Publicado en TEMAS PARA EL DEBATE, nº 185, mayo de 2010
Desde hace unos años se viene insistiendo en que los trabajadores deben suscribir fondos de pensiones privadas para hacer frente a su jubilación porque las pensiones públicas serán cada vez más insuficientes.
Es una propuesta peligrosa porque lo que en España se vende como un «fondo de pensiones» es algo que no lo es. Lo que existe aquí son simples depósitos o fondos de ahorro que pueden constituir, como ha ocurrido siempre, quienes tienen renta suficiente para ello. Se denominan engañosamente fondos de pensiones solo para poder justificar mejor que el Estado establezca desgravaciones fiscales para apoyarlos, porque sin ellas a nadie le interesaría suscribirlos y los bancos no podrían hacer el negocio inmenso que hacen con esos fondos.
Es importante saber que efectivamente los únicos que en realidad se benefician de esos fondos son los bancos y los ahorradores de rentas altas (la Organización de Consumidores y Usuarios ha calculado que para quienes tengan una base liquidable en el impuesto sobre la renta por encima de 53.000 euros anuales) porque ni siquiera con la desgravación fiscal son rentables para todos, puesto que al liquidarlos se puede llegar a pagar más que lo que se ha desgravado.
En contra de lo que dice la fraudulenta publicidad con la que se ofrecen, los llamados fondos privados de pensiones no pueden garantizar una remuneración determinada cuando llegue el momento de hacerse efectivos «como pensión» porque su valor depende de muchas circunstancias imprevisibles, como la inflación, los vaivenes bursátiles o las crisis.
Cuando un trabajador suscribe un «plan de pensiones» privado lo que hace es poner en manos de la entidad financiera una parte de su ahorro que ésta invierte en los mercados financieros. Como es lógico, en la gestión de ese ahorro la entidad busca maximizar su beneficio y por eso gestiona los fondos en su totalidad, algo que no necesariamente coincide con el interés de todos los ahorradores, sobre todo con los más pequeños. Eso es lo que hace que la mayor parte de la rentabilidad sea para la entidad y el riesgo recaiga generalmente sobre el ahorrador.
Como ocurre con cualquier otra inversión, su rendimiento depende del riesgo asumido y lo que viene sucediendo es que para alcanzar la rentabilidad más alta posible los fondos de ahorro privados se dedican principalmente a la especulación, realizan inversiones muy arriesgadas, incentivan la aparición de productos financieros muy sofisticados pero muy volátiles y crean así un medio ambiente financiero muy inestable y peligroso en el que es natural que se produzcan constantemente las crisis que conocemos. Y lo paradójico es que en ese clima es en donde terminan quebrando muchos de esos fondos.
Los poderosos fondos de ahorros privados de Estados Unidos estaban materialmente quebrados a mediados de 2006, cuando registraban pérdidas de unos 600.000 millones de dólares, y en agosto de ese año tuvo que promulgarse una ley para salvarlos, por cierto, recurriendo a un organismo público (el PBGC, Pension Benefit Guarantee Corporation) que debe hacerse cargo de los pagos que no pueden hacer los fondos privados.
Para hacer frente a ese riesgo, las entidades que gestionan los fondos elevan las primas pero ni siquiera así se puede lograr ni un rendimiento satisfactorio, ni la estabilidad financiera que es necesaria para la buena marcha de los negocios productivos y de la economía en general.
Según un estudio reciente de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones (Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009), en los últimos diez años, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a 10 años.
Los fondos de ahorro de esta naturaleza son víctimas de un efecto perverso que ellos mismos provocan: buscando rendimientos muy altos generan inestabilidad y crisis que disminuyen las rentas de donde puede salir más ahorro y generan el riesgo que los hace quebrar. Por eso cada oleada de crisis o de inestabilidad bursátil provoca dos tipos de efectos: por un lado su pérdidas supermillonarias (la Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que en la reciente crisis han perdido un 20% de su valor en Estados Unidos) que llevan consigo la quiebra que deja sin fondos a los ahorradores, o a subidas de las primas que hacen que muchos trabajadores terminen por no poder pagarlas. Eso es lo que está ocurriendo con uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos: dejan de pagar descolgándose del fondo y al final no pueden jubilarse por falta de ahorro suficiente.
Por tanto, puede afirmarse rotundamente que estos fondos privados ni siquiera son atractivos como opción de ahorro individual salvo, como he señalado, para quienes disfruten de altos niveles de rentas.
Y además de ello, también son más costosos e injustos que los sistemas públicos de pensiones basados en el reparto y en la solidaridad.
Hoy día, nadie suscribiría un fondo «de pensiones» privado si no fuera por la desgravación fiscal que conllevan, y que incluso, como he señalado, ni siquiera compensa al final a todos los ahorradores. Pero estas desgravaciones son uno de los elementos más injustos y regresivos que hoy día hay en el sistema fiscal pues benefician casi exclusivamente a las rentas más altas que son las que pueden invertir cantidades elevadas en fondos de ahorro. Y además son muy caras, pues representan actualmente en España alrededor de un 4% del total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De hecho, un discurso vergonzoso que a menudo se escucha es el de quienes defienden estas desgravaciones (para favorecer el negocio bancario) justamente al mismo tiempo que afirman que no hay recursos suficientes para sostener el sistema público y que por eso hay que recurrir al privado.
La gestión privada del ahorro es radicalmente incapaz de resolver el problema social del ingreso suficiente cuando se llega a la jubilación, ni en su totalidad, ni como complemento a la pensión pública más exigua. Bajo un sistema plenamente privado sólo aquellas personas con capacidad para ahorrar en su vida laboral podría tener garantizada una jubilación adecuada o sencillamente suficiente para vivir. Basta observar el costo de la vida actual y el bajo nivel de ingresos de la mayoría de la población para hacerse una idea de las consecuencias catastróficas que conllevaría implantar un sistema basado en fondos y gestión privados tal y como proponen los liberales.
Si lo que se quiere es fomentar el ahorro, hay otras formas mucho más atractivas desde el punto de vista del rendimiento y del riesgo, menos costosas socialmente y mucho menos peligrosas para la marcha de la economía. Y si de verdad se quiere garantizar ingresos decentes a los trabajadores en el momento de su jubilación la mejor opción, no es recomendarle que suscriban estos fondos sino fortalecer los sistemas públicos.
La promoción de estos fondos privados tan arriesgados y poco atractivos solo es el resultado del enorme poder de las entidades financieras, a quienes se ha dejado comercializar en su propio y casi exclusivo provecho un producto financiero tan engañoso. Detrás de ellos hay poco rendimiento para los ahorradores de baja o mediana renta, grandes beneficios para los bancos y mucho peligro para el conjunto de la economía.
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