En Juan Torres López (coord.) «La otra cara de la Política Económica». Los Libros de la Catarata. Madrid 1.994.
«A poco que continue ese terrible movimiento del pensamiento moderno, dentro de algunos años ya no tendremos ni un pobre trozo de landa donde la imaginación pueda posar su pie».J.A. Barbey d’Aurevilly. «La Hechizada». Destino. Barcelona 1.991, p. 32.
La política económica gubernamental de los últimos años ha tenido unos presupuestos bastante explícitos y que han marcado sus posibilidades, sus resultados y sus efectos sobre el bienestar social.
En primer lugar, el principio de que la expansión económica, es decir el crecimiento y el empleo, no pueden basarse más que en la recuperación del excedente empresarial. Y esto se ha tratado de lograr principalmente mediante la reducción de los costes salariales.
En segundo lugar, la puesta en cuestión del papel del gasto social como mecanismo compensador de las desigualdades que genera la distribución primaria de la renta.
En tercer lugar, la estrategia de control de la inflación como expresión más importante del desequilibrio de nuestra economía y la creencia de que nuestra subida en el carro de la integración europea llevaría consigo un impulso al crecimiento económico capaz por sí mismo de generar la estabilidad a medio plazo.
Trataré a continuación de analizar con algo más de detalle las implicaciones de cada uno de estos supuestos.
Las reivindicaciones salariales, origen de todos los males.
Ha sido un lugar común en estos últimos años que la recuperación de los ritmos de crecimiento y la generación de empleo sólo puede basarse en el fortalecimiento del excedente empresarial y en la mayor competitividad de las empresas. Eso ha dado lugar a la permanente llamada a la reducción de los costes salariales o, al menos, a su mantenimiento por debajo de los aumentos de productividad.
Puesto que no es fácil conseguir que los trabajadores y los sindicatos acepten la disminución de sus rentas salariales y la mayor insatisfacción que lógicamente se deriva de ello la justificación utilizada ha sido que sólo de esa forma era posible garantizar un mayor empleo, combatir la inflación y lograr que las empresas españolas fuesen más competitivas.
Aunque la discusión sobre este asunto es siempre controvertida y muy dependiente de las fuentes estadísticas que se utilicen creo que se puede aceptar como un hecho que durante los años ochenta (al contrario de lo ocurrido en la década anterior) tanto los costes laborales unitarios reales como la participación de la remuneración (bruta) de los asalariados corregida de la variación en la población asalariada han disminuído de manera importante, tanto en los años de expansión como en los de crisis. Sin embargo, las cifras de paro no han dejado de aumentar.
Pero, sin haber conseguido alcanzar sus objetivos aparentes, las políticas de contención salarial (a cuyo servicio quedan las medidas de flexibilización de todo tipo) han provocado, sin embargo, un aumento del llamado empleo de baja calidad que no sólo da lugar a una mayor carencia y malestar social sino que además influye muy decisivamente en la menor productividad alcanzada por las empresas.
Otra razón argüida para demandar restricciones salariales ha sido que los altos salarios eran la causa principal de las tensiones inflacionarias que padecía la economía española.
No es el momento de traer aquí a colación la naturaleza y los propósitos de una comprensión de la inflación como un fenómeno vinculado tan sólo a los costes salariales. Destacaré tan sólo que tampoco la apreciación gubernamental ha tenido un claro fundamento empírico. Más bien todo lo contrario. Aunque entre 1.985 y 1.991 los costes laborales unitarios en términos reales subieron en la industria de forma moderada (alrededor del 2,5%), en la construcción y en los servicios los precios subieron bastante más que esos costes laborales (que descendieron un 3,6% y un 6% respectivamente).
Parece más realista pensar, a diferencia de lo que ha sido la opinión oficial sobre esta cuestión, que la causa de las tensiones inflacionistas radica mejor en la concentración que caracteriza a los mercados, especialmente en el ámbito de la distribución y la comercialización, en la falta de competencia -especialmente en el área privada del sector servicios-, en la especulación o en la política de encarecimiento del crédito que favorece a los grandes intereses bancarios.
Tampoco tiene un fundamento muy riguroso vincular la reducción de los costes laborales con las ganancias de productividad para conseguir que las empresas sean más competitivas.
En primer lugar, porque cuando la competitividad se consigue tan sólo a través de la reducción salarial se trata únicamente de una «forma espúrea de competitividad», muy diferente a la que se deriva de la incorporación del progreso tecnológico, y cuya desvinculación con la equidad termina «tarde o temprano por afectar al crecimiento».
En segundo lugar, porque debe tenerse en cuenta además que para que el crecimiento de los costes laborales por debajo de el de la productividad provoque los efectos deseados no deben darse fuertes desniveles de productividad ni de costes laborales por trabajador asalariado; es decir, justamente lo contrario de lo que ocurre en la economía española y más en el último decenio, pues -según los datos que proporciona la Encuesta de Salarios- entre 1.980 y 1.988 el abanico salarial aumentó en un 35%.
En consecuencia de todo ello, lo que se ha conseguido ha sido una disminución en el peso de las remuneraciones salariales sobre el conjunto de las rentas, una efectiva pérdida de productividad al generar empleo precario y de baja calidad y un intento frustrado de conseguir mayor competitividad internacional.
Hay que reconocer que es muy difícil conseguir un lugar en los mercados internacionales si se parte de un diferencial en los salarios negativo. Pero es que si se compara la posición española con la europea resulta que nuestros costes salariales unitarios reales eran en 1.991 un 83,6% del índice 100 correspondiente a 1.980, prácticamente diez puntos por debajo de los correspindientes a la Europa de los doce, ocho puntos menos que los de Alemania o Francia.
Naturalmente, nuestra desventaja es, sin embargo, muy grande si -como gusta ahora de hacerse- se compara con los niveles salariales de los países en desarrollo. Está de moda explicar la crisis económica aduciendo que los países más avanzados la padecen por sus elevados salarios. Y, en consecuencia, se insiste de manera reiterada que sólo consiguiendo su reducción se podría recobrar el predominio en los mercados internacionales y la expansión económica.
Deberíamos preguntarnos todos, sin embargo, hacia donde conduce esa dinámica hacia la penuria. No sería más lógico pensar que el progreso consiste, por el contrario, en la elevación de las rentas en los países más pobres, en donde se produce gran beneficio pero en condiciones miserables para la población?. Quienes con tanta fe predican la reducción salarial como fórmula de salida a la crisis deberían reflexionar si Europa puede volver a esas condiciones de capitalismo primitivo con trabajo inestable y mal remunerado y si de ahí puede derivarse verdaderamente una estrategia lo suficientemente estable, pues no puede olvidarse que, mal que les pese a quienes se apropian los beneficios que proporciona el trabajo mal remunerado, los salarios son también una componente esencial de la demanda que permite realizar la producción y obtener finalmente la ganancia.
Además los hechos han permitido poner de manifiesto que estas propuestas de contención salarial eran tan inefectivas como poco sinceras. La modificación a la baja de nuestros tipos de cambio, mantenidos muy elevados en mor del discurso europeísta y de la política de atracción de capitales, significó una mejora de nuestro déficit comercial que no hubiera podido conseguir la política salarial más radical. Eso sí, después de haber provocado la extrema debilitación de nuestra capacidad exportadora y la venta en saldo de nuestros principales activos.
Es cierto que la dinámica de la competitividad a través de la reducción salarial responde a una estrategia internacional que en buena medida les viene dada a cada economía en particular, pero no lo es menos que quienes han hecho descansar sobre estas fórmulas la recuperación económica tampoco se han caracterizado por sus esfuerzos para lograr que en los organismos internacionales se pusiera de evidencia las lamentables consecuencias que eso tiene para el bienestar social, e incluso para una recuperación económica efectiva. Todo lo contrario; nuestros gobernantes han aprovechado su presencia, muy cualificada a veces, en la Unión Europea o en Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para reafirmar esas políticas con la furia que suele ser típica de todos los conversos.
Todo ello ha venido a mostrar que la reacción en cadena que se pretendía provocar (más excedente, más beneficio, más inversión, más empleo) no se ha dado en la realidad: porque (como, por otra parte, era sabido) no todo excedente se convierte en beneficio dada la estructura económico-financiera de la empresa española, porque no todo beneficio se invierte cuando hay alternativas más rentables como la especulación en cualesquiera de sus formas, o porque no toda inversión es generadora de puestos de trabajo.
En definitiva, se puede decir que estos criterios no han generado sino un proceso prácticamente permanente de modificación en la distribución primaria de la renta a favor del excedente empresarial y, en consecuencia, desfavorable para los salarios, que constituyen la principal fuente de ingresos, cuando no única, de la mayoría de la población.
Los «inconvenientes» de la protección social: el gasto público en cuestión.
En España no sólo no se han producido los recortes drásticos en el gasto social que han realizado otros gobiernos sino que su ritmo de crecimiento ha sido superior al de la media de los países de nuestro entorno (Cuadro 1).
A ello han contribuído diversas razones: la inexistencia de un auténtico Estado del Bienestar en nuestro país con anterioridad al régimen democrático lo que obligó a una inyección de gasto social inevitable, la fuerte tensión que han conseguido imponer los sindicatos a la negociación social de las primeras fases de la transición gracias a la debilidad de todo el marco institucional, las aspiraciones incialmente socialdemócratas de los gobiernos socialistas y la propia conjunción de todos esos factores.
Gracias a todo ello se ha conseguido mantener, e incluso aumentar en algunas partidas, la participación en el PIB del gasto y las prestaciones sociales.
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Cuadro 1
Entre 1970 y 1983 1983 y 1989
Alemania 4,1 2,3
Bélgica 5,7 0,8
Dinamarca 5,1 1,8
España – 4,0
Francia 5,5 2,3
Grecia – 4,9
Irlanda 7,0 0,9
Italia 7,1 3,9
Luxemburgo 5,9 3,7
Países Bajos 5,8 0,0
Portugal – 6,5
Reino Unido 5,9 0,9
Fuente:EUROPE SOCIALE 1.992, p.15.
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Pero a pesar de todo, no puede negarse que aún quedan sin cubrir muy importantes lagunas para, al menos, alcanzar los niveles de protección social de los que disfrutan los ciudadanos de otros países a cuyas economías quiere homologarse la nuestra. Y son lagunas que se expresan, por ejemplo, en la falta de cobertura de los subsidios de desempleo (que alcanzó a ser del 60% en el año record de 1.992 pero que muy difícilmente va a repetirse), en el exiguo ingreso personal que significan las pensiones (un 68% inferiores a las 55.000 ptas. mensuales), en la reducida extensión de las pensiones no contributivas y, sobre todo, en la pérdida de protección social efectiva que comporta el hecho de que el gasto destinado a prestaciones sociales en su conjunto o por componentes (subsidio por desempleo, pensiones, sanidad o educación) crezca en términos relativos menos que lo hace la población que debe beneficiarse del mismo.
Pero lo que resulta extremadamente significativo es que en el contexto de estas carencias, la controversia más generalizada consista en poner en cuestión el alcance de las políticas sociales, al considerar que resultan inconvenientes para estimular el crecimiento e insoportables para sanear las finanzas públicas. En unos casos, como sucede con los subsidios de desempleo, se estima que repercuten negativamente en la movilidad y en los incentivos necesarios para la búsqueda de empleo; en otros, como en el de las pensiones, se argumenta que contituyen una hipoteca tan gravosa para los presupuestos que su financiación debe encontrarse en el sector privado; en el caso de los servicios sanitarios, su universalización se entiende como un drenaje de recursos tan grande que limita su variedad y calidad y, en consecuencia, que sólo repercute en la pérdida de libertad que podría alcanzarse mediante la provisión de mercado. En todos, que su garantía de suministro por los gobiernos implica un fortalecimiento de los déficits que originan mayor endeudamiento público y, tras de él, los disturbios macroeconómicos.
La razón de estas argumentaciones es evidente, siempre que se de por inmutable el modelo de crecimiento del que se parte, pero sería conveniente reflexionar sobre las consecuencias sociales que se derivarán de la desprotección y de la renuncia a conseguir niveles de satisfacción social generalizada.
Mientras que el crecimiento económico sea destructor de empleo y de tejido productivo y generador de desigualdad, se van a seguir produciendo situaciones de desprotección social que obligarán a drenar crecientes recursos financieros al menos para paliarla (puesto que la estabilidad social que requiere la legitimación del sistema también es un prerrequisito del crecimiento económico) y que inevitablemente constituyen una importantísima disminución del caudal que es necesario para estimular el propio crecimiento de la actividad productiva, bien sea del sector privado o del propio sector público.
Esto quiere decir que las economías, como la española en particular, se mueven entre la alternativa de hacer frente al malestar social a costa del desequilibrio macroeconómico, o la de tratar de conseguir la estabilidad de las macrovariables que habitualmente sirven de referencia para la política de ajuste a riesgo de aumentar las tensiones sociales de todo tipo.
Y puesto que la dinámica de endeudamiento público tiene que tener necesariamente un límite y no es fácil augurar que sea posible alcanzar un saneamiento presupuestario que permita hacer frente a la protección social mínimamente deseable sin alcanzarlo más tarde o más temprano, me parece que estaría llegando la hora de invertir el propio discurso económico.
Es una evidencia que el supuesto tantas veces sostenido de que el crecimiento por sí solo traerá después una mejor distribución y una mayor satisfacción general no se da en la realidad. Todo modelo de crecimiento comporta a su vez un modelo de distribución y si éste es desigual y desproporcionado no podrá reconducirse mediante la intervención redistributiva sin afectar y bloquear el propio crecimiento y al desequilibrio del cuadro macroeconómico.
Un modelo de crecimiento basado en el reparto desigual tiende a multiplicar la carencia y, en consecuencia, a hacer más necesaria la Política Social; pero, al mismo tiempo, repudia la accción igualitaria que conlleva pues destruye el sistema de incentivos que le es propio y drena recursos que le son necesarios en su dinámica de acumulación.
Es por ello que la opción por modelos de crecimiento como el asumido para la economía española conlleva siempre una renuncia a la profundización de las políticas sociales que terminan por limitarse a paliar con la tímida mano de la protección social la insatisfacción que provoca la voracidad de la otra, la del mercado.
La presunción macroeconomicista o el imposible equilibrio sobre el alambre de las «macromagnitudes».
Puede decirse que las grandes lineas que han gobernado las decisiones de política económica en los últimos años han sido el control de la inflación como expresión más importante del desequilibrio de nuestra economía y la creencia de que nuestra subida en el carro de la integración europea llevaría consigo un impulso al crecimiento económico capaz por sí mismo de generar la estabilidad a medio plazo
El primer objetivo ha comportado el protagonismo de las variables financieras (tipo de interés y de cambio) así como el control del gasto público, mientras que el segundo ha provocado el mantenimiento de los criterios nominalistas de convergencia como norte de la política de equilibrio macroeconómico. Los tipos de interés elevados garantizarían la atracción de capitales extranjeros y permitirían contener las tensiones inflacionistas internas, los altos tipos de cambio abaratarían las importaciones (además de satisfacer la retórica europeista al uso) y el control del déficit permitiría que el alto nivel de esas dos variables no provocase desequilibrios en el cuadro macroeconómico, a la par que un saneamiento necesario para fomentar la inversión productiva.
Los resultados reales, sin embargo, han sido muy diferentes. La incapacidad para reformar los comportamientos poco transparentes y cuasi-clientelistas de la administración pública han llevado al control de pagos, más que al de gastos; los tipos de interés elevados han sido más bien los que han provocado la generalización de opciones de inversión más rentables que la actividad productiva (cuya financiación además resultaba más cara) y sin que la entrada de capital extranjero haya dejado más efectos positivos que los puramente coyunturales; el sostenimiento de una peseta sobrevalorada, en fin, ha terminado afectando gravemente a la base exportadora de nuestra economía.
Un cuadro de esta naturaleza presenta importantes consecuencias. La desarticulación de la base real de la economía, la supeditación de las variables que reflejan su base productiva al manejo -sin demasiado acierto, por demás- de las variables nominales, o la falta de atención a los problemas estructurales (competencia, base tecnológica, estructura industrial, formación,…) en aras de la comprensión macroeconomicista de los problemas de la economía española repercuten directamente sobre su capacidad de generación de rentas endógenas, deteriorando por lo tanto la distribución primaria de los ingresos, y no sólo en contra del salario, sino del propio excedente productivo.
Me resulta difícil aceptar que todo ello se deba solamente a una «errónea apreciación de las posibilidades reales de la estructura productiva española», máxime si se tiene en cuenta que en estos años se ha producido un ingente volumen de negocio y que, como se ha llegado a decir, «en el periodo 1.984-1.991 se ha producido probablemente la mayor concentración de patrimonios de toda la historia moderna». Me parece plausible pensar que la «temeridad del camino elegido», en palabras de Torrero, se debe no sólo a un error de apreciación, sino también a una elección sobre quienes deben ser los beneficiarios principales del modelo de crecimiento. Sea como sea, lo cierto es que ha determinado sustancialmente quienes han sido éstos.
De continuarse en esta tónica no se pueden abrigar ni demasiadas ni fundadas esperanzas. La supeditación de la economía real a la ganancia financiera, la destrucción del tejido productivo como consecuencia de nuestra especialización dependiente en el seno de la Europa Comunitaria, el hecho de que la empresa española -en el sentido cabal del término- resulte ser a la postre uno de los agentes perjudicados por la aplicación de los criterios nominalistas que parecen gobernar la política económica vigente, y el peligro de que la liberalización y la mayor flexibilidad que se desea no sean la puerta de entrada de la competencia, sino una vía más para facilitar la tradicional «adaptación pasiva» de la empresa española, aventuran, por el contrario, un deterioro del bienestar social e incluso del equilibrio económico.
Por otra parte, el aumento del desempleo y la evolución demográfica van a obligar a una mayor asignación de recursos para la protección social (aún cuando tan sólo sea para mantener el nivel básico que evite la inestabilidad social), de manera que es muy difícil aceptar como posible que el Estado, a través del gasto público, y cuando tiene bastante limitadas las posibilidades de avanzar en progresividad fiscal por lo señalado anteriormente, pueda mantenerse mucho tiempo como subsidiador ilimitado de la economía real.
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