Publicado en Público.es el 11 de septiembre de 2020
Como es natural que ocurra en medio de una crisis tan grave como la que estamos viviendo, el debate sobre el futuro de las pensiones ha vuelto a ponerse en primer plano de la actualidad y una vez más se difunden en los medios los mismos engaños interesados de siempre.
El Banco de España vuelve sobre el asunto y lo hace con su impertinente y paradójica línea habitual. Se pronuncia sobre materias que no son de su competencia y sobre las que nadie le pide opinión como si fuera un dios que lo sabe todo y siempre acierta, cuando se equivoca una vez detrás de otra y con un coste muy elevado para nuestra economía en las materias sobre las que tiene responsabilidad, la estabilidad y solvencia del sector financiero.
Como en ocasiones anteriores, el Banco de España insiste de nuevo en afirmar que la evolución demográfica hará insostenible el sistema de pensiones cuando lo cierto y verdad es que nadie ha sido capaz hasta ahora de anticipar correctamente cuál será la composición de la población a unos cuantos años vista. Y olvidando, además, algo tan elemental como que la sostenibilidad de un sistema de pensiones no depende de forma determinante del factor demográfico. Lo que influye más rotundamente en lo que pueda percibir cada persona (cada jubilado en el caso de las pensiones) de la tarta que se produce en una economía no sólo es el número de personas que estén trabajando y sin trabajar, sino la magnitud de la tarta y el criterio de reparto que se establezca. Y a la hora de determinar ambas cosas, lo decisivo no es si trabajan muy pocas personas o muchas en relación con la población total. Podría ocurrir, por ejemplo, que trabajen muy pocas personas pero tengan una productividad tan elevada que puedan producir una tarta tan grande o mayor que la producida por muchas más personas pero menos productivas. Lo decisivo es, por tanto, el tamaño de la tarta y, además, qué parte de la tarta es la que se va a dedicar a retribuir a cada quién (propietarios del capital, trabajadores o pensionistas). Si la demografía permitiera que trabajase gran parte de la población y que sólo una pequeña estuviera jubilada, pero con una masa salarial equivalente al 10% del PIB, podría haber más dificultades para financiar las pensiones que si trabajaran muy pocas personas pero con una masa salarial de donde sacar las pensiones equivalente al 70% del PIB.
Como hace siempre, el Banco de España siembra primero la duda con argumentos falaces sobre la sostenibilidad futura de las pensiones y presenta luego como soluciones lo que no son sino fórmulas intelectualmente denigrantes de hacerle el juego a la banca privada. Su argumento provocaría risa si no fuera por el daño social que hace: como hay mucho gasto, las pensiones son insostenibles, de modo que la solución es… reducir el gasto, bien evitando que se actualicen, reduciendo su cuantía o aumentando la edad de jubilación. Es impresionante: quienes se consideran a sí mismos los economistas más sabios y actúan y se pronuncian como si fueran los dueños de la verdad viene a decirnos, cuando estamos sufriendo una inundación, que solo ellos tienen la solución y que el remedio es reducir el nivel del agua.
Razón lleva el Banco de España, eso sí: si se quiere evitar que aumente el gasto en pensiones o si no se quiere seguir haciendo frente al que hay lo que se debe hacer es bajarlo. Es obvio. Lo que ocurre es que se empeña en hacer creer a los españoles -como si fuésemos tontos- que eso es una solución al problema de las pensiones y, por otro lado, que, sin decirlo, el Banco de España está presentando una respuesta política al problema de las pensiones como si fuera técnica y neutra.
Para abordar el problema que plantea la financiación de un sistema público de pensiones lo que hay que hacer es responder en primer lugar a dos preguntas cruciales y previas: ¿queremos que el conjunto de la sociedad -en función de un principio de solidaridad o de reparto- garantice un ingreso digno a las personas que han dejado de trabajar o preferimos que cada persona se las arregle como pueda, mientras esté trabajando, para garantizarse por su cuenta, mediante su propio ahorro, un patrimonio suficiente para cuando se jubile?
Si la sociedad decide -como se decidió en España y así está plasmado en nuestra Constitución- que la sociedad será solidaria con la población jubilada, hay que responder a otra segunda pregunta: ¿qué parte de nuestros ingresos queremos dedicar, quienes ahora estamos obteniéndolos, a proporcionar una pensión a las personas que ya no trabajan?
La respuesta a ambas preguntas es política pues depende de nuestras preferencias y lo que hace el Banco de España es arrogarse la facultad de tomar una decisión puramente política como si fuese una cuestión técnica que no admite discusión. Está engañando a la población.
Si se está en democracia y se quiere respetar la preferencia mayoritaria (en este caso la existencia de un sistema de pensiones públicas basado en la solidaridad y digno) lo que hay que hacer no es ir cortándole capas como a una cebolla hasta hacerlo desparecer (como viene proponiendo el Banco de España y los economistas que siguen su doctrina) sino encontrar la forma de aumentar sus ingresos y, por supuesto, hacer que sus gastos sean los que tengan que ser y no otros. Es decir, por un lado, evitar que el sistema se sobrecargue con gastos inadecuados, como está pasando en España con las pensiones no contributivas, ciertos gastos sanitarios, complementos de pensiones o gastos asociado a políticas laborales fraudulentas, por ejemplo. Y, por otro, que aumente la masa salarial o que se diversifiquen las fuentes de ingresos del sistema, pues en ningún lugar está escrito que las pensiones públicas se tengan que financiar solo con las cotizaciones sociales.
Lo malo del caso es que, obviando estos planteamientos y limitándose a decir que para enfrentar un elevado o mayor gasto en pensiones lo que hay que hacer es reducirlo, el Banco de España y los economistas que suscriben sus mismos planteamientos no sólo se convierten en el brazo torpe de la economía, sino que se dedican a servir en bandeja un negocio colosal a los grupos financieros privados pues lo que están proponiendo en realidad es que éstos se hagan con el ahorro de los grupos sociales más pudientes para invertirlo en beneficio propio.
El Banco de España estafa a los españoles cuando lo que recomienda, como acaba de hacer su gobernador y como suelen hacer habitualmente los financieros y economistas que defienden sus intereses, que los españoles ahorren más por su cuenta para garantizarse una pensión en el futuro.
Lo que se debe contemplar y analizar es la forma en que podrían aumentarse los ingresos del sistema para cumplir con el mandato constitucional y con la preferencia social mayoritaria. Y para ello no basta con aumentar en alguna pequeña medida algún impuesto como el IRPF, en la línea que últimamente defienden algunos economistas. Hay que ir más allá de esas respuestas de cortísimo plazo y empezar a hacer planteamientos de mayor alcance, comenzando por evaluar con honestidad los efectos de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años, precisamente siguiendo las imposiciones del Banco de España y de las demás grandes instituciones económicas.
Decía Charles Chaplin en El judío errante, «nuestra ciencia nos ha hecho cínicos; nuestra inteligencia, duros y faltos de sentimientos» y eso es lo que parece que le ocurre al Banco de España y a muchos economistas: su análisis económico ideologizado y lleno de falsas premisas los ha hecho cínicos y su inteligencia indudable los convierte en seres sin sentimientos pues no parece que se den cuenta de que la inmensa mayoría de la población que se jubilara sin pensiones públicas, porque se hubiera querido que su pensión dependa de un ahorro de imposible generación durante su vida laboral, estaría irremediablemente condenada a la pobreza y al sufrimiento.
El gobierno español ha comenzado a dar algunos pasos que podrían ser positivos y es desear que avance con determinación para ir mejorando la situación financiera de nuestras pensiones públicas: modificar la tributación de los autónomos, flexibilizar la edad de jubilación, desincentivando que se adelante, salvo en las profesiones de mayor desgaste, o encontrar fuentes alternativas y extraordinarias de ingreso en estas condiciones económicas tan difíciles.
Pero medidas de este tipo son el chocolate del loro. Son imprescindibles, pero solo con ellas será imposible evitar los problemas que se presentarán en el futuro si la economía se sigue deteriorando porque se continúan aplicando políticas que generan artificialmente la escasez y gran desigualdad, desigualdad que disminuye la productividad y baja productividad que conforma una economía de bajo valor añadido y, por tanto, dependiente e incapaz de producir una tarta suficientemente grande o de muy difícil reparto equitativo. Hace falta un encuadre distinto para la política económica general.
Es una tarea difícil por muchas razones pero, sobre todo, porque obliga a enfrentarse al diablo del que habla Umberto Eco cuando dice que este no es el príncipe de la materia, sino «la arrogancia del espíritu (…) la verdad jamás tocada por la duda”, de las que hace gala el Banco de España y los economistas a los que promociona y cobija para ponerlos al servicio más o menos inocente de los intereses financieros privados.
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