Publicado en Temas para el Debate
Coincidiendo con las amenazas electoralistas del presidente Aznar, y en una sintonía tan perfecta que cuesta trabajo creer que sea casual, la Unión Europea y las organizaciones patronales han vuelto a las andadas reclamando la reforma del sistema público de pensiones. En Francia, como ya ha ocurrido en otros lugares, se ha pasado a los hechos y el gobierno se ha encontrado con una fuerte respuesta social que seguramente no impedirá que los grandes grupos financieros y bancarios que inspiran los cambios se lleven finalmente el gato al agua.
Coinciden también estos recientes ataques al sistema público de pensiones con los que de manera más general se han hecho en Alemania contra el Estado de Bienestar. Según el canciller Gerhard Schroeder éste último está bien pero sale “demasiado caro”, como si no salieran también caras las guerras, las crisis bancarias, la especulación financiera o las políticas deflacionistas al servicio de los sectores sociales más favorecidos cuyos dispendios no parecen preocupar a los dirigentes neoliberales.
Se trata, pues, de un momento en el que se produce un ataque global contra las estructuras del bienestar en los países europeos, y no sólo de unas simples propuestas de reforma parcial en el campo de las pensiones. De hecho, se está produciendo un significativo consenso entre los gobiernos a la hora de articular estas medidas y de justificarlas ante la opinión pública.
En el caso de las pensiones se vuelven a repetir los manoseados argumentos de siempre. Puesto que la privatización completa de los sistemas sería demasiado cara económica y políticamente, se dice que, ante la más o menos inmediata quiebra financiera de los sistemas públicos, hay que disminuir sus prestaciones y, al mismo tiempo, favorecer la constitución de sistemas privados complementarios.
No está de más, por lo tanto, volver a remarcar la falacia en la que se basan estos argumentos, su carencia de fundamento científico y empírico y el tipo de intereses a cuya satisfacción se orientan.
Los más utilizados son los demográficos, afirmando que puesto que hay cada vez más personas mayores o jubiladas no se podrá financiar el sistema público.
Pero es sencillamente falso que el futuro de las pensiones públicas dependa solamente de variables demográficas. No es verdad que la situación financiera de las pensiones públicas esté en dificultades porque nuestras sociedades sean más viejas, como suele decirse.
La fortaleza financiera de los sistemas públicos depende en realidad de dos circunstancias. Por un lado, de que haya una efectiva voluntad social y política de asumir los criterios de reparto y solidaridad intergeneracional como una base irrenunciable de nuestras democracias, como un principio sin el cual es impensable que pueda darse el imprescindible progreso y la mínima equidad en sociedades intrínsecamente desiguales como las nuestras.
Desde ese punto de vista, un sistema público de pensiones no se mantiene en vigor porque sea más o menos caro, al igual que no se elimina una monarquía, la administración de justicia o los ejércitos simplemente porque impliquen grandes gastos. El problema es si se considera o no que las sociedades democráticas asumen o no el tipo de pacto distributivo que hay detrás de estos sistemas. Si es así, hay que financiarlo.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la financiación se hace más o menos onerosa para los Estados dependiendo de otras circunstancias distintas al simple crecimiento demográfico: del crecimiento económico a lo largo del tiempo que es lo que puede traer consigo más actividad productiva, del empleo que implica más cotizantes, de los niveles salariales, de los que depende que haya más o menos capacidad de sufragar el sistema, o de la distribución de la renta, pues cuanta mayor sea la parte que corresponde a los asalariados más financiación podrá destinarse a las pensiones.
Lo sorprendente es que estas circunstancias que favorecen la financiación de los sistemas públicos de pensiones no se conviertan en los objetivos de las políticas económicas. Ocurre lo contrario, los gobiernos aplican políticas económicas deflacionistas que hacen más lento el crecimiento, favorecen el uso especulativo e improductivo (pero muy rentable para pocos) de los recursos, han incentivado la degeneración del empleo y el trabajo basura con salarios muy bajos, y han provocado, principalmente a través de sus políticas fiscales y monetarias, una distribución de la renta cada vez más desigual.
Este comportamiento de los gobiernos y su renuncia a mantener sistemas sociales basados en la solidaridad y en el reparto es lo que realmente puede provocar que los sistemas públicos de pensiones se encuentren en algún momento con dificultades.
Por lo tanto, si de verdad se quisiera fortalecer el sistema público de pensiones lo que habría que hacer sería aplicar políticas expansivas, impedir la generalización del trabajo basura y mejorar la distribución de la renta a favor de los asalariados.
En lugar de eso, lo que se produce y fomenta es un proceso que sólo beneficia a los sectores financieros y a los sectores sociales de rentas más elevadas. Primero se generaliza la idea de que no se puede pagar el sistema cuando lo que en realidad ocurre es que los recursos que podrían financiarlo se dirigen a otros destinos o que se renuncia a ellos para aliviar la carga fiscal de los más ricos. Dicho esto, se reducen las prestaciones del sistema público y se establece que frente a ello es necesario un sistema complementario privado al que inmediatamente se le conceden generosas ventajas fiscales para fomentarlo, ventajas que lógicamente implican también muchos menos ingresos.
Como decía con razón un informe del Consejo de Europa de los primeros años noventa, lo que ocurre es que «la demografía sirve de pretexto para frenar o impedir las mejoras sociales”.
Como es sabido, la acividad financiera es hoy día el ámbito privilegiado de la ganancia, donde se puede ganar más dinero y más rápidamente. Lo que se busca con las propuestas de reforma que ahora airea la Unión Europea y se disponen a aplicar los gobiernos es que los inmensos recursos vinculados a la financiación de las pensiones que estaban en manos de los Estados vayan pasando a manos privadas.
Por otra parte, no se puede olvidar que la alternativa que se propone no es en realidad crear otro sistema de pensiones complementario. Los llamados fondos de pensiones privados son en sentido estricto simples sistemas de ahorro muy favorecidos fiscalmente. A estos planes de ahorro sólo pueden acogerse las familias o personas que dispongan de renta suficiente de manera que lo que llevan consigo es que muchas menos personas puedan disponer de ingresos suficientes una vez que dejan de trabajar. No se propone, pues, “reformar” el sistema de pensiones vigente sino hacerlo desaparecer o disminuirlo tan significativamente que sea necesario sustituirlo por algo distinto y muy rentable para las instituciones financieras. Los actuales sistemas de pensiones no sólo son un mecanismo de ahorro (aunque contienen esa componente) sino el resultado de un gran pacto social, la expresión de la voluntad social existente en un momento dado en el que se consideraba que la sociedad debe basarse en un reparto de las cargas y de los beneficios sociales.
Esta idea es la que hoy día se ha quebrado. La crisis financiera que pueda venir no es el origen de las propuestas de reforma de las pensiones sino la consecuencia de una nueva decisión social que implica una distribución distinta de los recursos e ideas diferentes acerca del reparto de la riqueza.
Por eso hay algo más lamentable aún que disminuir drásticamente las pensiones que recibirán en el futuro cientos de millones de trabajadores. Es que eso se hace justificándolo con una colosal mentira. Mejor dicho, con colosal mentira más.
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