En la revista UNIÓN que edita la Unión General de Trabajadores (UGT) publico un artículo en el que, entre otras cosas, digo que España se convertirá en un paraíso para los ricos pero también en undesgraciado ejemplo de injusticia distributiva e insolidaridad.
En los últimos años, e incluso ahora que estamos inmersos en los inicios de una gravísima crisis económica, nuestras autoridades se han vanagloriado de la fortaleza y buen funcionamiento de la economía española. Pero si se atiende a la desigualdad que está generando, es decir, al diferente grado en que los ciudadanos se aprovechan de ese buen funcionamiento no hay razones para estar tan satisfechos.
Basten dos datos bien conocidos para comprobarlo. Según el Banco de España, la renta media del 20% de hogares de menor ingreso bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 en 2005, es decir, un 23,6%. Mientras que la del 10% de las familias con más ingresos pasó de 102.300 euros a 118.100, aumentando, por tanto, más del 15%. Por otro lado, según la OCDE, España es el único de sus países miembros que ha tenido durante el periodo 1995-2005 un descenso del salario promedio, el 4%, mientras que la renta de los que obtienen ingresos de la propiedades ha crecido un 73%.
Es evidente que si esta tendencia se mantiene España se convertirá más pronto que tarde en un paraíso para los ricos pero también en un desgraciado ejemplo de injusticia distributiva e insolidaridad. Por tanto, actuar contra la desigualdad es ya una tarea urgente e inexcusable.
Para ello, y antes que nada, lo que me parece prioritario es precisamente que la cuestión se ponga sobre la mesa, generar un sincero debate social sobre su magnitud, sobre sus causas y sus efectos negativos sobre la economía y el conjunto de la sociedad.
En este sentido, las corrientes de opinión progresista, los sindicatos, los partidos de la izquierda y el conjunto de los movimientos sociales deberían tener claro y al mismo tiempo tratar de aclarar al conjunto de la sociedad que la desigualdad es un lastre que no solo nos ha de preocupar, digámoslo así, como un simple asunto moral, que lo es, y muy importante. Es preciso también que la sociedad sepa, y para ello es necesario que todos estemos convencidos, que, además de eso, la desigualdad que se está generando es una inmensa rémora para la propia actividad económica y para la estabilidad política.
De hecho, y aunque no se quiera reconocer, el incremento de la desigualdad en España es el efecto del progresivo empobrecimiento de nuestra economía, de su especialización en actividades de menor valor añadido, de nuestra incapacidad para competir a través de a calidad y de la excelencia y de nuestra dependencia de un modelo de crecimiento sin futuro por muchos y altos que hayan sido los beneficios que haya podido proporcionar en forma de plusvalías.
Y por otro lado hemos de ser conscientes que se trata de un problema que hay que plantear a escala internacional, lo que nos obliga a tomar posiciones en el escenario global y a contribuir a la creación de instancias de decisión que estén en condiciones y dispuestas para representar y ejecutar las preferencias ciudadanas que hoy día carecen de verdadera expresión en nuestro mundo globalizado.
Hemos de convencernos así mismo de que la igualdad no puede ser solamente un asunto relativo a las discriminaciones, ni de los que tienen que ver exclusivamente con las llamadas “políticas sociales”, sino que debe ser una materia que se conforme como aspiración social en el corazón mismo de las políticas económicas, al igual que hoy día forman parte de él objetivos como el crecimiento, la competitividad, el equilibrio, la estabilidad de precios o la creación de empleo. A la postre, de nada sirve que con la mano de lo social se quiera aliviar la desigualdad si con la que manjea los hilos de la economía se está generando en mucha mayor dimensión, como hoy día viene sucediendo.
Y el primer gran mito que hay que desterrar para siempre es el que se ha utilizado para convencernos de que es necesario esperar y esperar para poner en marcha políticas económicas igualitarias. Me refiero a esa idea tan extendida que nos dice que primero hay que crecer para luego distribuir, algo que si bien es cierto en repostería no tiene nada que ver con la realidad económica pues en ésta a medida que se crea actividad se está ya distribuyendo la renta, de modo que solo haciendo que el modelo de actividad sea igualitario podremos conseguir que los resultados no sean desigualadores.
Por tanto, el compromiso debiera ser el de forjar un modo de crear actividad que implique un reparto más equitativo, lo que principalmente requiere disponer un contundente sistema de incentivos y desincentivos de nuevo tipo que aliente la creación de actividad productiva y empleo de calidad y desanime y penalice la especulación y el despilfarro de los recursos.
Para ello disponemos de mecanismos suficientes y muy bien conocidos, entre otras cosas porque se han utilizado en otros tiempos con éxitos, a veces, muy notables.
Me refiero a las políticas fiscales y de rentas, a la programación económica, a la política monetaria que no sea simplemente un remedo de los peores vicios de los mercados financieros y la legislación laboral que, al contrario de lo que viene sucediendo, impida que las relaciones en los mercados de trabajo sean asimétricas y fuente de privilegios para las grandes empresas… Son muchos los instrumentos que, en contra de lo que falsamente suele decirse, están a nuestra disposición para lograr empleo y crecimiento, bienestar y desarrollo económico equilibrado. En realidad, lo que falta más bien es otra cosa: el poder suficiente para poder llevarlas a cabo con sentido igualitario, que es lo que está permitiendo que hoy día se utilicen para reducir impuestos, para liberalizar mercados, para dar plena libertad al dinero y a las empresas… es decir, para aumentar desproporcionadamente el beneficio y así incrementar las desigualdades.
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