La propuesta del Presidente de la Junta de Extremadura para establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios en su comunidad autónoma ha generado una discusión que permite comprobar en qué gran medida los debates económicos se resuelven en función del interés de los sujetos que los mantienen.
Es significativo, en primer lugar, que una iniciativa verdaderamente tímida se contemple por los portavoces del negocio bancario como una amenaza tan grande para los bancos españoles. De aplicarse, el impuesto implicaría recaudar unos 5.000 millones de pesetas, una cifra casi irrisoria si se compara con los 773.000 millones de ptas. de beneficios del conjunto de la banca española en 2000. Claro está, que vivimos en un país en donde un crecimiento del 30,9% de estos beneficios respecto a 1999 se considera normal y adecuado, mientras que el Secretario de Estado de Economía afirma que si los salarios suben más del 3% se producirá «el hundimiento de empresas y empleos» (ABC, 3-4-01).
La reacción a la propuesta extremeña es indicativa de la aversión tan radical de los más poderosos a contemplar cualquier atisbo de redistribución de la renta cuando ésta conlleva su contribución directa para reducir las desigualdades de la que se benefician continuamente. Su sentido compulsivo de la ganancia no tiene límite, y a pesar de la inmensa riqueza que acumulan y a pesar de que en España la imposición sobre las rentas de capital no ha hecho sino bajar en los últimos años.
Las reacciones ante la propuesta ponen de relieve, además, la demagogia y la falta de fundamento y rigor de quienes se oponen tan radicalmente a ella, como a cualquier otra intervención
pública que implique una merma de sus ingresos y privilegios.
En primer lugar, porque es una falacia considerar que afectar a cinco mil millones de pesetas pueda dañar a un mercado que genera y moviliza docenas de billones de pesetas de ingresos (sólo en concepto de comisiones -entre ellas las que muchos ciudadanos envían a países afectados por desastres naturales- la banca española ingresó alrededor de setecientos mil millones de pesetas en 2000).
En segundo lugar, porque no se dice la verdad cuando se afirma que medidas de esta naturaleza violentan el libre mercado y la competencia, sencillamente, porque el mercado bancario es sumamente imperfecto, muy concentrado y en donde sólo predomina una competencia espuria entre oligopolios que no redunda en servicios mejores o menos costosos para los clientes, que son quienes en realidad nutren de recursos al sistema sin beneficiarse en proporcional medida de ello. Por el contrario, el poder que acumulan los grupos bancarios es el origen de una regulación del mercado que no sólo establece condiciones de privilegio para los más grandes, sino que acude sistemáticamente a rescatarlos de su mala gestión con dinero de todos.
En tercer lugar, ha sido igualmente sintomático que el gobierno popular deslegitime tan drásticamente no sólo esta iniciativa extremeña, sino otras de diferentes comunidades autónomas encaminadas a gravar, siquiera sea simbólicamente, actividades o externalidades como el gran comercio o la contaminación, haciendo uso así de una legítima capacidad fiscal que viene a cubrir, entre otras cosas, la pasividad del gobierno central frente a este tipo de actuaciones. Se demuestra, de igual manera, que el concepto de descentralización fiscal que defiende el gobierno central se limita a mantener un status quo del que se benefician las comunidades más ricas con las que mantienen pactos más o menos explícitos y, sobre todo, que se basa en una pauta distributiva muy desigual e injusta.
Finalmente, resulta sorprendente que quienes se oponen a la propuesta hayan encontrado una fiel aliada en la dirigente de Comisiones Obreras M.J. Paredes, quien la descalificaba con el peregrino argumento de que «encarece los costes de los bancos» (El País 23-2-01). Con independencia de todo ello, la propuesta del presidente de Extremadura deja algunos flecos sin cubrir, como no puede ser de otra manera.
La verdad de las cosas es que incluso su moderado atrevimiento fiscal es desestabilizador en el modelo económico en el que nos movemos. Desgraciadamente, no se pueden modificar las grandes lógicas económicas de nuestro tiempo desde una autonomía, y precisamente por ello es más necesario que nunca disponer de propuestas globales que busquen alternativas en el entorno real del que depende lo que ocurre en espacios periféricos. Nos guste o no, nos estaremos moviendo en un simbolismo prácticamente inoperante mientras nos se ponga en cuestión la pauta económica general que nos gobierna. De hecho, lo que provoca los problemas de marginación, dependencia y empobrecimiento de regiones como Extremadura tiene más bien que ver con otros presupuestos liberales de la política económica frente a los que se debe tomar posición con la misma resolución. El problema es que asentar nuestras respuestas económicas en propuestas tan concretas y discursivamente aisladas como la de este impuesto no puede dejar de hacer frente a las grandes constricciones que en nuestra época son las verdaderas causantes del malestar social: ¿de qué sirven si no se postula también el rechazo de la política de estabilidad presupuestaria, la liberalización incontrolada de los movimientos de capital, la deflación como estrategia suprema de la política económica, la política laboral flexibilizadora, o la renuncia a intervenciones redistributivas de gran calado en aras de la mal llamada libertad de mercado?
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