Publicado en Temas para el Debate. Abril-2004
El nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a tres grandes retos que están íntimamente relacionados, hasta el punto de que seguramente sea muy difícil que cada uno de ellos pueda salir adelante si no salen también los otros dos.
El primero es liderar la regeneración democrática y procurar que España recobre el latido democrático que había llegado a estar realmente bajo mínimos en los últimos tiempos.
De este reto se habla más, precisamente porque es el más sentido y el que expresamente se ha puesto de evidencia como demanda social. El Partido Popular había llegado a crear un clima de división civil, basando su estrategia política en la descalificación del adversario y en la demonización de todo aquello que le resultara diferente, no ya contradictorio. Su utilización arbitraria y partidista de los resortes del Estado, de la justicia, de los medios de comunicación, o de la política de privatizaciones fueron jalonando una trayectoria que una rotunda mayoría de ciudadanos ha percibido como claramente antidemocrática y en deriva hacia situaciones realmente peligrosas. En el ambiente se respiraba demasiado conflicto y un hostigamiento sin par en nuestra historia democrática pero que recordaba nuestros más nefastos episodios del pasado.
La masiva movilización ciudadana frente a esta deriva totalitaria del Partido Popular ha permitido que el Partido Socialista gane las elecciones y lo sitúa, por lo tanto, ante el compromiso de devolver a la sociedad española hacia cauces democráticos y de concordia civil.
La tarea que debe emprender o liderar el gobierno implica una auténtica regeneración de la vida civil y política que garantice la participación ciudadana, suficiente transparencia, neutralidad y un ejercicio del gobierno que no se supedite continuamente a los intereses corporativos o empresariales más poderosos.
Pero se trata de una tarea que no concierne solamente al gobierno, sino que será posible llevar a cabo en la medida en que se sea capaz de impulsar un nuevo sentido y un nuevo protagonismo social basado en el ejercicio de la auténtica ciudadanía.
Rodríguez Zapatero ha aludido muchas veces al republicanismo que inspira su concepción de la política y tiene ahora una magnífica oportunidad de liderar lo que puede ser la consolidación democrática de este país, haciendo que la política se resuelva con el protagonismo ciudadano que ha estado a punto de perder por completo en los últimos años.
Pero para ello, además, es necesario que esa nueva ciudadanía pueda ser ejercida en iguales condiciones por toda la población y eso lleva al segundo gran reto del gobierno: la consolidación de un auténtico Estado de Bienestar sustentado, principalmente, en el efectivo ejercicio de los (nuevos) derechos sociales.
El programa electoral del Partido Socialista contiene un buen número de reflexiones y propuestas sobre la situación en la que actualmente se encuentra España en este campo y sobre lo que es preciso llevar a cabo para estar a la altura, al menos, de los países más avanzados de nuestro entorno.
Los años de gobierno del PP ha registrado una significativa disminución de la cobertura social, del gasto y del alcance efectivo de los derechos sociales. Cambiar esta tendencia es lo que puede consolidar esta nueva etapa de regeneración democrática como un auténtico paso adelante en la transformación de nuestra sociedad. Las políticas de protección a la familia, a las personas dependientes, a los inmigrantes, de vivienda, las estrategias de mejora de la calidad del empleo o el aumento de la inversión en educación, investigación, sanidad y en los demás bienes públicos son compromisos electorales bien definidos y a los que no se puede renunciar ahora, so pena de convertir la etapa que se abre ilusionadamente en un desgraciado papel mojado.
Si la estrategia política del PP llevaba a la división social, la renuncia al ejercicio efectivo de los derechos sociales trae consigo la exclusión y la fractura social, bien en forma de pobreza, de trabajadores precarios o de indigencia en todas sus formas.
El mantenimiento anunciado de las mismas estructuras ministeriales y administrativas que en la época del Partido Popular no es algo del todo sustantivo y hay que esperar que no resulte finalmente significativo. Sí lo sería, sin embargo, que no se llevaran a cabo con rapidez las propuestas electorales en relación con los derechos sociales que ha ido anunciando Rodríguez Zapatero en los últimos meses.
Ahora bien, la consolidación de un verdadero sistema de derechos sociales en los próximos años está vinculado a las condiciones económicas y de financiación que sea capaz de crear el gobierno.
Por una parte, es esperanzador que sea justamente en el capítulo dedicado a la economía del programa electoral donde se recogen prácticamente la totalidad de los compromisos de gasto que se desarrollan en los demás apartados. Hace falta, a partir de ahora, que esos compromisos se hagan efectivos en el día a día del gobierno, es decir, que la mano de economía no sea la que elimina sino la que garantiza las propuestas que realicen los demás ministerios. Los compromisos que ha ido anunciando el partido socialista y que están plasmados en su programa, lógicamente reclamarán importantes aumentos del gasto.
El programa electoral confía la posibilidad de financiar estas transformaciones en la consecución de tasas de crecimiento económico suficientemente potentes y para ello se propugna actuar logrando incrementar la productividad de la economía y el ahorro nacional.
El problema radica en saber si eso va a ser posible, si de ser posible será suficiente y si, siendo suficiente, se trata de la forma más equitativa de lograr el objetivo.
En el programa, por ejemplo, se asume textualmente que «el Estado debe ofrecer más y mejores servicios públicos» pero, al mismo tiempo se establece que deberá hacerlo «con los mismos recursos que actualmente emplea», lo que significa que en principio se renuncia a incrementar la presión fiscal, como igualmente se afirma en otro lugar del programa, a pesar de que también estamos aún a distancia de los niveles relativos de otros países de nuestro entorno.
La primera propuesta de Zapatero en el sentido de reducir gastos corrientes para generar recursos destinados a inversión productivas y gasto social avanza en esta dirección y puede ser francamente positiva.
Para incrementar la productividad de la economía española es necesario actuar principalmente en la dotación de infraestructuras, en la formación de la mano de obra y, en general, en su capacidad de generación de conocimientos y de innovación. Eso requiere incrementos muy notables en partidas que implican mucho más gasto corriente y de inversión, de modo que es necesario aumentar correlativamente los ingresos. El programa electoral del partido socialista confía en que eso se va a poder conseguir reformando el sistema impositivo pero es difícil entender que se puedan generar ingresos más elevados para financiar el mayor gasto si se renuncia, al mismo tiempo, a elevar la presión fiscal. Una cosa es elevar las tasas impositivas y otra modificar su estructura para lograr más equidad o mejorar la gestión pero, en todo caso, habrán de conseguirse más recursos si se quiere que los gastos sean más elevados. Aquí radica la cuadratura del círculo que deberá resolver el gobierno.
En mi opinión, sería muy necesario desarrollar lo que algunos han llamado el civismo fiscal para lograr que desaparezca la reaccionaria aversión a los impuestos que han promovido, principalmente, las clases adineradas pero habrá que comprobar hasta qué punto predominan unos enfoques u otros en los próximos meses.
En cualquier caso, habrá que obtener más recursos sin provocar efectos desalentadores del crecimiento, y ahí radica la tentación en la que quizá no convendría caer.
Me refiero a que se pueden lograr resultados muy favorables y vistosos en cuanto al equilibrio nominal macroeconómico, como ha venido aconteciendo en España desde 1993, pero que estén implicando un debilitamiento progresivo de las estructuras del bienestar.
Será inevitable, pues, que se vuelva a reproducir de nuevo la tensión entre el polo económico y el social del gobierno. Sólo cabe confiar en que esta tensión se traduzca esta vez en un avance definitivo hacia la consolidación del Estado de Bienestar.
El gobierno que acaba de constituirse va a gozar de una amplia confianza. Aunque los tiempos no serán fáciles de cara al cumplimiento de algunas promesas preelectorales, es importante que el enorme capital político con el que parte no se desparrame para poder enfrentarse a lo que serán las dificultades sobrevenidas en el campo económico y social.
Es verdad que en la coyuntura en la que estamos la sociedad demanda principalmente política: pluralidad y democracia. Pero el problema es que va a ser muy difícil que los sectores sociales que han tan mayoritariamente han vuelto a apoyar al PSOE, o que lo han apoyado por primera vez, mantenga el apoyo a medio plazo sólo a cambio de democracia. Forjar ciudadanía implica la dificultad de gobernar a ciudadanos que cada vez quieren más. Convertirlo en súbditos tiene la ventaja de que cada vez se conforman con menos. La opción auténticamente progresista, sin embargo, parece evidente.
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