La editorial del diario El País del pasado domingo decía lo siguiente: «A medida que van conociéndose los detalles de la supuesta estafa de los sellos -350.000 afectados y un desfase patrimonial de 3.500 millones de euros- resulta más incomprensible que este merengue haya aguantado 26 años sin derrumbarse». Si el editorialista hubiera leído su propio periódico quizá no le resultara tan sorprendente que se haya tardado tanto en descubrir “el merengue”. Veamos.
El 26 de mayo de 2002, se publicaba en El País un artículo con el título -ya de por sí significativo- «Piezas de colección muy rentables. La inversión en sellos alcanza rendimientos anuales por encima del 10%».
Entre otras cosas, decía lo siguiente: «El sello constituye la inversión en bienes físicos más rentable. Los rendimientos pueden triplicar la inflación y sobrepasar con amplitud el 10%… Las sociedades de asesoramiento filatélico advierten que sólo ellas pueden ofrecer las garantías para culminar con éxito una operación, ya que los términos de la inversión se recogen en contrato, incluso los seguros sobre las piezas…Y es un valor refugio en tiempos de crisis e incertidumbre. En ocasiones, una colección ha salvado el destino de más de uno, al llevársela debajo del brazo en una contienda».
No fue solo El País. El diario El Mundo escribía más o menos lo mismo en mayo de 1996: “Invertir en Sellos, una Afición Rentable”. En el artículo se informaba de la forma específica de inversión que realizaban las empresas que ahora tienen problemas: “… La otra forma de invertir, más reciente, es la inversión dirigida. Se realiza a través de sociedades filatélicas, empresas de reconocido prestigio, con las que hay que firmar contratos legales muy claros, que trabajan con el mismo fin: para que alguien que no es experto, o que no quiera hacerse experto, pueda disfrutar de las ventajas del sello como inversión”. Al final, se decía que el reportaje había sido realizado con la colaboración de dos miembros de las empresas Forum Filatélico y AFINSA, las dos cuyos directivos han sido ahora acusados de estafa. El periódico El Correo también publicó en su día un publi-reportaje (es decir, pagado) pero “casualmente” ha desaparecido de su web, en donde estaba hasta hace unas horas (estaba exactamente aquí: http://servicios.elcorreodigital.com/especiales/especialesˍcomerciales/inversion05/ahorro.htm).
¿Qué ciudadano iba a pensar entonces que ese negocio podía ser lo que en realidad era? ¿Quién iba a darse cuenta, si los medios más reputados le daban esa consideración de buena inversión, que lo que había detrás era una pirámide que no creaba renta, y que, por lo tanto, no podía generar «intereses», sino que se iba pagando a los viejos inversores con el dinero de los nuevos?
¿Cómo se pueden sorprender ahora los medios de que no se descubriese antes la estafa si ellos mismos la publicitaban y le daban marchamo de inversión seria y rentable?
Y lo que es más importante: ¿cómo es que al escribir sobre ese negocio no se daban cuenta de que se estaban vendiendo sellos casi trece veces por encima de su valor sin que hubiera ninguna circunstancia que explicara esa subida?, ¿cómo no se percataban al investigar (¿investigar?) para escribir esos artículos que lo que vendían como sellos valiosos no lo eran ni por asomo en la inmensa mayoría de las circunstancias?
Lo que ha ocurrido durante esos 26 años es que todo el mundo hacía la vista gorda y, en particular, que los medios se dejaban llevar por la inercia o quizá por los ingresos publicitarios, en lugar de investigar y tratar de descubrir lo que había detrás de algo que obviamente debía ser irregular, pues era incomprensible que se pudieran pagar «intereses» (en realidad no lo eran) tan elevados. Ahora se solicita que el Estado ampare a los inversionistas (por cierto, son eso, inversionistas y no ahorradores, puesto que lo que hacían era comprar bienes con la idea de que su precio subiría).
Sería injusto, sin embargo, que con los impuestos de quienes no han podido disponer de recursos ahorrados para invertir, o de quienes han sido más prudentes a la hora de hacerlo, se financie el descuido, el afán de ganancia extraordinaria y la falta de diligencia financiera de otros.
Es verdad que se trata de un problema social importante. De un gran engaño a muchas personas modestas que se habían ganado honestamente sus ahorros y que ahora no tendrán (en el mejor de los casos) nada más que unos cuantos sellos con mucho menos valor que el que ellos pensaron que tendrían.
Pero lo que debe hacer la administración es ayudar a los afectados a que pleiteen contra los directivos de las empresas que idearon la estafa, o incluso reconocer y hacer frente a la falta de regulación de este «negocio». Nada más.
Por cierto, es curioso que quienes siempre se oponen a la “injerencia” del Estado, ahora pidan que intervenga y se quejan de que no lo hubiera hecho antes. ¿Qué hubieran dicho si antes, para limitar el riesgo que se contraía, hubiera limitado su sacrosanta libertad para contratar?
La triste paradoja que se da ahora es que las empresas filatélicas en realidad timaban sobre el precio de los sellos pero, muy probablemente, los sellos estén todos a disposición de los inversionistas, de modo que en principio no debería haber problema en que estos puedan recuperar lo que compraron: los sellos. De hecho, eso es lo que dicen las empresas afectadas en sus páginas web, que los sellos están en sus cámaras acorazadas y que pueden hacer frente a sus obligaciones con los inversionistas. Lo que no dicen es que valen muchísimo menos porque inflaron artificialmente los precios para atraer a los incautos… ¡y sin que casi ningún medio de comunicación ni la propia administración se diera cuenta!
Sé que decir que ahora el Estado no compense las pérdidas patrimoniales de esos inverionistas pudiera parecer injusto en un país cuyos gobiernos han gastado millones y millones para tapar los agujeros que han dejado en otras ocasiones banqueros ladrones (algunos, por cierto, andando todavía a sus anchas sin que nadie les moleste). Pero el que se cometiera esa inmoralidad antes no justifica que se vuelva a actuar igual ahora. Ayudar generosamente a resolver el problema sí, pero dar por sentado que el conjunto de los ciudadanos sirve de garantía a la imprudencia financiera de unos no parece que sea un principio muy razonable.
Otra cosa, en fin, es que cuando ocurren estas cosas, uno no tenga más remedio que hacerse la pregunta de las viejas películas de crímenes: ¿quién se beneficia de todo esto? Entonces, y una vez más, aparecen los banqueros. Deben estar más tranquilos porque, al fin y al cabo, el dinero y las inversiones siempre termina yendo a su redil y ahora los bancos pueden seguir apareciendo como los inversores buenos y legales. Como decía Eduardo Haro Tecglen en el título de unos de sus libros: ¡Qué estafa!
SUSCRIBETE Y RECIBE AUTOMATICAMENTE TODAS LAS ENTRADAS DE LA WEB