuantos años, el horizonte del siglo XXI parecía ser la frontera utópica en donde se proyectaban todas nuestras ilusiones. Hoy día, ese futuro que parecía tan lejano está ya irremisiblemente al alcance de nuestras manos. Es preciso mirar hacia adelante, pero no podemos limitarnos a avanzar tan sólo a base de retórica, pensando que todo lo realizado ha estado bien o todo mal, culpando sólo a los demás de nuestras frustraciones o contentándonos con descorchar el champán en los grandes eventos, creyendo que el desarrollo va a llegar de olimpiadas, campeonatos o de grandes escaparates.
Cuando el futuro está tan cerca es cuando hay más riesgo de llegar demasiado tarde. Andalucía, y quizá muy particularmente Málaga, necesitan un tipo de referencia política muy distinta y una movilización ciudadana mucho más protagonista. Las que giran en torno a las condiciones concretas que permiten crear riqueza más fácilmente y distribuirla con mayor equidad.
Un día como el 28-F quizá sea el apropiado para reivindicar un Compromiso Andaluz entre todos los partidos y fuerzas sociales que asumiera unos objetivos de bienestar muy concretos, como el desarrollo estatutario, el empleo o la política de infraestructuras o inversiones que no puede depender siempre del mayor peso político de las autoridades sevillanas. Quizá eso equivalga a reivindicar un sueño, o un horizonte utópico si se considera el tipo de perspectivas que guía hoy día el discurso de nuestra clase política. Pero no olvidemos que, como decía Anatole France, la utopía es la antesala necesaria para conseguir un mundo mejor.
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