Hace unos días coloqué en la web un documental sobre las esrafas de Enron. Ahora transcribo un informe del Corporate Europe Observatory (CEO) sobre cómo las grandes empresas arruínan a países enteros gracias a la complicidad de los gobiernos y de los tribunales que se suponen que deben resolver con justicia los conflictos económicos.
Los Tratados Bilaterales de Inversión representan el establecimiento de una nueva jerarquía que sitúa las necesidades comerciales privadas por encima de la protección del interés público, y desdibuja –gravemente y tal vez sin remedio- los límites entre los intereses públicos y los privados. [1]
Los Países Bajos se han consolidado ya como un lugar donde desempeñar un negocio, puesto que cada vez más empresas se dan cuenta de que el único requisito para “hacer” negocios es poseer un domicilio social. Así pues, ¿cuáles son las ventajas de poseer un domicilio social en los Países Bajos? La respuesta es sencilla: ayuda a las corporaciones a evadir el pago de impuestos en cualquier otra parte [2], y les permite sacar provecho de las facilidades de los Tratados Bilaterales de Inversión (BIT, por sus siglas en inglés), que los Países Bajos comparten con otros países.
Los Países Bajos albergan unas 20,000 de estas empresas conocidas como “compañías fantasma”, y la cifra va en aumento, a una media de cinco al día [3]. Una de las empresas que ha aprovechado este buen ambiente para las compañías es Euro Telecom Italia N.V. (ETI), una filial propiedad, en su totalidad, de Telecom Italia SpA. ETI no tiene una presencia considerable en los Países Bajos, como tampoco personal [4], pero actualmente trata de llevar a Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje que forma parte del Banco Mundial, apoyándose en el TBI que Bolívia firmó con los Países Bajos en 1995. De hecho, el TBI entre ambos países contiene algunas cláusulas muy severas que, por lo general, no aparecen en otros TBI: el término ‘inversiones’ tiene una interpretación excesivamente amplia y habla, además, de las inversiones que se llevaron a cabo antes de la entrada en vigor de dicho TBI –sólo para poner un ejemplo de sus condiciones draconianas. [5]
ETI ha solicitado tal arbitraje después de que el gobierno de Evo Morales insinuara que dicha empresa, que posee una parte significativa de las acciones de la mayor compañía de telecomunicaciones boliviana -ENTEL-, venga proporcionando un mal servicio a los bolivianos, que no reinvierta lo suficiente en infraestructuras de telecomunicaciones y que, al mismo tiempo, obtenga unos beneficios desorbitados en el país [6]. El gobierno de Bolívia estableció una comisión para iniciar una revisión del papel de ETI, exigió el pago de impuestos retrasados, y trató de negociar con ETI la recuperación, mediante la compra, de la que fue una empresa pública de telecomunicaciones (el pacto incluía un paquete de compensaciones para ETI) [7]. ETI reaccionó ferozmente y afirmó que, con la revisión de sus actuaciones y el intento de negociar la re-nacionalización de ENTEL, Bolivia había destruido las inversiones de ETI y su potencial de ingresos, haciendo que el coste de la re-nacionalización de ENTEL por parte de Bolivia fuera menor [8]. Una afirmación algo paradójica, teniendo en cuenta que ENTEL sigue operando con ánimo de lucro y sigue promocionando nuevos productos y servicios en Bolivia [9]. En lugar de completar las negociaciones con el gobierno boliviano, ETI optó por una apuesta mucho más segura: interponer una demanda de arbitraje en el CIADI.
El CIADI es conocido por ser amante de los negocios y, de hecho, el 38% de los casos que ha presidido ha jugado a favor de la empresa que exigía compensaciones económicas (paquetes que, a menudo incluyen una prestación por los “futuros beneficios perdidos”) [10]. Otro 34% de los casos se han resuelto por medio de compensaciones económicas, sin llegar a los tribunales. Los países no pueden presentar quejas contra empresas en el CIADI, aunque estas hayan actuado de manera ilegítima en su jurisdicción. Aparentemente, los beneficios son más importantes que que los derechos de las personas a decidir cómo debería organizarse su sociedad. Yves L. Fortier, irónicamente presidente de la dirección del CIADI, lo explicó de este modo: “el arbitraje comercial existe sólo con un propósito; servir al hombre de negocios” [11]. El CIADI reemplaza, de manera eficaz, la soberanía nacional con una justícia supranacional a favor de las empresas que actúa como tribunal supremo. De hecho, la influencia del CIADI es mucho mayor que en los ejemplos citados anteriormente; solamente con la amenaza del arbitraje puede enfriar el programa de reformas de una nación. [12]
El 2 de Mayo de 2007, el gobierno de Evo Morales, consciente de la injusticia del CIADI, lo denunció oficialmente y declaró que Bolivia se retiraba de la convención del CIADI de 1966. [13] Se convertía, así, en el primer país que lo hacía. La convención del CIADI, sin embargo, establece que se necesita avisar con 6 meses de antelación, antes de cualquier retirada. ETI presentó su queja con el CIADI el 12 de octubre y el CIADI respondió el 29 del mismo mes (unos pocos días antes de que finalizara el plazo), exponiendo su voluntad de revisar el caso. Entonces Bolivia apeló, sin éxito (no está claro, cuando se toman en cuenta otros artículos de la convención del CIADI, si se requiere o no este previo aviso). [14]
Desafortunadamente, puesto que los procesos de toma de decisiones del CIADI son largos y serpenteantes, se espera que se llegue a una conclusión entre Julio de 2009 y Marzo de 2010, y esto está más allá de las jurisdicciones. No obstante, si Bolivia se niega, como está haciendo por ahora, a reconocer el CIADI, podría tener que enfrentarse a un juicio in abstentia y el caso podría progresar a gran velocidad. [15]
Como respuesta a la actuación de ETI, 863 grupos civiles de 59 países enviaron una petición al presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, y 15 organizaciones holandesas apelaron al gobierno holandés. En su apelación las ONG pedían al gobierno que apoyase a Bolivia e investigase el abuso corporativo del tratado de inversiones entre los Países Bajos y Bolivia. El Ministerio de Comercio reaccionó como era de esperar, lavándose las manos del asunto y argumentando que: “Esto implica únicamente a un inversor holandés y Bolivia. El Estado holandés no es una parte en este caso y no se posicionará al respecto, ni sobre la base legal en la cual se ha apoyado la disputa” [16]. a lo que no se refiere el Ministerio es al hecho de que los Países Bajos reciben unos ingresos considerables, en forma de impuestos sobre el capital que fluyen a través de estas compañías fantasma y de instituciones financieras de paraísos fiscales.
En 2006, las transacciones brutas en las que participaron estas entidades ascendieron a €4.6 trillones, más de 9 veces el PIB holandés. [17] También hay un gran sector de recaudación de impuestos y consultoría que emplea unos 2,500 trabajadores, y el gobierno holandés recibe aproximadamente €1.2 billones en impuestos sobre la renta cada año (además de medio billón en costes de gestión de oficinas). Robert Zoelick, poniendo énfasis en la naturaleza no democrática del Banco Mundial, no se molestó a responder a las preocupaciones de las ONG. El gigante de telecomunicaciones italiano, mientras, puede estar seguro de que el tribunal fallará a su favor. Robert Sills, abogado de ETI, dijo: “(…) ETI confía en que el tribunal determinará que, de hecho, tiene jurisdicción para proceder en la decisión del caso”. [18] Dado el historial de fallos del CIADI, siempre a favor de las empresas, la confianza está asegurada.
CEO habló con Rocío Rocabado, ciudadana de La Paz, capital administrativa de Bolivia. Casi inaudible, debido a que la línea telefónica no paraba de crujir, explicó a CEO su satisfacción con los movimientos de Evo Morales: “Está recuperando los recursos naturales (gas) y los estratégicos (agua, electricidad, telecomunicaciones)”
Está tratando de ofrecer sanidad pública universal y educación para todos, y me satisface su esfuerzo por recuperar ENTEL”. CEO preguntó qué pasó tras la absorción, por parte de ETI, de ENTEL, en 1995. “Los precios subieron inmediatamente. ENTEL fracasó en sus compromisos de inversión en las áreas rurales y, además, evade impuestos. Incluso ahora, mucha gente en las zonas rurales no tiene teléfono, ¿quizás porque no es provechoso?”, soltó.
Hoy, la Unión Europea está llevando a cabo, de manera agresiva, la implantación de una nueva generación de tratados de libre comercio (FTA, por sus siglas en inglés), bajo los auspicios de su proyecto de ‘Europa Global’, que incluye un FTA con la Comunidad Andina de Naciones (en la que se encuentra Bolivia). La UE adirma que este FTA, que implica más apertura de mercados y otros privilegios para las empresas europeas, aportará más riqueza y puestos de trabajo. Teniendo en cuenta la experiencia de Bolivia con Telecom Italia y Bechtel, estas promesas parecen, francamente, vacías.
Datos y cifras clave [19]
Número de Tratados Bilaterales de Inversión en 1989: 385
Número de Tratados Bilaterales de Inversión en 2006: más de 2,500
Número de denuncias inversor-Estado conocidas en 2006: 255 [20]
Proporción de casos archivados des de 2002: más de 2/3 partes del total
Número de casos actualmente pendientes del CIADI: 109
Número de casos en los que la renta de los inversores excedío el PIB del país: 7 [21]
Porcentaje de casos pendientes y fallados en contra:
– “países en desarrollo con ingresos medios”: 74%
– “países en desarrollo con ingresos bajos”: 19%
– países del G8: 1.4%
Porcentaje de casos relacionados con:
– servicios (agua, electricidad, telecomunicaciones y gestión de residuos): 42%
– petróleo, gas y minería: 29%
Bechtel vs. Bolivia [22]
La multinacional estadounidense Bechtel fue retirada de Bolivia en el 2000, después que su filial boliviana, Aguas del Tunari, subiera los precios del agua en más del 50%, desatando las huelgas generales y una serie de violentas protestas en Cochabamba, la tercera ciudad del país. En un intento de proteger el contrato con Bechtel, el gobierno de Bolivia declaró la ley marcial, y comenzó a arrestar a los dirigentes de la protesta en medio de la noche, casa por casa.
La empresa llevó el caso al CIADI, reclamando 25 millones de $ por los daños causados y 25 millones de $ más por los beneficios perdidos, apoyándose en el tratado de inversión que Bolivia mantiene con los Países Bajos. Sin embargo, el asunto se zanjó con una compensación simbólica en 2006.
Oscar Olivera, uno de los cabezas de la protesta, dijo que “Las empresas multinacionales quieren transformarlo todo en un mercado. Para los indígenas, el agua no es una comodidad, sino un bien común. Para Bolivia, la retirada de Bechtel significa que los derechos de los ciudadanos son innegables”.
[1] Leubuscher, S., The Privatisation of Justice: International Arbitration and the Redefinition of the State, Junio 2003.
[2] van Dijk, M., Weyzig, F., Murphy, R., The Netherlands: A Tax haven?, SOMO, 2006, p. 3.
[3] van Dijk, M., Weyzig, F., Murphy, R., The Global Problem of Tax Havens: The Case of the Netherlands (SOMO Tax Briefing Paper), SOMO, Enero 2007, p. 2.
[4] Basado en los historiales de Euro Telecom Italia, que se encuentran en el Dutch Trade Register at Kamer van Koophandel, y en una entrevista con un empleado de Telecom Itali, que en un discurso de Euro Telecom Italia dijo a la CEO: “No necesitamos tener empleados aquí, para tener una empresa aquí”.
[5] Kavaljit, S, Why Investments Matters: The Political Economy of International Investments, FERN, Cornerhouse, CRBM, and Madhyam Books, 2007, p.94.
[6] CADTM, CIADI/Telecom Italia: ¡hands off Bolivia, 7 Diciembre 2007, p.1.
[7] CADTM, CIADI/Telecom Italia: ¡hands off Bolivia, 7 Diciembre 2007, p.1.
[8] CADTM, CIADI/Telecom Italia: ¡hands off Bolivia, 7 Diciembre 2007, p.1.
[9] Entrevista con el portavoz del gobierno boliviano el 5 de febrero de 2008.
[10] CADTM, CIADI/Telecom Italia: ¡hands off Bolivia, 7 December 2007, p.15.
[11] Fortier, Y., “New Trends in Governing Law: The New, New Lex Mercatoria, or, Back to the Future”, ICSID Review, 2001, p.10-19.
[12] Anderson, S., Grusky, S., Challenging Corporate Investor Rule: How the World Bank’s Investment Court, Free Trade Agreements, and Bilateral Investment Treaties have Unleashed a New Era of Corporate Power and What to Do About It, Food & Water Watch and the Institute for Policy Studies, Abril 2007, p.Sec1:1, “Canada even repealed an environmental health regulation in the face of one threatened lawsuit by a U.S. corporation.”
[13] Ziegler, C., From the presentation: How We Got to Where We Are —the World Bank’s First 50 Years. Firma de la convención del CIADI (1966)
[14] Entrevista con Luke Peterson del International Institute of Sustainable Development, 6 de Febrero 2008.
[15] Entrevista con el portavoz del gobierno de Bolivia. 6 de Febrero de 2008.
[16] Respuesta del Ministro de Comercio holandés a las cuestiones parlamentarias planteadas des del Partido Socialista holandés.
[17] Entrevista con Michiel van Dijk of SOMO.nl, autor de The Netherlands: A Tax Haven?, SOMO, Noviembre 2006 (entrevista enfocada a la obtención de datos actualizados para el presente informe).
[18] Investment Treaty News, International Institute for Sustainable Development, 17 de Enero 2008.
[19] Anderson, S., Grusky, S., Challenging Corporate Investor Rule: How the World Bank’s Investment Court, Free Trade Agreements, and Bilateral Investment Treaties have Unleashed a New Era of Corporate Power and What to Do About It, Food & Water Watch and the Institute for Policy Studies, Abril 2007, p. ix.
[20] Hay muchos casos desconocidos, puesto que algunas instituciones de arbitraje mantienen los casos en secreto.
[21] Por ejemplo, en 2005, los ingresos de Royal Dutch Shell fueron 62 veces el PIB de Nicaragua.
[22] Environmental News Service, BOLIVIA: Bechtel Drops $50 Million Claim to Settle Bolivian Water Dispute, 19 de Enero 2006.
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