Publicado en Público.es el 30 de abril de 2020
En estos momentos, los ministros de Hacienda de todo los gobiernos de mundo andan revisando hasta la última línea de sus presupuestos para ver de dónde pueden sacar la más mínima cantidad de dinero que pueda atender la urgencia en la que nos encontramos. El del estado alemán de Hesse, Thomas Schaefer, se suicidó, según se informó, ante los problemas que estaba ocasionando la pandemia a las empresas y personas a las que tenía que ayudar. Imagínense cómo lo estarán pasando en países más pobres.
Sin embargo, justamente ayer miércoles 28 de abril, se publicó el último informe de la Red de Justicia Fiscal (aquí) que una vez más vuelve a poner de manifiesto que los ministros europeos se podrían evitar sus desvelos muy fácilmente, si se lograra que en la Unión Europea todos pagásemos los impuestos que nos corresponden, ni uno más ni uno menos, los que están establecidos.
Según el informe, cuatro países europeos (dos de ellos pertenecientes a la Unión Europea y a la eurozona) constituyen un eje de evasión fiscal de empresas multinacionales de Estados Unidos que hace perder, como poco, unos 27.600 millones anuales al conjunto de países miembros de la UE.
Se trata de Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos que establecen tasas impositivas muy bajas (del 0,7% en Luxemburgo al 10,5% en Reino Unido) para que las grandes empresas declaren allí los beneficios que obtienen, en realidad, en otros países. De esa forma, esos cuatro líderes de la evasión fiscal se han convertido en la cloaca por donde se pierde la mitad de la que realizan las grandes corporaciones mundiales.
El escándalo tan evidente que representa esa práctica se manifiesta si se tienen en cuenta los beneficios por empleado que reportan las grandes empresas estadounidenses en diferentes países europeos: 8,8 millones de dólares en Luxemburgo, 826.000 dólares en Suiza, 575.000 dólares en Países Bajos y 84.000 dólares en Reino Unido, mientras que las mismas empresas declaran 46.000 dólares en Alemania, 45.000 en Italia, 36.000 en Francia y 34.000 en España.
En total, en esos cuatro países se declaran tres veces más beneficios que los declarados en toda la Unión Europea por empresas multinacionales de Estados Unidas (o cuatro si se excluye Irlanda).
Subraya el informe que son precisamente los países que están registrando un mayor impacto de la Covid-19 los que sufren más pérdidas fiscales por esta causa (Francia, casi 7.000 millones de dólares, Alemania algo más de 4.000 millones, Italia un poco menos de esta última cantidad y España más de 2.000 millones). Y Luxemburgo es el responsable de la mayor pérdida de ingreso fiscal para el resto de la Unión Europea (12.000 millones de dólares anuales), seguido de Países Bajos (10.000 millones), Suiza (3.000 millones) y Reino Unido (1.500 millones).
Se trata de pérdidas de ingreso fiscal muy elevadas pero inferiores a las que realmente se producen por la evasión fiscal de las grandes empresas multinacionales porque los datos que he mencionado solo reflejan beneficios de las estadounidenses y no los de las europeas. Y, además, porque la competencia que hacen esos países del eje viene es uno de los factores que provoca que los demás países europeos continuamente reduzcan sus tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas. Si se suman todas las vías de evasión fiscal que verdaderamente se producen en Europa las cifras que se alcanzan son astronómicas. Un estudio de Richard Murphy para el Grupo Socialista del Parlamento Europeo de enero de 2019 (aquí) estimó, con datos de 2015, que la evasión fiscal producía en Europa una pérdida de ingresos a los gobiernos de 825.000 millones de euros anuales (unos 60.000 millones en España).
Estas pérdidas de ingresos fiscales que son consentidas por las autoridades europeas deberían resultar incompatibles con la democracia más elemental en cualquier circunstancia, pero mucho más en medio de una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.
Ni siquiera se trata de reclamar más impuestos sino de exigir a las autoridades que obliguen a que todos paguen los ya existentes y que no sean ellas mismas las que abren las puertas a la evasión fiscal. El informe de la Red de Justicia Fiscal reclama tres simples medidas para atacar el caso de la evasión fiscal de las empresas multinacionales: obligarlas a pagar sobre una base imponible conformada por los beneficios globales obtenidos en Europa en función de parámetros objetivos (empleo y ventas), a que publiquen anualmente un informe, país por país, donde se indique la ubicación de su empleo, ventas, ganancias e impuestos que pagan y establecer una tasa efectiva mínima común del 25% para toda la Unión Europea.
El informe presenta finalmente una propuesta que deberían tener en cuenta todos los gobiernos a la hora de conceder las ayudas que son imprescindibles para salvar a las empresas que pierden ingresos a causa de la pandemia de la Covid-19: puesto que se las salva con dinero público, deben estar vinculadas a cumplir compromisos de protección del empleo, no pueden dedicarse a retribuir a accionistas, deben ir acompañadas de un alto grado de transparencia para poder conocer el uso que se hace de ellas y formularlas de tal forma que incentiven, en el periodo post crisis, la formación de mercados más equilibrados, transparentes y competitivos y el compromiso de las empresas con sus obligaciones fiscales. Por último, la Red por la Justicia Fiscal propone que no se den ayudas públicas a las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos.
De momento, sólo Dinamarca, Polonia y Francia han renunciado a conceder ayudas a las empresas que utilizan los paraísos fiscales. En Inglaterra (un país oficialmente religioso y cuya monarca es la jefa de la Iglesia), el gobierno ha rechazado una petición de los obispos en este sentido y en Alemania sólo algunos Estados han evitado ayudar a las empresas que no están al día en sus obligaciones fiscales.
Las autoridades e instituciones europeas no hacen lo debido, lo que tienen fácilmente al alcance de su mano, para que la justicia fiscal, un imperativo ético de las naciones democráticas, sea una realidad en nuestro continente.
Los recortes de gasto que harán casi todos los ministros de hacienda que mencioné al principio se harán con cargo a los servicios públicos de salud, educación, cuidados o pensiones que en mayor medida necesitan las personas de menos recursos. Mientras tanto, las grandes empresas y las mayores fortunas de dentro y fuera de Europa siguen evadiendo impuestos europeas ante la actitud complaciente de esas mismas autoridades. Manga ancha para los ricos, mano dura para los pobres: Europa no tiene futuro si sigue actuando así.
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