Contra los Presupuestos del Estado, más justicia y nuevas formas de actividad económica

Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción (Abril 2012)

Los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno del Partido Popular han sido calificados por el Ministro de Asuntos Exteriores como «de guerra», aunque se le olvidó señalar que son, efectivamente, de guerra pero contra las clases trabajadoras, contra los pensionistas y jóvenes, contra la inmensa mayoría de las familias, contra las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, contra los trabajadores autónomos y contra la propia economía española en su conjunto, que una vez más queda sometida a los intereses de los grandes poderes empresariales y financieros.

Se trata de unos Presupuestos que recortan los gastos destinados a financiar el bienestar social y también los que necesitan las empresas y los trabajadores para generar actividad económica y empleo, de manera que con toda seguridad van a llevar a la economía española a una recesión aún más fuerte y a una pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

El Gobierno los justifica como necesarios afirmando que con ellos se podrá saldar en mejores condiciones el déficit público y de esa manera recobrar la senda de crecimiento económico pero lo cierto es que esto último será imposible con los recortes de gasto que contemplan y que las previsiones de ingresos que plantea van a ser insuficientes para generar recursos suficientes que alivien la carga de la deuda.

Los Presupuestos conllevan recortes de gasto brutales en partidas esenciales no solo para el bienestar sino para que la economía funcione. Sin necesidad de reproducir aquí el análisis exhaustivo que han hecho diversos analistas y organizaciones sociales y políticas, podemos simplemente señalar que se reducen casi al completo partidas como las de las políticas activas de empleo, los servicios de dependencia o los planes de creación de escuelas infantiles y que otras tan decisivas para nuestra economía y sociedad como las de impulso de la investigación, la educación, la salud, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, o la lucha contra la violencia de género sufren recortes de incluso más del 30% en algunos casos, que van a hacer prácticamente imposible que se puedan mantener los niveles esenciales de provisión de esos servicios.

El Gobierno ha renunciando de nuevo, como ya sucedió con el anterior del Partido Socialista, a llevar a cabo una reforma fiscal que mejor el sistema impositivo en la línea de la equidad y la eficiencia recaudatoria, a pesar de que nuestro nivel de ingresos fiscales en relación con el PIB está muy por debajo de la media de las naciones de nuestro entorno a las que dicen que hemos de parecernos. En cuanto a política impositiva, además del aumento en el IRPF que aprobó en diciembre pasado y que en un 75% recaerá sobre las rentas del trabajo, el Gobierno prácticamente se ha limitado a realizar algunas modificaciones de segundo orden en el Impuesto de Sociedades que de ninguna manera evitan su problema principal: ser un gravamen que recae principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas que crean empleo mientras que las grandes se benefician de deducciones que les permiten tener una carga mucho menor. Y, sobre todo, ha aprobado una vergonzosa regularización que es en realidad una amnistía fiscal para los defraudadores que no solo viola los principios más elementales de la igualdad de trato y de la justicia sino que, para colmo, ni siquiera va a suponer un incremento efectivo de la recaudación.

Además, las previsiones del Gobierno están claramente sobrevaloradas, de modo que se puede afirmar que con toda seguridad no se van a cumplir las estimaciones de ingresos previstas, precisamente porque las medidas de recorte del gasto van a producir una caída del PIB y, por tanto, una disminución de la recaudación mucho mayor de la estimada.

El hecho evidente de que ni siquiera sean unos Presupuestos que vayan a poder conseguir mejores condiciones para reducir el déficit, porque a la postre y a medio y largo plazo van a a hundir a la economía española en la depresión, nos lleva a denunciar lo que verdaderamente representan: la cesión vergonzosa de un gobierno ante la gran patronal y los poderes financieros que simplemente desean disponer de nuevos negocios privados donde antes había provisión de servicios públicos y, además, dejar aún más de contribuir a las finanzas públicas.

La prueba evidente de que estos Presupuestos no responden a un análisis serio de lo que necesita la economía española sino a la cobarde sumisión del gobierno ante los grandes poderes económicos es que una semana después de haberlos presentado y de manera improvisada se anunció un hachazo adicional de 10.000 millones de euros al gasto en sanidad y educación.

La promotora Estatal de las Mesas de Convergencia y Acción denuncian una vez más y ahora con motivo de la presentación de los Presupuestos las mentiras reiteradas que se lanzan a la población para ocultar los motivos reales de las políticas que se vienen llevando a cabo. No es verdad que se orienten a salir de la crisis sino a utilizarla como excusa para satisfacer aún más los intereses de los grupos oligárquicos que han adquirido un poder político decisivo y que están utilizando al Gobierno no solo para aplicar estas medidas de política económica tan lesivas para la inmensa mayoría de la sociedad sino para acabar lo más rápidamente posible con los ya de por sí escasos resortes democráticos existentes para canalizar la protesta y la rebeldía social.

Precisamente por ello llamamos a rechazar con urgencia estas medidas y concretamente los Presupuestos Generales del Estado. Reclamamos la voz de todas las personas «de abajo» de nuestra sociedad para generar una oleada de convergencia y acción en las calles, en los puestos de trabajo, en los centros de enseñanza, en los barrios y en todas las instituciones en donde puedan oírse para manifestar el rechazo a la injusticia y la inutilidad que suponen estos Presupuestos. Y también para difundir entre la ciudadanía las alternativas existentes: la reforma fiscal que haga pagar a las grandes empresas y patrimonios, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, el repudio de la deuda ilegítima, la nacionalización de la banca que garantice la financiación de la actividad empresarial y la creación de empleo, la actuación del Banco Central Europeo como un auténtico banco central que nos evite ser esclavos de los mercados, la inmediata puesta en marcha de programas de estímulo de la actividad económica basados en la promoción del desarrollo sostenible y en el equilibrio con la naturaleza, o la promoción de nuevos tipos de actividades y fórmulas empresariales que signifiquen un auténtico cambio en nuestro modelo productivo, entre otras.