El objetivo central de la política económica del gobierno de Aznar ha sido y es la estabilidad de los precios. Su propia política económica general y toda su capacidad de regulación de las actividades económicas se orientan, con la ayuda permanente del Banco Central Europeo, a evitar las subidas de precios. Por eso se dice que la política económica de nuestra época es una política deflacionista, que tiene como fin principal, por no decir que único, el control de la inflación.
En consecuencia, es tremendamente significativo que, a pesar del enorme poderío de la política económica, de la disciplina con la que se han aplicado medidas deflacionistas y del clima general de bonanza económica, la tensión al alza de los precios sea una constante y que las estimaciones gubernamentales salten continuamente por los aires.
Sin duda, algo no debe ir bien, aunque la paradoja es que si algo va mal en cuestión de precios es porque a algunos les va mucho mejor que a otros.
Durante los últimos decenios la explicación casi exclusiva de las subidas de precios era la presión ejercida sobre ellos por las alzas salariales. Se decía que estaban provocadas por los aumentos de costes que implicaban las reivindicaciones de los trabajadores y así se justificaba la reducción de su poder adquisitivo, que consiguientemente se traducía en el incremento de la participación de los beneficios en el conjunto de las rentas.
Hoy día hay es bien difícil mantener esta explicación. Los salarios se han reducido y hasta los propios sindicatos aceptan de buena o mala gana la moderación salarial como un punto de partida en las negociaciones con las empresas.
Por lo tanto, no puede aceptarse ya, como en realidad ocurría también en fases económicas anteriores, que los salarios sean los culpables de la inflación. Lo que naturalmente no quiere decir que la patronal o los economistas neoliberales no sigan manteniendo la necesidad de reducirlos aún más porque esa es la manera de procurar un reparto cada vez más favorable al beneficio empresarial.
Otra explicación tradicional, que renace con fuerza en los últimos meses, es que las subidas de precios vienen provocadas por las alzas en el precio del petróleo y sus derivados. Pero tampoco esta tesis puede aceptarse fácilmente. En primer lugar, porque las tensiones inflacionistas han existido en momentos en que la factura petrolífera no aumentaba y, en segundo lugar, porque, a pesar de la gran dependencia española en ese campo, no se justifica nuestra diferencial de precios con los países de nuestro entorno.
No puede negarse que los precios energéticos más elevados presionan sobre los índices generales de precios pero ni tan siquiera en los años setenta se podía explicar la espiral inflacionistas como un fenómeno puramente energético. Los estudios empíricos muestran que las alzas en el precio del petróleo sólo explican una parte muy pequeña (quizá no superior al quince por cien) de la subida general de los precios.
En consecuencia, es preciso encontrar otras explicaciones de las perturbaciones permanentes de los precios. Perturbaciones que no sólo se manifiestan en términos absolutos sino, como en el caso español, en términos relativos (pues para que la inflación sea un problema no basta con que sea alta, sino que es suficiente que sea mayor que en el entorno).
De una manera sencilla puede decirse que la evolución de los precios tiene que ver con dos tipos de circunstancias, ambas estrechamente relacionadas.
Por un lado, con las condiciones del mercado, con la naturaleza del régimen de intercambios prevalecientes, con el grado de competencia y con el mayor o menor poder de mercado que tienen los diferentes agentes que intervienen entre ellos para fijar los precios.
Por otro lado, la inflación responde también a las estrategias que gobiernan los comportamientos de cada agente o grupo social, puesto que cada uno de ellos se ve afectado de forma muy diferente cuando los precios evolucionan en uno u otro sentido.
Por eso se dice que las subidas de precios no sólo tienen causas, sino también propósitos. Desde este punto de vista se puede explicar la paradoja de que la política deflacionista del
gobierno de Aznar sea tan inflacionista.
Lo que viene ocurriendo es que con la aparente intención de combatir la inflación se moderan los salarios, se disciplina la política presupuestaria, se desmantela el sector público, se flexibilizan las relaciones económicas y se diseña un marco económico muy liberal para las empresas con la excusa de que ello favorecerá la competencia y, en consecuencia, la bajada de precios.
Pero lo que en realidad ha venido y está ocurriendo es muy distinto.
La llamada liberalización de las relaciones económicas tan sólo ha contribuido a diseñar unos mercados mucho menos competitivos en los sectores más decisivos de la vida económica. El gobierno de Aznar ha oligopolizado los mercados, cuando no ha creado monopolios privados de hecho, lo que implica aún peores condiciones para la competencia. En esos mercados, la continua búsqueda de beneficios más altos no puede traducirse sino en subidas de precios, a pesar de que los salarios desciendan y a pesar de que los costes de los bienes intermedios que proporcionan las pequeñas y medianas empresas sean más bajos como consecuencia de las condiciones leoninas que imponen las empresas más grandes a sus proveedores.
A eso se une una política presupuestaria orientada a procurar transferencias de rentas más que a lograr un cierto equilibrio económico general.
Por una parte, la política restrictiva de gasto público lleva consigo un deterioro tan sutil como progresivo de los servicios y bienes públicos. Se trata de una estrategia vergonzante utilizada por el gobierno para favorecer la provisión privada sin tener que plantear explícitamente a los ciudadanos sus verdaderas e impopulares intenciones.
Como consecuencia de ello, se privilegia una oferta privada alternativa en sectores como los transportes, la enseñanza, la sanidad, etc. que están muy oligopolizados y que se enfrentan a una demanda muy rígida, lo que permite a las empresas imponer precios muy poco competitivos. De hecho, es ahí donde se viene produciendo las subidas de precios más elevadas, muy por encima de los índices medios.
Ese efecto se incrementa con las consecuencias de una política de ingresos públicos orientada preferentemente a facilitar el consumo o el ahorro vinculado a activos financieros, que renuncia no sólo a sus capacidades redistributivas de signo más progresista, como es lógico que ocurra con un gobierno de derechas, sino que provoca una liberación continuada de fondos hacia usos especulativos y, precisamente por ello, muy inflacionistas.
Estos problemas se recrudecen, además, cuando el gobierno español ya no determina las condiciones de la política monetaria o de tipo de cambio, que ahora se define para un marco de relaciones económicas en el que la posición diferencial de nuestra economía da lugar a que lo que son medidas efectivas en otros países aquí sean insuficientes o claramente perjudiciales, como ha ocurrido, por ejemplo, con la evolución de los tipos de interés, fijados por el Banco Central Europeo pensando, más bien, en la situación de las economías más potentes y poderosas.
El caballo de la inflación se le desboca al gobierno pero nadie puede sorprenderse porque ha sido el propio gobierno quien ha dado alas a las empresas con inmenso poder de mercado, al sector financiero intrínsecamente inflacionista y a los procesos que incentivan el uso menos competitivo de los recursos.
Pero no conviene construirse falsas esperanzas. Es cierto que una fase muy favorable del ciclo ha permitido que estas consecuencias de la política gubernamental se hayan ido disimulando e incluso conteniendo.
A pesar de las mayores tensiones de los últimos meses, posiblemente se equivocaría quien piense que sólo basta con esperar a que se invierta la tendencia para que la política económica del gobierno haga aguas y eso lo noten los ciudadanos.
La paradoja consiste en que las tensiones inflacionistas que vivimos son precisamente el caldo de cultivo para que se adopten medidas que en realidad están esperando los intereses económicos más fuertes y decisivos. Ese es el propósito de la inflación: que se produzcan subidas en los tipos de interés que rentabilicen los activos financieros, mayor disciplina laboral y salarial y continuas desregulaciones que permitan a las grandes empresas campar aún más a sus anchas. Justamente, las que implican no sólo más beneficios sino más sometimiento y menor capacidad de maniobra para los trabajadores.
Aunque la inflación fuese del cero por ciento demandarían políticas deflacionistas porque lo que les conviene no es exactamente que no haya inflación sino que ésta se demonice y puedan justificarse las medidas, como las que se vienen adoptando, que los enriquecen cada vez más. (Temas para el Debate, septiembre de 2000)
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