En los últimos decenios se había consolidado en los países más desarrollados del mundo un amplio sector público cuyo origen era doble.
Por un lado, la existencia de un pacto de rentas más o menos explícito que garantizaba la provisión generalizada de una parte del salario bajo formas diferidas (pensiones) o indirectas (sanidad y enseñanza gratuitas, por ejemplo), así como la asunción de una ética socialdemócrata del bienestar en cuya virtud se aspiraba también a proporcionar suficiente protección y cobertura social a toda la población.
Por otro lado, la base tecnológica del sistema productivo exigía que muchas actividades de gran interés público (telefonía, correos, energía…) se tuvieran que suministrar en condiciones de monopolio para que fueran rentables. Puesto que se consideraba inaceptable la existencia de monopolios privados estos servicios se suministraban entonces desde empresas públicas. En general, el Estado asumía la producción de bienes o servicios cuando ésta no era rentable al interés privado, lo que en unas ocasiones generaba elevadas rentas públicas, cuando el régimen de monopolio público permitía rentabilizar el servicio, o pérdidas que se asumían por entender que se trataba de servicios públicos esenciales para la población.
En los últimos quince o veinte años estos principios han cambiado y se ha procedido a desmantelar el sector público y a privatizar las empresas que hasta ahora eran propiedad del
Estado, y por lo tanto de todos los ciudadanos.
Las razones que se han aducido para justificar esta estrategia básicamente son dos. La primera, que el sector público es más ineficiente y peor gestor que el privado, de donde se deduce que la sociedad en su conjunto se vería beneficiada (en calidad de los servicios y en precios) si la gestión pasa a ser privada. La segunda, que al eliminar sector público en régimen de monopolio se generaría competencia en el mercado que llevaría consigo semejante efecto beneficioso sobre los consumidores.
Sin embargo, este discurso, ni tiene fundamento, ni responde a la verdad de los hechos históricos, ni es riguroso a la hora de plantear y evaluar los efectos del proceso privatizador llevado a cabo por los gobiernos neoliberales y en España iniciado por los responsables de economía del gobierno de Felipe González.
La verdaderas razones de la privatización
Ni un sólo análisis teórico riguroso puede sostener que la gestión pública sea por sí misma más ineficaz que la privada. Desde este punto de vista, el debate sobre la pertinencia de mantener o no el sector público es puramente normativo, es decir, que responde a la ideología o intereses de quien se pronuncia. Incluso es algo elemental que la alternativa a un sector público que no fuese eficaz no tiene por qué ser la gestión privada sino (si es que se deseara ideológicamente mantenerlo) la gestión pública eficiente.
Lo que en realidad ha ocurrido en los últimos años no ha sido que de pronto el sector público haya llegado a ser ineficaz y no rentable. Es cierto que la gestión estatal tiende siempre a ser imperfecta en sociedades con intereses tan encontrados y con desigualdades tan evidentes a la hora de influir en su papel de árbitro de los privilegios. Pero no es eso lo que ha motivado la privatización generalizada.
El elemento detonador del proceso fue la incorporación de una nueva base tecnológica que permitía organizar los procesos productivos de otra forma. En unas ocasiones, fue posible segmentar los procesos: bien parcelando la antigua actividad conjunta en un conjunto de procesos separados y ahora cada uno de ellos rentable, bien separando la producción de la distribución y ambas también en multitud de subprocesos. Así, lo que antes sólo podía ser rentable tomando como base una unidad productiva mastodóntica (correos, telecomunicaciones) ahora podía dar lugar a un gran número de actividades rentables dentro de cada sector o actividad global. Las nuevas fibras y formas de transmisión de datos, por ejemplo, hacen rentable la telefonía en diferentes niveles o en diferentes escalas del servicio.
En otras ocasiones, lo que ocurrió fue que las nuevas tecnologías proporcionaban en el campo donde antes estaba un servicio público sostenido sólo por razones de interés público nuevos productos o nuevos procesos de una altísima rentabilidad potencial.
Finalmente, la crisis de la ética bienestarista dominante y el predominio de las políticas preocupadas sólo del equilibrio macroeconómico y en particular de reducir los gastos y el déficits públicos, justificaron que se llevaran al mercado otras actividades que siempre habrían sido rentables en el ámbito privado, pero que no pasaban a este porque se sabía a ciencia cierta que, de hacerlo, los bienes o servicios sólo podrían adquirirse a cambio de un precio que sería una barrera insalvable para muchos ciudadanos. Por eso fueron pasando a manos privadas partes más o menos grandes de la enseñanza, de la sanidad, de la seguridad social en el campo de las pensiones, o de otras actividades que permitían que los estados obtuvieran ingresos para sufragar sus gastos sociales (empresas públicas industriales, banca pública, etc.). En suma, lo que ha ocurrido es que un nuevo orden productivo ha proporcionado yacimientos de alta rentabilidad allí donde antes no la había y que ha cambiado la moral dominante de forma que ahora el interés privado no tiene trabas para hacerse con el botín que representan los recursos que antes se quedaba el Estado para sufragar el bienestar de todos.
Las consecuencias de la privatización
Es importante, por lo tanto, evaluar seriamente los efectos de estos procesos y no dejarse llevar por la cantinela dominante, aunque sean los propios dirigentes de cierta izquierda los que se encarguen de difundirla.
Ya he dicho que ningún analista honesto puede mantener que la gestión privada haya de ser intrínsecamente más eficiente que la pública. Lo relevante es que en el sector privado el único criterio de asignación es el lucro, lo que implica que sólo si éste se produce se proveerá el bien o el servicio y que, una vez, producido, sólo quienes dispongan de rentas podrán adquirirlo. Muchos ciudadanos comienzan a comprobar, por ejemplo, que personas de alto riesgo no son operadas en hospitales privatizados o en donde la gestión depende de criterios de rentabilidad. Al margen, lógicamente, de que la sanidad privada apenas podría subsistir como negocio de masas rentable si no es por las externalidades provenientes de la sanidad pública (que forma a los especialistas, que le proporciona cobertura en casos más graves, gasto farmacéutico fraudulento, etc.). Se trata de una típica actividad privada que sólo es rentable o bien con precios altísimos o porque no hace suyos costes que se imputan al ámbito público.
Eso es lo que ha provocado que la calidad del servicio prestado por empresas que han pasado al sector privado se haya reducido sustancialmente, como es el caso paradigmático de Telefónica, cuya actividad se concentra en las áreas de mayor demanda en perjuicio de las zonas periféricas o donde se consumen servicios menos sofisticados. O como ocurre en el sector de la banca privatizada, en donde, a pesar del fomento de cajeros o usos electrónicos, la drástica reducción de personal aumenta las colas, los retrasos o los errores de todo tipo (lo que constituye un negocio millonario del que no son conscientes la mayoría de los consumidores).
Por otro lado, es sencillamente falso que la privatización haya sustituido monopolios por competencia. En muchas ocasiones, los monopolios anteriores (cuando se trataba de monopolios, porque no todo el sector público actuaba en ese régimen) y en general todas las empresas públicas, estaban sujetos a reglamentaciones mucho más estrictas y positivas desde el punto de vista de la calidad del servicio, deontología, transparencia, etc., que la ausencia de normas actuales.
Las privatizaciones no tienen efectos positivos a medio plazo ni tan siquiera sobre los precios. La realidad que nadie puede discutir es que han generado un mercado de oligopolios, no de competencia. Es posible que se produzcan bajadas de precios en un primer momento (y que no deben confundirse con la reducción general que se produce por las políticas deflacionistas o por la reducción general de costes de producción en las nuevas actividades económicas), pero tarde o temprano tiende a predominar la colusión, el acuerdo y el quebrantamiento de la competencia. Los oligopolios terminan por repartirse el mercado, por llegar a acuerdos sobre los precios, por competir por vías perversas y despilfarradoras y, por lo tanto, no implican una solución de mercado que sea parecida a la imposible competencia perfecta de la que hablan los manuales de economía.
Cualquiera puede comprobar que, una vez consolidado el mercado, el precio de los billetes de avión, de la energía eléctrica o de los servicios bancarios no tiende a situarse en niveles competitivos. Todo lo contrario. Es un hecho elemental que los empresarios tienen una aversión patológica a la competencia.
Finalmente, no se puede olvidar un efecto asimismo indiscutible de los procesos de privatización, y en particular de los llevados a cabo en España. Al ponerse a la venta las antiguas empresas públicas, sólo las han podido adquirir los grandes grupos económicos y además de forma vergonzosa, pues se ha reducido artificialmente su valor gracias a componendas contables. Eso ha fortalecido la concentración económica y ha aumentado el poder de los grupos oligárquicos, cada vez más influyentes y privilegiados en nuestro país.
En síntesis, el proceso privatizador español no lleva a que a medio plazo dispongamos de servicios de mejor calidad y a más bajo precio, sino que, por el contrario, terminará por excluir de su consumo a franjas cada vez más amplias de la población. Y, además, plantea dos grandes problemas añadidos, a cual de peor trascendencia. Por una parte, la consolidación de grupos económicos muy poderosos que pueden influir en la política, en la comunicación y en la cultura. Y, por otra, la conformación de una mentalidad social favorable al mercado que no aprecia en el Estado sino mayores costes, burocracia y corrupción.
Es lamentable que algunos sectores muy influyentes de la izquierda hayan sido los principales responsables de este cambio de mentalidad y de los hechos que la han podido justificar, cuyas consecuencias electorales y de todo tipo acabamos de comprobar. Por eso también en este campo es más necesario que nunca que la izquierda tenga algo tan elemental como principios, un deseo sincero de transformación social y una práctica política consecuente con ellos.
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