Posiblemente la mejor viñeta del siglo

Creo que es importante comentar que se están pesentando firmas ante la Fiscalia Anticorrupción, para pedir una invesgacón sobre el proceso de bancarizacón de las Cajas.
Adjunto un documento que se presentó el dia 27 en la Fiscalia de Ourense, con otro escritos semejantes, acompañados de casi 3000 firmas.
A la atención del Sr. FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Estimado señor:
Me siento en el deber de presentarle este escrito de denuncia, al observar lo que está ocurriendo con las Cajas de Ahorro populares, especialmente en las que me son más próximas, como Nova Caixa Galicia, de la que soy cliente ya desde que era Caixanova y, mucho antes aún, Caja de Ahorros Municipal de Vigo (de la que también fui trabajador y miembro de su Consejo de Administración) así como de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, y también de “La Caixa”.
Mi decisión de ser cliente de las Cajas se fundamenta en querer contribuir a mantener entidades que, por lo menos teóricamente, trataban de ofrecer servicios financieros desde una perspectiva ética, sin ánimo de lucro, y asimismo generaban un patrimonio público en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Se suponía que su gobierno y administración estaba en manos de personas designadas democráticamente por los representantes de la población, bajo el control y vigilancia de las autoridades económicas y políticas, tanto estatales como autonómicas, así como del BdeE y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pero, a la vista de los acontecimientos, es evidente que estamos ante una conspiración desarrollada a lo largo de los últimos 20 años, para expoliar el patrimonio público de las Cajas entregándolo a la iniciativa privada; a bancos cuyos responsables pagarán un precio que pasará a formar parte del patrimonio adquirido.
Si menciono tan largo periodo de tiempo, es porque a principios (creo) de la década de los 90, se tuvo el primer indicio de lo que estaba por venir: Fui testigo de una frase pronunciada por el que entonces era presidente de la Asociación de la Banca Privada, Sr. Termes.
Dijo algo así como “Las Cajas de Ahorro usurpan más del 50% del mercado financiero, que nos pertenece”. Lo que podemos entender como un llamamiento a la “conquista” de ese mercado, concentrándolo en unos pocos bancos privados, con desprecio de las Leyes que garantizan la libre competencia y que prohíben la creación de MONOPOLIOS.
La rentabilidad del negocio financiero nos ayuda a entender por qué hay tanto interés en unificarlo y controlarlo desde un pequeñísimo grupo de privilegiados. Los Servicios bancarios son imprescindibles para el 99% de las actividades de las personas o empresas, que se ven obligadas a aceptar condiciones abusivas. Por eso les “estorba” cualquier tipo de competencia en el ámbito de lo que se suele llamar “mercado cautivo”.
En España existen o existían normas para controlar a las entidades financieras y evitar abusos; también una Banca Oficial que contrarrestaba la actitud especuladora de la banca privada y además también entidades con objetivos sociales, sin ánimo de lucro, orientadas al bien común, como las Cajas de Ahorro o las Cooperativas de Crédito, teóricamente equiparables a lo que ha venido a llamarse banca ética. Pero esas normas se han ido relajando o cambiando hasta llegar al momento presente.
Por eso no es descabellado hablar de un largo periodo de maquinaciones necesario para cumplir los objetivos propuestos, maniobrando para que la sociedad aceptara la nueva situación, en base a evitar que el expolio resultara demasiado evidente.
Para ello ha sido necesario alterar las reglas y normas vigentes, a fin de que se adapten a los intereses de los presuntos conspiradores, de difícil identificación, pero relacionados con la banca, los organismos oficiales que deberían controlarla, y los políticos que diseñaron las nuevas operativas, y así se inicia un periodo de cambios en las prácticas bancarias, relajando los servicios y funciones de control sobre todo el sistema financiero.
El primer hito se marca con la privatización de la banca pública, incluido, en la práctica, el Banco de España que, además de cerrar sus puertas al público en general, se convierte en BANCO DE BANCOS, y ponen su administración y dirección en manos de los dirigentes bancarios privados, ya que varios de los miembros de su Consejo estuvieron o están vinculados a bancos privados u organismos internacionales, de corte neoliberal.
Fue necesaria la complicidad de los políticos, que facilitaron los cambios de la normativa para el desarrollo de todo el proyecto. También colaboran los medios de comunicación, con información contradictoria e incompleta, ocultando el fondo del problema.
Los funcionarios destinados a la vigilancia de las entidades financieras se ven constreñidos a relajar sus funciones, tanto por el recorte de medios, como por nuevas directrices. Así se consigue la deriva de las Cajas de Ahorro en las que se evita cualquier atisbo de gobierno democrático, e imponer prácticas especulativas copiadas de la banca privada para con sus clientes, los que, poco a poco, van aceptando esa sibilina transformación, asumiendo que tanto da ser cliente de una Caja como de un banco, inconscientes de que en las decisiones que tomen los administradores de “su” CAJA hay unas personas que, teóricamente, les representan, ya que, teóricamente, tenían que ser elegidas con su participación.
Pero esos son “detalles” que sistemáticamente fueron ocultados al público en general, para tener el control mayoritario sobre las personas que integran dichos órganos de gobierno. Seguramente la inmensa mayoría de los clientes de las Cajas, ignoran que tienen (o tenían) derecho a participar en el gobierno de las Cajas.
Se oculta el objetivo de expoliar el patrimonio de las Cajas, e imponer “unas tarifas unificadas” y una política financiera puramente especulativa, decididos desde un oligopolio.
El segundo hito se refiere a la dificultad que suponía la existencia de 74 Cajas de Ahorro autónomas, vinculadas a comarcas concretas y diferenciadas por la peculiaridad de sus órganos de gobierno para ello, además de relajar las normas democráticas sobre la constitución de los órganos de gobierno de esas Cajas, se les permite emprender una carrera de fusiones y absorciones, instándolas además a expandirse territorialmente, para generar enfrentamientos que rompan su tradicional coordinación organizativa a través de las Federaciones Autonómicas y la Confederación estatal (CECA).Asimismo permitiendo que se adopten métodos y prácticas de la banca privada, orientadas a la obtención del máximo beneficio en sus operaciones, con desprecio (en las Cajas) de su teórica utilidad pública.
Los dirigentes del BdE (especialmente MAFO) han insistido repetidamente en la necesidad de que las Cajas se fusionasen, para conseguir reducir su número. Nunca han explicado para qué, por lo que parece obvio que es para facilitar su traspaso a entidades privadas.
Se permitieron operaciones prohibidas a las Cajas. Por ej., emisión de “Títulos Preferentes”, para lo que se creó una SAU. Aunque esos títulos se consideran “tóxicos” por la CNMV, no se prohíbe su venta, quedando los clientes desamparados frente a unas improcedentes prácticas comerciales.
El caso que conozco directamente es una emisión efectuada por Caixa Galicia de Títulos Preferentes que luego fueron calificados como tóxicos por la CNMV, lo que supuso un engaño para muchos clientes que confiaron en “su” Caja de Ahorros. Los títulos fueron adquiridos en 2003, y teóricamente vencían en 2008, pero fue imposible recuperar su importe mediante la venta en el mercado secundario, por ser “permanentes” y por su falta de seguridad y rentabilidad, tratándose de una inversión de alto riesgo e improductiva.
A mediados del año 2010 se presentó denuncia ante el BdeE quien, sin entrar a valorar (como le correspondía) el método de venta de un producto bancario, debía ofrecer unas garantías establecidas por el propio BdeE, nos remitió a la CNMV, en donde se obtuvo el folleto oficial (omitido por Caixa Galicia) y un informe calificando como “tóxico” dicho producto pero sin ninguna acción respecto a la entidad emisora.
A pesar de esa denuncia, ni el BdE ni la CNMV tomaron medidas para paliar lo que venía ocurriendo; y así se sucedieron operaciones similares hasta fechas muy recientes.
Las entidades financieras incumplen el principio exigido por el BdE, que advierte a los bancos que deben de aplicar las “buenas prácticas bancarias” estando establecido que es OBLIGATORIO facilitar dicho folleto al cliente y refrendar que el mismo lo ha leído, y es evidente que ninguno de los organismos mencionados se molestó en comprobar si la entidad denunciada estaba cumpliendo con la obligación de facilitar un folleto Oficial a los clientes.
Se trata, por tanto, de claros indicios de que las entidades oficiales mencionadas, no tienen la intención de controlar el mercado financiero, sometido a los dictados de la banca especulativa, propicia a la destrucción de cualquier opción de mantenimiento de unas finanzas éticas al servicio de la Sociedad es necesario abrir una investigación para depurar responsabilidades de los dirigentes de dichos organismos, por negligentes en sus funciones o cómplices de los hechos consumados.
El permitir que las cajas participen en mercados fraudulentos viene a demostrar la intención no sólo de desacreditarlas, sino también que generen problemas que justifique su desmantelamiento.
Podrán argumentar que fue para mejorar el nivel de solidez y beneficio económico de las Cajas. Pero la situación presente, en que la mayoría parece estar en banca rota, contradice esos propósitos, remarcados por la aparente falta de posibles inversores dispuestos sanearlas, sugiriendo que en realidad la situación es peor que la que se deja traslucir.
No es admisible suponer que las personas responsables del control sobre las Cajas sean unos ineptos o incompetentes; así se puede dar por supuesto que se trata de un plan complejo para alterar el mercado financiero. Como mínimo, ya han conseguido una estandarización de las operaciones: Las Cajas ya son IGUALES a los Bancos, en su actitud ante sus clientes.
Hay datos evidentes, como su cuota respecto al mercado financiero: El índice de participación del global de las Cajas respecto al conjunto de entidades financieras fue bajando al mismo ritmo que las fusiones.
O el porcentaje de beneficios, evolucionando a la baja, a pesar de los recortes salariales que se aplicaron continuamente: Quizá debido a que al mismo tiempo y a causa de la falta de control democrático en sus Órganos de Gobierno, se incrementaron los gastos en fatuos desmedidos y algunas corruptelas.
Consumada la campaña de “ACOSO Y DERRIBO” de las Cajas, la nueva situación supone el desamparo de las personas y PYMES ante el sistema financiero. Aplican una operativa designada para obtener el máximo beneficio imponiendo las condiciones que más les renten a los banqueros, aunque sean drásticamente injustas e injustificadamente caras.
Para evitar aquellas protestas y reclamaciones que puedan surgir si se divulga la trama orquestada `para que algunos financieros se apropien de las Cajas, se desvía la atención de los ciudadanos y de los medios hacia cuestiones secundarias que no afecten su objetivo principal, y así todo el aparato se vuelca en buscar “responsables” a los que achacarles lo ocurrido y a los que, sorprendentemente, indemnizan generosamente al “jubilarlos” anticipadamente.
Se trata de auténticos “cabezas de turco”, cómplices de lo acaecido, que callan los nombres de los verdaderos responsables a los que protegen gracias a verse sobradamente compensados y libres de responsabilidad judicial. Simplemente, se trata de ganar tiempo, mientras todo se consolida.
También está la actitud de entidades de representación popular como, la Corporación del Ayuntamiento de Vigo, que se ha mostrado ineficaz en cuanto a la defensa del patrimonio del pueblo, creado gracias a su patrocinio, y en nombre de todos los ciudadanos.
Ocurrió que, siendo el grupo con mayor representación en el Consejo de la Caja de Ahorros Municipal de VIGO, se renunció a una buena parte de puestos en los órganos de gobierno (argumentando que era “para evitar su politización”) y que se cedieron a la nueva mayoría formada por representantes de los clientes, pero aceptando que el método de elección de los mismos sea mediante un sorteo, método que se ha empleado sin garantías democráticas.
Porque así le conviene al sistema “apolítico” que controla las finanzas globales y de forma totalmente tendenciosa, se consigue que se implantara (en los Órganos de Gobierno) una mayoría contraria a los principios fundacionales de la propia Caja, que establecen normas que la definen como una entidad sin ánimo de lucro, creada para combatir la usura y facilitar el desarrollo económico y social de sus clientes. (Esa actitud manipuladora es evidente por el hecho de que no se informara a los clientes de esa nueva normativa, excluyendo así a cualquiera que pudieran tener interés en participar en el proceso, presentando su candidatura).
Además, siendo discutible el sistema de elección por COMPROMISARIOS, lo cierto es que no está prevista la libre participación como candidato: para serlo, antes se debe formar parte del grupo elegido por sorteo (celebrado sin las mínimas garantías).
Las sucesivas corporaciones asumen esa situación, reiterando su desidia frente a sus obligaciones como representantes de la ciudadanía. Los consejeros en representación de la Corporación Municipal presentes en los Órganos de gobierno de la Caja, no parece que consultaran o informaran a sus compañeros de legislatura, ni a la sociedad en general.
Así pues, los derechohabientes de dicha Caja de Ahorros se quedaron sin representantes leales dispuestos a defender sus derechos, en un proceso que en realidad afecta a la mayoría de las Cajas de Ahorro españolas, quedando fuera algunas entidades que no asumieron esa reconversión, demostrando que la misma no era ni obligada y ni conveniente.
Los Órganos de gobierno vienen incurriendo en dejación de funciones, ante la pasividad de las autoridades y políticos de turno, que saben muy bien cuales van a ser las consecuencias de las decisiones asumidas por esos Consejos (transgreden limitaciones marcadas para las Cajas): Crean productos financieros especulativos, inician una expansión geográfica disparatada y otras prácticas bancarias atípicas para las Cajas introduciendo, además, cambios en las relaciones con los clientes, empleados e instituciones.
También les conviene que los balances de las Cajas arrojen malos resultados, tanto para fijar el justiprecio que luego tendrán que pagar los que las compren, como para justificar las medidas que se están imponiendo. La interpretación tendenciosa de los balances es fácil, cuando los parámetros que se aplican son variables y subjetivos, susceptibles de ser manipulados.
Sibilinamente los problemas surgidos su achacan al TIPO de entidad, su tamaño y estructuras, cuando la verdadera causa está en la perversión de los objetivos y métodos previstos y utilizados.
Los objetivos que dicen que hay que conseguir para “salvar” a los bancos (aunque su intención es rentabilizarlos aún más) se basan en dos argumentos: La seguridad y rentabilidad, aspectos muy discutibles y revisables: El primero se califica en función de la morosidad, un concepto subjetivo y manipulable, que refuerza la segunda, que tiende a ser máxima. Para incrementar la “rentabilidad”, puede convenir valorar la operación como de alto riesgo.
En definitiva se trata de valorar exclusivamente la posibilidad de la obtención del mayor beneficio financiero posible. (Lo que en las Cajas, entidades sin ánimo de lucro, tiene una relativamente menor importancia).
Se pretende reforzar la idea de una situación pésima. En el caso de las Cajas, para rebajar el valor patrimonial y justificar así su reconversión y absorción. En el caso de los bancos, para justificar las ayudas que reciben de la Administración así como las restricciones en los créditos que han supuesto, de inmediato, un incremento en el tipo de interés a pagar.
Están ofreciendo Tarjetas de Crédito con oferta de dinero efectivo. Es un préstamo sin garantías, a un interés altísimo, para obtener ganancias aunque haya fallidos. Si hay morosidad, servirá para plantear un panorama inseguro, aunque el balance sea positivo.
Les interesa dar una imagen de crisis y para ello les sirve la MOROSIDAD. Según sea ésta, se valora la situación de una entidad, marcando la calificación de solidez, que determinará el % a aplicar en sus operaciones. Así, si crece la morosidad, se sube el %, que a su vez hacer subir la morosidad, además de permitirles obtener mayores ayudas de las instituciones.
Pero la MOROSIDAD viene determinada por los días que una operación vencida tarda en ser regularizada lo que, lógicamente, depende en buena parte de las condiciones de la operación impuestas por el banco, referente a plazos, intereses y otras condiciones.
Por ejemplo, los préstamos se pagan mediante vencimientos mensuales pero al deudor, por su estructura económica, podría convenirle hacer los pagos trimestralmente, por ser así como recibe sus ingresos. El banco podría adaptarse perfectamente a esa forma, sin mermas en su rentabilidad pero no lo hace, ya que así el afectado pagará demoras, de dos meses para el primero y de un mes para el segundo, pero a un tipo varias veces superior…
Y lo mismo ocurre con los criterios rígidos en los plazos para la amortización. Se penaliza si se anticipa o cualquier una adversidad supondrá un incremento en los costes, lo que supone mejorar los beneficios del banco, a costa del bolsillo del cliente.
El tipo o porcentaje aplicado en caso de morosidad es desorbitado (para eso se anuló, en el año 2003, una norma sobre el delito de usura), claramente para cumplir la estrategia de los bancos, ansiosos de forzar sus beneficios sin preocuparse de las repercusiones sociales…
Las Cajas, años ha, aplicaban como recargo por demora un 1% anual más sobre el tipo pactado ¿Qué ha justificado esa subida tan drástica? ¡Unirse a los bancos comerciales!…
También, años ha, las Cajas tenían poca morosidad, gracias a la renegociación de las deudas y a FACILITAR condiciones de pago más ajustadas a las posibilidades reales de sus clientes.
Parece ilógico dar importancia decisiva a un índice arbitrario, cuya valoración es totalmente subjetiva, sometida a criterios fácilmente manipulables y que debería ser revisado.
Es el único que se menciona en los informes que tratan sobre la situación, cuando podrían referise a otro, más esclarecedor respecto al estado de solvencia, como sería el que reflejase la repercusión sobre el patrimonio del banco comparado con el total de los recibos o “letras” FALLIDOS. Y posiblemente existan otros parámetros más significativos.
Ese indicador sería mucho menor que el que se utiliza basado en la morosidad, ya que un alto porcentaje de los pagos demorados SÍ termina siendo cobrado, además, con incrementos no previstos en la formalización, al aplicar penalizaciones por la demora.
Más aún: del total de préstamos que no se cobran, que se liquidan con cargo al FONDO PARA FALLIDOS hay que restar los que se cancelan sin apurar los medios de cobro, por ser préstamos a personajes con ciertas vinculaciones (fui testigo, en mi época de miembro del Consejero en Caixavigo, de operaciones sorprendentes) o a candidaturas políticas, equipos de fútbol, “Medios”, etc. con lo que el total de préstamos realmente fallidos aún sería menor.
La política de los financieros busca la obtención del máximo beneficio, por lo que no se duda en aplicar argucias ilegales, pero “consentidas” por las autoridades, que además facilitaron que se apoderaran de las Cajas y Bancos públicos, que pudieran paliar esos abusos.
Entre todos ellos, han agravado el clima de inseguridad generado por la crisis que, cuando menos, les suponen las siguientes ventajas:
1. Justificación y facilidades para recibir ayudas de la Administración.
2. Adquirir el patrimonio (y apoderarse de su mercado) de las Cajas de Ahorro y de la banca pública.
3. Encarecer los costes de sus servicios, como si con ello se rebajase el riesgo.
4. Imponer criterios de gestión económica basados en la rentabilidad financiera y especulativa.
5. Crear y mantener un Oligopolio.
6. Crear y mantener voluminosos FONDOS PARA FALLIDOS
Los FONDOS para fallidos se nutren con cargo a los beneficios del banco. El BdeE fija su importe según el nivel de morosidad de cada banco. En la práctica, esos fondos representan un recurso para evadir el pago de impuestos sobre beneficios, ya a lo largo del año el banco aplica partidas para esos fondos con cargo al total de beneficios, con la apariencia de que se trata de tener “capital disponible” para cubrir posibles “impagos o insolvencias”.
Pero contablemente es una partida en el balance cuyo destino es estático y no afecta al desarrollo comercial del banco, puesto que no se vincula a ningún depósito inamovible ni a un fondo común del sector, para garantizar su estabilidad global. La ventaja es que, con cargo al mismo, pueden formularse pagos o compensaciones, sin control alguno, convirtiéndolo en lo que se suele llamar “FONDO DE REPTILES”.
Bajo esa perspectiva, habrá que valorar el reciente caso de la “compra” por parte del BBVA de un grupo de Cajas de Ahorro catalanas, que previamente fueron unificadas y “empaquetadas”. El importe abonado fue UN EURO, comentándose que el banco se “hace cargo” de los préstamos en mora y también (obviamente) de los FONDOS PARA PROVISIÓN DE PRÉSTAMOS FALLIDOS constituidos por dichas Cajas incluyendo, además, las garantías comprometidas por los morosos.
Aunque pudiera ocurrir que la MOROSIDAD de ese grupo de Cajas fuera alta, antes tendrían que agotar las posibilidades de ejecutar las garantías o aplicar ese FONDO que ahora se le entrega gratis al banco.
Es probable que el banco no tenga que cancelar todas las deudas morosas de dichas Cajas aplicándoles el FONDO, ya sea porque los deudores paguen todo o parte de sus deudas, o se compensen mediante la ejecución de los avales. O dicho de otra forma, los prestamos realmente fallidos sean mínimos, y lo más importante, mientras no sean pagados, estarán generando ganancia por los intereses pactados más los .de demora ¡Un negocio en el que sin duda habrá tenido que funcionar el fondo para reptiles! ¡Menudo regalo al BBVA!
¿Por qué no se le propuso a los clientes de cada Caja afectada que se constituyeran en una COOPERATIVA, y así salvar el patrimonio público y sus ahorros, aparte de facilitar el cobro de los préstamos? ¿A quién se le pagó ese insultante y simbólico 1€? ¿Quién tiene la legitimación suficiente como para transferir un patrimonio de semejante envergadura?…
Si han sido los Consejos de Administración o las Asambleas, con el visto bueno de las Comisiones de Control respectivas, las que han decidido y aceptado dicha operación, debe cuestionarse su legalidad (y, por lo tanto, la validez de la transacción) en cuanto a quién o quiénes representan y qué papel se ha reservado para los verdaderos usufructuarios de las Cajas (usuarios, empleados y entidades fundadoras).
En estos días en novacaixagalicia (o novagalicia banco), un grupo de inversores están negociando la compra de activos (préstamos a terceros) por un valor de 2000 millones por los que ofrecen ¡500 millones!… Lógicamente, buscan pingües beneficios que, aún mayores si incluye lo que corresponda de los fondos para fallidos que cubren esos préstamos que se venden. ¡Una nueva contrariedad para los deudores de las extintas Cajas gallegas!…
En lo que se refiere a la manipulación de la morosidad, aporto testimonio de una extraña situación: Fui aval de un préstamo con más de 4 años sin hacer pagos. Tuve que pedir a Novacaixagalicia para que regularizar la operación, lo que me llevó más de un año…
La razón que me dieron era que estaba catalogado como “incobrable”, pero aún no le había llegado el turno para que me fuera reclamado judicialmente, lo que les hubiera resultado fácil, pues mis ingresos y patrimonio están debidamente registrados.
Parece posible que se tratase simplemente de dejar correr el tiempo porque así se incrementan los intereses de demora y los gastos. De hecho, en los años transcurridos, se generó un incremento que triplicaba la deuda original, lo que su hubiera evitado si hubiesen tratado de cobrar el préstamo cuando se produjo el impago.
Quizá se deba a que el valor de la Caja, para ser vendida a un banco (amigo), está condicionado por la MOROSIDAD. Entonces la pregunta es cuántos préstamos están si regularizar por esa actitud de la Caja, que ni procede en contra de ellos, ni propone fórmulas para que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones, ajustándose a situaciones de crisis personal.
También ofrecen un balance más negativo, debido a inmovilizado teóricamente invendible. Pero no es cierto, ya que muchas de las viviendas embargadas tenían compradores, a los que se les pudo dar facilidades para pagar, creando estabilidad que evitara el aluvión de embargos.
También he tenido una experiencia sobre su política inmobiliaria. Me interesé por una ganga ofrecida por Novacaixagalicia: Piso procedente de embargo. Condiciones de precio y forma de pago, buenas. Les pregunto si dichas condiciones se las habían ofrecido al antiguo propietario. La respuesta fue “¡Naturalmente que no!”…
La explicación: “tendríamos que hacérselo a todos, y resultaría menos rentable”
La justificación final: “Es que el banco (olvidando que aún era una CAJA) no es una ONG…”
Se supone que corresponde al BdeE vigilar y controlar las Cajas de Ahorro, a las que exigirles el cumplimiento de unas normas, que se han ido degradando.
Pero esa responsabilidad hay que exigírsela a las personas que gestionan el BdeE, ya que no deberían pasar desapercibidas las maniobras aquí descritas someramente.
Pudieran alegar que fueron cambios en la normativa las que han causado esa evolución, pero es su responsabilidad proponer medidas y reglamentos, para ser aprobados por las Cortes o por el Gobierno, por lo que entre los dirigentes del BdeE se han de encontrar personas responsables de haber actuado con negligencia o con un ilegitimo interés propio.
Denuncio que el papel desempeñado por los dirigentes del BdeE (que aparentemente es una institución al servicio de la ciudadanía y la defensa de sus derechos) es a favor de los intereses de la banca privada, tolerando una gestión descontrolada y fomentando el desmantelamiento de las Cajas de Ahorro, para facilitar su conversión en bancos.
Así se ha llegado al expolio del patrimonio público, lo que es sumamente importante como para evitar que se consoliden las operaciones puestas en marcha, retrotrayendo a sus orígenes las operaciones de fusión y reconversión, evitando que todo sea transferido en la forma prevista. Ya que todo el proceso se desarrolló sin solicitar las opiniones ni respetar los derechos de los afectados (entidades fundadoras, clientes y trabajadores).
En mi ignorancia jurídica, entiendo que se debe plantear un INTERDICTO que pare el proceso en marcha de bancarización de las Cajas de Ahorro, porque se están quebrantando tanto mis derechos como los de otras personas y entidades relacionadas con las Cajas, ya que su carácter público se deben recuperar esos derechos que no se respetaron.
Creo que, en general, coincido con otras muchas personas que llegaron a las mismas o parecidas conclusiones. Me parece lógico, por tanto, acudir la esa Fiscalía reclamando una investigación que permita depurar responsabilidades y restaurar los derechos avasallados, uniéndome a la campaña de recogida de firmas patrocinada por diversas organizaciones ciudadanas, aportando mi testimonio por lo que tiene de particular en cuanto mis experiencias directas con alguna de las Cajas implicadas.
Es evidente la estulticia en la participación de las Comisiones de Control y de los Consejos de Administración en este proceso. Se publicó en la prensa que una Consejera dimitió de su cargo, para protestar por las decisiones tomadas por el equipo directivo de NCG, sin conocimiento del Consejo, refiriéndose a los pagos millonarios efectuados a directivos de Caixanova y Caixa Galicia, pero los restantes miembros, no se manifestaron el respeto, demostrando una pasividad intolerable.
Es de suponer que tanto la Comisión de Control como el Consejo de Administración de las Cajas hayan aprobado facilitar todo el proceso de reconversión en un banco especulativo. Pero, a la vista del ocurrido, está claro que no era querían mejorar la situación de las Cajas, sino conseguir, con la complicidad del BdeE, una entrega del patrimonio PÚBLICO de las Cajas a los bancos, en perjuicio de la colectividad beneficiaria y generadora del dicho patrimonio.
Está en entredicho la legalidad de la representación de los miembros de los citados Consejos ya que, sistemáticamente, se degradaron (en lugar de mejorar) los métodos que garantizasen una participación democrática, controlados por las autoridades monetarias.
Parece evidentemente que es necesario investigar cómo y por quien se tomaron los acuerdos, que beneficios obtuvieron los participantes: directivos que recibieron indemnizaciones enormes, a pesar de su desastrosa gestión, y miembros del Consejo y Comisión de Control que quizá obtuvieron beneficios personales ya que, segundo mi propia experiencia como Consejero, tuve la evidencia de cómo en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo se repartían prebendas a través de la aplicación del Fondo para Fallidos a préstamos no pagados, pero a los que tampoco se les ejecutaban las garantías.
Por ejemplo, se canceló un préstamo de cuarenta millones con cargo a los dichos fondos de la Caja, cuando el deudor tenía pendiente de cobro a la propia entidad una factura por cincuenta millones. (Las denuncias no tuvieron efecto sino que, al contrario, por hacerlo, fui despedido, por revelar secretos del Consejo).
Ante semejantes experiencias, no me parece exagerado suponer que en todo el proceso se hayan mantenido actitudes dolosas, merecedoras de sanción y, una vez confirmadas, se decreten las correcciones precisas para restituir la situación anterior. Así, partir de la misma, se podrá proceder a la un saneamiento de las instituciones para que cumplan los fines sociales para los que fueron creadas.
No hay que olvidar que los dirigentes que “resolvieron” los problemas por mi participación en el Consejo de Caixa Vigo, son los mismos que acordaron aplicar la nefasta política de fusiones y reconversiones.
Es evidente, por tanto, que la investigación debe de referirse al Banco de España que no cumplió con su papel de entidad controladora de las actividades de las cajas, al equipo directivo de cada Caja y, principalmente, a los miembros del Consejo de Administración que se aprovecharon de sus cargos para obtener beneficios espurios.
Lo mismo ocurre con las inoperantes Comisiones de Control, que nunca se pronunciaron, ni siquiera se dieron a conocer, aun cuando su aprobación debería de ser necesaria para cualquier decisión dentro de cada Caja.
Fueron los representantes de los clientes en el Consejo los que participaron o permitieron esa operación de saqueo. Nunca hubo convocatorias a los clientes en general para participar en el proceso de elección de sus representantes, ni siquiera para presenciar el sorteo, ni tampoco se informó públicamente de los resultados a la generalidad de los clientes, ignorantes en su mayoría de sus derechos a participar en del gobierno de la Caja.
No se sabe de cambios en el Consejo o en la Comisión de Control, cuando está previsto que los cargos deben de renovarse cada dos años por mitades alternativas, mediante métodos de dudosa legalidad. (En algún medio se pudo leer que D. Julio Fernández Gayoso, jubilado como Director General, y luego Presidente del Consejo, lo era en representación de los clientes. Circunstancia curiosa, ya que es necesario ser seleccionado por sorteo entre todos los clientes, en un proceso sin garantías democráticas, pero además pasó de ser director general a Presidente, en un plazo de tres horas).
Se entiende que también los representantes en el Consejo de las entidades públicas fundadoras de las Cajas (como el Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de Pontevedra), incurrieron en dejamiento de sus funciones ya que nunca facilitaron información al respecto, ni a los clientes ni a otras entidades interesadas en las Cajas ni, parecer ser, a sus compañeros de legislatura, siendo dichos organismos los más perjudicados (desde la perspectiva de su representatividad social) por la pérdida del citado patrimonio.
Una última reflexión: Si la crisis financiera de las Cajas afectadas pusiera en peligro la recuperación de los ahorros, a los clientes afectados debería dárseles la oportunidad de participar en la solución de los problemas (además de depurar las responsabilidades de sus dirigentes y de las autoridades destinadas a controlarlas) pudiendo llegar a proponer (como una acción solidaria de los clientes con SU Caja de Ahorros) moratorias en las retiradas de fondos o, incluso, aportaciones de nuevos depósitos, o anticipar pagos de créditos.
En definitiva, si la situación era tan desastrosa como la pintaron, ¿por qué no se aplicó el DERECHO CONCURSAL, reconociendo cómo principales acreedores a los clientes?…
Pero nunca se debió acometer una reforma que para nada podrá resolver los problemas existentes sin causar mayores perjuicios al conjunto de la sociedad, para el beneficio de los sustentadores de un mercado financiero basado en la especulación y el pillaje, englobándolo en un nefasto “oligopolio”.
La aplicación de la Ley Concursal supondría que se nombraran unos administradores públicos que pudieran resolver de la mejor forma el problema, diferenciando, además, a las distintas Cajas que se ha decidido fusionar, puesto que presentaban situaciones dispares.
Respecto a las Cajas de Ahorro gallegas, hay que referirse al papel desempeñado por la Xunta en el proceso de bancarización. Se llegó a un conflicto con la Administración del Estado (Quizá en lo referente a que entidad bancaria se debería quedar con el pastel de las Cajas Gallegas), siendo evidente su complicidad en beneficio de la Banca PRIVADA.
Es abrumadora la gravedad y extensión de la evidente conspiración para el expolio, ejemplo de la aplicación de unos principios económicos que han generalizado una crisis surgida por la ineficacia o corrupción de aquellos que por sus cargos de responsabilidad no supieron o no quisieron evitar los abusos cometidos, sino más bien propiciarlos.
Será necesario el máximo esfuerzo de esa Fiscalía Anticorrupción, para indagar en los ámbitos adecuados para la efectiva depuración de responsabilidades.
Y así se afirma y ratifica el 27 de abril de 2012