¿Qué debilita a la economía española y por dónde avanzar hacia un nuevo modelo productivo?

Publicado en Economía Sostenible: el cambio de modelo productivo, Fundación Cultural Asturias, 2011.
(Resumen de la intervención en la Escuela Internacional de Verano de UGT-Gijón 2010).

 

 Para tratar de transformar el actual modelo productivo de nuestra economía convendría poner en primer plano los rasgos que constituyen sus debilidades principales, puesto que afrontarlos para acabar con ellas o al menos debilitarlas es la única manera de avanzar con éxito hacia otro modo de producir y distribuir la riqueza.

 

En estos momentos, me parece que es necesario tener en cuenta, además, que nos encontramos en una coyuntura especialmente difícil porque las debilidades estructurales se solapan con las que adicionalmente ha puesto sobre la mesa la crisis en la que nos encontramos aún inmersos.

 

La crisis ha producido en España problemas semejantes a los que ha ocasionado en el resto del mundo y por causas más o menos parecidas. En España se ha dado en los últimos tres decenios el mismo proceso de transformación estructural y se han aplicado las mismas recetas neoliberales que han provocado, como en el resto del mundo, un incremento de la desigualdad y de las rentas del capital que han alimentado la financierización de la economía (Gráfico 1).

 

 

 

Y se ha producido en los últimos años el proceso de exacerbación financiera que ha terminado provocando la crisis bancaria pero aquí se ha manifestado con alguna singularidad como consecuencia de la coincidencia con una burbuja inmobiliaria de mayor envergadura, con una insuficiencia de ahorro nacional especialmente aguda y también con unas instituciones financieras que habían estado sometidas una supervisión y a una regulación financiera en cierto modo diferente a las del resto de los países como consecuencia de que ya habían sufrido una crisis muy devastadora años antes.

 

 

 

Debilidades estructurales

 

 

 

Pero además de ello, nuestra economía presenta además de todo ello una serie de rasgos singulares, la mayoría de ellos como resultado de la pesada herencia que dejaron los largos años de dictadura franquista y que hoy la siguen debilitando. Entre ellos creo que se pueden señalar los siguientes:

 

a) La debilidad de la clase trabajadora que se manifiesta, entre otras cosas, en la débil afiliación a los sindicatos y que ocasiona un gran debilidad de su poder negociador, mientras que los intereses empresariales y del capital han podido mantener gran parte de los mecanismos explícitos e implícitos de protección nacidos en el franquismo. Todavía a finales de 2006 solo una veintena de grandes familias eran propietarios del 20,14% del capital de las empresas del Ibex-35 y una pequeña elite de 1400 personas, que representan el 0,0035% de la población española, controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB.

 

b) Una conformación bastante imperfecta de instituciones tan decisivas como el mercado de trabajo, el sector financiero o el sistema fiscal. En el primero han convivido y conviven derechos y prácticas extraordinariamente protectoras con otras muy liberalizados. En el sector financiero ha prevalecido una articulación  excesivamente protegida y privilegiada que ha permitido que la banca mantenga un poder y una influencia sobre el conjunto de la economía y las instituciones muy desproporcionado en comparación con el de los países de nuestro entorno. Finalmente, y a pesar de las reformas de los inicios de la democracia, el sistema fiscal no ha podido quitarse de encima la histórica aversión que las clases pudientes han tenido siempre hacia los impuestos, lo que ha dado lugar a que el sistema haya evolucionado hacia la regresividad y la insuficiencia justo cuando más necesario hubiera sido alcanzar dosis elevadas de equidad, eficiencia y suficiencia.

 

c) La escasa dotación de capital social y la gran debilidad de las estructuras del bienestar colectivo.

 

d) La débil y traumática vinculación de la economía española con el exterior.

 

La llegada de la democracia coincidió también con una nueva fase de apertura al exterior que hubo que afrontar sin haber podido consolidar previamente un modelo productivo sustancialmente distinto al de la dictadura. Por ello, la incorporación primero a la Comunidad Europea y más tarde a la unión monetaria supusieron también un profundo ajuste en condiciones de gran asimetría y con efectos claramente ambivalentes para la economía española. Por un lado, hicieron posible que la economía y la sociedad españolas disfrutaran de una entrada de fondos muy importantes que han permitido consolidar estructuras de bienestar y una gran dotación de capital social. Pero, por otro, ha puesto en manos del capital extranjero los mejores activos de nuestra economía, hasta el punto de que el capital español ha desaparecido de sectores enteros, algunos de ellos de gran importancia estratégica. Y además ha limitado casi totalmente la capacidad de maniobra interna, al someter la política económica nacional a los dictados del neoliberalismo dominante en Europa, todo lo cual ha consolidado el modelo productivo tradicional dependiente y muy poco competitivo.

 

e) Del franquismo se heredó igualmente una gran desigualdad, tanto entre territorios como entre personas como consecuencia, no solo de la carencia de políticas y estructuras redistributivas sino, sobre todo, de la carencia de capital social dedicado a la formación y la innovación, del predominio de un modelo productivo dependiente y desvertebrado y de la propia ausencia de democracia.

 

Estos factores podrían resumirse en el carácter oligarquizado de la economía y la sociedad, en el gran peso de los oligopolios y monopolios y en la gran influencia política que ambos factores conceden a los sectores adinerados y constituyen residuos de la atrasada y corporativizada economía del franquismo que todavía no han desaparecido del todo de la economía española actual. Incluso podría decirse que, en algunos casos, se han agudizado en la democracia como consecuencia de la aplicación sin contrapesos de las políticas neoliberales. Esto último es lo que ha ocurrido desde 1993, por ejemplo, con los gastos sociales, cuya participación en el PIB disminuyó hasta 2005, con la privatización de empresas públicas que fortalecido el carácter oligárquico de nuestra estructura empresarial, o con la especialización de la actividad económica en torno a los sectores de las finanzas y la construcción gracias a la estrecha vinculación entre el poder político, los banqueros y los constructores y promotores inmobiliarios.

 

España se ha modernizado y democratizado pero lo ha hecho mantenido estructuras de poder muy asimétrico que a la postre no han permitido, por ejemplo, que se dediquen a financiar el bienestar los recursos necesarios. La economía española se ha debido incorporar a las condiciones generales que impone la globalización neoliberal, ha renunciado a cualquier tipo de protección, ha puesto a disposición de los capitales extranjeros sus mejores activos, toda su industria y la práctica totalidad de sus sectores económicos, en donde le capital extranjero es ya prácticamente dominante en su totalidad. Pero, al mismo tiempo, no ha alcanzado los estándares de bienestar y de protección que alcanzaron en su momento.

 

 

 

El modelo productivo

 

 

 

Esa ambivalencia se muestra claramente en nuestro modelo productivo y de desarrollo socioeconómico. Por un lado, ha estado acompañado de la creación (sobre todo bajo los gobiernos del partido socialista) de las estructuras de bienestar en España y ha producido una transformación evidente en los espacios y en las relaciones económicas y sociales y en las condiciones de vida de los individuos y los grupos sociales. Pero, por otro lado, la mixtura que produce la prolongación del modelo productivo del franquismo y el ajuste neoliberal ha dado lugar a una gran precarización del trabajo, a desigualdad, a deslocalización y desindustrialización y a la consolidación de factores de gran volatilidad como motores del crecimiento económico.

 

Más concretamente, los rasgos definidores de este modelo reciente podrían resumirse en los siguientes:

 

a) Utilización muy intensiva de la mano de obra con muy poca innovación en actividades de escaso valor añadido como, principalmente, la construcción, las vinculadas al turismo y los servicios.

 

b) Déficit histórico en capital humano y en formación unido al atraso que igualmente se sufre en inversión en I+D+i que provocan que la productividad del trabajo en España haya crecido muy escasamente en los últimos quince años.

 

c) Incremento muy importante y deseable de las mujeres al mercado laboral que ha hecho que su tasa de actividad haya aumentado desde el 45,1% de 1996 al 60,2% en 2006 pero que al no ir acompañado de suficientes políticas de igualdad y mecanismos legales efectivos contra la discriminación ha provocado un descenso en el nivel salarial medio.

 

d) Entrada masiva de población inmigrante en los últimos años que ha permitido mantener los salarios en niveles excepcionalmente bajos, lo que ha incentivado el uso más intensivo y poco productivo de la mano de obra.

 

e) Mercado de trabajo con grandes asimetrías que han propiciado unas condiciones de contratación muy favorables al gran empresariado y que se traduce sobre todo en la alta temporalidad (superior al 30% durante largos periodos) que explica los grandes vaivenes que sufre a lo largo del ciclo el volumen de empleo y la tasa de desocupación.

 

f) Gran dependencia del capital público y más concretamente de decisiones políticas vinculadas a la inversión en infraestructuras, a la política de suelo y urbanística, así como de las facilidades fiscales y a la financiación exógena al sector.

 

g) Fuerte desigualdad originaria que apenas ha podido ser corregida por las políticas redistributivas porque éstas tendrían que haber sido mucho más potentes para conseguirlo.

 

h) Como consecuencia de todo ello, incremento vertiginoso del endeudamiento que ha llegado a representar el 150,4% de la renta disponible neta y correlativamente una reducción del ahorro que ha llegado a situarse en tan sólo un 11% de dicha renta (Gráfico 2).

 

 

 

 

 

i) Gran generación de externalidades medioambientales, despilfarro de recursos naturales y de residuos de alto coste social y económico debido al tipo de especialización productiva que sigue y a la influencia política que concentran los grupos de poder que dominan la actividad económica.

 

j) Gran indefensión ante los avatares del ciclo económico como consecuencia de ciclo económico como consecuencia de lo que acabo de exponer y de otras circunstancias como

 

– La precariedad laboral y la facilidad para reducir plantillas.

 

– La dependencia del capital extranjero

 

– La tensión estructural que constantemente sufre la estructura  de los precios como consecuencia de la falta de competencia y gran poder de mercado de los grupos oligopólicos que dominan gran parte de la economía, de la dependencia energética y del desigual efecto que provoca la negociación laboral al estar el mercado laboral muy dualizado y dominar una pauta de baja productividad y mala calidad en el trabajo.

 

– El escaso peso de la actividad industrial y, por el contrario, el excesivo de las actividades que son más vulnerables ante los cambios coyunturales en la demanda.

 

– La gran influencia del sector bancario que es intrínsecamente procíclico y que traslada este efecto al conjunto de la economía cuando, como hemos visto, la renta familiar y la actividad de los hogares y de las empresas es tan dependiente de su estrategia.

 

– La pérdida de autonomía en la puesta en marcha y ejecución de políticas de estabilización macroeconómica como consecuencia de la globalización y de la pertenencia a la unión monetaria.

 

Un modelo productivo como el que rápidamente acabo de caracterizar produce constantemente burbujas y momentos de fuerte expansión (como los de los años 1987-1992 como consecuencia de los diferenciales entre los tipos de interés y los cambiarios; los de la etapa 1987-1992 que produjo la entrada de capital europeo y la vuelta de gran parte del que había salido; o los de la última fase de gran liquidez que comentaré enseguida entre 2003 y 2007) pero que necesariamente van acompañadas de crisis subsiguientes y grandes vaivenes porque sus motores son muy volátiles y su lógica interna (como la subida de los precios inmobiliarios) materialmente insostenible.

 

 

 

El estallido de la crisis

 

Como ha ocurrido en tantos otros países, la crisis reciente hubiera producido en España un daño grave en cualquier caso. Pero lo que en mi opinión está ocurriendo es que su impacto está siendo especialmente grave porque se ha añadido al que provoca la degeneración final del modelo que acabo de caracterizar, el estallido de la burbuja inmobiliaria y un equilibrio social y político bastante inestable.

 

En concreto, me parece que habría que considerar los siguientes desencadenantes finales como antesala directa de la crisis singular que afecta a nuestra economía y que se suman, amplificándolos, a los que proceden de la perturbación general de la economía mundial.

 

– La sobreabundancia de liquidez y el auténtico estallido o desbordamiento de la deuda.

 

– El imposible mantenimiento de la dinámica al alza de los precios de la vivienda y el subsiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

– La imposibilidad de proceder al ajuste exterior cuando se ha generalizado una gran la pérdida de confianza de los mercados externos.

 

– La presencia pertinaz y en incremento de la desigualdad que deteriora progresivamente los mercados internos.

 

– La actitud permisiva de las autoridades monetarias con todo lo anterior y la mala gestión gubernamental de los factores de insostenibilidad y de la propia crisis en sus inicios.

 

La explosión de la deuda ha desempeñado un papel particularmente grave y puesto que lo va a seguir teniendo en los tiempos futuros conviene mencionarlo expresamente,

 

El gran poder del que disponen los bancos en España les ha permitido podido multiplicar el negocio sin que en la práctica hayan tenido limitaciones efectivas por parte del Banco de España que, a pesar de la fama de buen supervisor, lo cierto es que ha dejado crecer una deuda a todas luces desproporcionada e indigerible por la economía española. Es significativo, por ejemplo, que los voceros del banco de España y de los poderes financieros hayan estado constantemente alarmando frente al incremento de la deuda pública y callando ante el de la privada cuando, a final de cuentas, ésta es la que ha provocado y provoca los mayores problemas para que la economía salga adelante.

 

Así, el crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008, un incremento gigantesco de la deuda que en un 70% fue dirigido hacia la construcción o sus actividades colindantes, es decir, a alimentar la burbuja inmobiliaria que se formaba en el proceso de constante revalorización de inmuebles.

 

La «exageración» de este proceso se pone de relieve considerando que el endeudamiento neto de la economía española, de las administraciones públicas y del  sector privado, había aumentado un 82% entre 1999 y 2003 y entre este año y 2007 lo hizo un 243%.  Que el crédito total destinado a la actividad productiva se multiplicó entre 2000 y 2007 por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. O que en 2008 el crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias representaba el 47% del total cuando en 2000 solo era el 25%.

 

Para mantener en pie este impresionante negocio (que paralelamente ha situado a la banca española a la cabeza de la rentabilidad bancaria de todo el mundo), los bancos españoles han tenido que recurrir al mismo tiempo a un alto nivel de endeudamiento. Sobre todo, porque en la última etapa de exageración el volumen de depósitos no ha crecido al mismo tiempo que la oferta de crédito: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo recibía 0,76 euros.

 

Eso es lo que ha provocado que la banca española haya tenido que recurrir a su vez y cada vez más a la financiación interbancaria internacional y especialmente europea, por un total que según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional ha pasado de 78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo al estallido de la burbuja.

 

La banca española también ha recurrido en estos últimos años a titulizar activos en una magnitud igualmente desproporcionada a la magnitud de la economía a la que se supone que debe financiar, llegando a ocupar la segunda posición entre la banca europea en este aspecto, después de la del Reino Unido. Un procedimiento por el que ha venido obteniendo hasta un 40% de la liquidez necesaria para seguir manteniendo su oferta creciente de créditos hipotecarios. Y ha sido precisamente el que hayan recurrido a la titulización para obtener liquidez más que para colocar excedentes lo que en gran medida (y no tanto la supervisión más prudente del Banco de España, como se suele afirmar) ha evitado que la banca española no haya quedado tan expuesta al riesgo de las subprime como la de otros países. Aunque lógicamente ha aumentado el riesgo derivado de la morosidad y el que procede de la mayor exposición a unos mercados financieros ya de por sí problemáticos.

 

Y este proceso ha estado también especialmente vinculado a la desigualdad que se registra en nuestra sociedad y que, como no puede ser de otro modo, incrementa el desequilibrio social proporcionando un poder creciente a las clases altas. Algunos datos que muestran la «aceleración» de este proceso en los años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis son los siguientes:

 

– Solo de 2002 a 2005 la renta media correspondiente al 20% más pobre de los hogares de España se redujo en un 23’6%, mientras que la renta media del 10% más rico se incrementó más de un 15% y la diferencia de renta media entre el 10% más rico y el 20% más pobre de los hogares españoles pasó de 12,03 veces a 17,4 (Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España Boletín Económico nº 37 diciembre de 2007).

 

– En 2002, un 42,5% de las familias tenían que dedicar más del 40% de su renta a pagar las deudas contraídas para pagar su vivienda mientras que en 2005 ese porcentaje se había disparado hasta el 70,9% de los hogares (idem.).

 

– Mientras que en 2006 la retribución del trabajo creció un 3,4% los beneficios las sociedades que cotizan en Bolsa lo hicieron por encima del 26,6% (Consejo Económico y Social, Memoria Anual de 2007).

 

En resumen,

 

* la debilidad del mercado interno

 

* la carencia de resortes endógenos potentes que no fueran la construcción y el endeudamiento que hubieran podido servir como motores de la actividad económica

 

* la dependencia de la financiación externa

 

* el problema estructural de precios que padece la economía española

 

* el déficit exterior desmesurado

 

habían ido dejando a la economía española sin apenas capacidad de ajuste cuando se comenzaron a producir, prácticamente al mismo tiempo, las señales evidentes de desconfianza de los mercados externos manifestadas en la reducción del crédito exterior, incluso ya antes de que estallara la crisis hipotecaria en agosto-septiembre de 2007, y la contención de los precios y el subsiguiente frenazo de la actividad inmobiliaria. Es decir, cuando el modelo productivo hizo aguas.

 

Es difícil considerar si el detonante inicial fue efectivamente la propia crisis, si ya lo había sido un poco antes la reducción del flujo de crédito europeo a la banca española o si han sido ambos pero lo que sí parece fuera de toda duda es que el modo en que venía funcionando la economía española habría terminado por provocar la crisis que se ha producido con independencia de que hubiera estallado o no la de las hipotecas basura con todas sus secuelas. Por eso me parece fundamental asumir que la economía española no tiene hoy día otra salida que no sea la de ir avanzando lo más rápidamente posible hacia otro modelo productivo, es decir, hacia otro patrón de comportamiento tanto en la producción de bienes y servicios como en el de la distribución de la renta.

 

 

 

La debilidad del gobierno frente a la crisis

 

 

 

Finalmente, es preciso señalar que un factor que añade dificultades a la hora de enfrentarse a la crisis, o quizá mejor decir, a la vista de lo expuesto, a las diversas crisis que afectan a nuestra economía, es la debilidad y falta de capacidad de maniobra del propio gobierno.

 

Ante los problemas acumulados que he mencionado el gobierno reconoció, aunque muy tardíamente, que la economía española no podía seguir desenvolviéndose como hasta ahora y se propuso avanzar hacia un cambio de modelo poniendo marcha estrategias de recambio productivo. Pero la mayoría de ellas se las llevó el viento de la recesión cuando el gasto para evitar el colapso y satisfacer la demanda de recursos de la banca hicieron que el déficit público se desbocara, superando el 11,4% del PIB en 2009.

 

Así se llegó a una encrucijada muy delicada porque, por un lado, haría falta más gasto contracíclico pero, por otro, no había prácticamente más capacidad para aportarlo sin generar nuevos problemas. O se incurría en un gran sobrecoste en los mercados y se sufren los ataques especulativos y la extorsión política orientada a garantizar el pago y a evitar que de esa forma se afecte no solo a la imagen como deudor de España sino a la divisa europea… o el gobierno se armaba de poder ciudadano y cambiaba de política, algo a lo que no estuvo dispuesto el gobierno, que en lugar de generar el clima y el poder social que pudieran hacer factible el cambio de estrategia ha terminado enfrentado a sindicatos y a la gran mayoría de la sociedad, bien porque siempre lo ha rechazado, bien porque ya no se ve representados sus intereses en su acción política.

 

Lo que está ocurriendo entonces es que, en lugar de que España viva una evolución de la crisis más o menos acompasada con el resto de los países centrales de la Unión Monetaria, sufre lo que llamamos un típico impacto asimétrico con respecto a ellos y como consecuencia, en este caso, de la debilidad añadida que le produce su modelo económico agotado.

 

El problema al que se viene enfrentando España es el que advertimos muchos economistas en su día: una unión monetaria imperfecta que no dispone (porque se ha renunciado explícitamente a ello) de mecanismos de coordinación y reequilibrio.

 

Los teóricos de las uniones monetarias demostraron hace años que, en esas condiciones, es inevitable el desenganche de las economías impactadas, que sufren un deterioro en actividad y empleo que puede llegar a ser irreversible.

 

En esta coyuntura se añade además un factor que agrava la situación. Sabiéndose que es inevitable que se produzca, como se está produciendo, este desenganche, y conociéndose que la Unión Europea no tiene hoy día otra respuesta política que el más de lo mismo y ningún instrumento económico que pueda evitarlo, se está dejando que los mercados sometan sin piedad a los gobiernos. Los bancos crearon la crisis, hundieron las economías, obligaron a que los estados se endeudaran para salvarlos y evitar la debacle y ahora, gracias al poder político que ha  sabido conservar, se disponen a hacer un nuevo negocio redondo suscribiendo la deuda, al mismo tiempo que imponen a  los gobiernos políticas y reformas orientadas simplemente a retribuir mejor al capital y a garantizar por encima de todo el pago de la deuda.

 

 

 

Por dónde avanzar

 

 

 

A la vista de estos problema y debilidades estructurales una receta que suele ser eficaz como punto de partida es la de atacar las causas, algo que se viene olvidando a la hora de dar respuestas a esta crisis, cuando, en lugar de abordarlas, se están poniendo en marcha otras que no responden a las circunstancias que la provocaron, como la reforma laboral.

 

Eso significa que antes que nada habría que abordar las causas inmediatas que están provocando la caída de la actividad y, sobre todo, la falta de financiación. Cuando el sistema financiero privado se muestra incapaz de darle a la economía el oxígeno financiero que necesita debe hacerlo el sector público y eso hubiera requerido y requiere disponer de financiación pública mediante la disposición de entidades que actúen en virtud de una lógica de servicio público. No es posible salir de la crisis con éxito y mucho menos avanzar hacia un nuevo modelo productivo con un sistema bancario que responde a una lógica que nunca va a ser la de ese nuevo modelo. La banca se servicio público es una exigencia urgente e inaplazable porque sin disponer de financiación.

 

Por otro lado, hay que señalar que una de las grandes dificultades que hay que vender para avanzar hacia un nuevo modelo productivo es la carencia de capital social. En esta fase de cambio el capital público es más necesario que nunca lo que además se une a que en la actual coyuntura es imprescindible mantener el gasto como elemento contracíclico. Las políticas de austeridad que se están imponiendo son un verdadero suicidio económico para Europa y particularmente para las economías periféricas que van a desengancharse sin remedio si no se pone fin al fundamentalismo de mercado que las inspira.

 

Pero con independencia de estos prerrequisitos y de otros de la semejante naturaleza que ahora no puedo desarrollar (reformas fiscales, energéticas, educativas y del sistema de innovación, …) lo que debería ser un punto de partida para abordar el avance hacia un nuevo modelo productivo es que es necesario, utilizando una expresión de moda entre los círculos progresistas de Estados Unidos, «resetear» el viejo modo de producir y repartir. Es decir, poner a cero el modelo porque es imposible que uno nuevo surja del desarrollo incontenido del sector inmobiliario, de la destrucción de tejido industrial, del endeudamiento derivado del poder oligopolístico y oligárquico de la banca, de la venta de activos, del debilitamiento continuo de la demanda y del mercado interno, de la destrucción del medio ambiente, de la desigualdad o de la precariedad laboral.

 

El reto por tanto consiste en abrir espacios para nuevo tipo de actividades, para formas de propiedad más avanzadas y eficientes, a un sector público que realmente responda y funciona bajo lógicas de servicio público y que proporcionen nuevas y más sostenibles fuentes de ingreso y a nuevos sistemas de incentivos que no pueden basarse en la descapitalización de la fuerza de trabajo sino en el fortalecimiento del conocimiento y de los valores culturales.

 

Pero, en cualquier caso, no es posible avanzar de ningún modo hacia un nuevo modelo productivo si no se cambia la correlación de fuerzas sociales, si no se restauran equilibrios de poder básicos que impidan que las decisiones se adopten con tanta unilateralidad y, por supuesto, teniendo en cuenta que los procesos de empoderamiento social que son imprescindibles no pueden darse hoy día solo en el interior de las fronteras nacionales sino que han de consolidarse a escala internacional.

 

Solo ese reequilibrio de poder puede permitir los pactos de rentas y el tipo de nueva negociación social que garantice que los recursos, los intereses y las fuerzas sociales cambien de horizonte y asuman la exigencia de establecer un modo diferente y más sensato de crear riqueza y de repartirla más equitativamente que, al fin y al cabo, es de lo que se trata para que un nuevo modelo productivo sea sostenible social, ambiental y económicamente.