Publicado en ctxt.es el 16 de octubre de 2026
En plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, la derecha española ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja receta: sustituir, en todo o en parte, el sistema público de pensiones basado en la solidaridad por la capacidad que cada persona tenga de ahorrar a lo largo de su vida laboral.
El responsable económico de Vox, José María Figaredo, ha afirmado que el sistema público de pensiones, que paga cada mes a unos diez millones de personas, «es un zombi» y «está quebrado». Su receta es la reforma hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual y no está solo en la propuesta. El Partido Popular lleva años preparando el terreno para que se lleve a cabo. En 2014, Esperanza Aguirre defendió ante la Convención Nacional del PP que las cotizaciones se considerasen un capital que pertenece a cada trabajador, compatible con los criterios de capitalización de las compañías de seguros. El Gobierno de Rajoy optó por el camino gradual de estimular los planes privados con ventajas fiscales y facilidades de rescate. Formas distintas, más bruscas o más suaves, de ir en la misma dirección, la de trasladar la jubilación desde un derecho colectivo hacia el ahorro individual invertido en los mercados financieros. Aunque hay que señalar por pura honestidad que esta idea no es patrimonio exclusivo del PP y de Vox. Es, en realidad, el programa de la derecha económica, de la banca y de sus centros de estudio, y a veces ha encontrado acomodo en el propio PSOE. Fue un Gobierno de Felipe González el que reguló en 1987 los planes y fondos de pensiones privados y el ministro José Luis Escrivá, ya con Pedro Sánchez de presidente, impulsó en 2022 una ley para impulsar los planes de pensiones de empleo con fondos de promoción pública.
Por eso es muy importante entender que, detrás de esa expresión amable de «modelo mixto», hay un cambio radical que pone en peligro el bienestar de las personas que se jubilan sin disponer de grandes patrimonios.
En un sistema de reparto, como el español, las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de quienes hoy están jubilados. La pensión es un derecho reconocido por ley y garantizado por el Estado y su cuantía se conoce de antemano porque depende de lo cotizado y de los años trabajados, no de lo que pase en la Bolsa. En un sistema de capitalización, por el contrario, cada trabajador ahorra en una cuenta individual y una gestora privada invierte ese dinero en los mercados financieros. La pensión que reciba cuando se jubile no está asegurada, sino que será lo que haya en la cuenta el día de la jubilación, sea mucho o poco, según la evolución de la inflación y los mercados financieros.
Quienes defienden la capitalización para evitar, según dicen, la insostenibilidad de las pensiones públicas, siempre omiten lo fundamental: es un sistema mucho más inseguro, menos rentable, más peligroso y, sobre todo, perjudicial para las rentas más bajas.
No es verdad que la capitalización resuelva el problema que dice resolver, el de la insostenibilidad de las públicas por razones demográficas, porque «en el futuro habrá muchos viejos y pocos trabajadores cotizando».
Las pensiones, se financien como se financien, siempre se pagan con lo que se produce cada año. Un fondo privado no guarda pan ni medicinas para dentro de cuarenta años: guarda acciones y bonos que habrá que vender cuando llegue la jubilación. Y, si de verdad hubiera menos trabajadores produciendo y menos ahorro, también habría menos compradores para esos activos que quienes se vayan jubilando tendrán que vender para obtener dinero líquido. Si las pensiones públicas estuvieran amenazadas por un problema demográfico exactamente igual lo estarían los fondos privados.
Además, los fondos privados de pensiones rinden mucho menos de lo que prometen. Según los datos de INVERCO que analiza Ignacio Zubiri, los fondos españoles con 25 años de antigüedad apenas han logrado una rentabilidad real del 0,42% anual. Como ha señalado Zubiri, «bajo supuestos razonables, ahorrando durante 20 años el 10% de su salario, el trabajador obtendría una pensión que no llegaría al 10% de su último salario. Y con 30 años, su pensión no llegaría al 15% de su último salario».
Los fondos de pensiones privados también son extraordinariamente inseguros. Si los mercados caen, como en 2008 y en otras muchas ocasiones, la pensión privada se hunde. Se volatiliza total o parcialmente. Aunque la gestora, eso sí, cobra siempre.
Tampoco dicen quienes defienden el tránsito a la capitalización que el cambio que habría que hacer desde el sistema actual es carísimo. Tanto, que se puede decir que es inviable hacerlo. Habría que seguir pagando las pensiones de reparto mientras las cotizaciones se iban desviando a cuentas privadas, de modo que una generación tendría que pagar dos veces.
Por supuesto, se omite también que los sistemas de capitalización multiplican la desigualdad. Las personas con salarios bajos, en situación de precariedad, quienes hayan tenido carreras interrumpidas y, sobre todo, las mujeres arrastran esa desventaja hasta la vejez sin ningún mecanismo solidario que las compense.
¿Por qué entonces se defiende que se pase a un sistema de pensiones privado que tiene muchos más defectos objetivos, peligros financieros e inconvenientes que el sistema público?
La respuesta es sencilla: transferir al sector financiero la gestión de la enorme masa de ahorro y dinero que suponen las pensiones públicas es un negocio gigantesco.
Nada de lo anterior es teoría. En Chile hicieron todo esto y lo que allí ha ocurrido es lo que debe tomarse como referencia y aviso a navegantes.
La dictadura de Pinochet impuso en Chile, en 1980, la capitalización individual a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque, significativamente, hubo dos colectivos a los que dejó fuera del experimento y que conservaron el viejo sistema público: los militares y los policías. Los arquitectos del modelo sabían bien cuál de los dos sistemas era mejor.
Los resultados después de varias décadas confirman el diagnóstico y lo ocurrido justo este año lo resume todo. Las siete AFP, que controlan activos por unos 229.000 millones de dólares y son la única fuente de ahorro para la jubilación de la mayoría de los chilenos, se lanzaron en los dos últimos años a comprar productos financieros que les darían beneficios si los tipos de interés estadounidenses seguían bajando. Pero ocurrió lo contrario y han registrado pérdidas que rondan los 7.700 millones de dólares. El golpe más duro lo recibió el fondo más conservador, el que se recomienda a quienes están a punto de jubilarse, y lo que perdieron no se evaporó: lo ganaron bancos como Société Générale, Bank of America o BNP Paribas.
La reacción de los responsables del fiasco tampoco tiene desperdicio. El presidente de la patronal de las AFP se negó a hablar de pérdida y la llamó «valorización económica del fondo», y un consejero técnico de la propia Superintendencia propuso como remedio que quienes estén a punto de jubilarse aplacen su retiro hasta que el mercado se recupere.
Y Chile no es una excepción desafortunada. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado que, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus pensiones entre 1981 y 2014, dieciocho tuvieron que revertir la reforma, entre ellos Argentina, Hungría, Polonia y Bolivia.
Es mentira que el sistema público de pensiones esté quebrado. Su sostenibilidad depende de decisiones políticas que determinan la distribución de la renta, de la evolución de la productividad, del empleo, de los salarios y de cómo se financie. Lo que hay que hacer es blindarlo frente a quienes, como en Chile, quieren convertir nuestras pensiones en un negocio privado.
El 29 de noviembre también se decide eso. Vox lo ha dicho sin rodeos, y el PP lleva años abonando el terreno con incentivos fiscales a los planes privados, con discursos sobre la quiebra del sistema y con la idea de que las cotizaciones son un capital individual.
Y si alguien tenía dudas, las ha despejado uno de los grandes altavoces mediáticos de la derecha. El director de OKDiario, Eduardo Inda, comentaba en el programa Milenio las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que había puesto en duda el futuro del sistema público, y pidió silencio: «Cállate con las pensiones, que es un tema sensible». «Que hablen -dijo- el 30N o cuando ya estén formando gobierno». No le pidió al PP que garantizara las pensiones, sino que no hablara de ellas hasta que los votantes ya no pudieran tenerlo en cuenta.
Esto es lo que está en juego en las próximas elecciones.
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7 comentarios
Las leyes de los trileros, el problema es que ahora puede ser voluntario, si sale PP~VOX, será obligatorio como la religión la monarquía o el TOP
Ya salio un pelota
Ya se sabe. En una dictadura, todo lo que no está prohibido, es obligatorio.
Parte de las pensiones, tal como hoy están las cosas en España, las pagan los trabajadores que hoy están en activo. Los mismos que no pueden comprar un piso ni plantearse tener una familia y menos bien atendida. Los mismos que no saben si podran vivir de su pensión por tardía y escasa. Lo mismo que Zapatero retrasó dos años la edad para cobrar la máxima pensión que uno puede cobrar, se pueden retrasar mas aún y normalmente no será la pensión máxima. Sanchez en eso no tiene ningún problema. Si hay que multiplicar por dos las pensiones de los ya jubilados, que son muchos votantes, lo hará. Si se decide, como se ha hecho, cubrir el déficit con aportaciones del presupuesto ( ojo que he oido que Sanchez aportó al fondo de las pensiones tanto dinero que hoy hay 20000 millones en la hucha y el psoe parece que nos ha convencido de que fue una aportación personal de Sanchez y yo no sabía que era tan rico) . Como jubilado, no tengo ningún problema de que me aumenten la pensión sustancialmente pero probablemente sí, los que ahora están pagando sus impuestos con su trabajo. En cuanto a los impuestos recaudados con el iva, son los mismos para todos. La aportacion relativa de esos impuestos es igual para una camarera de piso que para un ejecutivo de una gran multinacional. La parte correspondiente de esos impuestos es también parte de esa aportación de los presupuestos para cubrir el déficit de las pensiones, lo cual hace al sistema poco igualitario a la hora de financiar dichas pensiones. Parte importante de lo que posibilita el estado del bienestar es la productividad, que por cierto, tiene que ver mas con el tipo de empresas que con lo laboriosos que sean sus trabajadores, que también. Otra posibilidad para salvar las pensiones es aumentar los impuestos a empresas y ricos, siempre sabiendo cual es el límite por encima del cual no les merece la pena vivir ó hacer negocios en este país. Todo con mucha prudencia para no conseguir justo lo contrario de lo que se pretende. El señor Torres nos ha recordado las consecuencias en falta de igualdad del sistema privado y que quien aportó menos, lo pasó realmente mal. Yo me permitiría recordar tambien que en Grecia, cuando el rescate, las pensiones bajaron una media del 35 ó 40% y el poder adquisitivo un 50% y era un sistema como el nuestro. En vez de poner la lupa exlusivamente en el Chile de Pinochet y su dictadura terrible, es bueno ampliar el panorama con Grecia por que si no se hace nada, podemos acabar como ellos. Va a depender de la productividad del país. Claro que las pensiones en Grecia se podrían haber mantenido con la solidaridad de todos los jubilados de Europa pero por la misma razón, las jubilaciones de toda europa se podrian haber repartido por ejemplo por toda Africa ya que son personas con los mismos derechos fundamentales como seres humanos que son. O sea que muy bien lo de recordar a Pinochet y las consecuencias de su sistema de pensiones para poder relacionarlo con Vox y por tanto con el PP y advertirnos del peligro de votar erróneamente. Es una buena estrategia para asustar sobre ciertos partidos pero es incompleta y a mí, por lo que antes he dicho, también me da mucho miedo la inmensa generosidad del PSOE sanchista ( no del psoe en general ). Así como el recuerdo de las consecuencias negativas de las pensiones de Pinochet es positivo, sería aún mas positivo que el sr. Torres diese una solucion bien explicada al problema de las pensiones en España. Un saludo
Suelo dar alternativas en todos los trabajos que escribo. Sobre las pensiones, también las he dado, en artículos y libros. Y no sólo yo, también otros economistas. No en todos los textos se dice lo mismo
Creo que Don Luis nos quiere líar un poco mezclándolo todo. Aclaremos. Las pensiones contributivas van con cargo a la Seguridad Social y se financian con las cotizaciones de los trabajadores en activo. como nosotros, los jubilados, con nuestras cotizaciones, financiamos las jubilaciones de la generación que nos precedió y contribuímos al ahorro de la Seguridad Social. Las pensiones no contributivas, incluyendo algun complemento para las pensiones de viudedad muy bajas, se financian vía limpuestos.
Don Luis, la afirmación de que los ricos pagan el mismo IVA que los pobres no se sostiene. Incluso consumiendo los mismos bienes, los ricos pueden comprar alimentos, ropa y vivienda mejores y por tanto mas caros y en consecuencia pagan mas IVA. Pero ademá el rico se puede permitr acceder a otro tipo de bienes inaccesibles para el pobre y por los que paga IVA.
Don Luis, es cierto que hay personas en este páis que lo pasan mal. Pero no son todos como Vd. apunta. Vivo en Madrid, cerca de un poligono empresarial; veo coches nuevos, veo como desayunan en las cafeterías, como comen el menu del día, como visten, como atascan las carreteras cuando entran y salen del trabajo. En los puentes y vacaciones es difícil encontrar avion, tren u hotel. Oiga y no se viaja a Buitrago. Se viaja y mucho al extranjero.
Por supuesto que el Sistema Publico de Pensiones es robusto. Un error frecuente referido al sistema contributivo de pensiones es pensar que se sustenta sobre la pirámide de edad cuando realmente su sustento es la pirámide laboral. Eso no implica que con el tiempo no necesite adaptaciones. Tampoco se pueden permitir buenismos con los insolidarios que debilitan el Sistema. ¿Por qué digo esto?. Veréis hablo con una persona en un ERE o similar que trabaja en una empresa del IBEX. Según este ERE la empresa le pagaría la Seguridad Social hasta que se jubile y un porcentaje de su sueldo hasta los 65 años. Me comenta que ha anticipado dos años su jubilación y que le penalizan con un porcentaje que no llega al 10%. Me dice que ha decidido anticiparla porque asi cobra durante dos años de los dos sitios: unos 42000 de la Seguridad Social y unos 49000 de la empresa.
Además piensa que cuando cumpla 65 años habrán aprobado la ley de anulación de coeficientes reductores a los que han cotizado 40 años o mas y por tanto cobrará la pensión máxima.
Sres. inspiradores de la ley de anulacion de coeficientes. Les parece soiidario que personas como esta (que abundan en su colectivo) que han dejado de cotizar los últimos años a la Seguridad Social, que han cobrado esos ultimos años de la seguridad social lleguen a la edad legal de Jubilación y cobren lo mismo que el que no lo ha hecho.
Por lo menos, si se lo conceden, es de justicia que devuelvan lo que han cobrado anticipadamente de la Seguridad Social. Por no hablar de las cuotas no satisfechas a la Seguridad Social.