Publicado en La Opinión de Málaga el 19-12-2004
La Junta de Andalucía y Cajasur acaban de firmar un acuerdo en cuya virtud se producirá un nuevo cambio legal para que la entidad financiera cordobesa vuelva bajo el control de la primera.
Cuando el Gobierno Andaluz decidió reordenar el sistema de cajas de ahorro andaluzas, la jerarquía eclesiástica que gobierna la caja cordobesa consideró que de esa manera iba a perder sus privilegios y comenzó una larga y dura batalla contra el gobierno andaluz.
En ese proceso se descubrieron multitud de irregularidades y la gran cantidad de prebendas que el cura multimillonario que dirige la caja cordobesa había impulsado y consentido durante años. Valgan como ejemplo de ello las dietas que algunos consejeros cobraron en ocasiones por asistir a misa.
La Junta de Andalucía presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, pero el cura multimillonario actuó con rapidez. Dos días después, el anterior Ministro de economía Rodrigo Rato aprobaba los nuevos estatutos de Cajasur, que aumentaban el peso de la jerarquía católica en la dirección de la caja y significaban el inicio del camino para escaparse del control que la Junta. Y, por cierto, también dos días más tarde el Vaticano cesaba al obispo cordobés que se permitió realizar algunos comentarios críticos al respecto.
Finalmente, el gobierno del Partido Popular cometería una simple y vil cacicada amparando las pretensiones de Cajasur e incluso haciendo una excepción más para evitar la jubilación de su máximo dirigente. Los populares querían quitarse de en medio al presidente de la Caixa al que consideraban próximo al PSOE e incorporaron la norma de que la jubilación obligatoria de los presidentes de las cajas debía producirse a los setenta años. Pero como el cura multimillonario cordobés tendría que haberse jubilado entonces, establecieron que Cajasur tenía un estatuto especial en virtud de la presencia de la Iglesia Católica.
La retórica de aquellos días era bastante curiosa. Cuando la Junta de Andalucía pretendía denunciar los delitos y las mezquindades de Cajasur se decía que politizaba las cajas, cuando el gobierno del Partido Popular establecía normas arbitrarias y discriminaciones injustificadas, cuando concedía privilegios ilegítimos y aplicaba sin disimulo distintas varas de medir a quienes eran o no sus amigos, se decía que se gobernaba con objetividad y criterios técnicos.
En aquel momento a nadie extrañó que la jerarquía de la Iglesia Católica alcanzara rápidamente el objetivo de mantener sus privilegios en Cajasur. No hay otra institución en todo el planeta con mayor experiencia que ella a la hora de gobernar las riquezas, de convencer a los opulentos, de aprovechar todo tipo de poderes en beneficio propio y de lograr privilegios para sí que no están al alcance de los demás. Ninguna otra institución ha logrado acumular a lo largo de la historia el volumen de riquezas materiales que la Iglesia Católica ha manejado y maneja con exquisita y vaticana habilidad política y financiera.
Sin embargo, con el cambio de gobierno era lógico que las aguas de Cajasur volvieran a su cauce. La decisión que en su día tomaron Rodrigo Rato y el cura multimillonario era intrínsecamente caciquil e ilegítima porque, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares, impedía que la Junta de Andalucía pudiese regular el sistema financiero en su ámbito legal y legítimo de competencias.
El gobierno de Rodríguez Zapatero retiró la demanda contra la Junta y el andaluz inició el proceso orientado a recobrar el control que le compete sobre Cajasur.
Lo lamentable del caso es que el acuerdo al que se ha llegado entre la Junta y la entidad cordobesa supone la concesión de nuevos privilegios a la jerarquía católica que va a tener cinco veces más representación en sus órganos de gobierno que la que debería corresponderle. La Junta no ha aplicado su propia ley, por lo que tendrá que cambiarla más adelante para dar cabida a estos nuevos privilegios eclesiásticos. La Junta ha claudicado, como el propio cura multimillonario no ha tardado en manifestar orgulloso.
Los intereses sociales y los trabajadores son los que pierden con el acuerdo alcanzado y una vez más triunfan las demandas antidemocráticas de la jerarquía católica. Y lo curioso es que esto ocurre cuando está embarcada en una guerra sin cuartel contra el gobierno de Rodríguez Zapatero.
El presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, Julián Herranz, se refería hace tiempo a los actuales gobernantes como «falsos profetas que hablan de desarrollo personal y social, pero sólo en clave económica y consumista». Es injusto. El discurso de Rodríguez Zapatero no es inmoral ni materialista como lo es el comportamiento de muchos jerarcas eclesiales. La jerarquía católica de diversos obispados y congregaciones españoles ha realizado inversiones ilegales para obtener plusvalías fiscalmente irregulares y, como acaba de poner de relieve el caso del cura multimillonario, no descansa hasta lograr privilegios puramente materiales, que no tienen otra clave que la económica y la del poder terrenal que permite conceder dávidas, a veces tan mezquinas como la de cobrar dietas por ir a un concierto o al cine. Y se calla, sin embargo, cuando el cura multimillonario cordobés se autoconcede una prima de 2,9 millones de euros para cuando llegue su jubilación.
La jerarquía católica tiene todo el derecho a enfrentarse a cualquier gobierno, como todos lo tenemos en una sociedad democrática. Pero es muy ruin tratar de encubrir la búsqueda de privilegios materiales con un discurso que pretende establecer su superioridad moral sobre el adversario solamente a base de palabras y no con ejemplos fehacientes. La experiencia histórica muestra con toda evidencia que la jerarquía católica ha sido siempre sumamente renuente a la democracia y a la pluralidad. No creo que haya existido una sola dictadura de derechas en los últimos ciento cincuenta años que no haya gozado de su apoyo y bendición, incluyendo por supuesto, el nazismo, el fascismo italiano, la dictadura franquista y las latinoamericanas. A diferencia de lo que ha ocurrido con millones de sus fieles más modestos que han dado su vida en favor de la democracia y el pluralismo, la jerarquía católica no es precisamente ejemplar en su relación con la democracia. Y está a punto de demostrarlo de nuevo en España.
La búsqueda y el disfrute constante del privilegio son incompatibles con la democracia y para respetar a los demás, que es la base del pluralismo, hay que empezar por ser coherente con uno mismo. Por eso es muy difícil aceptar las críticas que hace la jerarquía católica a quienes con toda legitimidad nos gobiernan ahora porque quienes las realizan se comportan, o protegen a quienes actúan, como los mercaderes a los que Jesús expulsó del templo.
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