Temas para el Debate
La Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el propio Presidente de Gobierno Andaluz han manifestado en diversas ocasiones que está en estudio la posibilidad de que la Junta de Andalucía recurra la Ley Orgánica de Universidades, lo que se llevaría a cabo en las próximas semanas.
De esta manera se abre un nuevo frente en la amplia gama de conflictos que ha traido consigo la aprobación sin diálogo y casi con nocturnidad de la nueva ley de universidades. Si es cierto que el gobierno de Aznar, como dice la Ministra del Castillo, quiso de veras que la nueva ley fuese fruto del diálogo puede afirmarse con rotundidad que su fracaso ha sido realmente espectacular y gravísimo para la institución universitaria.
Con la decisión que ahora tome la Junta de Andalucía se puede culminar un proceso de rechazo masivo que quizá implique la anulación de varios de los contenidos más inacaptables de la
LOU.
En particular, la Junta de Andalucía estudia recurrir el tratamiento en virtud de dos grandes limitaciones.
En primer lugar, el tratamiento que la nueva ley hace de la autonomía universitaria al entender, coincidiendo así con lo expresado por otras autoridades académicas y por expertos independientes, que vulnera claramente un principio constitucional en el que necesariamente debe basarse la universidad democrática de nuestros días.
En segundo lugar, la Junta de Andalucía estudia recurrir la ley en tanto que puede incurrir en otra limitación sustancial de la autonomía territorial. El nuevo texto legal constituye un continuo encargo de nueva legislación que debe corresponder a las autonomías, pero reservándose el gobierno el establecimiento de tal cantidad de principios y desarrollos normativos que puede derivarse de ello una auténtica limitación de la capacidad que las autonomía deben poseer para poder legislar en el ámbito de sus competencias de acuerdo con criterios políticos que le sean propios.
La nueva LOU ni ha terminado por ser una ley de bases, ni una ley que contenga un cuerpo normativo suficientemente desarrollado, de manera que convierte a la legislación posterior en un auténtico saco sin fondo de donde el gobierno central, limitando la capacidad que corresponde a las autonomías, podrá condicionar la definición del nuevo mapa universitario español cuando en una gran medida eso debe ser producto de la legislación autonómica. Entre otras cosas, porque el propio gobierno central ha querido desarticular complemantamente el sistema universitario español, renunciando a una elemental perspectiva de Estado y dando lugar a hora a sus sustitución por un conjunto que puede llegar a ser extraordinariamente desordenado, de sistemas autonómicos.
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