El gobierno francés aprobó el pasado mes de agosto un plan de empleo juvenil de gran novedad y que quiere dar cumplimiento a una de las grandes promesas de la campaña electoral de
Jospin en materia de empleo: crear masivamente puestos de trabajo para los casi 600.000 jóvenes franceses desempleados.
El plan se propone la creación de 350.000 empleos en los próximos tres años para jóvenes entre 18 y 25 años y entre 25 y 30 si no han trabajado nunca.
Los contratos que nazcan de este plan tendrán una duración de cinco años no prorrogables y llevarán consigo un salario de 131.000 ptas mensuales, de las cuales el 80 por cien correrá a
cargo del Estado y el resto de los empleadores, que no serán en cualquier caso ni empresas públicas ni privadas en sentido tradicional.
En el Plan francés se descubre claramente una doble filosofía. Por un lado, que el impulso al empleo, la lucha contra el paro masivo, no puede circunscribirse a procurar condiciones privilegiadas a la iniciativa privada, como mantiene el discurso de la derecha neoliberal sin ningún fundamento, puesto que esa ha sido justamente una de las causas del desempleo masivo y de la frustrante precariedad laboral que padecen nuestras sociedades, sino que, por el contrario, es necesario un esfuerzo potente y determinante de los poderes públicos, tanto para encauzar estrategias efectivamente orientadas a crear empleos (y no sólo a lograr beneficio privado), como a financiarlas.
Eso es lo que ha justificado que el Gobierno francés, incluso en plena fase de restricción presupuestaria para no dar al traste con los programas de convergencia, esté dispuesto a destinar a
este plan el equivalente a 875.000 millones de pesetas, una cantidad ciertamente importante, mucho más que simbólica, y que supone un esfuerzo financiero de gran magnitud.
Entre otras cosas, la izquierda francesa viene así a demostrar, como he comentado en otra ocasión en estas mismas páginas, que no hay una única política económica posible, como se nos ha querido hacer creer, sino que es factible articular respuestas imaginativas, eficaces y socialmente muchos más favorecedoras, incluso sin saltarse drásticamente los de por sí estrechos corsés de la política monetarista impuesta en Europa por la derecha y por los grandes poderes industriales y financieros.
Se trata, desde ese punto de vista, no sólo de una opción fiel con los compromisos electorales (demostrando también que la izquierda no tiene que traicionarse de inmediato a sí misma cuando llega al poder), sino valiente, porque está preñada de dificultades y porque se realiza en un contexto que no le va a ser nada favorable. Pero, además de ello, el Plan es extraordinariamente sugerente porque se diseña desde otro presupuesto esencial: que para hacer frente al paro masivo es necesario reinventar el trabajo, modificar a corto plazo nuestra concepción del empleo, del ocio y de la propia actividad económica para lograr, más delante, que sea posible una sociedad más justa e igualitaria, como supongo que sigue deseando quien se siente de izquierdas con un mínimo de coherencia.
Efectivamente, el Plan se basa en lo que se podría denominar con toda propiedad la invención formal de una serie de trabajos hasta ahora no reconocidos como tales, y a los cuales se
vinculará un ingreso cuya naturaleza es bien distinta al simple subsidio. Se trata de una serie de empleos normalmente en la órbita de ayuntamientos, ONG’s, comunidades de vecinos, servicios comunitarios, etc. que, o bien habían desaparecido por no ser rentables económicamente, aunque fuesen socialmente últiles (serenos, vigilantes, acompañantes,…), o bien responden a nuevas necesidades propias de una sociedad de naturaleza distinta como son las nuestras más desarrolladas (asesores ciudadanos, guías culturales, mediadores judiciales, trabajadores del medio ambiente, asistentes de estudiantes o impedidos,…).
El Plan se propone, por tanto, no sólo emplear en sentido material a los jóvenes, sino vincular al mismo tiempo este empleo a demandas sociales que no pueden ser satisfechas por la
dinámica del mercado, bien porque sólo se podrían suministrar a muy alto coste y dejando a la mayoría de la población desprovista, o porque sería sencillamente imposible que el mercado les fije un precio. Se supone que actuando los poderes públicos de esta forma, incentivando la generación de demandas de esta naturaleza, se podrá forjar una oferta continuada a lo largo del tiempo que permitirá mantener una inercia de empleo, incluso una vez que el Plan termine, liberándose entoces el Estado de la carga financiera de la primera etapa.
Puede decirse, pues, que el Plan asume con determinación algo que sólo había merecido la atención de los teóricos: la necesidad de desmercantilizar el trabajo, de encontrar nuevos espacios
más allá de las relaciones puramente productivistas donde el trabajo es solamente la componente más débil de una relación de desigualdad y jerarquía, de avanzar hacia una concepción del empleo vinculada al bienestar más que al beneficio.
Lógicamente, el Plan no está exento de problemas, e incluso de contradicciones. Tiene, en primer lugar, un riesgo político, y es que difícilmente se manifestará a corto plazo de forma positiva en las estadísticas de paro, porque va a incentivar, sin duda, que se incorporen miles de jóvenes a la población activa. Sin embargo, nada va a poder disimular su extraordinario impacto social si efectivamente se consigue emplear a más de la mitad de los jóvenes franceses hoy día desempleados. En segundo lugar, es muy difícil que en sólo cinco años se haya generado una dinámica propia capaz de autosostenerse en el futuro sin ayuda financiera estatal, lo que podría provocar o la paralización del proceso de empleo o su funcionarización. En tercer lugar, no hay que olvidar que en la lucha contra el paro masivo no caben, desgraciadamente, estrategias segmentadas. En Francia, y en cualquier otra parte, los programas de los Ministros de Trabajo deben ser amparados y complementados por políticas macroeconómicas generales orientadas al empleo, no sólo a cuadrar formalmente la grandes cuentas y a favorecer la recuperación del beneficio empresarial, como ahora viene sucediendo en Europa. Y, sobre todo, es necesario avanzar en dos grandes directrices, por cierto, inteligente y coherentemente contempladas en el programa electoral de Jospin. Una, la disminución efectiva de la jornada de trabajo y otra la actuación en los mecanismos de distribución de la renta, no sólo para equilibrar la balanza de la riqueza de una manera mas equitativa, sino para evitar la entelequia de que la solución material y financiera al paro masivo la paguen solamente quienes son precisamente sus principales afectados.
En España, el vicepresidente Alvarez Cascos, más papista neoliberal que el propio Chirac, descalificó de inmediato el programa francés. Es lo propio, si se tiene en cuenta dónde están los
intereses que defiende. Pero si la izquierda quiere protagonizar en nuestro país algo más que la mera alternacia y, antes que nada, si quiere encandilar de nuevo a una mayoría social de progreso debe ir pergueñando alternativas concretas de empleo como la que ahora se aplica en Francia.
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