Publicado en Temas para el Debate
Hay una lectura ingenua sobre los últimos años de la historia de España que parte de la idea de que el Partido Popular y el Partido Socialista son las dos grandes piezas de la política española y que ésta última se va a desenvolver con la alternancia entre ambos.
De esa idea se deduce también que el poder se ha dilucidado en función de que alguno de esos dos partidos haya ocupado con ventaja el centro político haciendo suyos esos doscientos o trescientos mil votos de los que depende conseguir el gobierno.
Por último, de este análisis se desprende que la llegada del Partido Popular al poder fue un momento de alternancia que igualmente se podrá ver roto en cuanto que el partido socialista recobre, en cualquier momento, la posición de centro que permitió gobernar a José María Aznar. Se trataría, pues, de esperar que caiga maduro ese saco de votos centrista del que depende la alternancia.
Los resultados electorales de los últimos años, así como la relativa semejanza entre las grandes coordenadas de la política económica de socialistas y populares en el gobierno, parece que confirman esta tesis.
La rabia con la que los dirigentes del Partido Popular hicieron frente a los desgraciados últimos años del gobierno socialista hacían parecer que se trataba sólo de una actitud histriónica de quien únicamente se desesperaba porque no terminaba de llegarle su turno. Incluso algunos trataban de interpretar el comportamiento rayano con lo antidemocrático de Aznar cómo un asunto de simple antipatía personal entre él y Felipe González.
En mi opinión, lo que ha ocurrido desde los primeros años noventa es otro proceso distinto que conviene tener en consideración ahora que se avecinan de nuevo elecciones generales.
El partido socialista llevó a cabo transformaciones estructurales que modernizaron España, algunas de las cuales soliviantaron en su día a la derecha más cerril. A pesar del clima neoliberal imperante en todo el mundo, y del que se contagiaron muchos de sus dirigentes y ministros, las políticas sociales que llevaron a cabo los gobiernos de Felipe González permitieron instaurar en España el Estado de Bienestar y orientar a nuestro país en la senda de los más modernos de nuestro entorno.
Pero aunque esas transformaciones beneficiaron en mayor medida a los sectores históricamente más desfavorecidos, no puede decirse que implicaran una redistribución de la renta radicalmente opuesta al capital, o a los sectores más ricos del país. De hecho, los procesos de reconversión y el inicio del proceso de precarización del trabajo agudizado después bajo el gobierno del PP, trasladaron sobre las espaldas de la clase trabajadora una buena parte del coste de la crisis.
Por eso me parece que la reacción del Partido Popular y la naturaleza del proyecto político que en su día encabezara Aznar no puede ser el resultado de lo lejos que pudiera haber ido el partido socialista. Es decir, una lógica respuesta “de clase” ante un ataque en toda regla a los privilegios y rentas de las clases adineradas.
En cualquier país civilizado, las reformas que en su día realizó el partido socialista, como las que puede estar realizando en las comunidades donde gobierna, no hubieran justificado una reacción tan destructiva y tan radical ante la sola posibilidad de un cambio en el gobierno, como ha ocurrido, de manera paradigmática, en el caso de la Comunidad de Madrid.
Lo que está sucediendo en España es que la derecha española que el franquismo cultivó en la cultura del poder como privilegio y como resultado de la fusión del poder político y económico, no han querido aceptar la renuncia, ya de por sí modesta, que implicó la transición. Al negarse no ya a ceder, sino a compartir el poder, se inició una ofensiva espectacular primero contra el gobierno socialista y después contra la posibilidad de que volviera a darse. Una ofensiva que en realidad no estaba dirigida a convertir al Partido Popular en alternativa al Partido Socialista, a enriquecer al sistema democrático con la alternancia y la pluralidad, sino a hacer de la derecha representada en el PP el único referente del poder político en nuestro país.
El tipo de negocio al que tradicionalmente ha estado vinculado su poder económico precisa del poder político más que en ningún otro país moderno de nuestro entorno, y el disfrute del privilegio y la práctica de la regalía como pauta habitual de comportamiento requiere una conexión directa con el poder.
Lo que ha ocurrido es sencillamente que la oligarquía política y económica del franquismo ha sido incapaz de modernizarse y de adaptarse a las reglas de juego democráticas, lo que la obliga a realizar una opción de poder que, en esencia y en sustancia, es cada vez más claramente predemocrática.
Lo que ha hecho la derecha en los últimos años no ha sido solamente deshacer algunos cabos atados por el gobierno socialista en los años anteriores, sino desandar el camino reformista de la transición. Un camino que no puede olvidarse que a donde llevaba era sencillamente a una democracia que incluso muchos consideran con razón que no puede considerarse ni mucho menos de gran recorrido.
En lo económico eso se ha manifestado en varias tendencias principales.
Primero, y con carácter general, en la estrategia de redistribución del excedente hacia los sectores más rentistas y oligárquicos de la economía española: bancos y grandes propietarios.
Segundo, en una larvada contrarreforma fiscal justificada con una retórica liberal exagerada y poco sincera, porque en realidad no facilita la acción de los mercados y la competencia sino el parasitismo económico y social.
Tercero, en la profundización en la precarización del trabajo mediante reformas laborales que implican, principalmente, una vuelta a relaciones laborales autoritarias.
Finalmente, y de manera especialmente paradigmática, la privatización indisimulada del patrimonio público para ponerlo en manos de lo que, parafraseando a Stiglitz, podría llamarse el capitalismo de amiguetes carpetovetónico.
Naturalmente, eso ha ido unido de un proceso de una contrarreforma semejante en el ámbito social, cultural y político que, en resumidas cuentas, no ha buscado sino imponer a la sociedad una moral reaccionaria, devolver sus viejos privilegios a la Iglesia más tradicional y a las nuevas generaciones de la oligarquía que sostuvo al franquismo.
De ahí que tras la monserga liberal con que algunos dirigentes quieren dar modernidad a la acción política del gobierno lo que aparece cada vez con menos disimulo es el discurso apolillado del franquismo: la anti-España, el favoritismo, el temor a los rojos, la religión en la escuela…
De la mano de Aznar, y gracias al reforzamiento que proporciona la coyuntura de extrema derecha en Estados Unidos, la derecha española se ha reconstituido en su expresión más ancestral y cerril. En la vieja derecha franquista que, como en el chiste que circula en internet, se ha reproducido en hijos, nietos y sobrinos con los mismos apellidos del régimen, salvo en el caso de Fraga Iribarne que se mantiene incólume. Con Aznar a la cabeza, la derecha se ha negado a aceptar la renuncia de la transición y ha tomado las riendas para dictar la agenda política en este país. Y sus planes no pasan por devolver de nuevo, ni siquiera por algún tiempo, el poder a un partido de izquierda, aunque éste pueda haber demostrado ya gobernando que para ir modernizando España ni siquiera es preciso atentar contra los intereses económicos más importantes del país.
El problema, por tanto, no es de radicalidad de izquierdas. Es que esta derecha no se concibe a sí misma como una elemento más de un proyecto de sociedad plural y democrática, sino como el cuenco donde están depositadas las esencias patrias. De ahí el fantasma del antiespañolismo, o del frentepopulismo. Como antaño.
Para ello ha articulado, desde luego con gran inteligencia, un proyecto que combina sagazmente una retórica liberal para hacerlo parecer moderno y una práctica política sectaria, antidemocrática y cuasi fascista. Y que para mantenerse en el poder, o para salvaguardar los privilegios económicos esenciales, no duda en recurrir a medidas populistas que incluso a veces pasan por la izquierda a la propia izquierda, o que llegan a poner en peligro la propia estructura vertebral del Estado, nunca más amenazada que en esta era de Aznar.
Frente a ello, me parece que es cada vez más necesario un proyecto social de regeneración democrática que no puede limitarse a tratar de arrastrar momentáneamente los votos del centro político, y que en su búsqueda incluso trate de confundirse en sus grandes rasgos con el discurso político dominante.
Esa regeneración es especialmente importante en el ámbito económico, pues al fin y al cabo es allí donde los ciudadanos comprueban el efecto que tienen las políticas.
De hecho, la imprescindible propuesta de regeneración democrática que evite el peligro de definitiva deriva autoritaria no puede ser exitosa si no se vincula a una reformulación del papel del sector público, de los impuestos, del trabajo, del papel de las empresas, de los derechos sociales y de la protección social en general.
De hecho, si el mandato de Aznar ha estado dirigido principalmente a posicionar a los grupos de poder en los aparatos políticos y de decisión, el mandato que recibirá Rajoy si se da una nueva etapa de gobierno popular será ir directamente y de manera más contundente aún a apretar las tuercas en las relaciones económicas. A hacer a la economía española mucho más corporativa y rentista, aún más al servicio de los sectores más improductivos y privilegiados.
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