Hace unos seis meses escribía en este diario que la Universidad de Málaga entraba en una época de cambios. A primeros del pasado diciembre terminaba el mandato del rector y lo previsible entonces era que se cumpliera la ley para convocar enseguida nuevas elecciones. Pero una serie de desatinadas decisiones han prorrogado ilegalmente la permanencia de nuestra máxima autoridad académica y de su equipo de gobierno.
Por otro lado, nuestra universidad se demoró incomprensiblemente a la hora de volver a enviar a la Junta de Andalucía los estatutos una vez corregidos, dando lugar así al retraso definitivo en el que nos encontramos.
Por el contrario, en estos meses, las demás universidades andaluzas y españolas que habían de elegir nuevo rector lo están haciendo sin retrasos. Incluso alguna andaluza como la Pablo de Olavide que tenía en sus estatutos la misma cláusula retardataria que la nuestra lo ha hecho hace unas semanas.
Se ha abierto así un periodo de interinidad que es muy negativo porque en estos meses ha habido y habrá que tomar decisiones sobre titulaciones, financiación y endeudamiento, convergencia europea o presupuestos, muy importantes para el futuro de nuestra universidad.
Mientras tanto, los que ya en noviembre pasado esperábamos elecciones inminentes y fuimos mostrando nuestra intención de presentarnos como candidatos hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y aprovechar este irregular periodo pre-electoral para multiplicar contactos informales y profundizar en la reflexión y las propuestas. Por cierto, en muy desigual condición, pues mientras que unos hemos actuado manteniendo nuestra habitual condición de docentes, otros lo han hecho combinando de manera sorprendente y creo yo que poco adecuada su condición de rectorables con la de autoridad académica.
En estas condiciones, y a pesar de que nos encontremos así por una desafortunada actuación del rectorado, me parece que lo importante es mantener la calma y procurar la máxima estabilidad institucional.
La Universidad de Málaga ya está pagando bastante con una interinidad tan acusada y larga, demasiadas cosas están paralizadas y es necesario que ahora seamos inteligentes y generosos para no hacerle más daño.
Aunque no sabemos la decisión que finalmente se adoptará, no parece que quede otra posibilidad que esperar, aprovechar el tiempo para profundizar en las alternativas para gobernar nuestra universidad de otra manera y, sobre todo, aprender de la experiencia.
Nuestra institución, en realidad cualquier institución pública, debe ser absolutamente respetuosa con las normas. La incertidumbre, la inseguridad, la opacidad y la arbitrariedad a la hora de aplicarlas sólo traen consigo malestar e ineficacia. Debemos comprometernos, pues, a establecer criterios de actuación lo más objetivados posibles y a cumplirlos en cualquier circunstancia. Hemos de gobernarnos respetando firmemente las leyes y con transparencia absoluta.
Hay que aprender también a convivir con la pluralidad, a gobernar generando corresponsabilidad, concediendo espacios de decisión a quienes no piensen como nosotros y haciendo partícipes de nuestro proyecto y de nuestras actuaciones a toda la comunidad universitaria, incluso a la oposición a la que nunca debemos despreciar ni condenar al ostracismo.
Hemos de ser infinitamente escrupulosos a la hora de utilizar los recursos públicos. Cuando se conoce la situación de otros niveles educativos o de otros servicios públicos en comunidades como la andaluza queno son precisamente ricas, se comprueba que, a pesar de que dispongamos de medios siempre escasos, los universitarios estamos siendo, en realidad, privilegiados. Por eso tenemos la inexcusable obligación de utilizar bien los recursos y de dar cuenta exhaustiva a la sociedad de lo que hacemos con ellos. La sociedad no renuncia a hacer escuelas, hospitales o a pagar pensiones más elevadas para que los universitarios comerciemos alegremente con voluntades o hagamos realidad nuestros caprichos particulares o corporativos.
Los universitarios debemos actuar también siendo conscientes de que las decisiones que adoptemos no le son indiferentes a la sociedad. La misión que se espera que cumplamos es la de formar integralmente a los jóvenes que tienen el privilegio de pasar por nuestras aulas. Y, al mismo tiempo, que cultivemos la inteligencia y la creación científica como prácticas de referencia para la sociedad, como ejemplo de compromiso ético y de ciudadanía responsable. No vale cualquier cosa que decidamos hacer, cualquier preferencia particular que queramos imponer, sino que tenemos la obligación de establecer prioridades negociadas de gobierno y estrategias bien definidas, conformes con los intereses de nuestro entorno social y productivo y suficientemente consensuadas.
Desgraciadamente, no estamos poniendo un broche final afortunado a esta etapa de gobierno de la universidad pero debemos hacer un esfuerzo para que con inteligencia, diálogo y concordia seamos capaces entre todos de abrir un nuevo y exitoso periodo.
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