Acaba de publicarse que en España hay actualmente 44,3 millones de teléfonos móviles y 44,1 millones de habitantes, según el último censo.
Es evidente que la telefonía móvil representa un gran avance social y que resuelve multitud de problemas de todo tipo. Pero lo que no se está diciendo es que ese avance se produce generando estafas continuas, precios desmesurados y un sobreconsumo que nada tiene que ver con el progreso social. Es decir, que en lugar de contribuir a un desarrollo social armónico y equilibrado se incentiva una utilización perversa de los teléfonos móviles que se orienta exclusiva o, al menos, principalmente, a proporcionar un beneficio desmedido de las empresas telefónicas.
Diversas organizaciones de consumidores españolas han presentado multitud de denuncias contra Movistar, Vodafone y Amena, suministradoras de este servicio en España, sobre todo, por publicidad engañosa o por llevar a cabo políticas de precios abusivas o manipuladas. Incluso se ha denunciado la publicidad perversa dirigida a los niños para promocionar el uso de estos teléfonos en edades en los que lógicamente no son necesarios y, sin embargo, pueden provocar problemas de salud.
Otras abundantes denuncias se basan en la aprobación de tarifas de interconexión más elevadas que las permitidas por la normativa comunitaria, lo que revela la inmoral complicidad de la administración pública con los intereses de las grandes compañías. Gracias a esta intervención política las empresas están obteniendo en España beneficios extraordinarios en los últimos años.
En concreto, un informe de Facua (Federación de Consumidores en Acción) demostró que los datos de 2002 indicaban que las tarifas de interconexión de Movistar y Vodafone estuvieron un 207,4% y un 126% por encima de costes, cuando la norma europea establece el principio de que esas tarrifas deben estar orientadas a cubrirlos.
En España fue especialmente escandaloso en su día la renuncia del gobierno español (entonces del Partido Popular) a obtener altos ingresos a la hora de conceder las licencias a esas empresas. Así, mientras que Inglaterra recaudó unos 35.000 millones de euros y Alemania unos 50.000 millones de euros, el gobierno de Aznar se conformó con 525 millones de euros. Un regalo jugoso a las operadoras y un robo vergonzoso a los españoles por parte de los «patriotas» de la derecha.
El «Informe sobre Operadores de Telecomunicaciones en Europa» mostró hace poco que las tarifas españolas son hasta un 20% más caras que la media europea para los usuarios de alto consumo (más de 60 euros mensuales) y que los consumidores españoles con un nivel de gasto medio, a partir de 30 euros al mes, pagan unas tarifas entre un 5 y un 21% más caras en comparación con la media europea.
El informe revela que el gasto medio mensual por teléfono móvil en España es de 44 euros. Puesto que hay 44,3 millones de móviles, resulta que la facturación mensual se sitúa en unos 1.949,2 millones de euros. Es decir, 23.390,4 millones de euros al años.
Esta cantidad significa: 12,39 veces más que lo destinado anualmente a educación en 2006, 22 veces más que a políticas de vivienda, 6 veces más que a salud, 34 veces más que a cooperación al deesarrollo y casi una tercera parte de lo destinado a pensiones.
Incluso representantes de la administración han reconocido que los precios de la telefonía móvil en España son «muy superiores a la media europea» y que gracias a ello los operadores tienen unos «altísimos niveles de rentabilidad». También han afirmado que disfrutan de una posición de dominio colectiva en el mercado de redes, porque existen «acuerdos tácitos» entre ellos y que «la facturación no es muy transparente». es decir, que ni siquiera respetan las reglas elementales de la competencia en el mercado.
Lo que no se entiende es que esas mismas autoridades no intervengan para impedir que esas grandes empresas se aprovechen de los consumidores españoles. No hay más que una única respuesta: son cómplices de un negocio que ya tiene visos de ser abusivo y vergonzoso.
Es así, entre otras razones, porque los beneficios obtenidos por estas empresas no redundan en más empleo o riqueza para España, sino que se dedican a ampliar los negocios en el extranjero o incluso a financiar el despido de miles de tabajadores, como está ocurriendo, por ejemplo, en Telefónica.
Estas compañías, a pesar de que obtienen beneficios millonarios, reducen plantillas, convierten a su personal fijo en temporal y se dedican a invertir en empresas de otros países. Son las emprresas socialmente más irresponsables, las que solo han sabido hacer de su actividad una continua máquina de hacer dinero. Representan, quizá mejor que ninguna otra, la degradación de los mercados, dispuestos a convertir en lucro desmedido la más esencial de las necesidades humanas.
Los gobiernos no pueden ser cómplices de estos fraudes. Al menos, a los gobiernos progresistas, como el de Rodríguez Zapatero, hay que exigirle coherencia a la hora de hacer frente a las actuaciones de estas compañías. Deben establecerle impuestos extraordinarios que graven sus beneficios tan elevados y, sobre todo, un comportamiento en los mercados que se ajuste a la mínima moralidad que debe mantener cualquier empresa.
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