A la vuelta de un viaje a China que Felipe González realizó hace años afirmó que allí había aprendido que lo importante no es que el gato sea negro o blanco, sino que cace ratones. También hace unos meses, el Presidente del Banco Mundial afirmaba que ya no hay lugar para la elección a la hora de tomar decisiones económicas, porque es el mercado el que establece la naturaleza y el caracter concreto de las que deben adoptarse. Y ahora se acaban de divulgar ampliamente por toda Europa las palabras de Tony Blair en un discurso solemne ante la Asamblea Francesa donde dijo que ya no hay política económica de izquierdas o de derechas, sino políticas económicas buenas o malas.
Según este criterio, como se ve muy extendido entre la clase gobernante, parecería que las medidas económicas gubernamentales son decisiones que se adoptan porque existe una especie de razón económica superior capaz de determinar por sí misma si son buenas o malas.
Quiere decirse, entonces, que las políticas económicas son cuestiones ajenas al juicio de los ciudadanos y determinadas nada más que por el criterio aséptico y objetivo de los «técnicos», que en virtud de su sabiduría y por estar exentos de prejuicios, intereses o contaminaciones ideológicas son los que pueden discernir lo que es bueno o lo que es malo para todos.
Es natural que cuando los ciudadanos escuchan, y además tan reiteradamente, este tipo de opiniones en boca de personas y dirigentes políticos tan cualificados, con tanto poder y tan
admirados, se convenzan sin más, comiencen a desentenderse de estas cuestiones y a dar siempre por bueno lo que hacen sus políticos y sus gobiernos.
Pero ese enorme poder de convicción, o el mismo hecho de que la mayoría de las personas crean efectivamente que las cuestiones económicas están fuera de de su alcance, no implica que
ese tipo de juicios sean rigurosos y certeros. Todo lo contrario
Alguien puede creer que la Política Agraria de la Unión Europea, por ejemplo sobre el olivar, es la que es porque es intrínsecamente buena? ¿Favorecer ahora a Italia o siempre a los agricultores de centro Europa es lo bueno y perjudicar a España es lo malo? A poco que se reflexione sobre lo que está pasando en este ámbito es fácil llegar a la correcta conclusión de que las deciciones sobre la agricultura europea son, en realidad, el resultado de un juego muy complicado de intereses, de un conflicto entre preferencias distintas de grupos, países o clases sociales diferentes.
Y exactamente igual sucede en todos los demás aspectos de la política económica.
Se permite que las ganancias especulativas o las rentas de empresarios y profesionales apenas tributen mientras que las del trabajo soporten la mayor parte de la carga fiscal porque eso es «lo bueno»?, ¿o no será más lógico pensar que, por las razones que sean, se pretende favorecer a unos determinados colectivos sociales?
Cuando se establece un impuesto determinado, cuando se decide construir una carretrera o un tren de alta velocidad aquí o allí, o dejar de financiar un conjunto de medicamentos, se está favoreciendo a unos grupos en perjuicio de otros; cuando se fijan los objetivos económicos prioritarios, por ejemplo la reducción del déficit público en perjuicio de la creación de puestos de trabajo, se está dando privilegio a las aspiraciones de unos determinados grupos sociales.
Incluso en este último y tan importante problema del desempleo hay estrategias sociales diferentes. El ex Ministro Carlos Solchaga decía en su reciente libro «El final de la edad dorada» (p. 183) que «la reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública».
Y eso es así, sencillamente, porque hasta el paro generalizado es un fenómeno que favorece a determinados grupos empresariales que gracias a él se aprovechan de la desmovilización y de la debilidad de millones de trabajadores permanentemente amenazados por el desempleo.
La realidad, pues, indica justamente lo contrario de lo que afirman estos dirigentes políticos. La política económica no es sólo una cuestión de técnicos, sino de prelación de valores, de preferencias sobre los objetivos que se desean alcanzar y sobre los medios que se consideran más deseables por los diferentes grupos sociales.
Se adopta una política económica y no otra porque los grupos a los que beneficia tienen, en un momento determinado, mayor poder para hacer que sus preferencias singulares predominen sobre las de los demás. ¿O alguien puede creer que hoy día se aplicarían políticas económicas que perjudicaran a los intereses de las grandes empresas, de los bancos y compañías financieras o de los magnates de la comunicación, aunque favorecieran claramente a los parados, a los marginados, a los trabajadores de salarios bajos, a las economías del Tercer Mundo….?
El problema radica en que al considerar que la política económica está gobernada por esa razón económica inalcanzable al ciudadano, que no es de color distinto según cuál sea el grupo social que la impone para salvaguardar sus intereses, sino que es una cuestión puramente técnica, se consigue que la población se desentienda y renuncie a la posibilidad de influir sobre sus propios destinos y, en consecuencia, que sólo una monoría de privilegiados pueda actuar como si lo que es bueno para ellos fuese también lo más conveniente para el conjunto social.
En mi modesta opinión, este tipo de opiniones tan generalizadas entre la clase gobernante constituye una grave amenaza para nuestras democracias, pues aborta la participación de los ciudadanos justamente en la toma de las grandes decisiones, en aquellas de las que depende su condición de vida. Y, al mismo tiempo, las deja en manos de los grupos más privilegiados. Eso es, sin duda, lo que ha permitido la aplicación permanente de políticas tan nefastas para el bienestar social en los últimos años y que, como muestran todas las estadísticas internacionales han aumentado gravísimamente la brecha entre ricos y pobres.
Es cierto que los problemas económicos actuales, el paro masivo, la desigualdad creciente, las crisis económicas recurrentes, por ejemplo, no tienen respuesta fácil y que no se pueden resolver, desde luego, aplicando los viejos catecismos de la derecha y la izquierda. Pero, precisamente por ello, es más necesario que nunca que los ciudadanos estén atentos a los matices y que traten de hacer valer sus derechos y preferencias.
Y, sobre todo, no se puede olvidar una cuestión esencial. Los problemas más graves de nuestra época, y por supuesto también los económicos, tienen un punto en común: la necesidad de encontrar una especie de mínimo natural de ética sobre el que se asienten luego las relaciones sociales, la economía y la política, una moral civil que implique garantías universales de bienestar y bienser. Y eso, justamente, significa que lo bueno o lo malo no puede resolverse tan sólo a la luz de la razón económica, esto es, de la razón del poder y del dinero que se nos quiere imponer. Hay que fijarse, pues, en el color del gato.
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