El reciente acuerdo entre Telefónica y el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria ha merecido, con razón, las primeras páginas de diarios e informativos en los últimos días. No es para menos, pues se trata de un acuerdo para que fortalezcan sus ya de por sí poderosas posiciones dos de las más grandes empresas españolas.
La alianza es muy destacable por varias razones. En primer lugar, porque permite que uno de los grandes bancos goce a partir de ahora de una posición privilegiada en el campo de las telecomunicaciones, donde se va a dilucidar una gran parte del desarrollo económico y comercial en el futuro. Eso muestra que el negocio bancario es mucho más que eso en nuestros días: es, sobre todo, la plataforma de poder económico desde donde se puede saltar cómodamente a la arena de la política, de la comunicación o de la cultura. Y eso lo va a tener mucho más fácil a partir de ahora el BBVA, gracias que que Telefónica opera con gran influencia en todos estos campos.
A su vez, ésta última va a disfrutar de una posición mucho más privilegiada en el sector de las telecomunicaciones gracias a este acuerdo que le presta un soporte financiero extraordinario. Ante la reciente liberalización del mercado, que ha dado entrada a nuevas operadoras que compiten en muchas franjas con Telefónica, ésta opta por guarecerse y hacerse fuerte financieramente, lo que le permitirá extender su campo de acción y su radio de influencia mucho más fácilmente en los próximos años.
Una y otra empresa salen ganando, porque a partir de ahora van a tener mucho más poder. Es lógico que así sea, pues no cabe la menor duda de que no habrían llegado al acuerdo si éste debilitara sus posiciones respectivas ahora o en el futuro. Pero este incremento de poder económico (que suele ir acompañado de mucha más influencia social y política) es justamente lo que hace que el acuerdo sea intrínsecamente indeseable para los ciudadanos de a pie. La teoría económica más elemental demuestra que la mayor concentración –como trae consigo este acuerdo- se traduce siempre en peores condiciones para los consumidores, se produce menos y se vende a mayor precio.
Sólo desde ese punto de vista, el acuerdo merecería ser revocado por la autoridad gubernamental teóricamente encargada de que haya más competencia y más libertad en el mercado.
Pero no es de esperar que esto último ocurra. No puede olvidarse que quienes han sido principales muñidores del acuerdo, Francisco González o Villalonga, son precisamente directivos nombrados en su día por el propio Gobierno. Y es una simpleza pensar que ambos, como sus respectivos equipos, funcionan por libre, al margen de las orientaciones generales del gobierno y sin su aquiescencia.
En realidad, uno y otro se han limitado a ser unos magníficos ejecutores, en Argentaria y en Telefónica, de los planes del gobierno de Aznar encaminados a desmantelar el sector público empresarial para ponerlo en manos de los grandes grupos económicos en condiciones de verdadera ganga. Llegará el día en que la sociedad española conozca el coste de todas estas privatizaciones, las condiciones de rapiña en la que se han apropiado de ellas los más poderosos del reino y las trampas contables en que se ha incurrido para bajar el valor de lo que vendían a los amigos de siempre. Del volumen de negocio que están realizando, del dinero que se están embolsando quienes deberían haber sido nombrados para incrementar la riqueza de todos los españoles, da una simple idea el que sólo Villalonga parece que ganará tres mil millones de pesetas gracias a las stocks options que él mismo se autoconcedió. Y eso es sólo la punta del iceberg, las miserias que siempre se le conceden a quienes hacen el trabajo sucio. Los que ganan de verdad siguen en la sombra.
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