Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos/as unos servicios públicos de calidad (educativos, sanitarios, pensiones, servicios sociales, redes viarias, transportes colectivos, de promoción cultural, o suministros). El deterioro de los servicios públicos, que lleva a su descrédito ante la ciudadanía, es el principal argumento que emplean en la actualidad muchos gobiernos para privatizar servicios esenciales, basándose en la falsa creencia, como a largo plazo se viene demostrando, de que la gestión privada es más eficaz.
Los ingresos fiscales son la base fundamental de los presupuestos públicos y constituyen una fuente de riqueza necesaria para el desarrollo de lo común, de lo colectivo y de los derechos sociales, para la cohesión social, el Estado de Derecho y el progreso económico y social. Así lo han entendido durante muchos años en Europa gobiernos de países con una mayor presión fiscal que España: la media de la presión fiscal en la Europa de los 15 es 5 puntos superior a la de España. Además estos mismos países conceden en sus presupuestos gran importancia al gasto social: la media del gasto social en estos países es 6 puntos superior a la española, y así han podido desarrollar políticas de bienestar más satisfactorias.
Pero el Gobierno español quiere hacer creer a la ciudadanía que su política presupuestaria está generando tal superávit que es posible abordar la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, rebajas en los topes de IRPF y la reducción gradual del impuesto de sociedades, sin que ello implique la reducción del gasto público y el deterioro en los servicios públicos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. Bajo la presión de los centros del poder económico, que quieren que todo lo colectivo se mercantilice y pase a ser negocio, España sigue la pauta que el neoliberalismo está imponiendo en todo el planeta: una reducción progresiva de los impuestos directos y una tendencia, cada vez mayor, a ir descargando de responsabilidades y de gasto público al Estado en favor de la iniciativa privada para la prestación de Servicios Públicos.
ATTAC ha expresado en anteriores comunicados su rechazo a leyes tributarias concretas de carácter regresivo del actual Gobierno y de gobiernos anteriores que suponían una disminución de los impuestos directos a las plusvalías de las empresas y a los beneficios del capital, al mismo tiempo que tendían a cargar el peso contributivo sobre los impuestos indirectos al consumo y sobre las rentas del trabajo y esto en una situación en donde año tras año las rentas del trabajo disminuyen, en relación al PIB, y las del capital aumentan.
Añadimos a esto que la mera existencia de los llamados Paraísos Fiscales crea una competencia fiscal a la baja entre los diversos países. Al tener estos Paraísos Fiscales una fiscalidad nula hacia los capitales foráneos y un régimen de opacidad, atraen todo tipo de capitales legales ilegales y delictivos. Esto ayuda a crear una competencia impositiva y a que todos los países rebajen sus impuestos.
ATTAC viene denunciando reiteradamente las múltiples formas de que se sirven las multinacionales, grandes empresas y grandes fortunas para efectuar evasión y fraude fiscal a través de sociedades pantalla y cuentas opacas abiertas en filiales bancarias de Bancos Españoles y extranjeros en Paraísos Fiscales. Y por ello insiste a los diversos Gobiernos para que no se reconozcan jurídicamente a estas sociedades y filiales establecidas en dichos centros offshore, sin que hasta el momento ningún gobierno democráticamente constituido haya actuado lo más mínimo contra esta realidad delictiva que socava nuestro sistema tributario y nuestra democracia.
Ante esta preocupante situación denunciamos la actitud del Gobierno del Estado Español y consideramos necesario que de una vez se informe verazmente a la ciudadanía y que se promuevan acciones políticas para que se desarrolle una cultura sobre la necesidad de los impuestos en lo que respecta al bienestar y la garantía de los derechos básicos de ciudadanía y que persiga la evasión, fraude fiscal y lavado de dinero negro a través de los Paraísos Fiscales. ¡Bajar los impuestos es socialmente reaccionario!
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