La Comisión Europea dinamita el mercado único

Publicado en Público el 13 de mayo de 2020

La Unión Europea es una comunidad política que tiene como uno de sus pilares la unión económica. Esta es el mayor grado de integración al que puede llegar un grupo de economías y para que pueda existir en puridad ha de darse una condición muy estricta: la integración en uno sólo de los mercados de todos los países que la integran, para lo cual es necesario, por un lado, que desaparezcan las barreras que puedan dificultar la libre circulación de bienes, servicios y mercancías y, por otro, la armonización de las normas y políticas económicas de todos los países.

No puede existir una unión económica si los mercados funcionan en cada país a su aire, si en unos se pueden llevar a cabo actuaciones que no se pueden realizar en otros, si las empresas o los consumidores tienen derechos u obligaciones diferentes, o si reciben ayudas distintas en cada uno de los países que la conforman. Dicho de otra manera, lo que se puede hacer y lo que no en lo mercados debe ser exactamente lo mismo en todos los países que constituyen una unión económica.

Por esa razón son tan importantes para la Unión Europea las reglas que garantizan la competencia en los mercados, entendiendo por competencia la situación que implica que ningún agente que participa en ellos tiene ventajas, privilegios o ayudas que no estén al alcance de cualquier otro.

Una de las causas que podrían dar lugar a que se quiebre la competencia y a que no se pueda hablar de mercado único son las ayudas estatales a las empresas. La web de la Unión Europa lo explica claramente: «En ocasiones los Gobiernos invierten dinero público en apoyo de sus propios sectores o empresas, lo que les da una ventaja injusta sobre sectores y empresas similares de otros países de la UE. Puede decirse que con ello se perjudica a la competencia y se distorsiona el comercio.» (la negrita es de la web). Y en el mismo sitio se dice que la Comisión es la encargada de evitar estas situaciones, autorizando «exclusivamente las ayudas de auténtico interés público cuyo objetivo sea beneficiar a la sociedad o a la economía en su conjunto» (aquí).

Pues bien, desde marzo pasado, la Comisión Europea está autorizando una enorme cantidad de ayudas estatales a empresas que no responden a ese principio, sino que, por el contrario, están suponiendo una fractura evidente de las condiciones de igualdad y competencia que deben prevalecer en los mercados si se quiere que de verdad exista una unión económica.

Me refiero a las ayudas insertas en el denominado Marco Temporal y que los diferentes Estados de la Unión Europea están concediendo a las empresas de sus respectivos países para que puedan sobrevivir a los efectos dramáticos de la pandemia y del cierre debido al confinamiento.

Según fuentes de la Comisión (aquí), hasta el momento se han autorizado 147 ayudas estatales a empresas por valor de 1,93 billones de euros y bajo formas muy diferentes: subvenciones, recortes impositivos, subsidios salariales, apoyo a la investigación, capitalización, entrada en el capital de empresas…

Todas ellas son ayudas imprescindibles. Yo mismo vengo defendiendo desde el principio de la crisis que deben darse todas las necesarias para evitar el cierre de las empresas en apuros y el ministro de Finanzas austriaco, Gernot Bluemel, incluso ha reclamado que desaparezca cualquier tipo de trabas para poder concederlas. Decía que si su país ayuda con sus impuestos a otros de la Unión Europea ahora todos los demás deben darle libertad porque también «queremos ser solidarios con nuestras empresas.» (aquí).

Ahora bien, aunque esas ayudas son imprescindibles en este momento, el problema que plantean es que, si no existe la posibilidad de que se concedan por igual en todos los países, lo que se producirá sin remedio será una asimetría materialmente incompatible con el funcionamiento de un verdadero mercado único y, por ende, de una unión económica o, mucho menos, de una monetaria, como la eurozona.

La razón de por qué la autorización de estas ayudas dinamita el mercado único es bien sencilla: sin un marco general que posibilite su financiación sólo pueden concederlas aquellos países que dispongan de una situación financiera más saneada. Es decir, habrá países que sí puedan rescatar e impedir que se cierren miles de sus empresas y otros que no.

La prueba de esto último es evidente: de los 1,93 billones de euros aprobados en ayudas, las concedidas por Alemania representan el 52% del total, mientras que las de Italia y España, los dos países de momento más afectados por la pandemia, sólo el 17% y 2%, respectivamente. Es lógico: en ausencia de un sistema de financiación alternativo, estas ayudas sólo se pueden dar incrementando la deuda, algo que están haciendo sin límite Alemania y otros países, pero que comienza a ser prohibitivo para Italia o España, dado su nivel ya elevado de deuda pública.

Se puede decir, como siempre, que eso es así porque Alemania y otros países del norte han hecho previamente «sus deberes» fiscales mientras que los del sur no los hacemos (algo, por cierto, que es completamente falso porque tenemos menos déficits o incluso superávits primarios). Pero, sea cual sea la causa de esa desigual posibilidad de conceder ayudas a las empresas, la realidad es que poder concederlas en condiciones diferentes es algo incompatible con la existencia de un mercado único. Es como si se pone a pelear a un púgil de 100 kg. contra otro de 45 y se dice que la diferencia no afecta a la igualdad de condiciones porque la causa es que el primero se ha alimentado mejor y ha hecho más ejercicio para fortalecerse. Puede que esa sea la razón, pero la verdad es que el combate se producirá en condiciones de evidente desequilibrio.

Esto es exactamente lo que va a ocurrir en la Unión Europea. El Marco Temporal que autoriza las ayudas estatales establecido por la Comisión no garantiza que el régimen de acceso a todas ellas sea igualitario, competitivo, para todos los países y justo por eso es inevitable que produzca un incremento de la divergencia y el desequilibrio que socavan las bases de una unión económica llevándola, antes o después, al colapso.

Es una prueba más de que la supervivencia de la Unión Europea es imposible si no se garantizan -como venimos reclamando muchos economistas- fuentes de financiación adecuadas para sus políticas (como la de competencia, de la que dependen las ayudas), bien a través de una política fiscal conjunta de la Unión o del Banco Central Europeo.

Los países del norte de Europa quieren soplar (evitando mecanismos fiscales conjuntos de financiación, según dicen, para huir de la indisciplina y relajación de los del sur) y, al mismo tiempo, sorber (para quedarse con el beneficio de saltarse las normas comunes de ayuda a las empresas cuando ellos sí pueden financiar). Es una práctica imposible que puede asfixiar a quien lo intenta repetidamente.