Hace unos días el petinaz provocador liberal que visita esta web decía que lo que debía hacer José Luis Burgos, que estaba en huelga de hambre luchando contra el Banco de Satander, era recurrir a la Administración de Justicia. Supongo que se refería a la misma que nunca ha sido capaz de condenar al presidente de esa entidad, Emilio Botín (ver mis artículos ¿Será verdad que la vicepresidenta del Gobierno fue quien salvó a Botín de ir a la cárcel o Según el Tribunal Supremo, la actuación de Botín transgrede la ética y repugna socialmente). O a la que en estos últimos días ha dejado también libres de polvo y paja a otros delincuentes por el simple expediente de dejar que pase el tiempo y así prescriban las actuaciones. Por un lado, al presidente de Telefonica, que utilizó información privilegiada para ganar 1,8 millones de euros. Y, por otro, al presidente de la Diputación de Alicante Castellón, en un caso especialmente patético porque la derecha española ha utilizado la prescripción para afirmar que Fabra es inocente. La administración de justicia española es todavía demasiado franquistas y corrupta. No creo que se pueda explicar de otro modo el que se deje siempre libres a los poderosos y que, por el contrario, se esté tratando de expulsar de la judicatura a un juez como Garzón.
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