El informe de Cáritas sobre la pobreza en Málaga

De nuevo se han vuelto a poner de manifiesto las cifras desgarradoras de la pobreza en nuestra provincia.

En esta ocasión, un informe encargado por Cáritas, al que acompaña una nueva y también comprometida aportación del Equipo de Economía Cuantitativa del Bienestar de nuestra Universidad, reitera que no se trata de un problema accidental, sino que se extiende de manera preocupante y que alcanza a un número de personas y familias demasiado elevado.

Del informe se deduce que cerca de 23.000 personas se encuentran en situación de «gravísima indigencia», con un ingreso mensual inferior a 12.840 ptas. Otras 53.000 personas perciben entre 12.840 y 21.400 ptas. mensuales. Eso significa que más de 75.000 malagueños (casi el 6% de la población), o 13.150 familias si se quiere, se encuentran en situación de pobreza severa, con ingresos mensuales absolutamnete insuficientes para hacer frente a las necesidades que hoy día se asocian al mínimo bienestar deseable y que en justicia debería estar al alcance de todos los ciudadanos.

 En una situación un poco mejor se encuentran otros 152.960 malagueños cuyos ingresos están entre 21.400 y 29.960 ptas. mensuales, así como los 112.750 que reciben entre esta última cantidad y 42.800 ptas. mensuales. Son los que se consideran en situación de pobreza relativa y que, en total, constituyen el 21,04% de la población malagueña. 

En conjunto, pues, hay 341.300 personas pobres en nuestra provincia, con ingresos mensuales inferiores a 42.800 pesetas, y 73.050 hogares en la misma situación.

 Resulta, entonces, que casi uno de cada tres malagueños, exactamente el 27% de la población, no dispone ni de 50.000 pesetas mensuales para hacer frente a sus necesidades. Ocurre, así, que mientras el ingreso medio de las familias (con una media de cuatro miembros) es de 111.700 ptas., el gasto medio supera las 122.000 ptas. Es decir, que las familias pobres, como es natural que suceda, soportan un considerable endeudamiento. 

Naturalmente, la situación en toda la provincia no es igual, pues algunas zonas, como la Serranía, el Norte y la Costa Oriental o la zona Este de Málaga Capital alcanzan porcentajes de
pobreza mucho más elevados, en algunas ocasiones cercanos al 40% de la población.

Como también son diferentes las circunstancias asociadas a la pobreza. Según el Informe de Cáritas, resulta que la pobreza más preocupante y dañina afecta a los jóvenes y se vincula normalmente con el paro y las familias muy numerosas, mientras que existe otra situación de pobreza algo más llevadera vinculada, sobre todo, a la tercera edad, a niveles culturales muy bajos, a la enfermedad e incluso a la soledad.

Otra circunstancia muy relevante que el Informe ha puesto de manifiesto es que, a pesar de los avances evidentes de la política asistencial, aún se dan demasiadas situaciones de precariedad que incluso pueden parecernos sorprendentes. Así, 7.700 familias no disfrutan de Seguridad Social, 4.420 sufren deficiencias alimentarias, 3.280 tienen problemas de delincuencia, 3.960 de alcoholismo y 3.660 de drogas. De tal forma que la pobreza, como cabe esperar, no se presenta sólo como una simple carencia de recursos económicos, sino que el empobrecimiento va acompañado habitualmente de carencias de todo tipo y del sufrimiento humano más dramático.

 Para terminar de glosar los datos globales que me han parecido más significativos del Informe, creo que es interesante señalar que el 39,2% de las familias opinan que su situación ha empeorado en los dos últimos años, mientras que sólo el 13% de ellas declara haber mejorado. Es, sin duda, un dato que debería hacer pensar a los responsables políticos: ¿Quién se está beneficiando verdaderamente de las políticas económicas?. Y, lo que quizá sea peor, un 47,3% del total de la población malagueña piensa que nadie hace algo por sus barrios o pueblos. Sólo un 16,7% estima que se preocupa su ayuntamiento y un 10,4 las asociaciones de vecinos. 

En definitiva, el estudio de Cáritas es un aldabonazo más, o si se quiere expresar más vulgarmente, una auténtica pedrada que debría conmover a quienes tienen en sus manos la obligación y la responsabilidad de tomar de decisiones sobre los asuntos públicos.

Pero, a la vista de cómo suelen reaccionar nuestros dirigentes políticos, me temo que ya habrá sido flor de un sólo día para el interés de nuestros políticos (¿cuántos de ellos habrán leido con interés el Informe?).

Cuándo vamos a ver que nuestra alcaldesa, cuya inteligencia, capacidad e influencia son de sobra reconocidas, asuma con decisión un compromiso riguroso y sincero para hacer frente al problema de sus conciudadanos pobres?, ¿qué habrá que esperar para que el radicalismo verbal de Antonio Romero, ahora con tanta influencia en su coalición, se sustituya con propuestas rigurosas y de alcance efectivo?, ¿qué milagro debería ocurrir para que el aparente compromiso de izquierdas del guerrista Martín Toval se convierta en un discurso concreto y con medidas de actuación transformadoras?, ¿cuándo podrá aprovechar la ciudadanía malagueña más necesitada el enorme influjo sobre las autoridades autonómicas de un José Asenjo, o de los políticos populares sobre el gobierno de la nación?.

Francamente, cada vez hay que ser más iluso para pensar que los asuntos de los pobres y marginados (muchos de los cuales no votan) van a constituir una preocupación real de nuestra «clase política» y que el conjunto de las políticas económicas que provocan el empobrecimiento van a ser enjuiciadas por sus efectos tan negativos sobre el bienestar social.

 Estamos ya casi acostumbrados a percibir las cuestiones relativas al sufrimiento humano como expresiones ineluctables del destino, como circunstancias muy lamentables pero que no tienen arreglo; que no pueden atenderse más que con caridad y ayudas de buena voluntad, si acaso. Es más, quienes tienen poder e influencia suelen mantener en el ostracismo a quienes levantan con razón su dedo acusador para poner de manifiesto que no hay pobres, sino empobrecidos, que el oropel de unos comporta la pobreza de otros (como sucedió precisamente en la Cataluña de las Olimpiadas donde el porcentaje de población marginada aumentó al mismo tiempo que crecían las inversiones), y que el enriquecimiento sin límite de los más satisfechos trae inevitablemente consigo la frustración de cada vez más ciudadanos.